España: llevarán a los tribunales a las multinacionales que perjudiquen la salud

¿En qué se diferencia un español de un norteamericano? Y no estamos contando un chiste. Pues en que ante los tribunales su salud y su vida, cuando es afectada por medicamentos como el Vioxx o el Zyprexa o venenos como el amianto, vale infinitamente menos. En nuestro país las indemnizaciones son, sencillamente, ridículas. Y, sin embargo, las cosas podrían cambiar a partir de ahora. Un despacho de abogados –Oria, Peña y Pajares– con sedes en Madrid y Zaragoza se ha asociado con dos firmas de abogados estadounidenses especializadas en temas de salud para tratar de conseguir con las pruebas obtenidas en los pleitos norteamericanos y el conocimiento de las tácticas de los laboratorios que la globalización económica llegue también a la Justicia española y los daños se reconozcan y se paguen igual en todas partes. Los afectados españoles tienen ya a quién recurrir.

Llevamos años denunciando que en el ámbito de la salud los españoles estamos indefensos tanto ante las grandes corporaciones –compañías eléctricas y de telecomunicaciones, industria tabaquera, compañías farmacéuticas, etc.- como ante el propio Estado cuyos responsables consienten vergonzosamente situaciones claramente atentatorias contra la salud. Y de hecho la situación ha llegado ya a tal grado de laxitud que no hay más solución que judicializar la salud. No queda otro camino que reclamar una y otra vez ante los tribunales -como se hace en Estados Unidos- y confiar en que aún haya jueces con sentido de la ética y ganas de ejercer con dignidad su profesión.

Se nos dirá que eso ya se ha estado haciendo, que las personas afectadas han podido siempre acudir a la justicia y reclamar por los daños sufridos pero la verdad es que en España no abundan los abogados suficientemente preparados y dispuestos a hacer frente a las grandes multinacionales y al poder de sus camarillas en los partidos, gobiernos y parlamentos con todo lo que ello supone. Y eso es lo que constituye realmente una novedad.

Hablamos de la unión de un despacho español de abogados –Oria, Peña, Pajares y asociados, con sedes en Madrid y Zaragoza- y dos firmas de abogados estadounidenses con gran experiencia en litigar contra las multinacionales por daños a la salud: Reich & Binstock y Seeger & Weiss. Una unión que nace con la intención de que también en nuestro país se puedan conseguir condenas que les supongan a los infractores indemnizaciones multimillonarias a fin de que quienes desde hace décadas perpetran casi con impunidad constantes atentados contra la salud, el medio ambiente, las actuaciones negligentes, los productos defectuosos, la contaminación, los fraudes y las malas prácticas empresariales se lo piensen mil veces antes de seguir haciéndolo. Aunque debemos aclarar que inicialmente el objetivo es litigar contra las multinacionales que en Estados Unidos ya han sido declaradas culpables o se han reconocido responsables de lo denunciado sin necesidad de llegar a juicio y aún así pretenden salir impunes de las reclamaciones efectuadas por los ciudadanos españoles afectados por esos mismos productos o servicios por los que allí tuvieron que pagar cuantiosas indemnizaciones. Por supuesto no se trata de una iniciativa altruista. Entre otras cosas porque en España no se puede ofrecer el servicio jurídico gratuito. La idea es conseguir agrupar al mayor número posible de afectados en cada caso a fin de que el pleito les cueste mucho menos que si tuviesen que afrontarlo solos. El bufete cobraría un porcentaje en función de los resultados, de las cantidades obtenidas en las reclamaciones.

Y tres van a ser de momento sus primeros frentes de actuación: los casos del amianto y de los fármacos Vioxx y Zyprexa. Porque en los tres la cantidad de pruebas que ya aportan los socios norteamericanos contra los fabricantes -obtenidas en Estados Unidos- es abundante. En el caso de Vioxx, un antiinflamatorio no esteroide que duplica la posibilidad de sufrir problemas cardiovasculares, la multinacional Merck ya ha firmado de momento un acuerdo extrajudicial con los afectados por valor de 4.800 millones de dólares, acuerdo propiciado precisamente por uno de los integrantes del nuevo grupo: Chris Seeger. Es más, este bufete logró en un caso individual una indemnización para su cliente por los daños del Vioxx de 47 millones de dólares que en la actualidad están pendientes de recurso. En España, en un caso similar los demandantes obtuvieron sólo 50.000 dólares. Tal cantidad es lo que vale la salud de un español para algunos jueces.

