Quienes reclaman medidas de protección y seguridad ante el potencial peligro de los campos y ondas electromagnéticas encuentran por repuesta siempre la misma cantinela: "No hay fundamentos científicos que demuestren que son dañinos, más allá de sus efectos térmicos ya regulados". ¿Que no los hay? ¡Pero si las microondas se utilizan desde hace años hasta como armas de guerra! Hace ya 50 años, en plena "guerra fría", la embajada de Estados Unidos en Moscú fue sometida a emisiones de microondas -las mismas que sustentan la telefonía móvil- durante 40-45 horas a la semana. Desde 1953 hasta 1976. Las frecuencias fluctuaban entre 2.56 Ghz y 4.1 Ghz y sus densidades entre 5µVatios/cm² y 15 µVatios/cm². Intensidades inferiores, por poner un ejemplo, a las radiaciones soportadas por los niños del Colegio García Quintana de Valladolid que provocó en varios de ellos cáncer. Pues bien, durante ese período hubo en la embajada ¡14 muertes!, 11 de ellas a causa del cáncer. Mientras, en otras 8 embajadas norteamericanas de países del Este de Europa se produjeron durante el mismo período 31 fallecimientos de los que sólo 14 fueron debidos al cáncer. Es decir, el alto porcentaje de muerte por cáncer en Moscú impide plantearse que se trate de una "casualidad".
"Goldsmith (1997) -narra el investigador neozelandés Neil Cherry- informó a sus superiores de una elevada mutagénesis y carcinogénesis entre los empleados y las personas que estuvieron expuestas de forma constante a una señal de radar de intensidad muy baja en la embajada americana en Moscú de 1950 a 1970. La fuerza de la señal externa estaba moderada a 5 µVatios/cm² para 9 horas/día en la fachada oriental del edificio donde el radar apuntaba la mayoría del tiempo". Y agregaría: "Los análisis de sangre mostraron alteraciones cromosómicas significativamente elevadas en más de la mitad de las personas analizadas. Las proporciones de leucemia fueron elevadas tanto en adultos como en niños".
Son muchos los investigadores que aseveran que ya entonces -al igual que hoy- las microondas formaban parte del arsenal militar. Y lo cierto es que, de forma premeditada o no, los miembros de la embajada norteamericana sufrieron emisiones de entre 5 y 15 µVatios/cm² durante un largo período de tiempo con los nefastos resultados ya mencionados. Bueno, pues la legislación española autoriza emisiones de ¡hasta 400 µVatios/cm²!. Nuestros gobernantes, en suma, disimulan mirando al cielo y silban. Y allí sólo ven antenas.

EL INCREÍBLE CASO DE MAJADAHONDA
Han transcurrido ya varias semanas desde que Diego Robado Fleitas -persona que vive en la Travesía San Joaquín de la madrileña localidad de Majadahonda donde Discovery DSALUD tiene su redacción- se pasó por la redacción de la revista para contarnos su larga peripecia. Según nos explicaría, enfrente de su domicilio existe un centro de transformación de Iberdrola y en la azotea del edificio de al lado una gigantesca antena de telefonía propiedad de Telefónica. Es decir, un cóctel realmente explosivo si quienes afirman que ambas son peligrosas tienen -como todo indica- razón. Bueno, pues ese conjunto linda con varios edificios cuyos vecinos padecen tal cúmulo de patologías que supera todo lo imaginable y donde -y esto ya puede calificarse de criminal- sólo en un radio de 15-20 metros han fallecido en los últimos años al menos ¡45 personas!, unas por cáncer, otras por accidentes cardiovasculares. Aunque todo apunta que si ese radio se amplía a los 50-75 metros la cifra de muertos supera los 60 (y no la damos por confirmada porque Diego no los ha identificado aún con nombres y apellidos).
Consciente de la gravedad del problema Diego Robado denunció la situación -hace ya tiempo- ante Iberdrola y Telefónica así como ante los responsables del Ayuntamiento de Majadahonda; incluso llegó al Defensor del Pueblo. Pero en ningún momento logró que se le hiciese caso. La cantinela oficial de que no hay "evidencias científicas" de la peligrosidad de los campos y radiaciones electromagnéticas se impuso a la mera evidencia de las muertes que provocan. Porque no hay ninguna otra explicación a esa cascada de muertes. Aunque algunos pretenderán encontrarlas para justificar lo injustificable. Mientras, las cifras de víctimas siguen aumentando. ¡Y éstas harían ver a un ciego!
Hace escasas semanas Diego acudiría a Emilio Valerio, Fiscal de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, quien le pediría que hiciese una relación detallada con nombres y apellidos de los fallecidos, la causa de su muerte y dónde vivían para poder investigar el caso. Diego lo hizo. Y se encontró con que sólo en su portal -vive en el nº 2 de la calle San Joaquín, frente al centro de transformación- habían fallecido 10 vecinos... y eso que sólo hay 12 viviendas. Seis a causa de cáncer y cuatro por accidentes cardiovasculares. Y hay otros tres vecinos más que padecen cáncer. Al lado, en el nº 13 de la calle San Joaquín -donde hay otras 12 viviendas- los muertos por cáncer han sido ocho y los fallecidos por accidentes cardiovasculares cuatro. En el nº 20 de la misma calle ha habido otros seis muertos por problemas coronarios y dos por cáncer además de otras dos personas enfermas de cáncer actualmente en tratamiento. Y en el nº 22, ocho por cáncer y cuatro por accidentes cardiovasculares. Por último, en el nº 20 de la calle Hernán Cortés hay otros dos muertos por cáncer y uno por un problema coronario.
Y eso que Diego Robado se ha limitado a preguntar a los vecinos más cercanos (vea el mapa adjunto) pero todo indica que el número total de víctimas es bastante más alto ya que nos consta que han fallecido por esas dos patologías otras muchas personas en edificios adyacentes a los mencionados. De hecho, todo esto se lo transmitió nuestro director en persona al Alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, quien también respondió con la cantinela ya conocida de que no hay evidencias científicas de... Lo que demuestra que de lo que no hay evidencia alguna -científica o no- es de la existencia de sentido común entre quienes deben velar por la salud de los ciudadanos.
Resumiendo, en un radio de 15 a 20 metros en torno a la antena y el transformador mencionados se han producido en los últimos años 26 muertes por cáncer y 19 por problemas cardíacos. Unas cifras escandalosas. Y ello sin contar los numerosos casos de depresión, insomnio, cansancio crónico, debilidad, problemas circulatorios y cardiovasculares, dolores de cabeza, dolores musculares y abdominales, pérdida de memoria, problemas hormonales, alteraciones de la visión... Alguien debería terminar en la cárcel. ¿O no?

