Los médicos detenidos en la Operación Brujo no son finalmente acusados ¡de nada!

Miguel Ángel Aguilera Navas, actual titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de San Lorenzo de El Escorial, decidió el pasado 11 de diciembre comunicar a la inmensa mayoría de los médicos y demás profesionales de la salud que fueron detenidos en la llamada Operación Brujo -perpetrada el 24 de Octubre del 2002- que no están imputados. La decisión del juez deja prácticamente cerrada la fase de instrucción a falta de que se sustancien algunas diligencias menores solicitadas por la Fiscalía.
El sobreseimiento y archivo de la causa -provisional por ahora ya que el Fiscal y el Ministerio podrían recurrir aunque no se espera- afecta a los doctores Alberto Isidro Marti Bosch, Domingo Pérez León, Francisco Albertos Constan (ya fallecido), José PérezFernández, Félix Alfredo Montaño Zapata, Fernando Oliver Pérez, Pedro Subirana Morral, José Ángel Martínez Pueyo, Edgardo Onaga Agaries, Fernando Foronda Botella, María Francisca Martín Girón, Juan Jesús Freire Sande, María Inmaculada Nogues Orpi, María Dolores Lafuente Martínez y José Manuel García de la Villa Merchán, a la farmacéutica Ángeles Vilas y a los homeópatas o naturópatas José Luis Rentería Goicoechea, María José Rodríguez Jiménez,  José Mora Hungría y Sergio Nieto Matamala. Todos ellos quedan pues libres de cargos. Agregaremos que la decisión se ha tomado a propuesta del Fiscal que así lo aconsejó en el escrito que mandó al juez el 27 de noviembre. Es más, el Fiscal solicitó en ese mismo escrito que se sobreseyeran también las actuaciones contra Gregorio Clavero, el abogado de Rafael Chacón que también fue detenido en su día “al no constar otra intervención en los hechos que la de asesoramiento jurídico al acusado”,  contra Francisco Gavilán –miembro del Consejo de Administración de Chacón Farmacéutica S.A.al no resultar acreditada (…) ni su participación directa en los hechos ni su conocimiento de los mismos” y contra Manuel Desclaux de la Sota –miembro del Consejo de Administración de IVEM S.A.- por las mismas razones. Por qué el juez no ha sobreseído también sus casos en el mismo auto lo ignoramos aunque los expertos jurídicos consultados por la revista indican que  es probable que haya tomado la decisión de hacerlo en un auto distinto para que sus nombres no aparezcan junto al resto de los hasta ahora imputados. Todo indica sin embargo que así lo hará (si es que no lo ha hecho ya). En caso contrario su decisión sería objeto de un escrito de solicitud de aclaración por parte de los todavía afectados o bien directamente de un escrito de recurso.
El juez reconoce que no se ha encontrado prueba objetiva alguna de que los profesionales de la salud ahora liberados de cualquier imputación hayan cometido delito aunque de forma absolutamente impropia a nuestro entender, añade en su auto –así lo solicitó la Fiscalía- que “quizás” su conducta “pudiera” ser objeto de una “sanción administrativa” correspondiendo a los colegios médicos y farmacéuticos así como a las autoridades sanitarias decidirlo; por supuesto, sin justificar en qué se basa para hacer tal afirmación. Quizás se deba a que resulta muy duro justificar que haya habido tantas personas imputadas ¡después de seis años de investigación y una decena de jueces! y que ahora se tenga que reconocer -por fin- que no pueden acusarles absolutamente de nada. Algo que en esta revista hemos denunciado muchísimas veces como nuestros lectores habituales bien saben.
Las acusaciones que en cambio no se han sobreseído son las efectuadas por “delito contra la salud pública” y/o “publicidad engañosa” contra Rafael Chacón –dueño de la patente del Bio-Bac, Consuelo Sedio Boeticher –su secretaria-, Enrique Martínez Oliván –el biólogo que colabora en la fabricación del producto-, Miguel Echenique Gordillo y el Dr. Fermín Moriano Marcos –el médico que más ha colaborado difundir las propiedades del producto.
