Las sociedades profesionales sanitarias están al servicio de la industria farmacéutica

Un reciente documento de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) elaborado por el Dr. Alberto Ruano ha vuelto a poner en evidencia los poco recomendables lazos que unen a la industria farmacéutica con las asociaciones profesionales sanitarias. Esclarecedor texto en cuyas conclusiones se lamenta la falta de transparencia e independencia de éstas que se han convertido en «parte inconsciente de la estrategia de marketing de la industria«. Pues bien, analizamos con ayuda de su autor -a quien hemos entrevistado- el papel que realmente juegan y su influencia en médicos y pacientes. En pocas palabras: si la industria las financia es para condicionarlas mediante prácticas que el fiscal Valentín José de la Iglesia califica como «ilícito civil, fraude y delito de cohecho».

En esta revista hemos denunciado en numerosas ocasiones que la industria farmacéutica controla el sistema médico-sanitario a todos los niveles: formación de los médicos, información especializada y divulgativa, cursos de postgrado, investigación -tanto privada como gran parte de la pública-, protocolos de actuación, definición de enfermedades e imposición de criterios de administración de fármacos (nos resistimos a denominarlos «tratamientos»). Y es evidente que todo ese inmenso poder e influencia no lo lleva a cabo sin la colaboración de numerosos organismos y entidades -tanto públicas como privadas-, especialmente de las poderosas agencias gubernamentales estadounidenses que a su vez influyen y condicionan a los responsables de las políticas sanitarias de todo el mundo. Pues bien, en esta ocasión vamos a profundizar en uno de esos mecanismos claves utilizados por la industria para condicionar a los profesionales de la sanidad, las Asociaciones Profesionales Sanitarias (AAPPS) que juegan el papel de intermediarias con los grandes laboratorios y los profesionales de las numerosas especialidades al tiempo que sirven de pantalla ante la sociedad para ocultar esas relaciones y mantener una imagen de transparencia, prestigio y ética profesional.

¿Y qué son las llamadas «asociaciones profesionales sanitarias»? Pues entidades públicas creadas e integradas por profesionales de las especialidades relacionadas con la Sanidad con objetivos genéricos tales como «contribuir al desarrollo científico y tecnológico, actuar como interlocutor cualificado y unificado tanto ante la propia sociedad civil como ante sus poderes públicos representativos, promover el papel de la ciencia y contribuir a su difusión» así como organizar actividades formativas, trasladar información a los ciudadanos y velar por la dignidad de la profesión. En palabras del Dr. Alberto Ruano Raviña -profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela y evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, de la Xunta de Galicia y de la Unión Europea- «las asociaciones profesionales juegan una importante labor en la educación sanitaria, tanto de la población general como en la formación de profesionales y en la cohesión de la profesión que representan. Tienen una gran responsabilidad ante la sociedad ya que son vistas como una fuente de información fiable, independiente y por tanto prestigiosa por parte de los ciudadanos, con gran capacidad de liderazgo. Y tienen por ello el deber ético de velar por la salud de los ciudadanos y promover aquellas actividades o intervenciones sanitarias que mejoren el bienestar de la población además de la misión de guardar la integridad y dignidad de la profesión a la que representan. De la misma manera deben denunciar y evitar cualquier práctica que no promueva el interés general de la sociedad que debe prevalecer ante un interés particular de la propia asociación profesional sanitaria».

Añadiremos que en todos los países existe una cantidad enorme de asociaciones de esta clase que en el mundo anglosajón son denominadas Health Advocacy Organizations (es decir, Organizaciones de Promoción de la Salud en referencia mucho más directa al sentido último de sus actividades). En el caso español la lista aparece en la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (www.msssi.gob.es/profesionales/socCientificas/especialidades.htm) encuadradas en 69 categorías habiendo 158 asociaciones principales de numerosas especialidades. En el seno de la Asociación Española de Pediatría hay por ejemplo 23 especialidades que a su vez se reparten en asociaciones territoriales o se organizan en federaciones; como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) -que agrupa a 39 asociaciones-, la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios o la Federación Estatal de Técnicos Especialistas Sanitarios. En suma, forman una tupida red que llega a decenas de miles de profesionales en todo el país.

