por José Antonio Campoy
La decisión de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de clasificar las radiaciones electromagnéticas emitidas por los teléfonos móviles de “posiblemente cancerígenos” reconociendo que su uso conlleva un mayor riesgo de tumores cerebrales malignos y recomendando por ello tomar medidas para reducir al máximo su exposición -especialmente en el caso de los niños- hizo reaccionar de inmediato a las multinacionales telefónicas a través de aquellos organismos, asociaciones, políticos, investigadores y medios de comunicación que -de una u otra forma- controla en un intento de minimizar al máximo la reacción del público. En España lo hicieron rápidamente la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) -entidad privada al servicio de la industria oncológica- y la Sociedad Española de Oncología que se apresuraron a “tranquilizar” a los ciudadanos y a apoyar a las empresas de telefonía de una forma lamentable. Y eso que la Asamblea del Consejo de Europa acababa de aprobar un documento en el que se pide a todos los gobiernos europeos la adopción de “medidas razonables” para reducir la exposición a las radiaciones electromagnéticas de todos los aparatos que las emiten: móviles, inalámbricos, antenas de telefonía, Wi-Fi, sistemas WLAN… Y que el pasado 24 de junio varios cientos de colectivos sociales firmaron en España un manifiesto en el que se exigía a los gobiernos central, autonómicos y locales, a los diputados y senadores, y a la clase política en general “medidas urgentes y concretas para proteger la salud de los ciudadanos ante la brutal contaminación electromagnética que sufre ya nuestra sociedad” así como “la aplicación del Principio de Precaución y el inmediato establecimiento como límites máximos legales de 100 nT (nanoteslas) para las emisiones de baja frecuencia y de100 μW/m2 (microvatios por centímetro cuadrado) para las de alta frecuencia”. Pero les da igual. Los testaferros de la industria “contraatacaron” con un informe “científico” danés efectuado por John Boice y Robert Tarone -del Instituto Internacional de Epidemiología- que publicó Journal of The National Cancer Institute según el cual «las pruebas disponibles no apoyan la asociación causal entre el uso de móviles y los tumores cerebrales». Y los medios de comunicación de masas acríticos publicaron tales conclusiones de inmediato. Aunque esos mismos “investigadores” se curaran en salud matizando que es imposible probar la inocuidad de las radiaciones electromagnéticas en la salud. Mintiendo descaradamente. Porque ¡claro que es posible! Lo que no quieren es que las autoridades hagan esa investigación -u obliguen a la industria a hacerla o financiarla- y por eso ponen esa excusa. Eso sí, se ofrecen sin embargo a seguir investigando y piden para ello ¡más dinero! Que es lo que realmente buscan: dinero. Pues bien, el doctor e investigador George Carlo -que entre 1993 y 1998 dirigió el programa Wireless Technology Research (WTR) dotado con 28 millones de dólares aportados en su día por la propia industria para conocer la realidad de los efectos de la telefonía sin hilos y cuyos resultados fueron alarmantes pues relacionaban ya entonces la radiación de la telefonía móvil con serias enfermedades, cáncer incluido, y que cuando presentó los resultados a los ejecutivos de la industria para que éstos tomaran medidas se encontró con que su respuesta fue intentar ocultarlos a toda costa (lea en nuestra web –www.dsalud.com– el reportaje que con el título George Carlo, la bestia negra de la industria de la telefonía móvil publicamos en el nº 98)- ha reaccionado ante este estudio de forma fulminante denunciando varias cosas. Para empezar, que Boice y sus colegas han trabajado en nómina para la industria de la telefonía con la que mantienen estrechas relaciones económicas. En segundo lugar que el Instituto Internacional de Epidemiología –pomposo nombre que parece indicar que se trata de una entidad sin ánimo de lucro- sí tiene ánimo de lucro. Y tercero, que tanto la American Cancer Society como el Journal of the American Medical Association tienen también vínculos con la industria de las telecomunicaciones. De hecho afirma que la primera está al servicio de la industria de la telefonía celular y sus dirigentes cobran por decir que “eso de que los teléfonos móviles pueden causar cáncer no es más que un mito”. La pura verdad es que sí pueden provocar cáncer, especialmente a los niños. Hemos publicado abundante información que así lo demuestra. Y ahora haga el lector caso a quienes cobran grandes cantidades de dinero por decir que no hay peligro en los móviles, inalámbricos, antenas de telefonía, Wi-Fi y WLAN o moléstese en leer las evidencias científicas que demuestran ese peligro. Lo que está en juego es su salud y su vida así como la de sus hijos.
