Denuncian a la industria alimentaria en los tribunales

Un grupo de abogados norteamericanos encabezado por Don Barret -el letrado que consiguió que la industria tabaquera indemnizase a la sociedad estadounidense con ¡240.000 millones de dólares! por los gastos médicos que provocó y provoca el consumo de tabaco- ha decidido ahora poner contra las cuerdas a los grandes fabricantes de alimentos y a las cadenas de comida rápida. Convencidos del impacto que los alimentos procesados tienen en la actual epidemia de obesidad han decidido presentar más de 30 demandas de acción colectiva especialmente centradas en denunciar la falsa información que se ofrece en las etiquetas de muchos productos. Esperan obtener así una indemnización aún más alta que la que pagó la industria tabaquera y un mayor compromiso de la industria alimentaria con la salud de los consumidores.

Las alarmas han comenzado a sonar en los despachos de los grandes fabricantes de alimentos que configuran la conocida Big Food –empresas como Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Del Monte, Hershey, Mars, Kraft, Procter & Gamble, Unilever, Costco, 7-Eleven, Whole Foods y Trader Joe entre otrasy las cadenas de comida rápida: un grupo de abogados estadounidenses especializados en “acciones de clase” –es decir, en demandas cuyas sentencias son luego de aplicación a todos los afectados por el mismo problema- presentó a principios de verano más de 30 demandas contra ellas. ¿Su objetivo? Conseguir el estricto cumplimiento de las normas de producción y etiquetado de los alimentos. ¿Cómo? Exigiendo a esas empresas que paguen por daños y perjuicios una cantidad que a nivel global puede ser incluso superior a la que hubo de abonar en 2008 la industria tabaquera (Philip Morris, RJ Reynolds, Brown and Williamson y Lorillard) tras firmar el Tobacco Master Settlement Agreement (TMSA), acuerdo extrajudicial por el que se comprometieron a pagar 240.000 millones de dólares -en 25 años- como indemnización por los costes que los estados debieron afrontar en atención médica con los fumadores.

Como las personas mejor informadas recordarán en aquel proceso -que duró 14 años- la industria tabaquera utilizó a grupos de presión –entre ellas asociaciones de “fumadores”- para que les apoyasen pagando además generosamente a médicos, químicos, biólogos y farmacéuticos que igualmente se prestaron a “ayudar” a la vez que financiaban a algunos “investigadores” presuntos “estudios científicos” que debían “desmentir” la peligrosidad del tabaco… además de recurrir a la simple y pura amenaza. Todo aquello terminaría sabiéndose pero lo que más impactó al consumidor fue enterarse de que los directivos de la industria tabaquera conocían desde hacía décadas la capacidad adictiva de la nicotina y se habían aprovechado de ello para generar adicción entre los fumadores; sobre todo entre los más jóvenes.

Ciertamente desde aquel acuerdo -que hoy se conoce abreviadamente como “el TMSA”- nada fue ya igual para la industria del tabaco. La aceptación social del mismo disminuyó mucho y las leyes se endurecieron en medio mundo más de lo que les hubiera gustado a los fabricantes; aunque haya gobiernos como el español –independientemente de que estén en el poder los conservadores o los socialistas- que prefieran desde hace décadas recaudar impuestos a denunciar a la industria tabaquera por el hecho de que al papel de los cigarrillos se le añaden innecesariamente más de 300 sustancias químicas diferentes que al combustionar dan lugar a unas 4.800, muchas tóxicas y/o adictivas y al menos 69 de ellas cancerígenas (lea el lector en nuestra web –www.dsalud.com– los artículos que con los títulos ¿Asumen las autoridades sanitarias alguna vez sus responsabilidades? y Los principales peligros de los cigarrillos se ocultan a la población aparecieron en el nº 125 y el nº 158 respectivamente).

Bien, pues ahora el nuevo objetivo de los abogados demandantes a cuyo frente está Don Barret -el mismo abogado que consiguió forzar el TMSA– son las grandes empresas de alimentación que controlan el mercado mundial -de forma directa o indirecta- y han impuesto una alimentación cada vez menos saludable (lea en nuestra web –www.dsalud.com– los artículos que con los títulos Buena parte de las enfermedades las provocan los alimentos industriales, Alimentarse de forma sana empieza a ser imposible, Los alimentos irradiados, un peligro para la salud y ¿Quién está detrás del Codex Alimentarius? aparecieron en los números 152, 154, 156 y 161 respectivamente).