EL SISTEMA SANITARIO NO FORMA A LOS MÉDICOS

¿Y cómo se financian tantas asociaciones sanitarias? Pues gran parte del dinero que reciben provienen de la industria farmacéutica. A este respecto es ilustrativo lo que comentaba el Dr. Joan Ramón Laporte -Director de la Fundació Institut Catalá de Farmacología y miembro del cuadro de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la que ha presidido el Comité sobre medicamentos- en el documental ¿Sobremedicados? emitido por La Sexta en abril de 2013: «Me decía un dirigente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria que los demás dependen mucho de la industria y ellos ¡sólo en un 80%! ¡Y es una de las más independientes!». En la misma entrevista el Dr. Laporte explicaba que España es el país de la Unión Europea que más porcentaje del presupuesto sanitario destina a medicamentos -un 25% frente al 10,7% de Reino Unido- denunciando que nuestro país es «un coladero» para la industria farmacéutica «que dispone de decenas de miles de personas muy bien preparadas y pagadas que solo piensan en vender a quien les compre» y aquí quien compra sobre todo es el sistema sanitario público. Laporte agregaría que actualmente existen unos 15.000 medicamentos en el mercado y por tanto «es imposible que un médico pueda gestionar el conocimiento relativo a tal cantidad de fármacos», más aún teniendo en cuenta que «el sistema sanitario no hace formación continuada de los médicos, no les explica las novedades, no les explica para qué sirven los nuevos fármacos. Eso se lo explican los laboratorios farmacéuticos. La formación médica continua, muy necesaria, es financiada y organizada en un 90% por compañías farmacéuticas. Y el que va a cursos de formación -hay estudios que lo demuestran- prescribe después lo que le han mostrado en los cursos de formación». Añadiendo: «En España los congresos son realizados por las sociedades científicas y éstas son financiadas en una parte muy importante por la industria farmacéutica. ¿Y de qué se habla en los congresos? Pues no son sino una presentación de medicamento tras otra».

Como ejemplo ilustrativo de esta influencia Laporte comentó el caso del colesterol: «A principios de los noventa el límite estaba muy alto, en 290, pero en 1994 un comité de expertos lo rebajó a 270. Solo que de los 9 miembros de ese comité 8 tenían conflictos de intereses; uno de ellos con diez compañías. El que más, el presidente». El caso es que como resultado de esa arbitraria «modificación» la cantidad de personas a las que se diagnosticó exceso de colesterol y terminó siendo por ello medicada pasó de once millones a treinta. Y en este punto el Dr. Laporte hizo un inciso para explicar lo que se entiende por «conflicto de intereses»: «cobrar un mínimo de 10.000 dólares al año o tener acciones en una compañía del sector por un valor superior a 30.000. Lo que significa que personas que obtienen de las compañías cantidades de dinero que pueden ser superiores a su salario son los que escriben las recomendaciones sobre cómo usar los productos de esas compañías».

¿Y cómo afecta todo esto a la credibilidad de la profesión médica y, lo que es más importante, a la salud de los ciudadanos? ¿Qué papel juegan realmente estas asociaciones y por qué la industria está tan interesada en financiarlas y condicionarlas? ¿Qué mecanismos se han puesto en funcionamiento con el fin de evitar estos conflictos de intereses? ¿Hasta qué punto estos comportamientos cruzan la línea de la legalidad? Pues a responder a buena parte de estas preguntas está dedicado el informe titulado El conflicto de intereses económicos de las asociaciones profesionales sanitarias con la industria sanitaria publicado por la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) en el que, entre otras cosas, se dice que «los llamados `conflicto de intereses´ en la comunidad sanitaria lastran gravemente la credibilidad de las asociaciones profesionales» ya que «son la causa de que muchos profesionales tomen decisiones sobre la salud de los ciudadanos basándose en información sesgada por la búsqueda de beneficios».

«Es lícito que estas relaciones existan –continúa diciendo el informe– pero no es lógico que sean parte inconsciente de la estrategia de marketing de la industria». Y es que ante los datos disponibles resulta difícil de creer que las juntas directivas de esas asociaciones actúen inconscientemente porque las mismas -explica el informe- «tienen poder para tomar amplias decisiones sobre el destino de la asociación, firmar convenios, establecer estrategias, fijar los presupuestos, encargar trabajos, decidir los congresos futuros, etc. Además a las juntas directivas les llega en muchas ocasiones una gran cantidad de información, solicitudes para asesorar a administraciones públicas (formulación de leyes, formación de especialistas, constitución de grupos de trabajo para documentos técnicos, etc.), de particulares y de asociaciones de pacientes (efectividad de determinados tratamientos, solicitudes de colaboración) y también del sector privado (solicitud de expertos en determinadas tecnologías sanitarias o patologías, solicitud de ponentes para conferencias, solicitudes para poner en sus productos la etiqueta ‘recomendado por determinada sociedad’, etc.). Cuando hay alguna emergencia sanitaria (legionelosis, gripe A), surge algún tema de carácter polémico como la introducción de una vacuna en el calendario vacunal (papilomavirus) o se establece algún tipo de recomendación a la población las asociaciones profesionales tienen un papel de liderazgo, a veces determinante, después de hacer pública una postura oficial. Esta acumulación de poder y su ejercicio durante un período de tiempo relativamente largo, unido a ese liderazgo sobre la sociedad en general, hacen que la posible presencia de conflictos de intereses en las juntas directivas suponga una amenaza importante para la independencia de las asociaciones profesionales sanitarias. Una encuesta realizada entre ejecutivos o líderes de organizaciones médicas revelaba que entre el 11% y el 14% estaban implicados en negocios no éticos».