Respecto al Zyprexa el ya mencionado Christopher Seeger firmó igualmente un acuerdo con la multinacional Eli Lilly -hace ahora poco más de dos años- en nombre de 8.000 afectados. El laboratorio se comprometió a pagar 700 millones de dólares para evitar las reclamaciones legales individuales. Los abogados alegaron que el Zyprexa había provocado en los pacientes que lo tomaron diabetes y lesiones relacionadas con la enfermedad, daños que al parecer eran conocidos por el laboratorio.

Por lo que se refiere al amianto datos del Departamento Confederal de Salud Laboral de Comisiones Obreras (CCOO) indican que hubo más de 30.000 personas afectadas por él en nuestro país a las que produjo cáncer y otras muchas patologías. Lo que poca gente sabe es que según un estudio elaborado por la Unión Europea entre el 2000 y el 2030 fallecerán en España entre 40.000 y 56.000 personas como consecuencia de cánceres de pleura y de pulmón provocados por la exposición al amianto.

En suma, a pesar de que se trata de sistemas judiciales diferentes los abogados españoles están convencidos de que las semejanzas son suficientes como para aprovechar la experiencia norteamericana. Los abogados de aquel país han recordado además que el sistema allí era parecido al nuestro y que simplemente ha ido evolucionado hacia el reconocimiento de mayores indemnizaciones. Ambos equipos de abogados piensan que si a las grandes corporaciones no les sale rentable dañar todos saldremos beneficiados. Esperemos que, por una vez, los españoles también.

INDEMNIZACIONES SIMILARES A LAS NORTEAMERICANAS

Uno de los miembros del equipo Oria, Peña, Pajares y asociados es José Pajares, actual Vicepresidente de la Comisión de Insolvencias de la Unión Internacional de Abogados (UIA), Secretario de la Organización No Gubernamental Asociación Infancia y Desarrollo por el Tercer Mundo y profesor en la Escuela de Formación del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. Y tuvimos oportunidad de hablar con él de todo lo dicho:

-Díganos, ¿cómo surgió la idea de colaboración entre su despacho y los abogados norteamericanos?

-La planteamos al constatar que productos que son defectuosos o venenosos y se vendían en España –algo judicialmente demostrado en Estados Unidos- no tenía apenas repercusión mediática aquí. Veíamos que en Estados Unidos a los afectados se les indemnizaba con cantidades muy cuantiosas mientras a los afectados por esos mismos productos en España no es que no se les indemnizara sino que ni siquiera se les daba la razón. Y decidimos que había que hacer algo. Y lo más inteligente era aprovechar el conocimiento y la experiencia de los juristas que ya lo habían conseguido en Estados Unidos por lo que decidimos contactar con ellos. Hablamos de profesionales que tienen muchas más oportunidades de obtener pruebas judiciales que nosotros porque el sistema norteamericano así se lo permite. Ellos ya cuentan no con indicios sino con pruebas aplastantes. Y decidimos aprovecharla en beneficio de los afectados españoles. Por eso hemos empezado con los tres productos judicialmente más claros: Vioxx, Zyprexa y el amianto. Vamos a trasladar toda la documentación existente a España para reclamar ante los tribunales españoles -cuando los afectados lo sean- y contra las empresas que crearon los problemas, contra los laboratorios fabricantes y quienes los comercializan, en el propio Estados Unidos. Y lo haremos así para que las indemnizaciones sean superiores a las habituales en España y Europa, completamente ridículas.

-Pero, ¿en qué medida la documentación obtenida en Estados Unidos puede servir ante los tribunales españoles?