Nuestros lectores saben que llevamos años denunciando el hecho de que la industria añade masivamente sal (más bien cloruro sódico), azúcar, grasas saturadas, hidrogenadas y “trans” y todo tipo de aromatizantes, colorantes, conservantes, antioxidantes, acidulantes, edulcorantes, espesantes, saborizantes y emulsionantes químicos a los alimentos enlatados, precocinados y procesados industrialmente así como sustancias tóxicas en los envases, especialmente en las botellas de plástico (como el bisfenol A). Y que esas sustancias están claramente relacionadas con el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, las patologías coronarias y cerebrales y, en definitiva, con la mayoría de las enfermedades crónicas y degenerativas hoy catalogadas, cáncer incluido. Una práctica que en todo el mundo protegen irresponsablemente nuestros representantes políticos -así como jueces y magistrados- asumiendo la perversa estrategia empresarial de que “no está demostrada su peligrosidad” -cuando son las empresas quienes deberían demostrar su inocuidad o que no lo está que las enfermedades que esos productos provocan sean la causa del problema -o problemas de salud- del caso concreto de quien las demanda. Argucias legales que el poder judicial asume una y otra vez en el mundo protegiendo así a los poderosos.

Incluso en Estados Unidos. Así acaeció de hecho en las tres grandes demandas presentadas en ese país contra la industria de comida rápida en la última década a pesar de que los argumentos de los abogados los respaldaba la propia investigación científica además del sentido común. El 23 de julio de 2002 un abogado llamado Samuel Hirsch presentó ante la Corte Suprema del estado de Nueva York una demanda contra McDonalds, Burger King, Wendy y Kentucky Fried Chicken en nombre de un neoyorquino, Caesar Barber, varón obeso y diabético que había sufrido dos ataques al corazón y alegaba que su estado de salud se debía a la falta de información adecuada de tales productos altos en grasa, sal, azúcar y colesterol. Pocos meses después -en febrero de 2003- su demanda –de la que se hubieran beneficiado todos los estadounidenses en la misma situación de haber sido favorable (eso es una class action)- se desestimaría al considerar el juez que no estaba “suficientemente probada” la relación entre el consumo de esa comida y sus problemas de salud. Señalando en su fallo además que si el demandante consumió de forma habitual comida rápida durante décadas era su problema ya que lo decidió libremente. Eso sí, el juez reconocería en su resolución que esos alimentos son menos saludables de lo que creen los consumidores en general.

Pocos meses después Hirsch presentaría una nueva demanda –en una nueva action class– en nombre de dos adolescentes obesos aunque esa vez sólo contra McDonalds pero el juez, Donald Pogue, la rechazaría sin posibilidad de apelación por entender de nuevo que el demandante no había aportado pruebas de que la empresa fuera responsable de todos los problemas médicos de los adolescentes obesos de Nueva York.

El tercer intento de responsabilizar a las empresas de comida rápida por el deterioro de salud de muchos consumidores se produjo en el 2010. Monet Parham, representada por Michael Jacobson -Director Ejecutivo del Center for Science in the Public Interest (CPSI)-, demandaría a McDonalds por regalar juguetes con los menús infantiles para así seducir a los niños y hacerles adictos a sus comidas… siendo ésa la causa de que muchos terminen siendo obesos y con distintos problemas de salud. “Con el tiempo –declararía Jacobson- la práctica de utilizar juguetes para vender comida basura parecerá tan inapropiada y anacrónica como la pintura con plomo, el trabajo infantil o el asbesto”. El juez Richard Kramer desestimaría sin embargo la demanda alegando que son los padres quienes deben educar y disciplinar a sus hijos en los hábitos alimenticios.

Recordemos que el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, intentó este mismo año prohibir la venta de refrescos de gran tamaño porque a su juicio es evidente que contribuyen a la actual plaga de obesidad ¡y su iniciativa fue prohibida por un tribunal!

CAMBIO DE ESTRATEGIA

Sin embargo en 2009 hubo un fallo judicial que es el que el grupo de abogados norteamericanos encabezado por Don Barret ha decidido utilizar para su demanda contra la Big Food. Ese año la empresa italiana Ferrero fue denunciada por emitir un anuncio en el que presentaba su conocida crema de avellanas Nutella como un producto saludable para el desayuno de los niños… sin informar en las etiquetas de que además de leche desnatada  y cacao contiene gran cantidad de azúcar y grasa. Así que viéndose en problemas optó por firmar un acuerdo extrajudicial y no llegar a los tribunales pagando tres millones de dólares a los demandantes. Claro que el grupo Ferrero facturó sólo en 2011 ¡más de siete mil millones de euros! y no se trató pues de una cantidad demasiado importante. En todo caso la sentencia dejaría al descubierto el flanco débil de la industria: la información suministrada en las etiquetas; especialmente si en ellas se utilizan términos como “saludable” o “natural”.