Es más, una encuesta realizada por el Grupo de Ética de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitaria titulado La ética en la relación con la industria farmacéutica. Encuesta de opinión a médicos de familia en Cataluña -publicada por Atención Primaria en su nº 34 de 2004 puso de manifiesto que «el 92,8% de los autores correspondientes de artículos publicados en 9 revistas médicas españolas en 2007 habían recibido algún tipo de financiación de la industria en el último año. La dádiva más frecuente era la inscripción o viajes a congresos».

Lo insólito es que otras encuestas indican que el 70% de los médicos considera ético que se le paguen congresos o cursos y un 20% incluso el pago de viajes. Y es que algunos opinan que sin el dinero de la industria no se podrían realizar congresos y las asociaciones sencillamente desaparecerían. Algo, por supuesto, rotundamente falso.

UN INFORME DEMOLEDOR

Pues bien, de todo lo antedicho hemos hablado con el autor del informe, el Dr. Alberto Ruano, quien tuvo la amabilidad de atendernos.

-Sinceramente, su informe nos parece demoledor y ratifica muchas de las cosas que llevamos años denunciando en nuestra revista. ¿Cómo ha sido recibido por parte de las asociaciones profesionales sanitarias?

-Hasta donde yo sé ha sido recibido positivamente; al menos no he oído críticas por parte de las sociedades científicas. De hecho algunas lo han subido a sus páginas web y me consta que otras lo han difundido entre sus juntas directivas. Claro que una cosa es conocerlo y otra actuar en consecuencia.

-En sus conclusiones insta a las asociaciones a que inicien un proceso de reflexión sobre las relaciones con la industria a fin de tomar medidas concretas que garanticen tanto la transparencia como su independencia, por ejemplo incluyendo en los estatutos mecanismos concretos que permitan manejar los conflictos de intereses. Y agrega usted que todas ellas deberían ser autosuficientes económicamente. ¿Cree que seguirán sus sugerencias? Desde luego sería un cambio de trayectoria elogioso pero sorprendente dada la dinámica seguida hasta el momento.

-Dudo que el documento sirva para iniciar un proceso de reflexión aunque me encantaría. Uno de los principales problemas de muchas sociedades científicas es que sus juntas directivas no se dedican profesionalmente a tareas de dirección; es pues complicado cambiar procesos que están establecidos o dedicar mucho tiempo a tareas de gestión. Pero sí hay una sensación generalizada de que la transparencia lleva a la credibilidad y de que ésta es un activo excepcional de las sociedades científicas que debería protegerse con el máximo celo. La propia sociedad está comenzando a demandar esa transparencia y esto es un problema porque deberían ser las sociedades científicas las que vayan por delante en este ámbito y no al revés.

-¿Podría hacernos una comparativa concreta con países de nuestro entorno u otros que considere relevantes en este problema? ¿Hasta qué punto hablamos de un problema generalizado y consustancial al modelo médico-sanitario?

-La relación entre la industria y las sociedades científicas existe en todos los países; sin embargo en el mundo anglosajón -especialmente en el norteamericano- se ha sido más consciente del problema que podía generar de falta de transparencia y hace tiempo decidieron intentar atajarlo. La declaración de conflicto de interés es mucho más frecuente y lo que se define como accountability está presente en muchas sociedades científicas. Se trata de un problema que pasó a ser consustancial con el modelo médico sanitario desde el mismo momento en que las administraciones públicas delegaron la práctica totalidad de la formación médica en la industria siendo las sociedades científicas las que, en muchos casos, canalizan tal formación.

–¿Cuál ha sido el criterio para elegir las sociedades de la «tabla 1» de su informe? ¿Son las más relevantes a nivel científico, las más influyentes, las que más dinero reciben o es una muestra aleatoria? ¿Dispone de datos del resto de las sociedades no incluidas en el informe? ¿Son extrapolables los resultados que muestra la tabla al conjunto de las sociedades profesionales?

