Un empresario denuncia en dos juzgados al Subdirector General de Seguridad de Medicamentos

Antonio López Román, presidente y Director Técnico y Científico de Oikos Products International S.L., la última empresa fabricante de productos naturales que ha sufrido la embestida del Ministerio de Sanidad y Consumo al haberle retirado del mercado varios de sus productos, ha denunciado al autor de la orden –Ramón Palop Baixaull, Subdirector General de Seguridad de Medicamentos– por lo que considera una auténtica tropelía. “Lo que han hecho es una vergüenza y les voy a llevar a los tribunales para exigir responsabilidades y se vea si hay prevaricación”, declararía indignado Antonio López Román a Discovery DSALUD.

Nuestros lectores saben que el Ministerio de Sanidad y Consumo ha tomado en los últimos meses la decisión de retirar del mercado numerosos productos naturales fabricados por muy diversas empresas con alegaciones que, a juicio de esta revista, rayan en lo grotesco. Y así lo hemos venido denunciando en estas páginas. Hasta el punto de que si en el mes de marzo titulamos nuestro editorial “Sanidad: ¿funcionarios o comisarios políticos” en la revista de mayo pedíamos abiertamente la dimisión de la entonces ministra Celia Villalobos. Bien, ésta ha desaparecido del ministerio… pero quienes ejecutaban esa política no.

