¿Estará pronto el agua potable en manos de unos cuantas multinacionales?

Sólo un 3% el agua del planeta es dulce –no salada- y de ese porcentaje un 80% está en forma de hielo en polos y montañas, un 19% en el subsuelo y un 0,7% en la atmósfera con lo que solo hay disponible para uso directo un 0,3%. Pues bien, en apenas dos o tres lustros su demanda será el doble de la que hoy se suministra y es previsible que puedan desatarse guerras más violentas que las provocadas en las últimas décadas para hacerse con el petróleo. De hecho la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones financieras han empezado ya en muchos sitios a poner el agua dulce en manos de unas cuantas empresas entre las que destacan Vivendi y Suez o las norteamericanas Bechtel y Monsanto. ¿Está naciendo la Hidromafia?

«Ante ‘el mercado’, ni la ética, ni la Ciencia, ni la verdad tienen ningún poder».
(Máximo Sandín)

Debido a motivos sociopolíticos las condiciones actuales de acceso al agua potable en el mundo son de brutal desequilibrio: un 12% de la población utiliza el 85% del agua. Según Manos Unidas en los países ricos se consume una media de 3.500 litros diarios por habitante mientras en los pobres la media oscila ¡entre 2 y 5 litros! Asimismo se calcula que unos 1.100 millones de personas no disponen de agua potable y 2.600 millones carecen de instalaciones de saneamiento. Y lejos de mejorar la situación se agrava cada año por lo que de seguir así en 202165 tres mil millones de personas carecerán de suficiente agua.

Ya en el segundo informe del Programa mundial de evaluación de los recursos hídricos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) titulado El agua: una responsabilidad compartida que se publicó en 2008 se reconocía claramente que «la crisis mundial de los recursos hídricos es en gran medida una crisis de los sistemas de administración y de gobierno que son los que determinan quién, cuándo y de qué manera se obtiene qué agua y deciden quién tiene derecho a acceder a ella y a los servicios conexos. Y la restricción de los derechos políticos y de las libertades cívicas, la corrupción y la lentitud de las reformas agravan aún más el problema” (el subrayado y la negrita son nuestros).

Es decir, la ONU reconoce abiertamente que el problema del agua no es de cantidad sino de reparto y menciona dos problemas claves que poco tiene que ver con las dificultades obvias en una tarea de estas dimensiones y mucho con la calidad ética de los responsables: la restricción de libertades y la corrupción.

Como es bien sabido este tipo de declaraciones suele convertirse en papel mojado al día siguiente de aprobarse. De hecho en el cuarto y más reciente informe de esa misma entidad, publicado en 2012 y titulado significativamente Gestionar el agua en un contexto de incertidumbre y riesgo, se constata el desastre: «Muchos sectores económicos compiten por conseguir los limitados recursos hídricos (…) La protección de los recursos hídricos (…) y la garantía de una distribución equitativa de los beneficios procedentes de actividades con altos recursos hídricos deberían estar en el centro de la política y la regulación públicas. Y es así en todos los niveles de la gestión del agua: locales, regionales, cuencas hidrográficas y centrales (…) Sin embargo la disponibilidad de agua durante todo el ciclo hidrológico se ve influida por muchos factores que escapan al control directo de las autoridades del sector del agua (…) Y en el futuro lo más probable es que los recursos hídricos mundiales se vean sometidos a más presión».

Bueno, pues las instituciones globales que debieran tomar medidas para corregir el desequilibrio están haciendo lo contrario: convertir el agua en un producto sujeto a las leyes del mercado beneficiando así a unas pocas mega-empresas y perjudicando a la gente y al medio ambiente. Lo cual deja meridianamente claro que tales instituciones están al servicio de los grupos de poder que actualmente las controlan.

LA HIDROMAFIA

Si el lector entra en la web del Banco Mundial se encontrará con esta presentación: «El Grupo del Banco Mundial tiene dos ambiciosas metas: terminar con la pobreza extrema en una generación y promover la prosperidad compartida». Loable propósito pero, ¿es así? Para valorarlo basta ver lo que realmente hacen ésa y otras instituciones financieras internacionales –genéricamente denominadas banca multilateral- en relación con el agua, elemento fundamental para la salud y la vida.