-Son una selección de las sociedades científicas españolas más representativas del mundo médico; estando entre ellas algunas de las más influyentes y, probablemente, las que más dinero reciben. Y sí, los datos de la tabla son extrapolables al resto de sociedades médicas españolas.

–En el caso de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) al menos un 36% del presupuesto para 2011 provenía de patrocinadores privados entre los que destacan las farmacéuticas Merck, Pfizer, Sanofi-Aventis y GlaxoSmithKline que son precisamente -en especial la última- las que en más escándalos de corrupción se han visto implicadas en los últimos años. ¿En qué medida lastra esto su credibilidad? ¿Y cómo han evolucionado tales patrocinios en los presupuestos actuales?

-La industria, debido al entorno económico actual, ha reducido algo la financiación de algunas sociedades científicas. En cuanto a la cantidad que de ella recibe concretamente la SESPAS no creo que eso cuestione su credibilidad; es más, en el año que cita parte de lo que aportó la industria fue directamente a Gaceta Sanitaria, la revista que publica esa sociedad. A mi juicio en el caso particular de la SESPAS las aportaciones de la industria no condicionan los cursos que pueda organizar; ni condiciona a sus ponentes, ni a sus mensajes o contenidos científicos.

–¿Y cree que es suficiente una declaración de conflicto de intereses? Porque, por poner un ejemplo, el artículo en el que se recogen las recomendaciones para el calendario de vacunación de 2014 se reflejan los conflictos de interés de sus autores ¡y todos están relacionados en mayor o menor grado con los fabricantes de vacunas! Sin embargo, ¿qué trascendencia tiene una nota al pie de un artículo científico que casi nadie lee? ¿Cómo llega eso al ciudadano? Y esto podríamos aplicarlo al resto de los fármacos, test, procedimientos…

-Es cierto: la declaración de conflicto de intereses no es suficiente. Lo ideal sería que las personas inmersas en ellos no pudiesen participar en toma de decisión alguna que pudiera beneficiar a la empresa con la que mantiene la relación, independientemente de que los conflictos sean o no de índole económico. En cuanto a la nota a pie de página de un artículo científico es un paso importante aunque es verdad que podría establecerse algún otro modo de hacer más visible los conflictos de interés que pueda tener un artículo científico. En todo caso es deber del lector atender a todo el contenido publicado, incluyendo las notas a pie de página. Máxime si sospecha que puede existir algún tipo de conflicto de intereses en el documento que está leyendo. Pero sí, la transmisión y explicación de tales conflictos al ciudadano para que éste pueda interpretarlos de la manera adecuada es una tarea pendiente. A fin de cuentas, ¿no le gustaría al ciudadano que pueda estar viendo en televisión la promoción de un producto saludable avalado por una sociedad científica saber si ha habido o no dinero de por medio para que ésta diera el aval? La respuesta parece clara.

–En 1991 Farmaindustria adoptó el Código Europeo de Buenas Prácticas y desde entonces se han realizado diversas actualizaciones hasta la última, publicada en abril de este año. ¿Cómo valora el nuevo Código de Buenas Prácticas de la industria farmacéutica? ¿Cree que es una actualización de buenas intenciones o declaraciones o existe algún indicio que nos diga que efectivamente van a corregir su trayectoria en relación con las prácticas abusivas, irregulares e incluso ilegales en relación con su influencia sobre los profesionales y los pacientes? ¿Y qué puede decirnos sobre el grado de cumplimiento de los códigos anteriores?

-Desde mi punto de vista el Código de Buenas Prácticas de la industria es muy interesante pero sí, su mayor debilidad son las acciones para comprobar si se cumple o no de forma efectiva. De hecho deberían hacerse públicos los expedientes abiertos por incumplimiento del código y poder saber así la sociedad qué laboratorios no lo cumplen.

–¿Qué le parece la campaña Publicidad Cero (www.nogracias.eu/2014/06/09/publicidadno-gracias/) lanzada por el colectivo NoGracias así como la labor que realiza en pro de la transparencia, la integridad y la equidad en los servicios sanitarios?

-Me parece una buena iniciativa aunque a veces en el ámbito sanitario hay muchos claroscuros. ¿Implica eso que un profesional sanitario no debería poder llevar siquiera un bolígrafo de la industria? ¿Qué tipo de regalos son «aceptables»? En fin, la plataforma está haciendo en todo caso una labor importante y cubre un aspecto sobre el que desgraciadamente se ha reflexionado muy poco en nuestro país como es el de la transparencia en las actuaciones de médicos y sociedades científicas.