La diferencia es que esta vez la última víctima ha sido Antonio López Román que, además de empresario, es un científico de renombre con amplia formación en Estados Unidos y profesor de prestigiosas universidades tanto españolas como extranjeras (vea el lector el recuadro adjunto). Un hombre al que ya hace 9 años –en 1993– se le intentó hacer la misma jugarreta y que, sin pensárselo dos veces, ha reaccionado igual que entonces: presentando una querella criminal en el juzgado contra los responsables. –La verdad es que no puedo evitar pensar que en esto hay algo personal –me diría pensativo mientras charlábamos en la terraza de la Casa de campo de Madrid donde le entrevisté relajadamente sobre lo sucedido– De lo contrario, ¿cómo se explica que lo intenten por segunda vez después de lo que ya ocurrió en la primera ocasión? –¿Y qué ocurrió? –Pues que también intentaron cerrarnos la empresa y retirarnos los productos del mercado mediante dos simples resoluciones administrativas. Aquella acción me llevó a presentar de inmediato una querella criminal contra las personas de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Sanidad y la Administración andaluza implicadas por “presunta prevaricación basada en falsedad documental” que fue admitida a trámite el 23 de octubre de 1993 por el juzgado de guardia nº 3 de Fuengirola, primero, y por los de Málaga y Madrid después. Y fíjese: nada más admitirla el juzgado decidió en sólo un par de horas que no se ajustaba a derecho inmovilizar los productos. Numerosos diarios se hicieron entonces eco de los hechos. –¿En qué terminó todo aquello? –Pues lo que sucedió es que después de varias intervenciones en el parlamento andaluz de políticos como Ildefonso del Olmo –del Partido Andalucista–, Antonio Romero –de Izquierda Unida–, José Miguel Fernández Pelegrina –del Partido Popular– y el propio consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, García Alboleya, así como tras varias gestiones en el Parlamento Europeo en Bruselas se llegó a un compromiso: nosotros retirábamos la querella criminal y la Junta y el Ministerio retiraban sus resoluciones y se comprometían a no volver a molestar más a Oikos. Pues bien, nosotros cumplimos y retiramos la querella a finales del 93 y ellos sus resoluciones. Sólo que ahora han vuelto a la carga. Con las mismas falsas argumentaciones pero esta vez saltándose a la torera encima las mínimas normas de procedimiento. –¿A qué se refiere? –A que yo me he enterado de que mis productos, con marcas muy acreditadas y conocidas, los había retirado de la venta esta segunda vez el Ministerio por llamadas telefónicas de mis proveedores y por la prensa. Es decir, que han tomado la decisión sin que se haya abierto un expediente y la empresa se haya podido personar en dicho acto administrativo. No hemos tenido ni la oportunidad de alegar algo porque ni siquiera sabíamos que estábamos siendo objeto de un expediente ni mucho menos de una resolución administrativa sancionadora tan perjudicial. A fecha de hoy, cuando usted y yo hablamos, en pleno día 22 del mes de agosto, 48 días después de la resolución ministerial, ni siquiera hemos recibido la citada notificación. Oficialmente no sabemos ni la causa de la retirada de nuestros productos aunque extraoficialmente sí sepamos que la resolución ministerial tiene fecha de 5 de julio. De hecho, es tan kafkiano todo que no conseguimos ni siquiera que se nos notifique oficialmente la decisión como a cualquier otro ciudadano y según las leyes de procedimiento mas elementales. Se niegan a dárnosla en el Ministerio. Increíble. Fíjese que hemos tenido que reclamarla judicialmente ya en tres ocasiones… sin éxito a día de ayer. El 13 de agosto acudimos al Tribunal Central de lo Contencioso Administrativo en Madrid y los días 17 y 20 a los juzgados de guardia también en Madrid. Ocasión ésta en la que hemos denunciado además a la directora de la Asesoría Jurídica de la Agencia Española del Medicamento, Remedios Avilés y a su ayudante Juan Aguilar, ambos letrados, por “coacciones u otro tipo de infracción penal”. –Es decir, que se les ha dejado a ustedes en la más absoluta indefensión vulnerando sus derechos constitucionales básicos. Es inaudito… –Es mucho más que eso. Es una falta absoluta de respeto a la legalidad. Un total desprecio al sistema jurídico vigente. Un acto desproporcionado e injusto de consecuencias gravísimas porque ha puesto en entredicho la imagen de la empresa además de ocasionarnos cuantiosísimos daños económicos. Y es que se han permitido enviar centenares de fax y e-mail con la orden de retirada a todas las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, a todos los mayoristas de farmacia y dietética de España y Andorra que recibían nuestros productos desde hace 22 años y a los colegios profesionales de médicos y farmacéuticos así como a las asociaciones de fabricantes y distribuidores de dietética, la mayoría de cuyas empresas tienen productos similares a los nuestros en el mercado que no se han retirado. ¿A cuento de qué esa discriminación? Incluso han introducido la noticia en Internet. Imagine el tremendo impacto negativo que una medida como la adoptada tiene entre los médicos, los terapeutas, los vendedores y el propio público consumidor. Hay ya multitud de devoluciones de nuestros productos. –¿Y cuándo presentó usted la primera querella? –El 18 de Julio pasado en el Juzgado de Guardia de Fuengirola, actualmente admitida a trámite en el juzgado nº 2 que preside Esperanza Boch, actual decana, tras pasar por otros tres juzgados: el 4, el 3 y el 7. Y es que