EL CASO DE LA RAMBLA D'ARAGÓ (LLEIDA)
Hace sólo unas semanas los vecinos de la Rambla D'Aragó -en Lérida- decidieron hacer una encuesta -anónima y voluntaria- entre 134 vecinos que viven a menos de cien metros de distancia de una macroantena y que se basó en trece preguntas de carácter sanitario. Una de ellas pretendía conocer cuántas personas habían sufrido cáncer en los últimos 10 años. Pues bien, seis de ellos contestaron afirmativamente lo que supone un 4,47% de la población encuestada cuando el índice de afectación general en la zona es del 2,9%. Por supuesto, no se reflejan los casos de fallecimientos ya que no pudieron confirmarse de forma directa.
Ahora bien, nada menos que ¡el 64%! de los encuestados aseguró tener problemas para dormir cuando en términos generales ese porcentaje es del 10%. Y algo parecido ocurre con la ansiedad que afirma tener ¡el 73% de los vecinos!, cifra muy superior a la media que es de un 8%. Y hay más: la mitad de las personas que residen cerca de esa antena sufren frecuentes dolores de cabeza, diez veces más que la población general. La misma proporción asegura que padece pérdida de memoria mientras que el 63% tiene dolores musculares y un 41% fatiga crónica (y eso que esta última patología se da sólo en el 1% de la población). En cuanto a la depresión -que suele sufrir el 20% de la gente- en esa zona afirman padecerla ¡el 51%!
Por último, la encuesta afirma que el 45% de los consultados sufre calambres, el 41% silbido de oídos y el 55% alteraciones de la visión. En total, el 88% de los encuestados sufre tres o más dolencias al tiempo.
"Para salir corriendo", manifestaron los vecinos al conocer el resultado de la encuesta que van a trasladar a las autoridades a ver si por fin éstas se deciden a abrir una investigación seria.

NIÑOS HACIENDO EL TRABAJO QUE NO HACEN LOS ADULTOS
En Gijón no serían los vecinos afectados ni las autoridades las que se interesaron por este problema. Fueron trece alumnos de 4º de ESO del Colegio de la Asunción los que, dirigidos por su profesor de Física y Química, José Ramón Suárez, realizaron un trabajo de investigación para tratar de comprobar si existe alguna vinculación entre tumores y antenas de telefonía móvil. Y la verdad es que llegaron a resultados esclarecedores... a partir de los propios datos oficiales. En suma, hicieron lo que deberían haber hecho las concejalías de Medio Ambiente y/o Sanidad de todos los municipios afectados.
Confirmaron así que El Llano -con catorce instalaciones que suponen un total de 53 pantallas- es el barrio donde más han proliferado estos emisores de energía ionizante. Y -¡qué casualidad!- es en él -según los datos oficiales- donde más carcinomas se han declarado en la ciudad durante los últimos cinco años: ¡nada menos que 760! Los autores del estudio definieron el de las antenas como "efecto cono" pues ésta es la figura geométrica que aparece cuando se agrupan sobre el mapa con la ayuda de un lápiz los domicilios de los pacientes de neoplasia registrados en cada barrio de Gijón durante el último lustro. Y es así porque las antenas no disponen de pantallas orientadas en todas las direcciones sino que apuntan hacia un lugar determinado de la ciudad... siendo en la zona hacia donde emiten donde se produce la mayor concentración de enfermos de cáncer.
Uno de los datos más significativos de la investigación -de gran proyección para futuros estudios y que explica la inutilidad de hacer mediciones parciales- es la constatación de que los nuevos casos de neoplasia declarados en la ciudad se dan principalmente entre los vecinos de los edificios que soportan la acción combinada de varias antenas superpuestas.