-Según Farmaindustria hay ya una serie de instituciones que garantizan la correcta relación entre los profesionales y ella. Como la Unidad de Supervisión Deontológica (USD), la Comisión Deontológica y el Jurado de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial. ¿Cómo funcionan en la práctica estos órganos de control? ¿Qué garantías hay de que realmente controlan lo que debieran y garantizan la transparencia y la ética?

-No conozco en detalle el funcionamiento de esos órganos. Sé que la Unidad de Supervisión Deontológica trabaja a requerimiento de aquella entidad que ponga en su conocimiento el incumplimiento de los códigos de Farmaindustria y que también actúa de oficio supervisando las relaciones entre la industria y las sociedades científicas a través de la revisión de páginas web de congresos en las que aquella hace aportaciones a fin de saber si se cumplen los criterios aprobados en su código ético. Y cuando no es así se piden explicaciones o aclaraciones a la organización pudiendo darse el caso de la retirada de la ayuda si no se hacen modificaciones.

–¿Y qué opina de la rotunda aseveración que en relación a las críticas del calendario de vacunación aprobado en 2013 hizo en su día el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, quien manifestó que «las sociedades científicas se financian con el apoyo de los laboratorios y defienden intereses comerciales”?

-No conozco esas declaraciones pero no se pueden cargar las tintas contra las sociedades científicas. Juegan una importante labor de liderazgo para la sociedad y en muchos aspectos son el contrapunto a iniciativas más o menos exitosas de las administraciones sanitarias. Es sin embargo un ejemplo de cómo la relación que tienen hoy esas sociedades con la industria puede afectar a su credibilidad.

-Pues en un artículo titulado Límites legales en la relación entre el profesional sanitario privado y público y la industria farmacéutica el fiscal Valentín José de la Iglesia Palacios considera sus prácticas actuales como «ilícito civil, fraude de ley y delito de cohecho». ¿Qué valoración hace usted de una afirmación tan contundente?

-La Ley 29/2006 de 26 de julio de garantías y uso racional del medicamento hace referencia al conflicto de intereses y prohíbe en su artículo tercero aceptar cualquier regalo o prebenda -de cualquier índole- a fin de preservar la independencia de las decisiones médicas de los intereses comerciales. Y considera su recepción una infracción grave.

–Pero la ley se infringe; todos lo sabemos Además este problema no es una simple cuestión de competencia leal o desleal entre empresas: atañe a los propios cimientos del sistema, al propio modelo médico-sanitario. ¿No se precisa un cambio mucho más profundo que permita modificar lo que está haciendo fracasar al sistema: corrupción, compra de voluntades, manipulación ee la información, creación de falsas epidemias, censura en las publicaciones científicas…?

-Bueno, es muy complejo contestar a esa pregunta que yo no hubiera formulado de forma tan radical pero si tuviese que contestar brevemente diría que sí.

«COMPRANDO» EXPERTOS

Hasta aquí nuestra entrevista con el Dr. Ruano quien al menos reconoce que el problema de los presuntos sobornos y condicionamientos a través de las asociaciones profesionales tiene un alcance real desconocido. Algo obvio porque se sabe que la frontera de la legalidad se traspasa muy a menudo aunque quienes lo hacen intenten encubrirlo. Para muestra un botón: ninguna de las asociaciones sanitarias declara públicamente tener conflicto de intereses cuando todas están básicamente financiadas por la industria. Esperpéntico.

De hecho cada vez más casos salen a la luz dibujando un panorama de corrupción generalizada. He aquí otro significativo ejemplo: los once miembros del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría que aprobaron el calendario vacunal de máximos de 2014 han colaborado en actividades docentes con las farmacéuticas fabricantes de vacunas: GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, Sanofi Pasteur MSD y Astra-Zeneca. Ocho de ellos además en actividades de investigación mientras seis pertenecen a sus comités asesores.

Y otro: buena parte de los miembros y ex-miembros del Comité Asesor del Plan Nacional sobre SIDA del Ministerio de Sanidad español tienen o han tenido cargos de responsabilidad en la Sociedad Española Interdisciplinar del SIDA (SEISIDA), en el Grupo de Estudio del SIDA (GESIDA) y en la Fundación para la Formación e Información sobre Tratamientos en el ámbito del VIH (FIT), sociedades creadas para dar apariencia de seriedad y prestigio e intentar obviar dos hechos sangrantes. El primero, que los «socios protectores» de SEISIDA son los laboratorios Gilead, Janssen, ViiV Healthcare (GlaxoSmithKline & Pfizer) y Abbvie; y el segundo que Bristol-Myers Squibb y Merck Sharp & Dohme patrocinan GESIDA. En cuanto a la Fundación FIT tiene ya la desfachatez de «presumir» que «se financia con aportaciones privadas desinteresadas, especialmente recibidas de diferentes empresas de la industria farmacéutica (como Abbott, ViiV Healthcare, Jassen-Cilag, Gilead Sciences, Merck Sharp & Dohme y Roche Farma«). Sin comentarios.