El Fiscal ha pedido que todos ellos respondan de esos delitos pero no nos consta que el juez haya tomado aún decisión alguna al respecto. Es más, los expertos a los que hemos consultado piensan que todos ellos serán antes o después absueltos si no se sobreseyeran sus casos. ¿Por qué? Pues porque sobre el presunto delito contra la salud pública ya se ha pronunciado dos veces la Audiencia Provincial de Madrid -la última mediante Auto del 22 de enero del 2008 denegando la solicitud de inhibición que a favor de la Audiencia Nacional presentó el Juzgado de El Escorial a instancias del Ministerio Fiscal (auto del 21 de septiembre del 2005) intentando quitarse el muerto de encima- argumentando en su resolución lo que el propio Rafael Chacón ha dicho hasta la saciedad: Y es que la Audiencia Provincial dejó bien claro en sus dos autos que:
1) Ninguna persona abandonó, ni por prescripción ni por consejo médico, los tratamientos convencionales.La Audiencia Provincialafirmaría textualmente en su fallo lo siguiente: «Acogiendo el informe del Ministerio Fiscal se dice por la Juez de Instrucción, con cita de la ST 1 de abril del 2003, que en el presente caso existen indicios de que un gran número de pacientes abandonó el tratamiento de quimioterapia y radioterapia por consumir Bio-Bac poniendo en peligro el agravamiento de su enfermedad y falleciendo en un número importante de casos. Sin embargo, tras la lectura de las declaraciones de los consumidores del Bio Bac ninguno manifiesta que se le prescribiera u obligara al abandono de los tratamientos convencionales siendo que la mayoría siguió con ellos pese a consumir Bio-Bac mientras que otros los abandonaron por decisión propia sin que se tengan, por ahora, elementos que lleven a  afirmar, como dice la Juzgadora, que el abandono de los tratamientos convencionales se debiera al consumo del Bio Bac» (pág. 8 del auto 823/07 – la negrita es nuestra).
2) No hubo efectos ni afectados. La Audiencia Provincialde Madrid determinó textualmente en su auto que«(…) no existe indicio de que el consumo de tal sustancia produjera la muerte. (…)”  (pág. 8 del auto 823/07 – la negrita es nuestra).
3)El Bio-Bac es un producto inocuo. Respecto a la posibilidad de que alguien hubiera muerto por consumir Bio-Bac la Audiencia Provincial de Madrid fue igual de contundente: «Del mismo modo, no existe indicio de que el consumo de tal sustancia produjera la muerte, no pudiéndose obviar que todos los consumidores son enfermos con graves enfermedades, muchos de ellos terminales. No hay indicio de que el Bio-Bac acelerara el proceso; ni siquiera de que sea una sustancia perjudicial para la salud o la vida» (pág. 8 del auto 823/07 – la negrita es nuestra).
Cabe añadir que en este segundo auto los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid llegaron a recriminar a la Fiscalía que no hubiera aportado ningún dato nuevo a los ya presentados con ocasión del primer escrito que fue ya fallado el 28 de julio del 2003. «De manera que no es que respecto a este punto existan circunstancias nuevas sino que lo que se procede es a hacer una valoración por parte del Ministerio Fiscal, y después de la Juez de Instrucción, rebatiendo y apartándose de la resolución firme de la Audiencialo que resulta de todo punto inadmisible. No es posible un nuevo pronunciamiento de lo ya resuelto cuando los elementos de juicio son los mismosvulnerando así el principio de seguridad jurídica y de invariabilidad de las resoluciones jurídicas firmes«(la negrita y el subrayado son nuestros).
En pocas palabras pues, que el Fiscal de El Escorial mantenga aún –veremos qué dice el juez- que ha podido existir “delito contra la salud pública” nos parece lisa y llanamente un disparate.
Terminamos diciendo que la acusación de haber hecho “publicidad engañosa” es no sólo evidentemente falsa sino que nos parece una estafa. Tal posibilidad no justifica que 300 funcionarios, policías y guardias civiles montaran un operativo a nivel nacional tan improcedente como gigantesco y se detuviera a numerosas personas en público a las que ¡SEIS AÑOS DESPUÉS! se las libera de acusaciones porque NO SE HA ENCONTRADO QUE HAYAN COMETIDO DELITO ALGUNO.
Lo hemos afirmado muchas veces: el Caso Bio-Bac es un escarnio para el sistema judicial español. Y los responsables de este montaje deberían terminar en la cárcel.