Como se sabe el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se crearon en 1944 con el presunto objetivo de “impulsar el libre mercado”. Y controlados ambos por los países ricos -en particular por Estados Unidos- a lo que se dedicaron desde su creación fue a implantar políticas “neoliberales” en todos los estados del mundo y a ampliar más la profunda brecha ya existente entre los llamados «países desarrollados» y el resto del planeta cuya deuda con esas instituciones fue creciendo exponencialmente hasta el punto de que en los años ochenta del pasado siglo XX cundió la alarma entre los amos del mundo dadas las enormes dificultades de esos países para continuar pagando. Se diseñarían entonces los pomposamente llamados Planes de ajuste estructural que básicamente consistían en medidas para canalizar el dinero hacia las multinacionales y los bancos exprimiendo a los habitantes de esos países (o sea, justamente lo que está sucediendo treinta años después en Grecia, Portugal, Italia, Irlanda y España).

Otra institución global que juega un papel clave en el acaparamiento del agua es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) creado en 1959 e integrado por 47 países divididos en dos grupos: los países que ponen el dinero -Estados Unidos, Japón, China y otros entre los que se encuentra España- y los que reciben los préstamos: 26 países iberoamericanos. Los primeros controlan el banco, prestan el dinero y aportan las empresas a las que se adjudican los servicios que financia el banco y que se dedican principalmente a la construcción de puertos, carreteras, oleoductos, hidroeléctricas, gaseoductos y compra de servicios públicos. Solo que en su mayor parte esas obras de infraestructura no se afrontan con sentido común con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población autóctona –aunque así se intenta hacer creer- sino para facilitar el despliegue y funcionamiento de ciertas empresas transnacionales que utilizan así los recursos de esos estados en su propio beneficio. Es decir, se “fuerza” a los países necesitados de inversión a que opten por las empresas y proyectos que les proponen esas instituciones -a quienes por tanto van en realidad a parar los créditos que se conceden y deberán pagar los estados presuntamente beneficiados- en lugar de a aquellos proyectos y empresas nacionales a los que deberían ir. Y los estados pobres “tragan” porque no se les conceden otros créditos y si se niegan a aceptar los proyectos que se les proponen se quedarán sin inversiones. Por supuesto si a quienes están en el poder en tales estados es necesario “desatascarles” se les “engrasa”.

Pero sigamos: en enero de 1992, durante la celebración de la Conferencia internacional sobre el agua y el medio ambiente celebrada en Dublín, se aprobó una Declaración cuyo punto nº 4 decía: «El agua tiene valor económico en todos sus usos competitivos y debería ser reconocida como un bien económico«. Añadiendo: «Gestionar el agua como bien económico es una vía importante para conseguir un uso eficiente y equitativo de la misma así como para fomentar la conservación y protección de los recursos hídricos». En pocas palabras: quienes controlan el mundo decidieron que debían ser empresas privadas las que gestionen los servicios públicos; entre muchos otros sectores, el del agua. ¿Va entendiéndose quiénes promocionan en España la gestión privada de la Sanidad pública? ¿Se entiende ahora quiénes están detrás de la decisión adoptada por la Comunidad de Madrid regida por el Partido Popular de conceder la gestión del Canal de Isabel II -ente público responsable del agua en la comunidad autónoma- a una empresa no pública que es la que desde julio de 2012 controla su gestión y que se constituyó –sin duda para despistar- con el nombre de Canal de Isabel II Gestión S.A?

EL ASALTO DE IBEROAMÉRICA

Aunque la privatización de servicios públicos ya venía implementándose desde que se pusieran en marcha los mencionados Planes de ajuste estructural del FMI a partir de los años ochenta la Declaración de Dublín impulsó la privatización de los servicios relacionados con el agua en la década de los noventa; muy en particular en Iberoamérica, continente que reunía una serie de condiciones ideales para atraer a las empresas: altos porcentajes de población sin acceso al agua -entre el 5% y el 20%, cifra que sube hasta el 40% si se habla de la falta de saneamiento adecuado-, una amplia clase media, operadores públicos con pocos recursos que justificaban la alternativa privada y un historial previo de políticas neoliberales consecuencia de los planes de “ajuste estructural” y créditos condicionados (cuando no golpes de estado y dictaduras para allanar el camino).

