Denuncian ante la Fiscalía General del Estado a la Ministra de Sanidad y otros tres altos cargos

Presentada por noventa y cuatro afectados por la retirada del Bio-Bac

El pasado 12 de mayo noventa y cuatro personas presentaron ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra Ana Pastor -ministra de Sanidad y Consumo-, Pablo Vázquez -subsecretario del mismo ministerio y presidente de la Agencia Española del Medicamento-, Fernando García Alonso -Director General de esa misma agencia- y Ramón Palop -Subdirector General de Seguridad del Medicamento de la misma Agencia- por diversos posibles delitos -entre ellos, imprudencia, prevaricación y falsedad documental- en sus actuaciones por la incautación y retirada del Bio-Bac.
Elaborada por Enrique Sánchez de León, ex ministro de Sanidad y actualmente letrado de Chacón Farmacéutica, Rafael Chacón y el doctor Fermín Moriano,- en la denuncia se informa a la Fiscalía de las actuaciones policiales y judiciales que han tenido lugar hasta la fecha y, una vez más, argumenta la falta de base legal para las mismas ya que -según recoge el documento- “el más elemental análisis de la legalidad vigente despenaliza las conductas referidas a Bio-Bac y las incluiría, presuntamente, en el ámbito del Derecho Administrativo”. Y añade: “En su momento procesal demostraremos cómo el Ministerio de Sanidad, antes a través de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios  y después de la Agencia Española del Medicamento, eran, en todo momento, conocedores de la producción y distribución de Bio-Bac e Immunobiol”. Continúa el texto: “Por todo ello, las conductas imputadas a quienes elaboran, prescriben o distribuyen Bio-Bac e Immnnobiol no constituyen delito contra la salud pública”.
Como conclusión, los firmantes expresan su consideración de que las conductas denunciadas podrían, según se puede leer en el documento presentado ante el Ministerio Fiscal,“ser calificables en los tipos de delitos calificados como imprudentes, de autoría concreta y participada, en relación con posibles acciones delictivas, en general de funcionarios públicos, y en concreto referidas a prevaricación y falsedad documental”.