El estado reembolsa a un paciente los gastos del hospital privado al que acudió

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al Servicio Madrileño de la Salud (SERMAS) a reintegrar los gastos médicos y hospitalarios a Manuel V. M., un paciente que decidió irse a un centro privado para operarse de la pierna porque en el Hospital 12 de Octubre de Madrid no le garantizaban que entrara en quirófano hasta “aproximadamente” quince días después y había riesgo de gangrena y, por ende, de una posible septicemia y de que hubiera que amputársela.
El paciente había sido ya operado en dos ocasiones en el hospital público madrileño tras ser atendido en el servicio de Urgencias pero era necesario operar de nuevo dado su mal estado y haber riesgo de amputación por lo que, no garantizándosele fecha de entrada en quirófano, decidió abandonar voluntariamente el hospital e irse a un centro privado donde debió abonar cerca de 42.000 € por los gastos -para lo que tuvo que rehipotecar su casa- salvando así la pierna.
La sentencia, dictada por la Sección 4º de la Sala de lo Social el pasado 24 de octubre del 2006, considera probado que se trataba de un caso de “asistencia urgente, inmediata y de carácter vital”, que existió denegación de asistencia y que no era exigible al demandante otra actitud que la adoptada ante el peligro de la situación. En cuanto a la alegación del SERMAS de que los médicos que le operaron en el centro privado trabajan también en el sistema público de salud la sentencia deja claro que “no corresponde a los beneficiarios de la Seguridad Social el comprobar el régimen de incompatibilidades de los mismos” sino a la Administración pública. Y en cuanto a la alegación de que el paciente debía haberse ido en todo caso a otro hospital público la sentencia indica que no consta que se le ofreciera esa posibilidad por los médicos del Hospital Universitario 12 de Octubre ni que se le indicara dónde podía llevarse a cabo la intervención quirúrgica que necesitaba.La sentencia -lograda gracias al trabajo bien planteado del abogado Eloy Ruiloba Alvariño- agrega que no se puede privar a un paciente de luchar por su salud y su curación cuando fracasa la medicina pública ni exigirle que permanezca impasible ante un riesgo como el que corría esta persona.