La nueva estrategia legal no pasa actualmente pues tanto por acreditar que el exceso de ciertas sustancias provoca numerosas patologías–¡que lo hace!- sino por demostrar que los fabricantes de alimentos engañan a los consumidores al ocultar en las etiquetas información sobre lo que en realidad ingieren. La base argumental es sencilla: si la responsabilidad de comer sano recae en el consumidor es imprescindible que éste disponga de información completa y precisa sobre los ingredientes de los productos que adquiere.

Y para poner aún más nerviosos a los directivos de la industria la estrategia de los abogados demandantes ha pasado por escoger cuidadosamente los estados en los que presentar las demandas: California y Nueva Jersey, ambos con legislación muy protectora para los consumidores. Lo que podría ser determinante a la hora de fijar indemnizaciones. Obviamente la idea es que una vez se ganen los pleitos en los primeros estados las reclamaciones se extiendan a todos los demás.

EL AZOTE DE LA INDUSTRIA

Al menos así lo cree Don Barret, el abogado que consiguió que la industria del tabaco fuera derrotada en los tribunales tras tener que hipotecar todos sus bienes y propiedades para mantener vivo el litigio y que fue de tal forma amenazado que se vio obligado a dar un arma de fuego a su mujer para que pudiera defender a sus tres hijos si alguien  intentaba llevarlas a cabo. El caso es que tras estudiar a fondo durante dos años la legislación sobre etiquetado y el uso legal de expresiones como natural y saludable atribuidos a los alimentos hoy no tiene duda alguna de que se están incumpliendo las leyes. “Las corporaciones alimentarias –declararía a The Sunday Times Magazineestán envenenando a los norteamericanos por el simple afán de lucrarse. Son venales y corruptas y deben ser detenidas. Vamos pues a detenerlas.

Obviamente hay quienes no creen en sus buenas intenciones y le tachan de oportunista y ambicioso; sobre todo desde la industria. Un ejecutivo de Big Food declararía de hecho a The Sunday Times: “Barrett se guía por el dinero. Si tiene éxito va a ganar dinero para sí mismo y empresas como la mía tendrán que aumentar los precios para pagar los daños y perjuicios. Y eso dañará al consumidor. ¿En quién vas a confiar? ¿En un abogado codicioso o en una empresa como la mía que fabrica comida de calidad que los consumidores aman?” En suma, en lugar de hacer llegar un mensaje de tranquilidad a los consumidores asegurando que sus productos son tan buenos y la información que se ofrece en las etiquetas tan completa y correcta que les da igual que se les lleve ante la Justicia algunos representantes de la gran industria alimentaria han optado por atacar la credibilidad de quien les exige que actúen con ética y conforme a las leyes. Una estrategia prepotente que quizás hubiera funcionado en otra época pero que en la era de Internet está abocada al fracaso desde el principio.

Además Don Barrett no necesita precisamente dinero para vivir porque ganó cerca de cien millones de dólares sólo con el pleito del tabaco y a sus 68 años tiene la vida resuelta; es más, podría vivir en cualquier zona lujosa y tranquila del mundo pero sigue viviendo en Lexington, el condado más pobre del estado más pobre de Estados Unidos: Mississippi. “No necesito dinero -declararía a la BBC-. La práctica de la ley ha sido generosa conmigo. Pero es mi trabajo y tengo la oportunidad de ayudar realmente a la gente. Nosotros no estamos además diciendo que la industria alimentaria actúe igual que la del tabaco que es responsable de la muerte de 500.000 estadounidenses cada año, estamos diciendo que hay una epidemia de obesidad que está afectando a la salud general de la población estadounidense (…) Nadie está pues tratando de decirle al pueblo estadounidense lo que tiene que comer o lo que no puede comer. El pueblo estadounidense puede tomar esas decisiones por sí mismo. Todo gira en torno a la libre elección. Solo que para tener libre elección hay que tener la información precisa. Y eso significa que la Big Food, las empresas de alimentos, tienen que empezar a decir la verdad sobre lo que contienen sus productos. La ley lo exige.”

