Caso Ashya King: ¿tienen derecho los médicos a imponer a unos padres un tratamiento?

El caso de Ashya King, niño británico de 5 años con cáncer -concretamente un meduloblastoma en fase IV, tumor maligno de pésimo pronóstico que aparece en la base del cráneo y tiende a expandirse a otras zonas del cerebro y a la médula espinal- acaparó a finales de agosto y septiembre buena parte de los titulares de los medios de comunicación de medio mundo. Como nuestros lectores ya sabrán sus padres decidieron llevárselo el 28 de agosto sin permiso del Hospital de Southampton (Gran Bretaña) en el que estaba internado porque los médicos que le trataban habían decidido someterle a radioterapia y quimioterapia y les amenazaban con retirarles la custodia si no accedían a ello en una actitud impropia de un médico. Porque todo oncólogo sabe que en un caso como éste cualquier tratamiento convencional es ineficaz y en el improbable caso de que el niño sobreviviese -unos meses con suerte- lo más probable es que quede con graves secuelas cognitivas e incluso funcionales.

Por eso sus progenitores –Brett King y Naghmeh– decidieron buscar alternativas creyendo encontrarla en una técnica novedosa menos invasiva denominada Terapia de Protones que se utiliza en un centro especializado de la República Checa. Informados de sus posibilidades los padres remitieron al centro la documentación médica de su hijo y desde éste se les respondió que era posible tratarlo con su dispositivo terapéutico. Se trata de una terapia aun poco implantada pero cada vez más utilizada -sobre todo en Estados Unidos- porque quienes la ejercen aseguran que se obtienen mejores resultados en distintos tipos de cáncer; y con muchos menos efectos secundarios. De ahí que se recomiende sobre todo en los casos de tumores cerebrales pediátricos.

El problema es que ante la actitud de los médicos los padres optaron por marcharse del hospital británico en el que estaba ingresado su hijo sin seguir los requisitos requeridos y se trasladaron a España con la intención de vender una casa que poseen en Casares (Málaga) a fin de poder costear el nuevo tratamiento. «Desaparición» que los médicos denunciaron a la policía lo que llevó a que horas después un juzgado de la localidad entendiera que podía estar en riesgo la vida del menor y el juez decidiera retirar a los padres la custodia y poner al niño bajo tutela judicial cursando una orden de detención a través de Interpol que fue pronto conocida por los medios de comunicación. Detención a la que procedió el 30 de agosto en España la policía tras encontrarles en un hostal de Málaga y llevar al niño al Hospital Materno Infantil de la ciudad. Trasladados los padres a Madrid el Juez de la Audiencia Nacional que se encargó del caso ordenó su ingreso en prisión «mientras estudiaba el caso» y allí estuvieron durante casi tres días saliendo apenas horas antes de que se cumpliera el plazo.

Sin embargo en las redes sociales hubo un auténtico revuelo porque muy pocos entendían que se encarcelara a unos padres y se les retirara la patria potestad solo por marcharse sin pedir el alta de un hospital y buscar un tratamiento -ortodoxo, ni siquiera alternativo- que consideraban mejor para su hijo. Revuelo del que se hicieron amplio eco los medios de comunicación -especialmente los británicos- cuya presión hizo cambiar rápidamente la posición de la Fiscalía británica que retiró la denuncia asumiendo que «quizás» había actuado con «un exceso de cautela» y «precipitación». Lo singular es que la campaña la encabezó de alguna manera el Primer Ministro británico David Cameron al afirmar públicamente que las imágenes de Ashya acostado al lado de su padre -que se difundieron por todo el mundo a través de Youtube- le recordaban a su propio hijo, Iván, que víctima de una discapacidad grave murió en 2009 a los seis años de edad. Cameron escribiría en su cuenta de Twiter: «Mirando las fotos de Ashya vienen a mi mente recuerdos de mi hijo gravemente enfermo, Iván, y me acuerdo de él sin parar, sentado en mi regazo, teniendo que darle de comer a través de un tubo y teniendo que hacer frente a todas las dificultades que suponen un hijo gravemente enfermo (…) Espero que haya un rápido brote de sentido común y la familia pueda volver a reunirse con el joven».

Retirada la denuncia por la Fiscalía británica y tras las gestiones realizadas con el Juzgado de Porstmouth, Ashya sería trasladado el 8 de septiembre en un avión medicalizado hasta la República Checa para recibir un tratamiento que finalmente se pagará -cuesta unos 85.000 euros- con fondos recaudados en las redes sociales gracias al impacto mediático obtenido.