Países como México, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia y otros fueron así objetivo de “saqueo” por parte de grandes empresas norteamericanas y europeas con dos gigantes franceses a la cabeza, Veolia Environnement S.A. (escindida en 2003 del grupo Vivendi) y GDF Suez (unión de la antigua Suez Environnement y Gaz de France), ambas con participaciones mayoritarias del estado francés y que según un informe del Transnational Institute (TNI) de 2012 controlan hoy ¡el 70% del mercado de servicios de agua del mundo!

Fue en suma el Banco Mundial el que abanderó y explotó a fondo la Declaración de Dublín que viene justificando las privatizaciones de servicios públicos hechas desde entonces al acordar considerar el agua como un producto más de consumo. ¿La excusa? Que la entrada de capitales privados serviría para que el agua “llegase a todos”. Una grandilocuente promesa jamás cumplida en ningún país que solo la ingenuidad de una población tan desinformada como apática pudo creerse.

Pero veamos lo que ha venido sucediendo en estos años: durante los acuerdos adoptados en 1995 y 1996 en las cumbres de Copenhague y Oslo –respectivamente- los gobiernos y agentes internacionales apostaron por el “acceso universal al agua” para el año 2000. Obviamente la promesa no se cumplió así que ese año volvieron a reunirse las naciones para formular lo que esa vez denominaron Objetivos del milenio. Objetivos entre los que se encontraba el acceso universal al agua en 2015 para al menos el 50% de quienes entonces no podían acceder a ella. Es decir, de prometer agua para todos en el 2000 pasaron a prometer agua para la mitad en el 2015. Lo cierto sin embargo es que estamos a mediados de 2013 y ya se sabe que tal promesa tampoco va a cumplirse; ni siquiera a acercarse. En realidad la situación ha cambiado muy poco. Según el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI por sus siglas en inglés) se tendrían que haber invertido al menos diez mil millones de dólares al año en mejorar los servicios sanitarios pero no sólo no se está haciendo sino que el 45% de los costos del suministro van a parar a la corrupción. Pero no importa: se celebrará una nueva cumbre y se volverá a prometer lo que sea para que la población se calle y esté quieta. Y todo ello incumpliendo desde el 28 de julio de 2010 una resolución de la Asamblea General de la ONU que a instancias de Bolivia reconoce por primera vez el agua como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y del resto de los derechos.

LA GUERRA DEL AGUA

Y es que es difícil que se repita lo que acaeció en el 2000 en Cochabamba (Bolivia), año en el que se desató la llamada Guerra del agua cuando el Gobierno boliviano que presidía Hugo Banzer Suárez- presidente de la república entre 1971 y 1978 merced a un golpe de estado y entre 1997 y 2001 tras presentarse a las elecciones- aprobó una ley que privatizaba la gestión del agua de la ciudad de Cochabamba –con millón y medio de habitantes- presentándose al concurso solo una empresa, la estadounidense Brechtel, que asumiría de inmediato el control y empezó ¡aumentando las tarifas! Precio que los campesinos no podían pagar e hizo que se movilizaran reclamando el apoyo de los trabajadores urbanos. Reaccionado con contundencia. La periodista Amy Goodman -de Democracy Now!- resumiría así lo sucedido: «Cochabamba fue sitiada por una coalición de campesinos, trabajadores fabriles y cultivadores de coca, conocidos como ‘cocaleros’. Los disturbios y las huelgas se expandieron a otras ciudades. Durante la represión militar y el estado de emergencia declarado por Banzer, Víctor Hugo Daza, de diecisiete años, murió de un disparo en el rostro. En medio del escándalo público Bechtel huyó de la ciudad y su contrato con el Gobierno boliviano fue cancelado. Los ‘cocaleros’ jugaron un papel fundamental en la victoria. Su líder era Evo Morales. La Guerra del Agua de Cochabamba lo terminaría lanzando a la presidencia de Bolivia». En suma, en aquel caso puede decirse que el tiro le salió por la culata a quienes diseñaron el plan y Bolivia, que había elegido presidente a un conservador de pasado golpista y dictatorial, se escoró políticamente a la izquierda.

LA HIDROMAFIA SE RECICLA

Aquella experiencia hizo que a partir del 2000 muchas empresas se retiraran o renegociaran sus contratos para convertir las concesiones en unas singulares alianzas publico-privadas en las que ellos se embolsaban los beneficios y los entes públicos -gobiernos y ayuntamientos- asumían costes y pérdidas. Lo curioso es que a día de hoy el 80% de los contratos que aún quedan en Iberoamérica corresponden a empresas españolas; sin duda porque Vealia anunció en 2011 pérdidas millonarias y se retiró de 37 de los 77 países en los que entonces operaba.

