Bruselas acepta la denuncia presentada contra España por presunto delito contra la salud

La formuló Antonio López Román, presidente de Oikos Internacional
 

La Secretaría General de la Comisión Europea ha procedido a registrar –y examinará próximamente- la denuncia presentada contra España por presunto delito contra la salud efectuada por Antonio López-Román, presidente de la empresa Oikos Internacional,.
Así se lo ha hecho saber al empresario malagueño el Secretario General de dicho organismo, Françoise Brunet, comunicándole que su denuncia ha quedado registrada con el número 2003/5166, SG (2003) A/5909/2 agregando que en posteriores comunicaciones se le dará cuenta de los resultados del examen de su denuncia y “del desarrollo del eventual procedimiento de infracción” contra el Estado español de resultar probadas las acusaciones.
Como nuestros lectores habituales saben, López Román ha denunciado también en los tribunales españoles varias veces la injustificada persecución del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía contra su empresa.
La denuncia ante la Unión Europea se ha presentado contra “el Estado español y su Ministerio de Sanidad y Consumo así como contra la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y las personas que, directa o indirectamente, sean culpables de los hechos denunciados por presuntos atentados continuados contra la salud pública en España de españoles, europeos, inmigrantes, visitantes y turistas”. Entre los denunciados están Ana Pastor –actual ministra de Sanidad y Consumo-, Celia Villalobos –su antecesora en el cargo ministerial-, Pablo Vázquez -subsecretario del ministerio-, Francisco J. Vives -Secretario General Técnico del mismo-, Fernando García Alonso -entonces Director General de la Agencia Española del Medicamento-, Ramón Palop -entonces subdirector de dicha Agencia-, José Ignacio Arranz -Subdirector de la Agencia Española de los Alimentos y Riesgos Alimentarios-, Pilar Fargas -Directora Ejecutiva de Riesgos Alimentarios- y Dolores Flores– Directora General de Consumo y Atención al Ciudadano.

Antonio López–Roman les acusa de:
1) Incumplir el artículo 3 de la Constitución Española por no informar sobre el “peligrosísimo parásito Anisaki”del que, afirma, “muchas personas pueden haber sido ya víctimas mortales en España”. En la denuncia se hace constar que “tal parásito está apareciendo frecuentemente en los análisis de muestras de muy diversos pescados como boquerones crudos, bacaladilla, merluza, etc.” sin que ninguno de los denunciados “preste la más mínima atención a este gravísimo problema sanitario aún sabiendo que su ingesta por niños, personas de la tercera edad o con las defensas bajas, alérgicas, etc., puede llevar -o ha llevado ya- a la muerte a muchas personas”. Agregando: “Y lo más grave es que numerosos médicos, muchos de ellos de urgencias, ni siquiera han oído hablar del parásito Anisaki por lo que difícilmente pueden diagnosticar a ciudadanos europeos que en España pueden estar sufriendo los gravísimos síntomas que puede provocar la ingesta de un pescado como el Anisaki (…) Tampoco las amas de casa, ni los consumidores españoles, ni los turistas tienen la más remota idea de cómo es este parásito”.

2) Incumplir el artículo 43 de la Constitución Española y el Real Decreto Ley 192/1988 que prohíbe fumar en público y faculta a la Administración a multar gravemente a los infractores. “No cumplir ni hacer cumplir dicho Real Decreto –dice la denuncia-es una dejación de responsabilidad muy grave porque hay miles de estudios científicos que demuestran que los no fumadores inhalan un gran porcentaje del humo de los fumadores”. Y añade: “Se calcula que en los últimos 14 años de las más de 700.000 personas que pueden haber fallecido en nuestro país por esta causa el 20% eran fumadores pasivos, es decir, 140.000 fumadores pasivos muertos, lo cual representa unos 12.000 muertos en fumadores pasivos en los 12 meses desde que Ana Pastor es la ministra del sector”. Y continúa diciendo que en España, “a pesar de dicho Real Decreto, se fuma en hospitales, ambulatorios, restaurantes, bares, cafeterías, centros comerciales, museos, juzgados, ministerios y otros lugares públicos. Permisividad presuntamente criminal que ocasiona numerosísimas enfermedades a personas que no fuman y gastos billonarios a los contribuyentes en cuidados paliativos”.

3) Incumplir el artículo 43 de la Constitución y demás leyes y reales decretos sobre aditivos y contaminantes en alimentos corrientes. Expone López-Román al respecto: “Según la prensa más acreditada, en España se adulteran de forma reiterada los alimentos corrientes con medicamentos y aditivos altamente prohibidos y peligrosos lo que implica un evidente gravísimo deterioro para la salud y elevadísimos gastos sanitarios innecesarios. En España se está encontrando habitualmente clembuterol, corticoides, hormonas, antibióticos, ansiolíticos, antidepresivos, antiinflamatorios, etc., en las carnes y embutidos así como ácido bórico, formol y hasta orines humanos en los pescados y mariscos”.

4) Incumplir el artículo 43 de la Constitución Española y la normativa legal vigente –entre otros, el Real Decreto 3484/2000 del 29 de diciembre de 2000-por el que se establecen las normas higiénico-sanitarias para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas en bares, cafeterías, restaurantes y otros lugares afines “al permitir –dice la denuncia– las deplorables condiciones higiénico-sanitarias de la mayoría de tales establecimientos”.

5) Incumplir directivas, normativas y reglamentos comunitarios incluso en materia de alimentos y complementos alimenticios,en referencia a “la persecución organizada de los productos naturales en España”.

6) Permitir el desorbitado aumento del gasto farmacéutico en España en los dos últimos años, entre otros motivos “por las gravísimas irregularidades sanitarias citadas en la presente denuncia”. Alega el denunciante que “cuando el incremento anual del coste de la vida en España fue de entre el 2 y el 3,8% aproximadamente, en política sanitaria el incremento del gasto farmacéutico entre abril del 2001 y abril de 2002 fue del 20,39%, y entre abril de 2002 y abril de 2003 del 15,69%, todo ello según datos oficiales del propio Ministerio de Sanidad y Consumo”.

Cabe añadir que todos los datos citados por Antonio López-Román fueron recogidos de noticias publicadas por diferentes medios de comunicación y que el denunciante ha presentado dicho material como anexo a su denuncia.
El tiempo dirá si las graves –y constatables- acusaciones del presidente de Oikos son o no investigadas y corroboradas y si, en consecuencia, España es sancionada por incumplimiento de las normas dirigidas a velar por la salud pública.