En suma, quienes financian las instituciones públicas y organismos privados en los que medran los presuntos «expertos en SIDA» y los fabricantes y vendedores de los test-chapuza que se supone detectan esa inexistente enfermedad así como los carísimos productos tóxicos que presentan como «tratamientos antivirales» están todos promocionados por la Plataforma VIH en España en la que se han ido integrando.

CREANDO «ENFERMOS MENTALES»

Aunque si hay un ámbito donde la náusea asalta ya a cualquier persona sensible es -además de los de las vacunas, el Sida y el cáncer- el de la Psiquiatría; especialmente en el terreno infantil y juvenil. Hace tiempo que se viene de hecho denunciando la deriva del Manual Diagnóstico y Estadístico de Desórdenes Mentales -más conocido como DSM por sus siglas en inglés- que edita la Asociación Americana de Psiquiatría y convertido en un mero instrumento de la industria de los psicofármacos que en cada nueva edición consigue encontrar nuevas conductas incómodas para el orden establecido a las que convertir en trastornos o desórdenes mentales una vez renombrados con la jerga pertinente y así poder «etiquetar» de enfermos a miles de chavales sanos pero rebeldes cuya vida escolar suele quedar lastrada y su vida medicalizada.

De hecho en 2006 un estudio publicado en Psychotherapy and Psychosomatics titulado Nexos financieros entre los miembros del Panel del DSM-IV y la industria farmacéutica -cuyos autores eran la psicóloga Lisa Cosgrove y el profesor de la Universidad de Tufts Sheldon Krimsky- reveló que más de la mitad de los 170 expertos que componen el panel sobre trastornos de la personalidad del DSM tienen o tuvieron vínculos económicos o financieros con la industria. Un escándalo que adquiriría ya proporciones mayúsculas con la reciente edición -en mayo de 2013- del DSM-V al saberse que el 67% de los integrantes del comité sobre «trastornos del estado de ánimo«, el 83% de los expertos del comité sobre «trastornos psicóticos» y el 100% de los integrantes del comité de «trastornos del sueño« tenían sospechosas vinculaciones con importantes empresas farmacéuticas y compañías afines y fueron los que decidieron inventarse nuevos «trastornos» para vender más fármacos. «Trastornos» cada vez más peregrinos -que podrían llevar a medicar injustificadamente con psicofármacos a cientos de miles de adolescentes- como el Síndrome de riesgo de psicosis, el Trastorno de atracones -obsequiarse con una comilona a la semana durante tres meses- o el Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo -que puede diagnosticarse a cualquier niño que tenga más de tres rabietas semanales durante un año. ¿Están o no «locos de atar» los psiquiatras de esos comités? Porque la otra alternativa es que sean unos sinvergüenzas sin ética ni escrúpulos.

En junio pasado la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y el Adolescente (AEPNYA) emitió por ejemplo una nota agradeciendo el apoyo que recibe de Novartis y, más concretamente, la presencia de Sandoz -la división de genéricos de esa multinacional- en el congreso que celebraron explicando que había «servido de marco para la presentación a los especialistas asistentes del primer medicamento genérico para combatir los síntomas del Trastorno por Déficit de Atención-Hiperactividad (TDAH), patología que representa un problema de salud pública debido a su elevada prevalencia: entre el 3 y el 7% de los niños». Pues bien, el principio activo del referido fármaco es una sustancia psicoestimulante, una versión modificada del tristemente famoso Ritalin de Novartis enmascarado como «genérico» cuyos «efectos secundarios» más frecuentes son nerviosismo e insomnio aunque también se presentan molestias gastrointestinales, sequedad de boca, taquicardia, anorexia, palpitaciones, arritmia, hipertensión, urticaria, fiebre, dolores de cabeza, mareos, discinesia (movimientos involuntarios), tics verbales, vista cansada, visión borrosa, convulsiones, calambres, psicosis tóxica, síndrome neuroléptico maligno, aumento de transaminasas hepática, retraso en el crecimiento, depresión, anemia y -no se lo pierdan- ¡hiperactividad!