No obstante, a pesar del fracaso social, el negocio continúa. El nuevo campo de operaciones lo constituye la Unión Europea -aunque con fuerte oposición en Italia donde el 96% de los votantes en un referéndum se mostró contrario a la privatización de la gestión del agua-, China, Oriente Medio y el norte de África. Algo en lo que el Banco Mundial se ha mojado a fondo ya que una cuarta parte de sus fondos va hoy directamente a corporaciones del sector de privatización del agua según revela un informe de Corporate Accountability International difundido en 2012.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ejerce por su parte presiones financiando foros internacionales. El último se celebraría en Marsella en marzo de 2012 con eslóganes rimbombantes y en él reunieron a jefes de estado, técnicos, empresas y ONGs, en su mayoría condicionadas por el Banco Mundial. Foros en los que se aprueban declaraciones inútiles y se hacen impunemente promesas a fin de que los grandes medios de comunicación afines al poder o controlados por éste se hagan eco de las consignas preparadas al efecto.

La última estrategia ha sido en cualquier caso la entrada de fondos de capital privado creados ex-profeso para la ocasión. En 2008 por ejemplo Rabo Farm Europe Fund -de los bancos Rabobank (holandés) y Bank Sarasin (suizo)- crearon el Fondo AgriSar que tiene entre sus principales objetivos la inversión en recursos hídricos por motivos que deja meridianamente claros: «La monetización del agua está apenas comenzando; es un recurso gratuito que gana valor por su escasez y vemos pues oportunidades para las compañías que puedan asegurar y gestionar su suministro«. Como se ve no tienen el menor escrúpulo en reconocer que van a aprovechar la falta de agua que sufren muchas personas para hacer dinero.

De modo que en la práctica todo sigue igual; es decir, empeorando para millones de personas y mejorando para las multinacionales con la inestimable ayuda de la banca multilateral y otras instituciones. Y no especulamos: en el 2000 el Fondo Monetario Internacional (FMI) forzó a 16 países pobres y endeudados a que privatizaran el agua. Entre ellos a Angola, Benin, Guinea-Bissau, Honduras, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Ruanda, Santo Tomás y Príncipe, Senegal, Tanzania y Yemen. Sencillamente se abrió la puerta a varias grandes empresas que ahora controlan el agua de millones de personas imponiendo “precios de mercadogracias a una falta total de regulación.

¿Y cómo se “fuerzan” tales contratos? Pues “condicionando” la ayuda. Un ejemplo: el Banco Iberoamericano de Desarrollo concedió entre 1993 y 2005 créditos que se facilitaban sobre todo si se dedicaban al negocio del agua. ¿El resultado? El 66% de los que concedió fue para empresas dedicadas a gestionar agua.

Y he aquí otro ejemplo: en 2006, durante las sesiones del IV Foro Mundial del Agua en México, se difundió un comunicado del Banco Mundial firmado por su entonces presidente Paul Wolfowitz -exSubsecretario de Defensa de George Bush Jr., impulsor de la invasión de Irak e ideólogo de la violencia en el Pentágono durante 30 años- en el que se explicitaba que ese organismo sólo facilitaría préstamos para servicios de agua si éstos se privatizaban. Y añadía: «El país que se niegue a ello verá recortados los créditos para otras inversiones en el sector público». Sin comentarios.

EMBALSES: VIDA ESTANCADA

Otro grave problema que va aparejado al control del agua es el que constituyen los embalses. En el planeta hay más de 40.000 grandes embalses -de más de 25 metros de altura- cuyas aguas se destinan a diversos usos: para beber, para regar y para obtener energía hidroeléctrica. Pero el coste real de los embalses supera con mucho su ya enorme coste dinerario pues es además causa de numerosos casos constatados de estafa y corrupción. Por otra parte, la construcción de grandes embalses obliga a menudo al desplazamiento de personas a las que se arranca de su hábitat por la fuerza habiendo ello dado lugar a muchos episodios de violencia.

La Presa de las Tres Gargantas, construida en el río Yangtsé, desplazó ¡a un millón de personas! además de provocar inundaciones masivas, causar la extinción del delfín chino, alterar el ecosistema local e inundar tierras con valiosas reliquias históricas.

