Las multinacionales controlan las agencias del medicamento

 

Se supone que las “agencias del medicamento” de los distintos países –generalmente adscritas al Ministerio de Sanidad- tienen como principal misión asegurarse de que los fármacos que llegan a la población sean, además de eficaces, seguros. Es decir, tienen la responsabilidad de proteger la salud de la sociedad. Algo que a las compañías farmacéuticas les parece bien en principio para que, por ejemplo, en caso de un desastre masivo la responsabilidad se diluya. Ahora bien, aceptan el control siempre que no amenacen seriamente sus intereses económicos.
Pues bien, ese control es en realidad demasiado laxo según un trabajo recientemente publicado en The Lancet por John Abraham -del Centro para la Investigación en Salud y Medicina de la Universidad de Sussex (Reino Unido)- quien afirma que las agencias del medicamento ceden con demasiada frecuencia a los intereses del sector relajando sus exigencias sobre la seguridad y eficacia de los fármacos y, en definitiva, poniendo en peligro los intereses de los consumidores a los que se supone defienden.
“En los últimos cincuenta años–afirma Abraham-la industria ha actuado siempre  con celeridad para evitar que se tomaran medidas contrarias a sus intereses con la ’amenaza’ de que afectarían al empleo, a la balanza de pagos o a las exportaciones del país. Y las agencias aceptaron esas amenazas acríticamente demasiado a menudolo que, por ejemplo, se tradujo en autorizaciones relámpago o en menores exigencias”.
Presiones a las que las grandes farmacéuticas han sumado una nueva iniciativa: la creación de la Conferencia Internacional para la Armonización de Exigencias Técnicas para el Registro de Medicamentos, algo que si bien en principio podría ser loable en la práctica se ha convertido en un grupo de presión para lograr reducir aún más el nivel de exigencia de los gobiernos. Así, pretenden que no sea necesario informar de los efectos secundarios cuando estos no sean “graves”, apreciación completamente subjetiva en muchos casos.
Claro que para Abraham uno de los problemas más graves a la hora de aprobar o denegar un fármaco es el de la “independencia” real de los trabajadores de las agencias del medicamento ya que muchos proceden de las compañías farmacéuticas. Y otros muchos sin ese pasado son precisamente “sensibles” a las demandas de las grandes multinacionales pensando que tal vez eso pueda proporcionarles en el futuro la incorporación a ellas, donde los emolumentos son muy superiores.
No deja de llamar la atención, en ese sentido, que una encuesta realizada el año pasado a trabajadores del Centro para la Evaluación y Revisión de Medicamentos de la FDA -la que autoriza los fármacos en EEUU- revelara que la tercera parte de los encuestados no se sentía cómodo expresando sus opiniones científicas. Algunos reconocieron incluso haber recibido presiones para que favoreciesen los deseos de un fabricante por encima de los intereses de la salud pública y aseguraron que sus superiores les habían pedido a veces que “cambiasen de opinión” sobre un fármaco.
También muchos expertos externos -encargados de revisar los datos presentados por las compañías sobre la seguridad y eficacia de sus productos para asesorar a las agencias- presentan conflictos de intereses. Por ejemplo, en 1989 cuatro de cada cinco miembros del Comité Asesor Británico tenía intereses financieros en la industria farmacéutica. Seis años después eran tres de cada cuatro.
Y hay más. Abraham denuncia que “la industria farmacéutica no sólo ha conseguido ganarse posiciones clave de influencia sobre la legislación de medicamentos sino que además ha convencido a los gobiernos a través de sus agencias reguladoras de que las organizaciones de consumidores, las asociaciones de pacientes o la propia comunidad médica y científica deberían tener pocos o ningún derecho de acceso al proceso regulador”. Es decir,  intentan hacer lo que las da la gana.
En esta revista no nos sorprende precisamente la noticia. Es un secreto a voces. Y precisamente por eso y atendiendo a algunas decisiones adoptadas por la Agencia del Medicamento española en los últimos años pedimos que se investiguen posibles prevaricaciones en la misma. Hay indicios suficientes como para promover tal iniciativa. Por ejemplo, en el caso Bio-Bac.