La AEPNYA -que afirma englobar al 85% de los profesionales del ramo en España- se presenta en su web siguiendo el habitual guión repleto de frases rimbombantes y maravillosas intenciones que el lector curioso puede encontrar casi calcadas en las webs de todas estas asociaciones: «sociedad científica sin ánimo de lucro creada con el objetivo de cultivar el progreso científico de la especialidad, mantener las mejores relaciones entre los profesionales, velar por el mayor prestigio moral y científico de la especialidad y fomentar las manifestaciones científicas…» Lamentablemente no podemos informar de sus cuentas ya que su memoria económica solo está disponible para socios registrados pero lo que sí hemos podido comprobar es que sus patrocinadores, además de la mencionada Novartis, son Janssen, Otsuka-Lundbeck, Rovi SNC, Rubió, Shire y Boiron. En suma, es una asociación absolutamente independiente y detrás de sus decisiones no hay intereses comerciales. Es muy evidente.

ILÍCITO CIVIL, FRAUDE Y COHECHO

Lo cierto es que el fiscal español Valentín José de la Iglesia Palacios publicaría en agosto de 2012 un esclarecedor artículo titulado Límites legales en la relación entre el profesional sanitario privado y público y la industria farmacéutica -puede leerse en el blog del periodista Miguel Jara (www.migueljara.com/wp-content/uploads/2012/09/ART%C3%8DCULO-DEFINITIVO-VALENT%C3%8DN.pdf)- y sus conclusiones son claras: las prácticas habituales de la industria y su aceptación por el estamento médico cruzan en muchas ocasiones la frontera de la ilegalidad. Así lo describe: «Las ofertas de premios, becas, contribuciones y subvenciones a reuniones, congresos, viajes de estudio y actos similares por cualquier persona, física o jurídica, relacionada con la fabricación, elaboración, distribución, prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios, cuando sus destinatarios sean profesionales sanitarios, solo serán lícitas cuando cumplan dos condiciones: 1) Que se hagan públicas en la forma que se determine reglamentariamente; y 2) Que se apliquen exclusivamente a actividades de índole científica. En cuanto a los viajes y alojamientos las condiciones serían: «1) Que tenga lugar en el marco de manifestaciones de carácter exclusivamente profesional o científico. 2) Que sea moderada en su nivel. 3) Que esté subordinada al objetivo principal de la reunión. 4) Que no se extienda a personas que no sean profesionales de la salud». De no ser así, según recuerda el fiscal, «la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios considera vulnerada la garantía de independencia y, en consecuencia, reputa incentivo prohibido, ilícito civil, lo ofrecido y/o recibido, sometiéndolo al régimen sancionador» correspondiente.

De la Iglesia continúa recordando que «el artículo 6.4 del Código Civil dispone que los actos realizados al amparo de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley«, lo que puede aplicarse a una buena cantidad de actuaciones en el marco de la relación profesionales-asociaciones-industria que venimos analizando en este artículo.

El fiscal señala asimismo que «en algunos casos, además de traspasar la línea que separa lo legal del ilícito civil, la conducta tanto de quienes ofrecen una dádiva o regalo como de los funcionarios públicos que llegaran a aceptarla sería incardinable en los siguientes preceptos del Código Penal relativos al delito de cohecho: Artículo 422: `La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años´. Y el Artículo 424: 1. `El particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no realice o retrase el que debiera practicar, o en consideración a su cargo o función, será castigado en sus respectivos casos, con las mismas penas de prisión y multa que la autoridad, funcionario o persona corrompida´».

Y como ejemplo De la Iglesia cita una sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo dictada el 7 de noviembre de 2001: «(…) Incentivar» (en realidad sobornar) a los médicos para que receten prioritariamente unos determinados medicamentos distribuidos por un concreto laboratorio, que es la conducta que se declara probada en el relato fáctico, no constituye una actividad lícita de promoción comercial pues se encuentra expresamente prohibida por la Ley del Medicamento. Esta prohibición es perfectamente conocida por todos los profesionales del gremio y concretamente por los ejecutivos de los laboratorios farmacéuticos, posición que ocupaba el recurrente».

Y continúa diciendo la sentencia: «La introducción de un incentivo económico por la prescripción de unos medicamentos determinados distorsiona la función de la prescripción que debe estar esencialmente orientada por el interés del paciente y no por el del médico. Con estas prácticas ilegales se perjudica seriamente la salud de los pacientes (…), se perjudica al Sistema Nacional de Salud pues se fomenta la prescripción por factores ajenos a necesidades clínicas y se perjudica la libre competencia y la transparencia del mercado».

Añadiremos como dato interesante en relación con lo que venimos explicando que la sentencia se sostuvo sobre el hecho de que «el propio pagador reconoció expresamente que la cobertura de los supuestos estudios de fármaco-vigilancia era simplemente una forma más ‘elegante’ de pagar a los médicos; es decir, que constituía un método fraudulento para intentar eludir la expresa y contundente prohibición legal (…)” (las negritas y el subrayado son nuestros).