En suma, Barret quiere repetir la victoria obtenida contra las empresas tabaqueras cuando junto a otros dos abogados especialistas en responsabilidad civil y un fiscal del distrito promovió el pleito que dio lugar al TMSA. El primer estado en presentar la demanda fue el suyo, Mississippi, pero después se unieron los 50 estados de la Unión, cada uno representado por sus respectivos fiscales generales. Y así como en aquel acuerdo se incluyeron una serie de restricciones al comportamiento de la industria -desde la prohibición de publicidad hasta la financiación de organizaciones nacionales dedicadas a la erradicación de fumadores entre los más jóvenes y la prevención de enfermedades- la idea ahora es conseguir cambios sustanciales en el comportamiento de las grandes compañías alimentarias.

Y se lo ha tomado como algo personal pues según contó a distintos medios nacionales e internacionales lo que le ha llevado a encabezar esta nueva guerra es el hecho de que en los últimos años varios amigos suyos engordaron hasta la obesidad, enfermaron y murieron en la que ya es la nación más obesa del mundo; y todo por culpa de la dieta. Hoy día dos tercios de los adultos estadounidenses tienen sobrepeso y más del treinta por ciento de los adultos y del quince por ciento de los niños son obesos. Y 26 millones padecen ya diabetes tipo 2. Las frías cifras indican que la obesidad y la diabetes llevan cada año en el país a la muerte a 300.000 personas y a un coste de 300.000 millones de dólares en tratamientos. Y el problema empieza a ser global: según la última Encuesta Nacional de Salud en España el 10% de los niños es obeso y otro 20% tiene sobrepeso;  una de las tasas más altas de todos los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

En definitiva, Barrett no pretende demostrar que hay alimentos que son responsables de numerosos problemas de salud –aunque se sabe- sino que muchas empresas dan información engañosa o falsa a los consumidores en sus etiquetas y eso es un delito. De hecho afirma tener pruebas irrefutables de que numerosos fabricantes falsean las cantidades reales de azúcar, sal, grasas y otros ingredientes de sus productos afirmando algunos además ilegalmente que todos ellos son naturales o sanos cuando no es así. Lo sorprendente es que según afirma ¡casi una cuarta parte de los productos alimenticios que se comercializan ocultan la verdad en sus etiquetas! a pesar de que la FDA exige a las empresas recoger en ellas con precisión el contenido considerando ilegal todo producto que no lo haga; producto que debe además ser retirado de los supermercados hasta que se modifique su etiquetado para ajustarse a la verdad. Es más, debe devolver el dinero a los consumidores de los productos adquiridos en los últimos 4-6 años.

En cuanto a la posible indemnización que podría conseguirse de la industria Barret considera que sería “mucho mayor que en el caso del tabaco”. Y explica la razón: “Todo el mundo come pero no todo el mundo fuma”. Y pone un ejemplo: las patatas fritas de la marca Lay fabricadas por PepsiCo. “PepsiCo –explica- gana 13.000 millones de dólares al año con la venta de las Lay y otros aperitivos. Nosotros argumentamos que los productos de Lay están mal etiquetados así que multiplique 13.000 millones por cuatro y tendrá 52.000 millones. Haga lo mismo con muchas otras marcas de muchos otros tipos de alimentos y tendrá las cifras”. Otro ejemplo de las demandas en marcha es la presentada contra la empresa Chobani, fabricante de yogur griego, por usar de forma indebida en el etiquetado la expresión “zumo de caña” a fin de evitar incluir el término azúcar entre sus ingredientes y del término natural cuando lo cierto es que utiliza colorantes. Para Barret no hay duda de que tales afirmaciones son falsas o engañosas y, por tanto, el producto es ilegal.

De hecho ya hay quien está echando cuentas sobre lo que costaría un acuerdo extrajudicial para no llegar a los tribunales teniendo en cuenta los altísimos costos de la defensa, los honorarios de los abogados demandantes, las millonarias cifras de las posibles indemnizaciones y todos los costes derivados del cambio de etiquetas, las nuevas estrategias de marketing para aminorar la mala imagen y hasta los necesarios cambios en las prácticas de producción.

¿CÓMO NOS ENGANCHAN LOS GIGANTES DE LA ALIMENTACIÓN?

Y no deja por cierto de ser curioso que precisamente en estos momentos se haya puesto a la venta un libro de Michael MossPremio Pulitzer en 2010 por su información en el New York Times sobre el escándalo de las hamburguesas contaminadas y otros problemas de seguridad alimentaria- titulado Sal, azúcar, grasas: ¿cómo nos enganchan los gigantes de la alimentación? Obra en la que se aborda el papel de la Big Food en la epidemia de obesidad que padece Estados Unidos y se da cuenta de los testimonios de numerosos científicos y ejecutivos vinculados a la industria explicando las estrategias utilizadas por los fabricantes para presentar sus productos de forma seductora, desde la manipulación de las cantidades de azúcar, sal y grasa para hacerlos más agradables al paladar hasta la elaboración de agresivas campañas de marketing para publicitarlos.