-Nos va a facilitar enormemente la labor ya que no tendremos que investigar muchas cosas ni perder tiempo en caminos erróneos. Tendremos absolutamente todo encima de la mesa. Nuestro trabajo será pues adaptar esa información y el sistema de interpretación de la documentación al sistema judicial español. Evidentemente toparemos con sistemas absolutamente rígidos que antes o después tendrán que flexibilizarse. Hay quien cree que en Estados Unidos las actuales indemnizaciones multimillonarias se han dado siempre y no es verdad. Son algo muy reciente, de hace apenas tres o cuatro décadas. En cuanto en la sociedad –y, por ende, en la Judicatura- se entendió que la única manera de impedir abusos por parte la industria estaba en hacerles pagar un precio tan alto que no les compensara arriesgarse. Las indemnizaciones tuvieron allí carácter disuasorio. Por eso estamos convencidos de que en España ocurrirá lo mismo antes o después. Es intolerable que por provocar la muerte o una enfermedad incurable a alguien se le indemnice sólo con unos miles de euros, especialmente cuando se ha comprobado que hubo mala fe por parte de la empresa fabricante del producto. Es más ¿por qué un laboratorio en Estados Unidos debe pagar millones de dólares de indemnización a un afectado por un fármaco y a un español, por el mismo medicamento unos miles? ¿Por qué aquí le resulta más barato? Porque el sistema lo permite. Hay pues que modificarlo en profundidad. En España se debe proteger de una vez por todas al agredido y no al agresor. En todos los ámbitos pero especialmente en el de la salud.

-¿Se plantean entonces conseguir la modificación de nuestra legislación en lo que se refiere a las indemnizaciones?

-Nuestros socios norteamericanos han conseguido provocar esa modificación ya en Panamá y Brasil . Y el pasado 23 de abril se firmó un convenio en Italia con la mayor asociación de consumidores de ese país para, entre otras cosas, promover una proposición de ley de modificación legislativa respecto de las reclamaciones en los juicios internacionales. En España se acabará haciendo lo mismo.

VIOXX, ZYPREXA Y AMIANTO, PARA EMPEZAR

-Si hemos entendido bien ustedes pretenden pues captar al mayor número posible de españoles afectados por el Vioxx, el Zyprexa y el amianto para iniciar las demandas ante los tribunales?

-En cuanto al Zyprexa ya hemos formalizado la primera demanda contra los laboratorios a nivel individual para que luego muchos otros afectados puedan incorporarse a las reclamaciones en marcha. Lo inconcebible es que en España fue el año pasado el fármaco que más facturó cuando en Estados Unidos se trata de un fármaco denostado.

En el caso del Vioxx tenemos claramente las puertas abiertas por nuestros socios norteamericanos. De hecho Chris Seeger, uno de nuestros socios, protagonizó el mayor acuerdo extrajudicial con el laboratorio. Debo añadir en este sentido que hasta hace muy poco ha estado obligado por el juez norteamericano a no facilitar información, documentación o pruebas en España. Pero la situación ha cambiado y ya podemos disponer de la documentación, de todas las pruebas, para hacer algo para nosotros realmente sencillo: captar a los afectados por Vioxx. No ya para interponer un pleito sino para que nuestros asociados llamen sencillamente a la misma puerta a la que llamaron antes y reclamen para los afectados españoles un acuerdo similar al conseguido por los afectados en Estados Unidos. Parece ilógico que si han llegado a un acuerdo allí a los europeos no vaya a dárseles lo mismo o parecido. Ahora, cuando ya tenemos a nuestra disposición toda la prueba documental, es pues cuando vamos a dar el paso para captar a los españoles que se crean perjudicados por el consumo de Vioxx.

El tercer frente abierto es el del amianto. Y en él ellos son auténticos especialistas. Bueno, no sólo nuestros asociados sino casi todos los despachos americanos. Nosotros hemos dado ya un paso importantísimo como es el de tener un contacto y una propuesta de trabajo con la mayor asociación de afectados de amianto que es la del Ferrol (La Coruña, España) y se llama Agavida. Nos llamaron, hemos tenido con ellos un acto público y ya hemos puesto encima de la mesa las condiciones en las que nosotros trabajaremos estos asuntos. Se dan dos circunstancias en el tema del asbesto. La primera es que estamos ante productos fabricados en Estados Unidos donde ya han sido condenados los fabricantes por facilitar el producto a otros clientes o a otros distribuidores en el propio país; y la segunda es que precisamente por ser un producto norteamericano existen unos fondos para los afectados que permiten ir a reclamar.

