El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España se niega a entregar las pruebas de la seguridad y eficacia de las vacunas haciendo caso omiso de la exigencia formal que en ese sentido le hizo el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tras dar la razón en su petición al letrado español Luis de Miguel Ortega que así lo había solicitado en su calidad de presidente de la Asociación de Consumidores ACUS. La decisión es inaudita, injustificable y muy preocupante porque tanto el ministerio como la Organización Médica Colegial (OMC) llevan décadas afirmando que las vacunas son seguras y eficaces sin haber proporcionado jamás a la sociedad pruebas de sus aseveraciones. De hecho hay jueces y magistrados que obviando vergonzosamente que en España ninguna vacuna es obligatoria han amenazado a padres españoles hasta con retirarles la custodia de sus hijos si no les inoculaban las que aparecen en el llamado Calendario Vacunal. Como hay directores de escuelas y colegios que impiden que se matriculen en sus centros niños no vacunados en una decisión coercitiva manifiestamente ilegal. Lo inaudito es que la documentación que el Consejo de Transparencia ha pedido al ministerio que entregue y éste se niega es legalmente de dominio público. La pregunta pues es obvia: ¿se niega a entregarla porque no existe o porque de conocerse su contenido el escándalo sería mayúsculo? A fin de cuentas lo que el letrado de ACUS pide es la información disponible sobre todas las vacunas que hay en el mercado bajo 250 marcas comerciales: estudios de seguridad, epidemiológicos, cifras de fallecimientos, política de fijación de precios, etc. Información extensa que debe entregarse ordenada como señala la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. De hecho Luis De Miguel Ortega se vio forzado a acudir al Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional para denunciar el silencio administrativo y lo que ha hecho el ministerio en lugar de cumplir por fin con su obligación es contrademandar pidiendo la suspensión cautelar de la resolución del consejo alegando básicamente que puede perjudicar «los intereses de terceros» -debe referirse obviamente a los fabricantes de vacunas- pero sin explicar ni razonar por qué y que entregar esa información podría producir «un perjuicio irreparable» lo que tampoco explica y argumenta. Agrega además de forma igualmente gratuita que entregarla podría suponer una vulneración del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. ¿De quién? ¿De los fabricantes de vacunas? ¿Del ministerio? ¿De quienes las aprobaron? ¿De quienes integraron las comisiones y afirmaron que eran inocuas y eficaces? Porque insistimos en que se está pidiendo información de carácter público no protegida por norma alguna, ley de patentes incluida. La actitud del ministerio se nos antoja por tanto despreciable. En España se vacunan más de 7 millones de personas cada año -muchas de ellas bebés y niños- y la falta de información con la que se está haciendo es una flagrante violación del derecho al consentimiento informado. Recordemos que el ministerio de Sanidad pagó junto con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades un millón de euros para sufragar una vergonzosa campaña de publicidad institucional contras las llamadas «pseudoterapias» destinando el mismo año otros 10.000 euros a una campaña a favor de las vacunas afirmando que quienes se oponen a ellas están organizados y hay «asociaciones de antivacunas». Lo cierto sin embargo es que cuando Luis de Miguel Ortega les instó por escrito a que las identificaran el ministerio reculó y reconoció que no tenía conocimiento de ninguna. Vomitivo. En cualquier estado de derecho la información que sobre las vacunas se ha solicitado al ministerio de Sanidad habría sido entregada de inmediato y de forma extensa y rápida luego si en España no se hace es porque no existe o porque su conocimiento podría dejar en entredicho la ética e integridad de muchas personas y la veracidad de las afirmaciones grandilocuentes e injustificadas que sobre ellas se hacen. Veremos qué dice el tribunal al que se ha llevado el caso y si es necesario recurrir a instancias superiores porque quienes deben tomar la decisión prefieren apoyar a las grandes multinacionales farmacéuticas antes que a los ciudadanos.
Jose Antonio Campoy
Director