Testimonios como el de un importante exejecutivo de Coca Cola. “Jeffrey Dunn –escribe Moss en el libro- no es un denunciante corriente. No mira con amargura hacia atrás, a cuando estaba en Coca-Cola, ni ve a sus antiguos compañeros como personas malvadas. Simplemente les ciega el deseo de ganar más. Pienso que en Coca-Cola creen estar haciendo lo correcto porque es difícil soportar emocionalmente creer que estás haciendo las cosas mal y encubrirlo. Sin embargo la tendencia a la obesidad es ya una epidemia y no hay duda de que sus raíces están directamente relacionadas con la expansión de la comida rápida, la comida basura y el consumo de refrescos. Qué parte corresponde a cada cuestión es difícil de saber pero si colocas  en un mapa las tasas de obesidad y las del consumo per cápita de refrescos azucarados se correlacionan en un 99%”.

Moss reconoce que lo que más le sorprendió en su investigación fue confirmar que las empresas -como ya ocurrió con la industria tabaquera y la nicotina- son muy conscientes de que el azúcar, la sal y la grasa están detrás de muchas de las patologías que padecemos hoy. “He constatado en primer lugar que las compañías lo saben desde hace años y que aún así continuaron añadiendo montones de sal, azúcar y grasa. En segundo lugar, me ha sorprendido comprobar que dependen más de la sal, el azúcar y la grasa que los consumidores; son los ingredientes del milagro, los que dan valor añadido. Y en tercer lugar, los científicos y ejecutivos de las Big Food no ingieren los productos que fabrican, especialmente si tienen problemas de salud”.

Moss comienza su libro relatando que en 1999 Michael Mudd -vicepresidente de la compañía Kraf, propiedad de Philip Morris- llamó la atención de los asistentes a una reunión de altos directivos de la Big Food sobre la responsabilidad de la industria en la crisis de salud que ya entonces sufría Estados Unidos y el presidente de General Mills, Stephen Sanger, le respondió así: “La cuestión de fondo es que nosotros debemos asegurarnos de que nuestros productos tengan buen sabor ya que nuestra responsabilidad lo es también para con nuestros accionistas. Y no podemos disminuir el uso de sal, azúcar y grasa si el resultado final es algo que la gente no va a querer comerse”.

En su libro Moss cuenta asimismo que las empresas dedican mucho esfuerzo a mejorar las sensaciones placenteras experimentadas con los alimentos llegando incluso a utilizar modernas técnicas como la resonancia magnética neuronal para estudiar las respuestas que provocan en las áreas cerebrales del placer. Y de ahí que en Cargill, por ejemplo, los científicos hayan alterado la forma física de la sal pulverizándola a fin de conseguir una sensación más fuerte y lograr lo que la compañía llama “explosión de sabor“. O cómo los científicos de Nestlé trabajaron sobre los glóbulos de grasa para mejorar su tasa de absorción y la sensación que eso provoca en el paladar.

Moss, en definitiva, afirma que la sal, el azúcar y la grasa son los principales pilares de la industria de los alimentos procesados y juega con sus cantidades para mejorar sus ventas. De ahí que muchos productos “bajos en grasa” contengan a cambio más azúcar o que a los “bajos en sodio” se les añada más grasa o azúcar. Agregando con dureza: “Los alimentos procesados están diseñados para que la gente sienta más hambre. La industria de alimentos procesados ha ayudado a fomentar el consumo excesivo”.

Veremos qué ocurre con las demandas porque hay mucho dinero en juego. Y veremos si se ponen de acuerdo para defenderse o cada empresa actúa individualmente. El propio Moss tiene sus dudas pues según le aseguró un ex Director General de Philip Morris que no es precisamente amigo de las regulaciones es difícil que la industria de alimentos procesados se ponga esta vez de acuerdo para actuar colectivamente y hacer lo correcto de cara a los consumidores por lo que a su juicio va a ser necesario que actúen los organismos gubernamentales.

Lástima que en España no exista legalmente la posibilidad de actuar conjuntamente en nombre de un colectivo de ciudadanos. Aquí si un fármaco o cualquier otro producto daña la salud de millones de personas debe ser cada ciudadano el que acuda individualmente a los tribunales a demostrar que a él le afectó negativamente. ¡Caso por caso! Realmente kafkiano y vergonzoso.

Antonio F. Muro

Este reportaje aparece en
163
Septiembre 2013
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