Tales son los tres frentes inicialmente abiertos pero ya estamos trabajando en otros.

-¿Su intención entonces -inferimos- es intentar alcanzar acuerdos extrajudiciales en lugar de interponer reclamaciones ante los tribunales?

-Sí. Pero hablamos de llegar a acuerdos razonables, no aceptaremos indemnizaciones ridículas.

-¿En qué medida, sin embargo, sabiendo lo poco que vale hoy la vida de un español en los tribunales, van a poder torcer la mano de un laboratorio al que puede resultarle mucho más barato que lo lleven ante los tribunales dada la cuantía de las cantidades señaladas en España?

-Es sólo un problema de tiempo y de concienciación. Hoy obtendremos una indemnización pero mañana otra, y pasado mañana otra. Cuestión de constancia. No se trata de abandonar a las primeras de cambio. Para eso no habrían desembarcado en Europa nuestros socios. Se trata de desarrollar este planteamiento hasta obtener una equiparación razonable.

-¿Hay algo en nuestra legislación que impida a un juez, si las pruebas demuestran mala fe, imponer a un laboratorio una indemnización de 47 millones de dólares por el daño inflingido a una sola persona?

-No. Lo que hay es un criterio -afortunadamente no consolidado- que es el que está haciendo que las indemnizaciones sean hoy tan bajas: se está aplicando el mismo baremo de los daños causados por accidentes de circulación. Como si una actuación negligente o actuar de mala fe sabiendo que se puede perjudicar seriamente a alguien fueran lo mismo. La verdad es que en estos momentos la discrecionalidad del juez parece absoluta. En España lo mismo puede decidir que se le pague a alguien diez mil euros que quinientos mil. No tienen ninguna limitación. Lo que pasa es que se ha convertido en un hábito que la salud y la vida de los ciudadanos importen menos que proteger a las grandes empresas. Pero no hay ninguna norma que impida a un juez imponer una indemnización ejemplar a quien no respeta la salud y la vida ajenas.

¿Cuál será su próximo paso?

-En el mismo momento en que hayamos puesto a rodar la maquinaria de los tres casos fundamentales que estamos hablando, abrirnos a los afectados. En el Zyprexa ya hemos comenzado. En el Vioxx antes del verano seguramente tendremos ya interpuesto el bloque de reclamaciones. En el caso del amianto estamos completando la abundantísima documentación de los afectados. Antes del verano haremos una exposición pública de nuestra estructura, de nuestra disposición y de nuestra finalidad.

EL PUNTO DE VISTA NORTEAMERICANO

Hablar con Henry Dahl, otro de los abogados del nuevo equipo, además de permitirnos conocer algunos detalles más de las estrategias de ocultamiento de las grandes multinacionales farmacéuticas nos permitió profundizar en las ventajas de un sistema como el norteamericano donde el individuo puede protegerse frente a las grandes corporaciones mucho mejor que aquí.

Dahl es abogado en Nueva York, Whashington, Texas, Madrid y Buenos Aires. Trabaja exclusivamente en juicios internacionales en los que se ocupa de la parte del derecho extranjero –es decir, no estadounidense- y de las comunicaciones entre los equipos de abogados estadounidenses y extranjeros. Y en la última década ha ejercido como consultor en materia de litigios internacionales de los Congresos de Panamá, Argentina, Honduras, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala. En la actualidad ocupa el cargo de Presidente de la Inter-American Bar Foundation.

Permítanos comenzar hablando del caso Vioxx que tan bien conoce. ¿Cuáles son las principales pruebas que han logrado reunir sobre el comportamiento irregular de la multinacional Merck en el caso Vioxx y qué piensan compartir con sus socios españoles?

