Envenenamiento legal de las personas a través de los cigarrillos

por José Antonio Campoy

Hace ahora siete años firmé un editorial -en la revista correspondiente a febrero de 2006- con el título Las medidas contra el tabaco y la demagogia del Ministerio de Sanidad en el que a la vez que mostraba mi satisfacción por las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo español para impedir que los fumadores perjudiquen a los no fumadores manifestaba mi perplejidad por el hecho de que el tabaco -que puede llevar a graves enfermedades y a la muerte- siguiera siendo legal ya que provoca la muerte de un ser humano cada 6,5 segundos y numerosas patologías a millones de personas más. Denuncié entonces que el tabaco es la primera causa aislada de mortalidad, morbilidad e invalidez evitable y causa primordial de al menos 25 patologías siendo responsable de 1 de cada 3 cánceres, del 79% de los casos de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, de un porcentaje similar en enfisema pulmonar y bronquitis y del 30% de los infartos de miocardio. Recordando que el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo estima que ¡10 millones de españoles no llegarán a cumplir los 50 años! por culpa de las enfermedades provocadas o agravadas por el tabaco. Y ya entonces denuncié que la industria lleva años añadiendo al papel de los cigarrillos todo tipo de sustancias adictivas para enganchar a los fumadores -al punto de que hoy la dependencia al tabaco está reconocida como trastorno mental y del comportamiento por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la Asociación Americana de Psiquiatría- así como otras muchas sustancias tóxicas innecesarias alegando con desfachatez que son “aromatizantes” ante la complacencia y desidia de muchas de las autoridades políticas, sanitarias y judiciales. Y es que en los cigarrillos hay nicotina -cinco veces más adictiva que la heroína-, alquitrán y monóxido de carbono pero también sustancias altamente venenosas como el arsénico, el cianuro, el amoníaco, el metano, el butano, el formaldehído, el cadmio, el plomo, el polonio 210… Denuncié asimismo que en el humo de los cigarrillos se han detectado ya más de ¡4.700 compuestos tóxicos! de los que al menos 53 son cancerígenos y que según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica en cada bocanada se aspiran dos millones de radicales libres, moléculas responsables del proceso de oxidación y envejecimiento prematuro de las células lo que debilita los pulmones y los hace más vulnerables a los microorganismos causantes de infecciones. Y dije textualmente:  “Que el Estado permita hacer todo eso a la industria, que no controle lo que ésta agrega innecesaria e impunemente a los cigarrillos, que las tabaqueras sigan legalmente vendiendo productos tóxicos y cancerígenos -especialmente entre los más jóvenes- y que ningún dirigente haya sido aún procesado por ello es un escándalo”. Bueno, pues en este número denunciamos ahora que la Secretaría de Estado de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación español tiene desde principios de 2012 los resultados de un estudio dirigido por el catedrático de Química Antonio Marcilla efectuado en la Universidad de Alicante que confirma la presencia de sustancias altamente tóxicas y cancerígenas en los cigarrillos de las diez principales marcas de tabaco que se venden en España. Corroborando así lo que la propia Altadis –empresa nacida de la fusión de Tabacalera y Seita– reconoció ante la Administración ya que en su día entregó a ésta una completa relación de los aditivos que agrega a los cigarrillos a pesar de lo cual ni se prohíbe tan criminal actuación ni se informa siquiera a los ciudadanos –especialmente a los fumadores- de lo que se ha constatado y descubierto. La perplejidad e indignación de quien esto suscribe fue entonces tal que en mi calidad de presidente de la World Association for Cancer Research (WACR) insté al bufete Oria y Pajares & Asociados abogados a presentar una querella contra cuatro altos cargos de la Administración –que se formalizó en septiembre de 2008- por consentir que a los cigarrillos se les agreguen productos que al combustionar dan lugar a miles de sustancias tóxicas sin conocimiento de los consumidores. Lo inconcebible es que los jueces desestimaron la demanda alegando que la actuación de los querellados no era punible porque ya se ocupaban de advertir a los fumadores de que el tabaco es peligroso -¡como si eso les eximiera de su conducta negligente!- y entender que en su comportamiento no podía haber “ilícito penal alguno” porque el consumo y distribución del tabaco es “legal”. En otras palabras, según esos jueces como el consumo de cigarrillos es legal no es un delito que las autoridades sepan que a los mismos se les añaden sustancias tóxicas y no hagan nada por impedirlo. Inaudito. ¡Y luego nos piden a los ciudadanos que confiemos en la Justicia y respetemos a los jueces!