En el caso del pantano de Chixoy en Guatemala la resistencia a abandonar sus tierras en 1982 por parte de numerosos indígenas se saldó con unos cuatrocientos campesinos muertos -hombres, mujeres y niños- a manos de las Fuerzas Armadas guatemaltecas y de fuerzas paramilitares. Sin embargo ello no impidió que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) continuaran facilitando créditos a la dictadura del general Laugerud García ni que la multinacional Ingersoll Rand otorgara a la hidroeléctrica construida allí el Premio Mundial de Ingeniería «por el esfuerzo que implicó su construcción» (¿será que valoraron positivamente la masacre de aquellos campesinos?).

Claro que la industria hidroeléctrica es la más peligrosa después de la nuclear siendo muy numerosos los casos de accidentes y muertes. Un caso dramático lo constituyó la ruptura en cadena de dos pantanos chinos en 1975 que causó la muerte de 230.000 personas y la inundación de grandes áreas de valor ecológico que llevaron al empobrecimiento de la tierra y el mar debido a la salinización de zonas de regadío y la desaparición de caladeros al no llegar los nutrientes al mar.

Debemos añadir el hecho constatado de que los países en los que se construyen grandes embalses aumentan su endeudamiento mientras se enriquecen los bancos mundiales, las empresas constructoras y las burocracias de los gobiernos locales, muchas veces corruptos.

CONFLICTOS PASADOS, PRESENTES Y FUTUROS

Según la ONG Sodepaz en los últimos 50 años se han producido 507 conflictos relacionados con el agua de los que 37 fueron violentos con intervenciones militares en 21 de ellos. Algunos de esos conflictos se han producido en Israel, Jordania, Siria, Palestina, Egipto, Yemen, Irak, Kuwait, Estados Unidos, México, Argentina, Uruguay y Paraguay. Calculándose que actualmente hay más de 600 conflictos serios abiertos.

El cuarto informe de Naciones Unidas sobre el agua -ya citado- recuerda que «el agua no está confinada dentro de las fronteras políticas. Se estima que 148 estados tienen cuencas internacionales dentro de su territorio y 21 países se encuentran completamente dentro de esas cuencas. Además alrededor de 2.000 millones de personas en todo el mundo dependen de los suministros de aguas subterráneas que incluyen 273 sistemas acuíferos transfronterizos. La cantidad de factores impulsores del uso del agua existentes y el hecho de que estén aumentando así como las incertidumbres asociadas a los mismos ponen a los acuerdos transfronterizos actuales en situación de estrés con toda seguridad». De hecho se prevén conflictos en las llamadas «zonas calientes»: Oriente Medio, el río Nilo -que atraviesa diez naciones africanas (Etiopía, Sudán, Egipto, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Ruanda, República Democrática del Congo y Eritrea), los estados ribereños del río Syr Daya (Kazajistán, Uzbekistán y Tayikistan), los del río Mekong (China, Birmania, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam) y los del Indo (existiendo en particular tensión militar permanente entre India y Pakistán). Y en Iberoamérica la presencia norteamericana en la zona del Acuífero Guaraní – una de las reservas de agua dulce subterránea más grande del mundo compartida por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- podría obedecer a razones estratégicas relacionadas con el agua; allí empresas estadounidenses controlan los recursos estratégicos de la zona con el apoyo de las bases militares. De hecho en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y en el Plan Puebla Panamá (PPP) el agua se ha convertido en un asunto de “¡seguridad nacional!” para Estados Unidos. De hecho en 2003 el llamado Documento de Santa Fe IV elaborado por el Partido Republicano se planteó que «los recursos naturales del hemisferio están disponibles para responder a nuestras prioridades nacionales». Y en otro informe -en este caso elaborado por Andrew Marshall, consejero del Pentágono- se advertía al presidente Bush de la falta de agua potable sugiriendo que debían prepararse para apropiarse de ese recurso estratégico «allí dónde esté y cuando sea necesario». Y en ello están, sin duda.