UN MAR DE 60.000 ANTENAS
Bien, ¿cree el lector que todo esto ha concienciado a nuestros gobernantes? En absoluto. De hecho, el acuerdo firmado el pasado mes de junio por la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC) y la Federación Española de Municipios y Provincias conjuntamente con los ministerios de Industria y Sanidad supone el primer paso para inundar la geografía española con 60.000 antenas -el doble de las actualmente existentes- a fin de facilitar la extensión de la nueva tecnología de móviles UMTS (Universal Mobile Telecom System), teléfonos de tercera generación que permiten a través de Internet tener acceso a comunicaciones de vídeo, voz y datos en tiempo real.
Es decir, más antenas sobre nuestras cabezas y más potentes... justo cuando empieza a haber una reacción popular por parte de las comunidades vecinales contra la instalación de antenas-base porque les basta mirar a su alrededor para ver crecer el número de enfermos y muertos -en proporciones estadísticamente significativas- cuando uno vive en sus cercanías.
Claro que las todopoderosas operadoras de telefonía han estado moviéndose hasta ahora como pez en el agua -tienen instaladas ya 15.000 antenas en nuestro país- gracias al marasmo administrativo -hay más de 600 normativas diferentes con competencias de ayuntamientos, comunidades y estado-, luchando por cada azotea e instalando sus antenas, unas veces con permiso municipal y otras sin él. Sin embargo, la resistencia cada vez mayor de asociaciones de consumidores, vecinales y movimientos ecologistas les ha hecho apresurarse a buscar un "marco legal" que garantice la instalación antes de que siga creciendo la marea de descontento popular y no tengan dónde colocarlas.
En Madrid, a mediados de junio, se reunieron en la sede de Ecologistas en Acción representantes de más de 20 organizaciones de afectados, vecinos y ecologistas de 10 comunidades autónomas y acordaron constituir a partir de septiembre una Asociación Española en Defensa de la Salud frente a la Contaminación Electromagnética. Casi al mismo tiempo la Federación de Asociaciones de Consumidores (FACUA) denunció el acuerdo con AETIC cargando las tintas sobre la actitud del Gobierno. "El objetivo -afirma FACUA en su comunicado- no es otro que, con la manida excusa del desarrollo de la sociedad de la información, favorecer el enriquecimiento de las multinacionales de la telefonía móvil allanándoles todo el terreno posible para que puedan colocar las antenas a sus anchas en todo el territorio nacional desbloqueando las trabas planteadas por muchos ayuntamientos, fruto de la preocupación por la salud de sus ciudadanos".
Las compañías de telefonía están dispuestas a invertir más de 5.000 millones de euros en el desarrollo de esta nueva tecnología. Y eso que el cliente potencial, según expertos en marketing de las propias compañías, son "los jóvenes de 18 a 24 años; sociables, estudiantes, familiarizados con las nuevas tecnologías..." Y otros mucho más jóvenes, añadiremos nosotros, que asistimos a diario preocupados al uso compulsivo del móvil por adolescentes a pesar de las recomendaciones internacionales que abogan por un uso prudente y moderado por parte de los más jóvenes. Contradictoriamente, ni las instituciones públicas ni los propios padres -que han convertido el teléfono móvil en objeto de regalo habitual- parecen querer enterarse de los peligros que corren sus hijos.
Y claro, las operadoras no van a renunciar a tan buenos -e inconscientes- clientes. Son muchos millones de euros los que se gastan mensualmente anunciando sus nuevos juguetes como para dejarles de lado ahora en sus campañas de marketing. Campañas como "Habla 100 minutos y paga sólo 1 en cada llamada a cualquier número" es una clara invitación a un comportamiento contra la salud puesto que ignora que los efectos térmicos son acumulativos en el cerebro de cualquier persona... pero más aún en los de los jóvenes. No es lo mismo estar un minuto al teléfono para dar un recado por una urgencia que 30, 40 o 50. Y eso que en este caso sólo hablamos de los efectos térmicos, los únicos que oficialmente reconocen nuestras administraciones públicas. Es difícil imaginar una campaña que dijera "Fuma cien cigarrillos y paga sólo uno" o ver una campaña de lanzamiento de un vehículo en la que se invitara a correr por encima de los 200 kms./hora.
El caso es que, campaña tras campaña, se ha creado la falsa sensación de estar ante un objeto imprescindible y no lo es. De hecho, se espera que el 59% de los ingresos de las empresas que operen con UMTS -según datos de las propias operadoras- provendrán de los canales de entretenimiento y sólo el 17% procederá de transacciones comerciales. Y ¡atención!: antes de que aparezcan las heridas y alguien se rasgue las vestiduras sepan los padres -y demás instituciones- que los canales eróticos están entre los primeros servicios ofrecidos a través de los UMTS en otros países. Y encima, nuestro Gobierno parece decidido a que España sea el país europeo con mejor cobertura, es decir, con más antenas, más contaminación electromagnética, más problemas para la salud y, por si fuera poco, más "información" útil y "liberal": la pornográfica.

EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN
Ciertamente, es un auténtico diálogo de sordos. De nada sirven los más de 650 estudios científicos que aportan pruebas o indicios de los impactos negativos que los campos electromagnéticos provocan en la salud, muchos de los cuales han sido citados en números anteriores de la revista (véalos en la sección de Reportajes de nuestra web). Como de nada sirve que los límites máximos autorizados en Suiza o Rusia -que de esto saben algo más que nosotros- sean de 10 µVatios/cm² o que la propuesta de Salzburgo cifre el umbral a partir del cual se producen daños para la salud en 0'1 µVatios/cm². Porque en España se admiten ¡hasta 400 µVatios/cm²! ¡Cuatro mil veces más! ¡Un auténtico disparate!
Se equivoca pues el Gobierno en mirar hacia otro lado y dejar pasar el tiempo. Porque cada vez son más los que le recuerdan que son las operadoras las que tienen la obligación de demostrar que su tecnología es inocua para la salud en función de la aplicación del Principio de Precaución recogido en tratados y convenciones internacionales suscritos por España como la Declaración de Bergen para el Desarrollo Sostenible (1990), el Tratado de Maastricht de la Unión Europea (1992), la Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo (1992) o la Convención de Barcelona (1996), algo que hasta ahora no han hecho. Probablemente porque no pueden... y porque no se les ha exigido. La Administración hace tiempo que practica la táctica de la demora y deja hacer a las operadoras. Y la pregunta es obvia: ¿qué intereses defiende realmente? ¿Cuántas conciencias han sido engrasadas?
El pasado mes de junio la Agencia de Evaluación de Tecnología e Investigación Médica concluía en el Congreso de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria que el Principio de Precaución debe de aplicarse a la utilización de los móviles. ¿Y en qué consiste? Sencillamente, ese principio establece que "cuando una actividad representa una amenaza o un daño para la salud humana o el medio ambiente hay que tomar medidas de precaución incluso cuando la relación causa-efecto no haya podido demostrarse científicamente de forma concluyente". En un artículo titulado "El principio de precaución y la salud pública", Emilia Sánchez -especialista de la citada agencia- afirma: "Esta declaración implica actuar aún en presencia de incertidumbre, derivar la responsabilidad y la seguridad a quienes crean el riesgo, analizar las alternativas posibles y utilizar métodos participativos para la toma de decisiones". Pues bien, en el caso de la telefonía móvil la responsabilidad y seguridad sigue sin trasladarse a las operadoras. Nunca se las ha exigido demostrar la inocuidad de las radiaciones electromagnéticas, incluidos estudios epidemiológicos adecuados.
"Puede decirse -afirma Emilia Sánchez- que con el conocimiento actual no hay evidencia científica de que la exposición a la radiofrecuencia de la telefonía móvil cause problemas de salud pero tampoco hay información suficiente para asegurar que no representa un riesgo. Es decir, la ausencia de evidencia no significa ausencia de riesgo".
Cabe añadir, por nuestra parte, que muchos e importantes científicos -nacionales e internacionales- no están acuerdo con la primera parte de esta afirmación -la de que no haya información suficiente sobre su peligrosidad- pero lo realmente importante de la misma es la exigencia implícita de que se minimice el riesgo para los ciudadanos mediante un adecuado estudio que ponga en relación los riesgos con los posibles beneficios. Y desde luego, el 59% de volumen de negocio dedicado a entretenimiento no justifica el riesgo, por bajo que éste sea.
Lo más singular es que esta situación ya la hemos padecido -y la seguimos padeciendo- con los productos químicos usados por la industria por lo que, para intentar paliarlo, va a aprobarse en breve la nueva legislación europea que va a ser mucho más restrictiva y según la cual serán las empresas las que deberán demostrar la inocuidad de sus productos. Por eso Emilia Sánchez, en su artículo, manifiesta: "De acuerdo con el Principio de Precaución es mejor ser más o menos correcto en el momento adecuado teniendo en cuenta las consecuencias de equivocarse que ser completamente correcto demasiado tarde". Para muchos españoles, sin embargo, quizás sea ya tarde por dejadez de la Administración.

EN BUSCA DE EVIDENCIAS
Poco antes de comenzar el verano un grupo de investigadores británicos del Chilhood Cancer Research Group -dirigidos por Gerarld Draper- publicó un trabajo en el British Medical Journal en el que se concluía que los niños que viven desde su nacimiento a menos de 200 metros de líneas de alta tensión ¡tienen un 70% más de riesgo de padecer leucemia que quienes viven a más de 600 metros! De hecho, se calcula que el 1% de los casos de leucemia infantil diagnosticados en Gales e Inglaterra pueden deberse a los campos electromagnéticos formados por los tendidos de alta tensión. Lo curioso es que los propios investigadores reconocen desconocer el mecanismo biológico que explica el hecho. No olvidemos, en todo caso, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce ya que los campos electromagnéticos constituyen "un factor cancerígeno" del tipo 2B, calificación que se da cuando el riesgo está entre "probable" y "posible".
El problema es ese: que mientras se busca el mecanismo biológico que puede derivar en patología la gente sigue enfermando porque ninguna administración pública se ha tomado en serio aplicar los tratados internacionales. Ni se ha obligado a realizar estudios epidemiológicos a las operadoras de telefonía y electricidad antes de la instalación de sus equipos, ni se toma el más mínimo interés en exigirlo cuando los vecinos los demandan.
Por otra parte, la demostración de la incidencia negativa de los campos y radiaciones electromagnéticas en la salud hay que buscarla en la calle y no en los laboratorios. Entre otras cosas porque es imposible que ningún estudio de laboratorio pueda recoger todas las variables acumulativas que un ser humano padece en su calle o casa. De hecho, parece imposible en sí mismo hacer un estudio científico medianamente riguroso. Porque, ¿dónde encontrar una población que no esté ya contaminada electromagnéticamente para el "grupo de control"?
¿Puede extrañar pues que mientras los científicos discuten y nuestros gobernantes adoptan la táctica del avestruz los ciudadanos comiencen a movilizarse? A fin de cuentas lo mismo ocurrió en su día con el tabaco, el amianto o los transgénicos, por poner algunos ejemplos.