-Son pruebas que se consiguieron gracias a que el proceso estadounidense es muy poderoso y permite “arrancar” la prueba. Literalmente, les abrimos la caja fuerte, miramos dentro y sacamos las pruebas que les incriminaban. Esto se puede hacer en el sistema norteamericano; en otros sistemas no. Gracias a ello obtuvimos pruebas altamente incriminatorias. A mí lo que más me impactaron fueron las amenazas individuales a los científicos. Merck tenía una lista de los profesores y facultades de Medicina de Estados Unidos que habían señalado que el Vioxx era nocivo para la salud. La empresa mandaba visitar a los profesores y a los responsables de los centros y les amenazaba con retirarles las becas o los fondos con los que contribuía a la investigación si continuaban vertiendo opiniones contrarias al Vioxx. Eran amenazas contundentes, precisas y con total mala fe. Actitudes de ese tipo son las que se han probado perfectamente bien en Estados Unidos. También encontramos algunos memorandos en los que se reconoce que las patentes productivas están por caducar por lo que afirman: “El Vioxx tiene que triunfar a toda costa”. Ese memorando da la clave de por qué se estaban escondiendo todas las cosas negativas del Vioxx. Pensaban que el Vioxx iba a salvar a la empresa. Por eso en un caso que estábamos llevando, cuando el jurado se enteró de la enorme mala fe de la empresa acordó que pagara 47 millones de dólares de indemnización a una sola persona. Evidentemente lo hizo no tanto para compensar a esa persona como para castigar a la empresa. Tan grande fue la mala fe que quedó demostrada en el juicio.

-¿Desde cuándo tenía constancia Merck de los efectos perjudiciales del Vioxx?

-Lo sabían desde antes del 2000 pero trataron de ocultarlo. Según la ley las empresas farmacéuticas tienen que hacer ciertos estudios antes de lanzar un producto al mercado y la obligación legal de informar a la FDA de los tests que dan resultados negativos. Bueno, pues lo que hacía Merck era hacer tests cambiando una sola molécula de la constitución del medicamento que no lo alteraba y que le permitía no llamarlo Vioxx. Y los resultados negativos que salían, como aparentemente no eran Vioxx, los dejaban de lado, no informaban de ellos. Y los que salían bien los repetían sin la molécula añadida para que computaran como positivos. Fueron estratagemas como ésta las que contribuyeron a demostrar la mala fe de la empresa. Además había memorandos internos recogidos en e-mails que se intercambiaron entre los dirigentes en los que se apreciaba claramente la voluntad específica de suprimir todos los informes internos que eran negativos. Así que cuando pidieron la patente y el permiso a la FDA presentaron una documentación resplandeciente. Después se descubrió que todo era un gran castillo de naipes.

-¿Es casualidad que estas cosas se descubran siempre en Estados Unidos?

-No, claro. Se descubren allí porque el sistema lo permite. Podemos investigar y lograr que las propias empresas nos entreguen -a regañadientes por supuesto- sus documentos, todo el histórico de cómo se llevó a cabo la elaboración de un producto antes de su comercialización. Podemos obligar a una empresa demandada incluso a que nos entregue toda la documentación que contenga determinadas palabras en un período concreto, de tal año a tal año; palabras, por ejemplo, como cáncer o tabaco. O todos los documentos firmados por quien tiene a su cargo la calidad de un producto o los controles sanitarios. Pueden protestar, obviamente, pero entonces tiene lugar una audiencia en la que le explicamos al juez nuestros motivos para la petición y si éste piensa que es razonable les obliga a darnos la documentación. Y nos la dan. Porque saben que si no lo hacen el juez nos amparará y serán detenidos por negarse a hacerlo. Y nos la dan toda porque si se demuestra que no lo han hecho, que han mentido, serán detenidos sin más.

¿Y si destruyen los documentos incriminatorios?

-Es cierto, podrían destruir parte de la documentación pero saben a lo que se arriesgan porque siempre hay alguna secretaria, un ayudante, en fin, alguien que conoce los hechos, los datos, a los que podemos llamar a declarar merced a un procedimiento denominado Deposición. Y podemos obligarles a acudir al bufete –acompañados de su abogado si quieren- y estar preguntándoles una semana entera. Por ejemplo, podemos llamar a los químicos que deberían haber firmado determinado papel y preguntarles por él, por su firma, por lo que decía… hasta conseguir que confirme, por ejemplo, si en algún momento él firmó un papel en el que reflejaba que el producto causaba ataques al corazón. Después llamamos al presidente y le volvemos a preguntar sobre la existencia del citado informe. Y si lo niega estamos ante una mentira. O miente el científico o miente el presidente. Y el que miente termina en la cárcel. Así son allí las cosas.

-¿Cuál es la situación actual del caso Vioxx?