LA BATALLA POR EL AGUA

Lo dicho parece suficiente para entender que la solución al problema del agua tiene poco que ver con las medidas de ahorro individual habituales en spots publicitarios ya que éstas representan unas gotas en el actual océano de destrucción orquestado desde instancias del poder global. La batalla por el agua es pues la batalla contra esas instancias de poder y sus políticas; es decir, contra las empresas que contaminan ríos, lagos y océanos, contra las que construyen embalses y secan las cuencas, contra las que arrojan toneladas de agroquímicos al entorno y envenenan con nitratos las aguas subterráneas, contra las que han añadido a la contaminación química la biológica -el biólogo español Máximo Sandín habla de «transgénicos y suelta de bacterias modificadas genéticamente en el mar que pueden alterar los ecosistemas bacterianos y víricos naturales que son los que limpian»-, contra las que talan hectáreas de bosques e implantan monocultivos a expensas de la biodiversidad y las formas tradicionales de vida, contra las que desplazan pueblos, roban sus recursos, pactan con gobiernos corruptos y masacran a quienes se resisten al expolio, contra las empresas que desarrollan todo esto y contra las instituciones que las apoyan con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Mundial de Comercio a la cabeza. Es por tanto hora de desenmascarar los cínicos discursos paternalistas de todos ellos y de contrarrestar su despliegue mediático.

Jesús García Blanca
Recuadro:


La privatización del agua en España

La normativa española permite que los ayuntamientos contraten empresas privadas o mixtas (público-privadas) para gestionar el servicio de agua y saneamiento. Según un reciente informe conjunto de Ingenieros sin Fronteras y Ecologistas en Acción aproximadamente la mitad de los servicios se han privatizado y la tendencia va a más. Quizás porque a diferencia de lo que sucede en Europa la normativa española permite que el canon que las empresas pagan a cambio de la concesión pueda utilizarse para usos distintos de la mejora o mantenimiento de las infraestructuras hídricas lo que facilita que los ayuntamientos vendan el servicio por muchos años a cambio de algo de dinero líquido inmediato que suelen emplear en paliar el creciente endeudamiento en el que se encuentran.

Tanto es así que -según informó recientemente el diario Expansión– España se enfrenta a una multa de entre 30 y 60 millones de euros por incumplir la directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. De modo que ahora los usuarios cargaremos con el pago de esas inversiones que no se hicieron en su momento y que según los expertos supondrá ¡una subida del 50% en las tarifas!

Obviamente las empresas que están acaparando en nuestro país los contratos están relacionadas con los dos gigantes internacionales: Suez y Vealia. De hecho el conglomerado de empresas Agbar es una filial de la primera mientras Fomento de Construcciones y Contratas está participada por la segunda. Ambas controlan ya el 80% del mercado privatizado surtiendo a unos 22 millones de usuarios. Además tienen una fuerte presencia internacional, la primera en Iberoamérica y la segunda en Europa y Estados Unidos.

Quizás una de las ventas más emblemáticas sea la del Canal de Isabel II que se llevó a cabo a pesar de intensas movilizaciones sociales protagonizadas por una plataforma de colectivos, partidos políticos y sindicatos y que tendrá graves consecuencias medioambientales y sociales. A fin de cuentas el dinero que antes ingresaban las arcas públicas irá ahora a parar a los accionistas de la nueva empresa previéndose ya reducciones de plantilla, deterioro del servicio y, como efecto colateral, la posible especulación inmobiliaria con las amplias superficies de suelo pertenecientes al canal, algunas en carísimas zonas del centro de Madrid.

Otros casos recientes especialmente llamativos son los de Huelva, León y Avilés. Aguas de Huelva incorporó hace dos años a Aquagest -un grupo de empresas privadas con participación mayoritaria de Agbar– a cambio de 57,3 millones de euros y el compromiso de no subir las tarifas más de un 1% del IPC pero sólo un año después las tarifas habían subido ¡el 14%! En León Aquagest consiguió en 2009 el 49% de la empresa municipal de aguas por 25 millones de euros a pesar de que un informe de la OCU de 2006 certificaba que era una de las mejor gestionadas y la capital de provincia con el suministro más barato de España. Y en Avilés Aquagest se ha hecho con el 74% de la participación en la empresa de aguas a pesar de las fuertes movilizaciones ciudadanas.

Todo ello salpicado por la corrupción. Hay ya decenas de procesos judiciales en marcha en los que están presuntamente implicadas Aquagest (Agbar), Aqualia, Emarsa y AVSA. Lo grotesco es que un estudio realizado por el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada comparando la gestión de 28 sociedades públicas y 24 municipios o mancomunidades con gestión privada arrojaba unos resultados contundentes: las empresas públicas son más eficientes debido a la falta de control de las empresas privadas por la Administración.

 

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163
Septiembre 2013
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