LA JUSTICIA, CON LOS AFECTADOS
Como el lector imaginará situaciones como las descritas en Majadahonda, Lérida y Gijón se dan en muchas otras ciudades y pueblos con casuísticas parecidas. Sin embargo, la falsa cancioncilla de que no hay evidencias científicas parece haber adormecido a los políticos encargados de legislar el sector que han terminado por no hacer absolutamente nada. Así pues, la única solución que les queda a los ciudadanos que no quieran abandonar sus hogares ante casos así es ¡recurrir a la Justicia! Porque aún en un país como España, en el que los consumidores estamos poco habituados a reclamar nuestros derechos, la Justicia ha dejado ya ejemplos significativos de que puede ser el mejor camino para que las cosas empiecen a cambiar.
Y es que existen ya diversos pronunciamientos en los tribunales españoles que abundan incluso en que la falta de "información suficiente" para asegurar que las radiaciones electromagnéticas -móviles, antenas, transformadores, líneas de alta tensión- representan un peligro no significa "ausencia de riesgo". Y que, por tanto, cuando existen datos suficientes que avalan una posible incidencia en la salud de los vecinos hay que aplicar el llamado Principio de Precaución¡ordenando el cierre de las instalaciones!

BURRIANA: EL TRANSFORMADOR, "FACTOR DE RIESGO PARA LA SALUD"
Una de las últimas sentencias conocidas ha sido la de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castelló instando a Iberdrola a retirar un transformador en la localidad castellonense de Burriana. Tres casos de cáncer ocurridos en dos años en un mismo edificio fueron el detonante de la lucha vecinal. La Audiencia Provincial dio la razón en su sentencia a los vecinos del inmueble sobre las molestias y la intromisión que suponen las emisiones electromagnéticas procedentes de la instalación para el disfrute "en paz" de sus domicilios.
Las demandas de los vecinos -que fueron desestimadas en primera instancia por el Juzgado nº 6 de Castelló y presentadas posteriormente ante la Audiencia- aseguraban que además de los ruidos y las molestias en sus viviendas el campo creado por el transformador suponía un riesgo "indiscutible" para su salud y que, en su opinión, era la causa de los tres casos de cáncer detectados entre los habitantes del edificio (de cuatro viviendas solamente) en los últimos años. Para defender su afirmación los demandantes presentaron un estudio epidemiológico del Centro de Salud Pública de Castelló en el que se constataba que, estadísticamente, los resultados eran "inusuales".
En su sentencia las magistradas no dan como probado que las emisiones electromagnéticas sean las causantes directas de las enfermedades. De hecho, se dio la razón a Iberdrola cuando ésta argumentó que sus emisiones estaban dentro de la legalidad y admitieron también que actualmente "no hay evidencia científica de que la exposición a los campos electromagnéticos conlleve riesgos perjudiciales para la salud de las personas". A pesar de lo cual las magistradas acordaron, basándose en el estudio epidemiológico, que "es razonable tener sospechas" aunque los datos aportados por los denunciantes no fueran "concluyentes" y existieran alrededor de la vivienda otros focos susceptibles de emitir ese tipo de emisiones (una antena de telefonía móvil y el cableado que sobrevuela el edificio). Por lo que en aplicación del Principio de Precaución sentenciaron: "No obstante, nuestro criterio es que, como mínimo, el dato estadístico supone al menos un indicio razonable y significativo de que el nivel de exposición que tienen los actores en sus viviendas es un posible factor de riesgo de padecer la enfermedad de cáncer que se ha detectado en tres personas en dos años, y consideramos que esta posibilidad determina que proceda la estimación de la demanda acogiendo la primera petición que con carácter principal se formula en la misma: la retirada del transformador".

ALBACETE: LAS ANTENAS-BASE, UNA ACTIVIDAD PELIGROSA
En sentencia de noviembre del 2002 el magistrado-juez sustituto del Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Albacete desestimó el recurso interpuesto por Telefónica Servicios Móviles contra una resolución del Alcalde en la que éste ratificó un acuerdo plenario del 26 de abril de 2001 en virtud del cual, y a propuesta de Izquierda Unida, se acordó desactivar hasta siete antenas por su cercanía a colegios y otros centros públicos. El auto judicial se refiere en este caso, exclusivamente, a dos bases de telefonía móvil.
En los fundamentos de derecho de la decisión judicial se alude al artículo 3 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas asegurando que el hecho de que las emisiones electromagnéticas de estas dos antenas puedan estar por debajo de los límites legales permitidos por la normativa estatal y de la comunidad autónoma "no significa que la instalación de tales antenas no esté sometida al cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Al suponer las emisiones electromagnéticas un riesgo potencial para la salud encajaría tal actividad en el concepto que de actividades peligrosas establece el artículo 3 de tal Decreto".
Además la sentencia pone de manifiesto otra de las razones mas utilizadas para solicitar la retirada de estos dispositivos cuando no se puede priorizar la salud: la ilegalidad de su montaje. En la sentencia se recuerda que no es ciertamente el posible efecto perjudicial de las antenas el único motivo que llevó al ayuntamiento a ordenar su desactivación sino también su situación "ilegal" por "carecer de licencia de obra y actividad".