-Se retiró del mercado. Hubo una Action Class o Acción de Clase -se llama así a la demanda civil que inicia una persona en representación de un grupo numeroso- en la que intervino Christopher Seeger, miembro de nuestro grupo, que desembocó en una indemnización de 4.800 millones de dólares para repartir entre la gente afectada. Indemnizaciones que se distribuyen -de acuerdo a una tabla- según el grado de afectación de cada uno. Desde 200.000 dólares al millón o más. Hablamos de una sentencia firme. El próximo mes de septiembre se hará efectivo el primer depósito que se irá repartiendo entre los afectados. Y hay otros casos pendientes, como el que comenté de 47 millones de dólares por un sólo afectado en el que el jurado se enardeció ante la evidente mala fe.

-¿Todavía se pueden seguir presentando pleitos aislados contra el laboratorio?

-Sí. Los que no hayan estado dentro de esa Acción de Clase los pueden presentar. A ésta ya no puede incorporarse nadie porque está cerrada. En el sistema americano uno queda incorporado a ella por el mero hecho de no hacer nada pero luego puede tomar la decisión de salirse. Por ejemplo, yo compro un billete de avión y después se descubre que la empresa actuó mal, que cobró de más por él. Bueno, pues yo, automáticamente, por haber comprado ese billete de avión, quedo incluido en una Acción de Clase. No tengo obligación de hacer nada pero estoy incluido. Mi nombre está registrado porque he adquirido uno de los billetes. Pero si en un momento dado tengo un abogado que me convence de emprender una acción diferente lo puedo hacer, me puedo salir. Se llama OptOut, optar por salirse de la Acción de Clase. La Acción de Clase es un elemento democratizador porque permite muchos juicios que a nivel individual no vale la pena emprender porque la indemnización es muy pequeña y económicamente la acción no sería rentable. Todos esos juicios individuales quedan cubiertos en una Acción de Clase. Es además algo muy práctico porque impide que las empresas cometan fraudes pequeños a miles o millones de personas. En Estados Unidos no lo hacen porque saben que podría emprenderse contra ellas una Acción de Clase. En otros países un empresario poco escrupuloso puede cobrar diez dólares de más a 50.000 mil personas porque no existe esaAcción de Clase y sabe que nadie va a demandarles judicialmente para recobrarlos porque le costaría mucho más. El sistema facilita el fraude.

-¿Y en el sistema americano basta que una persona presente la demanda para que todos los demás quedaran incluidos automáticamente en una Acción de Clase?

-Claro, porque en Estados Unidos los abogados que llevan las Acciones de Clase son los primeros interesados en que se sepa. Incluso los jueces se preocupan de que la gente esté informada y ordena que se publiquen avisos sobre las que se presentan. Es una cuestión de acceso a la Justicia. La Acción de Clase permite que gente que de otra forma no podría hacerlo tenga posibilidad de acceder a la Justicia.

LA GLOBALIZACIÓN DE LA JUSTICIA

-¿Realmente el material del caso del Vioxx obtenido en Estados Unidos será útil en España?

-Sí, porque se aportan muchas pruebas importantes. Normalmente se trata de juicios que ya hemos ganado en Estados Unidos. Tenemos pues toda la prueba documental que, como hemos explicado, sólo se puede obtener en un proceso estadounidense. Aportamos pues las pruebas. Y aportamos la ingeniería del caso porque sabemos ya cuáles son las estrategias de defensa que esas empresas van a utilizar. Esas dos cosas, las pruebas y la ingeniería del caso, permiten -trabajando con un buen equipo de abogados en España, por supuesto- que podamos defender a los ciudadanos españoles de forma muy efectiva. A esto yo le llamo la globalización de la Justicia. Ante la globalización de la economía, que nos guste o no es un hecho, los consumidores tienen que defenderse. ¿No está todo globalizado? Pues la conclusión lógica es que la salud de un español no tiene por qué valer menos que la de un norteamericano.