como “la notificación no existe” oficialmente, según los jueces, tampoco existe esa orden “en el tráfico jurídico”…. Y por eso tampoco puede decretar medidas cautelares la Justicia, medida que esperamos de un día para otro. –Pero, ¿cuál es exactamente la razón que se alega para retirarles sus productos del mercado? –Sencillamente, se dice que son “medicamentos” y no suplementos nutricionales que es lo que en todos los países son. ¿Y en qué se basa esa “valoración” tan subjetiva y absurda? Pues en el criterio personal de un señor que así lo ha decidido y que en momento alguno justifica. Se limita a afirmar que son “medicamentos” sencillamente porque en los envases y en la información a los profesionales se dice que son buenos para la salud. –Vamos a ver. Hasta donde yo sé, la razón de que el Ministerio lleve meses retirando productos naturales se debe a que según la actual Ley del Medicamento todo producto que alegue tener propiedades terapéuticas debe ser considerado “medicamento” y para poder venderse debe pasar antes los estudios y controles previos para ser autorizado… –Exacto. Y ahí es donde está el quid de la cuestión. Es decir, que si yo vendo cápsulas de ajo y en el envase no se dice para qué sirven ni cuántas se deben tomar ni en qué ocasiones… las puedo vender libremente donde me plazca. Pero si en el envase se dice que son cardiosaludables –lo cual sabe todo el mundo y está científicamente demostrado por multitud de estudios– y digo que lo suyo es tomarse un par de cápsulas al día, el Ministerio alega que deja de ser un “producto nutricional” y pasa a ser considerado un “medicamento”. ¡El mismo producto, eh! Así que una simple cápsula de ajo puede ser considerada un alimento o un medicamento dependiendo de criterios del ministerio, totalmente obsoletos y desfasados en el siglo y en la Europa que vivimos ya que todos los consumidores tenemos derecho a la información de lo que estamos tomando. –Un auténtico esperpento que en la revista venimos denunciando hace meses… –Me consta y por eso hemos entrado en contacto con ustedes. Mire, por esa regla de tres, ¿por qué el Ministerio de Sanidad y Consumo no retira del mercado todos esos alimentos que se anuncian masivamente alegando propiedades terapéuticas…. ¿Por qué se retiran mis productos alimentarios y los de otros fabricantes con una alegación tan absurda y no hacen lo mismo con otros bien conocidos? Porque, ¿cuál es la diferencia de que yo diga que el ajo es cardiosaludable y que productos corrientes de marcas muy conocidas digan que su leche o su margarina reduce “el colesterol y los triglicéridos”, ¿O que tal o cual alimento baja la tensión arterial, mejora el sistema inmune, regula la flora intestinal, combate la obesidad, evita la absorción de la grasa, es diurético, ayuda a regular el intestino y evitar el estreñimiento, mejora la circulación sanguínea, evita la descalcificación y la osteoporosis, etc.? A ver, ¿por qué no retira el Ministerio del mercado todos esos envases de leche, yogures, preparados de fibra, galletas, aceites, bebidas y tantísimos otros alimentos que alegan abiertamente tener propiedades terapéuticas? ¿Por qué esos no se retiran y sí el ajo, la manzanilla, el anís estrellado, el ginseng o la valeriana? ¿Porque son multinacionales con mucho poder? ¿Cuál es la razón de que a una determinada marca se la permita decir en campañas masivas de televisión que su margarina reduce el colesterol en más de un 30% y a otros productos naturales se les prohíba? Mire usted, ya está bien. El sector lleva soportando estas arbitrariedades demasiado tiempo. Ha llegado el momento de decir basta y plantarle cara. –Usted sabe que otros compañeros suyos han sufrido esa misma arbitrariedad. Quince empresas antes que la suya. Porque el Ministerio de Sanidad ha tenido la desfachatez de hacer creer al público que lo que ha estado retirando son “medicamentos ilegales” que podían “perjudicar la salud” de la gente. Se están haciendo pasar encima por “guardianes de nuestra salud”. De hecho, los informativos de televisión y radio así como la mayor parte de los diarios nacionales se hicieron eco hace unos meses, sin molestarse en averiguar la verdad, de que las decenas de productos retirados a la primera empresa afectada eran “adelgazantes” presuntamente peligrosos. Una auténtica trola que se tragaron la mayoría de los medios. Obviamente, nosotros entramos en contacto con los afectados para que pudieran expresar su parecer pero ninguno se atrevió a hacerlo. Percibimos auténtico miedo. –Lo sé. Lo que han hecho con Nustri-Spain, Tegor y otras trece empresas más no tiene nombre. Es una desvergüenza. Pero yo no estoy dispuesto a dejarme avasallar. Tengo claro que esto es un atropello, que hay personas que aprovechando sus cargos en la Administración me han perjudicado injustamente de forma muy notable y no estoy dispuesto a consentirlo. Voy a exigir justicia y esta vez voy a llegar hasta donde haga falta. –Desde luego, no sé si es el caso pero el día en que la gente que abusa de sus cargos deje de sentirse impune y empiece a pagar a nivel personal con sus bienes el mal que hacen con sus decisiones sin que puedan alegar, sin más, que actuaban de buena fe al ejercer sus funciones… otro gallo cantará. –En efecto. Y estoy encantado por eso de que haya aceptado hacerse cargo de mi caso el bufete que representa a una entidad de tanto prestigio como la Asociación contra la Injusticia y la Corrupción (AINCO). –¿Nos tendrá informados? –Por supuesto. Cuenten con ello.

José Antonio Campoy

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