ERANDIO: LA SALUD, LO PRIMERO
Especialmente significativa es también la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Bilbao que fue ratificada por la Audiencia Provincial. Un vecino solicitó la retirada de la antena-base instalada por su comunidad en la azotea del edificio aduciendo tres razones: las modificaciones de elementos comunes de la propiedad sin la correspondiente unanimidad entre los vecinos, los efectos de las emisiones de radiación electromagnética a los que quedaba expuesta su familia -especialmente su hija mejor, de 8 años de edad en el momento de la sentencia y a la que se le había diagnosticado un síndrome de trastorno por déficit de atención con hiperactividad- y la depreciación de la vivienda recién adquirida por la proximidad a una fuente de radiaciones electromagnéticas.
Pues bien, la sentencia afirma: "Los campos electromagnéticos en general, y las radiaciones no ionizantes de baja potencia y alta frecuencia de la telefonía móvil en particular, resultan razonablemente sospechosos de no ser anodinos con relación a la salud de los seres humanos que se expongan permanentemente a los mismos, hallándose el campo menos dudoso de probabilidad patológica en la afectación del sistema nervioso, y el riesgo más evidente, de confirmarse la sospecha, para los niños, cuyos órganos evolucionan en crecimiento y conformación".
La sentencia precisa que no es su intención declarar probado que los campos electromagnéticos son dañinos para la salud ni establecer umbrales máximos de radiación pero entiende que "efectivamente, la sospecha razonable está probada, y está redoblada en su seriedad en el supuesto de la familia denunciante. No está probado que la radiación de telefonía móvil afectara nocivamente a la salud de los moradores del 7º izda. de la comunidad pero sí lo está que preocupa seriamente la probabilidad cierta de que lo haga y, particularmente, a la menor. De suyo, hay informes que invocan las partes encontradas en su apoyo que no afirman la lesividad ni la inocuidad absoluta sino la duda fundada como el informe de los expertos británicos realizado por el IEGMP, coordinado por el Dr. Steward, que ha conocido gran publicidad".
La sentencia continúa argumentando que no existe razón alguna que pueda obligar a un propietario, en función de la Ley de Propiedad Horizontal, a admitir una servidumbre que no se demuestra inocua; y a tales efectos, es igual una tubería, el ruido o los malos olores que la contaminación electromagnética de la que la compañía no ha demostrado su inocuidad. "Puesto que lo probado es que resulta razonable precaver que se exponga una niña hiperactiva a las radiaciones, por una preocupación científica y social cada día más acusada, nada tiene de abusivo que el propietario no consienta, sino que tiene todo de prudente padre de familia. Y no consintiendo, el acuerdo comunitario es ilícito".
Sobre la controvertida cuestión de quién tiene que probar la inocuidad la sentencia hace referencia los principios de libertad de la propiedad y del normal uso y normal tolerancia recogidos por el Tribunal Supremo (SSTS de 12 de diciembre de 1980, 12 de febrero y 17 de marzo de 1981, 16 de enero de 1989, o 24 de mayo de 1993). "Se parte de la base, parafraseando la dicha sentencia -afirma el magistrado de Bilbao-, de que el tercero es quien tiene que acreditar la legitimidad de su ejercicio de intromisión y/o la inocuidad de la misma ya que en caso contrario se estaría presumiendo iuris tantum la legitimidad de una negación o intromisión posesoria. Allí donde queda acreditada la existencia de una injerencia en una propiedad ajena, y ad maiorem cuando es domicilio familiar, como derecho constitucional a la intimidad reconocido en el art. 18 CE, a su autor se deriva la carga probatoria sobre la inocuidad de la injerencia, en tanto que es al injerente a quien corresponde afirmar la legitimidad de su intromisión". De acuerdo con la sentencia, pues, son las operadoras quienes tienen que probar la inocuidad de su emisión.
Como dato a tener en cuenta cabe añadir que la densidad de campo de las radiaciones recibidas en la vivienda del demandante desde la antena objeto del pleito son de "04 microvatios (uw) /cm2 para la terraza y de 03 uw/cm2 para las habitaciones del matrimonio y de la niña. En el casetón de la maquinaria de ascensores el campo asciende a 39 vatios (w)/cm2".