De la Iglesia Palacios enumera también algunos ejemplos del tipo de «dádivas» que reciben los médicos de los laboratorios: «Un viaje turístico, un reloj de marca, un bolso, comidas y/o cenas más o menos habituales que no guardan relación alguna con una actividad formativa realmente existente, unas clases de pádel, un vale para comprar gasolina, una hormigonera, por ejemplo, u otros análogos que nos podamos imaginar, estarían incardinados en los delitos de cohecho transcritos».

Añadiendo que otras se realizan de modo más encubierto como » la entrega de un cheque en pago de una ponencia que no se imparte o que se retribuye de forma extraordinariamente generosa en relación con lo razonablemente esperable teniendo en cuenta contenido de la misma». Y agrega: «Pongamos también por caso que una empresa farmacéutica ofrece a un profesional sanitario asistir a una conferencia o seminario que tiene un valor científico cuestionable o, en el mejor de los casos, relativo, encubriendo en realidad el pago (ilegal) de un viaje de placer y/o un banquete (por ejemplo la organización de una reunión de especialistas españoles para asistir a la conferencia de otro especialista español durante un fin de semana en Estambul y/o en un hotel de lujo y/o incluyendo banquetes)». Ante lo cual termina aclarando que «no solamente constituye un delito de cohecho la entrega de presentes o dádivas sino también su ofrecimiento y el mero intento de corromper al funcionario en cuestión (STS 883/94, de 11 de mayo)».

A continuación De la Iglesia plantea una serie de preguntas entre las que destacan dos que atañen explícitamente al motivo de nuestro análisis: «¿Qué criterios tiene en cuenta en la práctica la industria farmacéutica a la hora de determinar los profesionales concretos a los que va subvencionar para que asistan a una reunión, un congreso, un viaje de estudio o un acto similar? ¿Qué criterios tiene en cuenta en la práctica la industria farmacéutica a la hora de determinar los profesionales concretos a los que va a ofrecer la hospitalidad?». Para responder a estas dos cuestiones basta acudir a los estatutos de la mayoría de las asociaciones profesionales que estamos analizando. La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) incluye por ejemplo entre sus objetivos «proveer a la industria de los profesionales más cualificados para sus necesidades de investigación o consultoría», «potenciar el papel de las sociedades científico-médicas como organismos consultivos y asesores de la industria, informar de las necesidades de formación continua de las sociedades colaborando en la búsqueda de soluciones formativas satisfactorias y buscar acuerdos de financiación conjunta para cubrir las necesidades de formación continua de los profesionales sanitarios».

En definitiva, las asociaciones profesionales sanitarias cumplen un papel clave en el engranaje del modelo médico-sanitario dominante que a pesar de sus grandilocuentes declaraciones de principios consiste en formar a los médicos con una clara orientación mecanicista, farmacológica y paternalista/autoritaria con actitudes de claro desprecio por las tradiciones médicas y su plasmación actual en las disciplinas de orientación natural y holística. Claves formativas que se refuerzan mediante la organización constante y permanente de jornadas, congresos, cursos, encuentros, presentaciones, conferencias y demás excusas dirigidas a aleccionar a los profesionales para la prescripción masiva de los productos de la industria. De hecho así lo reconoció en su día parcialmente el ex Director General de Salud Pública Ildefonso Hernández durante el Gobierno de Jose Luís Rodríguez Zapatero quien en el documental que mencionamos al comienzo de este artículo aparece diciendo: «La industria farmacéutica domina la agenda de formación de los médicos, domina la agenda de la investigación y domina la agenda pública en Sanidad. La mayoría de los actos, medios de comunicación especializados, etcétera, están financiados por ellos».

Tiene razón. Y la prueba es él mismo porque hizo tales declaraciones cuando ya no ostentaba el cargo mientras que durante su desempeño acató obedientemente las directrices de la industria sin hacer nada para cambiar tan vergonzosa situación.

Jesús García Blanca
Recuadro:

Asociaciones profesionales sanitarias más influyentes

Esta es la relación de las asociaciones profesionales sanitarias más influyentes y que más dinero reciben de la industria a pesar de lo cual ninguna de ellas lo declara en su página web:

-Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).

-Sociedad Española de Epidemiología.

-Sociedad Española de Cardiología.

-Sociedad Española de Nefrología.

-Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.

-Sociedad Española de Patología Digestiva.

-Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.

-Sociedad Española de Reumatología.

-Asociación Española de Pediatría.

-Sociedad Española de Neurología.

-Academia Española de Dermatología y Venereología.

-Sociedad Española de Oncología Médica.