La denuncia del Fiscal de Medio Ambiente de Madrid, admitida a trámite en los juzgados 


Se exige el cierre de los Centros de Transformación de Majadahonda y Móstoles alrededor de los cuales ha habido decenas de muertes

En una decisión que viene a poner de manifiesto el peligro real al que están sometidos decenas de miles de españoles en todo el país y que puede marcar una línea de actuación a nivel nacional la Fiscalía de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ha decidido llevar a los tribunales la situación de dos Centros de Transformación que Iberdrola tiene instalados en Majadahonda y Móstoles al considerar que  pueden ser la causa directa de las muertes de 45 personas por cáncer y problemas cardiovasculares -además de la enfermedad de otras 8 personas con cáncer y 9 con problemas cardiacos- en el primer caso y de trece muertes por cáncer en el segundo. Todas esas personas vivían a escasos metros de los mencionados transformadores. La situación en el caso de Majadahonda podría estar agravada por la existencia también en las inmediaciones de una gran antena de telefonía (vea el lector en nuestra web –www.dsalud.com– todo lo publicado sobre este caso en el nº 75 de la revista).
El pasado 9 de febrero los juzgados de Instrucción número 3 de Majadahonda y número 2 de Móstoles admitieron a trámite las denuncias de la Fiscalía y deberán decidir en las próximas semanas si procede o no el cierre cautelar de las instalaciones tal y como solicita el Fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio.
Fuentes de la Fiscalía señalaron a esta revista que en los escritos de denuncia se ha querido hacer especial hincapié en la situación irregular de los transformadores más que en la polémica sobre los límites legales de las radiaciones. Lo que se ha trasladado a ambos juzgados y a la sociedad es la peligrosa situación en la que se mantienen esos dos transformadores -como otros cientos más en toda España- que  funcionan sin los permisos correspondientes.
En Majadahonda y Móstoles -denuncia la Fiscalía- ambos transformadores han estado funcionando sin contar siquiera con los adecuados permisos y con el consiguiente riesgo para la salud de los vecinos que viven o trabajan en su entorno. Hoy día, ante la evidente incidencia en el organismo de los campos electromagnéticos –algo asumido por la comunidad científica-, existe ya una legislación mucho más rigurosa para la puesta en marcha de los nuevos transformadores que incluye blindajes especiales y estudios de impacto ambiental. Normas que en opinión de la Fiscalía deberían aplicarse también a los antiguos transformadores ya que los riesgos para la salud están suficientemente demostrados.
La situación de irregularidad de los transformadores denunciados se ha mantenido durante décadas con el beneplácito inexplicable y vergonzoso de los ayuntamientos y resta argumentos ante la Justicia tanto a las corporaciones municipales como a Iberdrola que se han venido limitando a argumentar que las emisiones están dentro de la legalidad vigente. La estrategia de la Fiscalía –denunciar la situación irregular de los centros en lugar de entrar a discutir sobre el peligro o inocuidad de las radiaciones- aumenta pues las posibilidades de que los transformadores sean cerrados por los juzgados -de forma cautelar o definitiva- antes de entrar en el fondo de la cuestión: el peligro de la emisión de radiaciones a largo plazo incluso cuando se cumple lo marcado por la legislación.
En Majadahonda tanto Iberdrola como el Ayuntamiento –regido por el Partido Popular- han sostenido públicamente de forma reiterada que todo estaba en orden pero el 25 de septiembre -y sin que tuviera conocimiento de ello el propio Ayuntamiento o al menos tal alegan- una brigada de nueve trabajadores de la compañía eléctrica se presentó a las nueve de la mañana ante el transformador ¡en domingo! con un gran camión lleno de material y procedió a hacer tal cantidad de cambios en él que necesitaron ¡diez horas! para sus “pequeñas” reparaciones. Tan pequeñas que la calle estuvo cortada todo el día sin que el Ayuntamiento lo hubiera autorizado y mientras la Policía Municipal –avisada por los vecinos- se limitaba a darse por enterada. Multitud de cables y otros elementos fueron sustituidos. Algunos vecinos filmaron en video y fotografiaron lo ocurrido adjuntando el relato de lo que pasó a la Fiscalía.
Pues bien, justo el pasado 9 de febrero -coincidiendo con la entrada en los juzgados del escrito de la Fiscalía-  un nuevo incidente alarmó a la población de la Gran Vía de Majadahonda y de la cercana calle San Joaquín. Según los vecinos una sobrecarga en el transformador provocó -además de la interrupción del servicio- una emisión de monóxido de carbono que acabó filtrándose a algunos comercios y obligó a solicitar la intervención de los bomberos. Durante varias horas un grupo de operarios estuvo de nuevo trabajando en las instalaciones del transformador y en una zanja abierta en el lugar de la avería.
A fecha de hoy las autoridades municipales de Majadahonda siguen sin dar contestación a las preocupaciones de los vecinos a pesar de que en el pleno del pasado mes de agosto los dos grandes partidos –PP y PSOE- acordaron respaldar las peticiones vecinales. No han hecho absolutamente nada. Y, por supuesto, no contestan a la petición de información sobre el número y estado administrativo de los transformadores eléctricos y antenas de telefonía de Majadahonda.
Bueno, sí, el Ayuntamiento ha solicitado ayuda a la Comunidad de Madrid para efectuar un estudio epidemiológico sobre el asunto alegando que no cuenta con los fondos necesarios para ello. Y eso que se trata de uno de los municipios considerados más ricos de España. Petición a la que el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, ha accedido comprometiéndose públicamente a realizar los estudios que solicite la Fiscalía. Agregando que también el Gobierno debería asumir su responsabilidad en este ámbito y realizar estudios a nivel nacional que sirvan de marco comparativo. De momento, la Jefa del Área 6 de Sanidad de la Comunidad de Madrid se ha reunido ya con los vecinos de Majadahonda para empezar a diseñar el plan de actuación.