MURCIA: UNA SENTENCIA VALIENTE Y PIONERA
Concluimos con una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Murcia de abril del 2001 ordenando el cierre de un transformador de Iberdrola situado en los bajos de la vivienda de una vecina porque, a nuestro juicio, se trata de un texto fundamental para cualquiera que desee emprender un procedimiento legal contra las compañías emisoras de radiaciones electromagnéticas.
De acuerdo con la prueba practicada, el campo magnético en la vivienda era permanente y superior a 1 microtesla llegando a alcanzar en algunas horas del día los 4 microteslas. La sala admitió como referencia "que, por ejemplo, en el mismo domicilio del perito resulta que los valores con los electrodomésticos se mueven entre 0.012 y 0.04 microteslas".
"(...) Nos encontramos -dice la sentencia- ante el supuesto de una 'inmisión' que viene constituida por ese campo electromagnético generado, inmisión ésta que puede ser conceptuada como 'aquellas actividades que, desarrolladas por personas dentro del cambio de su esfera dominical o de su derecho de goce, excedan de los límites normales de tolerancia proyectando sus consecuencias sobre la propiedad de los otros, perturbando su adecuado uso y disfrute" (Audiencia Provincial de Barcelona 25.11.98)". Y añade respecto a la inmisión "De todo lo anterior, a la conclusión a la que se llega es a la de que en materia de inmisiones, y por parte del Tribunal Supremo la está derivando hacia la aplicación de lo establecido y lo dispuesto en el art. 1902 del Código Civil con todo lo que ello implica y que se traduce por lo que aquí interesa en la aplicación de la Teoría del Riesgo y sus consecuencias, que no son otras que la presunción de culpa, inversión en cuanto a la carga de la prueba y el principio de que la insuficiencia de las medidas reglamentarias adoptadas no es causa que exima de la responsabilidad contraída". En otras palabras, es la empresa la que tiene que probar la inocuidad de las radiaciones más allá de toda duda y con independencia de la reglamentación en vigor.
Cabe añadir que es en este apartado donde la sentencia de Murcia ha sido pionera y concluyente en sus argumentaciones, posteriormente ratificadas por la Audiencia Provincial: "De la prueba pericial practicada se desprende, por un lado, la magnitud de los campos electromagnéticos que se introducen en la vivienda de los actores y, por otro, que tal y como reconoce el perito, en los últimos estudios efectuados se 'apuntan posibles efectos biológicos con campos muchos menos intensos, inferiores a 1 microtesla. Tampoco está claro que estos efectos, en caso de existir, sean peligrosos para la salud'. En igual sentido y en el momento de la ratificación manifiesta expresamente después de referirse a estos estudios, '...que no sabe si tales efectos son no o no nocivos para el ser humano... aunque pudieran serlo'. Si lo anterior es así lo que nos hemos de plantear es la razón por la cual un ciudadano, una vez adquirida una vivienda, tenga que soportar los campos electromagnéticos que sean producidos por parte de una subestación que se encuentra debajo de la misma, campos éstos que, de conformidad con el informe pericial y según estudios recientes, producen efectos biológicos por debajo de las medidas que se encuentran en el piso en cuestión y que está por ver si tales efectos biológicos son o no perjudiciales para la salud de los humanos, generando con ello el normal y elemental desasosiego en los moradores de las viviendas donde se introducen los mismos. En tales supuestos, y de acuerdo con la doctrina anteriormente citada, es procedente la aplicación del principio de inversión en la carga de la prueba, en lo que se refiere a la acreditación clara y terminante de la inocuidad de los campos magnéticos". Y añade: "Que la entidad demandada proceda a adoptar todas las medidas que sean necesarias para evitar o reducir la introducción de tales "inmisiones", y que única y exclusivamente en el supuesto de que se acredite por parte de ésta que las emisiones en la cuantía en las que se efectúa en el asunto debatido son absolutamente inocuas para la salud humana se pudiese entonces en su caso continuar con las mismas".
Y algo muy importante: la sentencia entiende que el daño causado además no tiene por qué ser necesariamente físico. "Hay que destacar -puede leerse en la sentencia- que si bien es cierto que no existe prueba actual de daño físico alguno no lo es menos que se puede derivar la existencia de un daño moral que viene constituido y fundamentado en el elemental y normal desasosiego e intranquilidad que surge en unas personas por la posibilidad de que en donde desarrolla los elementos más esenciales de su vida, esto es en su vivienda, se están produciendo una serie de emisiones que pudieran ser nocivas para salud, tanto de ellos como de sus hijos. Circunstancias todas éstas que tienen un difícil encaje con lo previsto tanto en el art. 15.1 de la Constitución Española (derecho a la vida y a la integridad física), 18.1 y 2 (derecho a la intimidad personal e inviolabilidad del domicilio) y art. 45.1 3 del mismo texto legal (derecho a disfrutar del medio ambiente y obligación de reparar los daños causados contra este medio ambiente)".
El tribunal, incluso, amplió en la sentencia los argumentos jurídicos de la demandada: "Si bien esta normativa no ha sido alegada parece lógico considerar que a la cuestión debatida le es susceptible de aplicación la Ley General Consumidores y Usuarios (LGCU), Ley 26/1984 de 19 de Julio". Es decir, que también en el caso de los campos electromagnéticos los posibles demandantes pueden argumentar su condición de consumidores puesto que la electricidad es un servicio y los vecinos sus consumidores. "Y si, por lo tanto, es de aplicación la LGCU -dice la sentencia- hay que significar que cuando en el art.2.1 se enumeran los derechos de los consumidores y usuarios, lo que es la indemnización por 'los daños y los perjuicios ocasionados' aparece tan sólo en tercer lugar, por cuanto resulta que el primero de estos derechos es 'la protección contra los riesgos que puedan afectar a la salud o seguridad'. Esta terminología es reiterada en el art.3 de la Ley 4/1996 de 14.6.96 por el que se aprueba el Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia pero añadiendo 'concebida aquella de forma integral, incluyendo por lo tanto los riesgos que amenacen el medio ambiente y la calidad de vida'. De este modo, el primer derecho que tiene el consumidor o usuario es el de que se adopten medidas puramente preventivas que es lo que, con carácter principal, se pide en esta demanda y que no es otra cosa que la casa esté libre de campos electromagnéticos que pudieran ser perjudiciales para la salud".
Cabe agregar que el transformador fue cerrado una vez que la sentencia, apelada por la compañía, fue ratificada -con alguna mínima corrección- por la Audiencia Provincial.
Debemos añadir que en muchas otras sentencias se recuerda que la instalación de antenas precisa del acuerdo unánime de los vecinos de las comunidades y que debe además contarse con las correspondientes licencias de modificación de espacios comunes.
Terminamos. Los citados son sólo algunos ejemplos de cómo luchar legalmente contra la invasión electromagnética cuando por parte de una familia, una comunidad o una asociación de vecinos se llega a la conclusión de que la salud de sus miembros está siendo afectada. Para quienes hacemos esta revista es evidente que ha llegado el momento de presionar a los responsables públicos acudiendo de forma masiva a los tribunales de Justicia. Porque al menos los jueces sí parecen dispuestos a proteger a los ciudadanos de tantos abusos.