-Pues la realidad es que a día de hoy vale muchísimo menos…

-Cierto. Por eso hay que cambiar la mentalidad. En Estados Unidos las indemnizaciones eran también bajas hace sólo 20 o 30 años. Una indemnización de un millón de dólares era al principio consideraba exagerada y aparecía en todos los periódicos pero cuando se empezó a saber que las empresas actuaban muchas veces con mala fe las cosas cambiaron. Hoy hay claras diferencias con lo que ocurre aquí. Con los medios de comunicación, por ejemplo. En España los periodistas hablan del Vioxx como si se hubiese tratado de un accidente cuando ¡no ha sido un accidente! Fue algo premeditado. La empresa sabía perfectamente lo que estaba haciendo. En el ámbito laboral también se dan hoy estas situaciones. Hay muchos daños que son catalogados como accidentes de trabajo cuando no lo son. El accidente es algo imprevisto pero si yo fabrico un compuesto químico –o un fármaco- que sé que hace daño al corazón y a pesar de ello lo pongo a la venta ahí no hay ningún accidente, ahí hay una línea de causa directa entre el daño y la fabricación del producto. Cuando se tome conciencia también en España de que estas cosas son maquinaciones entonces las indemnizaciones comenzarán a subir.

-¿De verdad piensa que con su llegada a España y los acuerdos a que han llegado ustedes con abogados españoles quienes han resultado afectados aquí por consumir Vioxx, Zyprexa y otros productos tóxicos van a contar a partir de ahora con una mejor defensa de sus derechos?

-Estoy seguro. Pretendemos aunar las virtudes y ventajas de los dos sistemas, el norteamericano y el español. Y esperamos que los beneficiarios sean los ciudadanos españoles. También estamos trabajando duramente en el tema del amianto. Hay trabajadores de amianto (asbesto) que todavía creen que han sufrido un “accidente de trabajo”. Y no es verdad. El amianto es en sí muy peligroso. La gente muere asfixiada por asbestosis –fibrosis pulmonar progresiva- y cáncer de forma dramática. Hemos estado en un astillero de Galicia y allí la gente trabajó en él durante años sin saber que se estaba envenenando cuando las empresas fabricantes lo saben ¡desde los años 30! Sabían perfectamente que el amianto es muy tóxico y, lo que es más grave, que ese efecto se podía al menos disminuir si no neutralizar. Podrían haber dado a los trabajadores mascarillas especiales para protegerles, haber instalado sistemas especiales para evitar la intoxicación… Pero las empresas fabricantes pensaron que eso encarecería el producto y las ganancias disminuirían. Y no hicieron nada. Bueno, pues ésa es la mentalidad con la que queremos acabar. Es más, ¿por qué tantas empresas, sabiendo que sus productos son peligrosos, los siguen vendiendo? Porque creen que nadie les va a pedir cuentas y además sale más barato pagar indemnizaciones si alguien protesta y seguir vendiendo el producto. Bueno, pues cuando las indemnizaciones suban exageradamente ese razonamiento ya no les funcionará. Ha llegado la hora de que en España cambie la mentalidad en este ámbito. Cuanto antes.

-Una última pregunta: ¿cómo surgió la idea de asociarse con abogados españoles?

-Todo comenzó en un congreso de derecho internacional en Brasil. En él me reuní por primera vez con los que serían nuestros futuros socios españoles. Yo había trabajado mucho con América Latina y estaba buscando abogados responsables y eficientes en Europa.  Con Oria, Peña, Pajares y asociados dimos con los socios ideales. Nos entendemos a la perfección y de ahí que  trabajemos con gran eficiencia. La verdad es que había hablado antes con otros abogados españoles pero por una cosa u otra no tomaban iniciativas, no pasaban de ser buenos soldados. Con nuestros socios actuales la cosa es distinta. Son buenos generales. Y eso es lo que necesitamos para triunfar. Porque seamos claros: se trata de librar una batalla para proteger a los consumidores españoles. Lo único que lamento es no haber podido conseguir esta relación diez años antes. Hay que redoblar pues los esfuerzos, tanto a éste como al otro lado del Atlántico. Y vencer.

Esperemos que lo consigan. De momento llegan a España con ganas de poner a cada cual en su sitio haciéndose cargo de las justas reivindicaciones de aquellos afectados que no sabían a quién acudir. Seguro que muchas asociaciones y personas a nivel individual recurrirán pronto a sus servicios.

Antonio F. Muro

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106
Junio 2008
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