Antonio F. Muro

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El "caso Majadahonda"

(Con fondo rojo los edificios donde se han producido las 45 muertes)

El increíble número de personas fallecidas en sólo unos años en la madrileña localidad de Majadahonda que vivían a sólo 15-20 metros de un centro de transformación y una antena de telefonía deja en el más absoluto ridículo a quienes afirman que no hay evidencias de la peligrosidad de los campos y las radiaciones electromagnéticas. Sin contar los numerosos muertos y enfermos graves de otros edificios cercanos y sin mencionar las numerosas dolencias que padecen quienes viven en la zona, Diego Robado Fleitas -un vecino de la zona- ha elaborado un escalofriante y documentado informe -aparecen todos los nombres y apellidos de las personas muertas y dónde vivían- que ha presentado ante la Fiscalía de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y cuyo resumen es éste:

Fallecidos por cáncer y accidentes cardiovasculares en un entorno de 15 a 20 metros del centro de transformación y la antena de telefonía instaladas en la zona:

Travesía San Joaquín nº 2.    4 fallecidos por problemas coronarios.    6 fallecidos por cáncer.    3 más en tratamiento por cáncer.    Calle San Joaquín nº 13.    8 fallecidos por cáncer.    4 fallecidos por problemas coronarios.    Calle San Joaquín nº 20.    6 fallecidos por problemas coronarios.    2 fallecidos por cáncer.    2 personas con cáncer en tratamiento.    Calle San Joaquín nº 22.    8 muertes por cáncer.    4 muertes por problemas coronarios.    Calle Hernán Cortés nº 10.    2 fallecidos por cáncer.    1 fallecido por problemas coronarios.

Y algunos siguen diciendo que no hay "evidencias" de la peligrosidad de los campos y radiaciones electromagnéticas. ¡Hipócritas!.

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"Contaminación electromagnética, salud pública y participación ciudadana". Un congreso que Sanidad no quiere celebrar.
A pesar de que las compañías de telefonía han empezado a instalar miles de nuevas antenas y aumenta la polémica a nivel internacional sobre los límites máximos para las radiaciones electromagnéticas el Gobierno sigue sin constituir un comité de expertos que proporcione la información adecuada. De hecho, sólo el Ministerio de Industria parece estar interesado en ello... pero para proteger a las empresas antes que a las personas.
Es tan escaso el interés del Gobierno que tanto el Ministerio de Sanidad y Consumo como el de Medio Ambiente han rechazado recientemente una propuesta para realizar en marzo del próximo año un congreso internacional a celebrarse en la Universidad de Alcalá de Henares en el que pudieran escucharse las voces tanto de quienes niegan los efectos atérmicos como de quienes desde hace tiempo vienen denunciando sus efectos sobre la salud. La idea es que tanto la industria como la sociedad y los cada vez más numerosos investigadores independientes sean escuchados. Pero eso no interesa...
Claro que la Universidad de A1calá de Henares es pionera en este tipo de investigaciones y sus expertos no se dejan manipular. Ya en 1990 celebró las I Jornadas sobre Contaminación Electromagnética y Medio Ambiente en las que se decidió que mientras no hubiera conclusiones definitivas de los efectos de las radiaciones y campos electromagnéticos sobre la salud la Administración debería velar por la población y aplicar las normativas internacionales más restrictivas existentes adoptando el Principio de Precaución. Quizás por eso los miembros del actual Gobierno se han negado a sufragar los apenas cuarenta mil euros que los organizadores prevén costaría el congreso.
Una decisión que nos lleva a recordar que ya en abril del 2002 un centenar de académicos, catedráticos y profesores de muy distintas universidades españolas y extranjeras firmarían la llamada "Declaración de Alcalá" en la que, entre otras cosas, se decía textualmente: "Sin contradicción y divergencia de opiniones no avanza la ciencia. Anular las voces discrepantes no nos acerca a la verdad, tan sólo la oculta por un tiempo limitado. Es necesario pues que exista, tanto desde las administraciones públicas como desde el sector empresarial implicado, un apoyo decidido a la investigación de forma que los nuevos conocimientos nos permitan situar las cosas en sus justos términos protegiendo, por un lado, la salud y disfrutando, por otro, de este nuevo medio que ha revolucionado la comunicación en el comienzo del siglo XXI".