Luis de Miguel: «Los abusos de los cientificistas deben tener respuesta en los tribunales»

Abogado y presidente de una asociación nacional de consumidores Luis de Miguel es uno de los pocos profesionales del ámbito jurídico dispuesto a defender en los tribunales los derechos constitucionales de los ciudadanos y de los profesionales de la salud -médicos o no- violados últimamente con impunidad por quienes se arrogan estar en posesión de la verdad científica en el ámbito médico. Incluidos el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen así como en el caso de los pacientes a estar debidamente informados de los tratamientos que reciben y los productos que consumen. Derechos que no están siendo respetados ni por las administraciones, ni por la gran industria, ni por algunos de los grandes medios de comunicación al servicio del poder establecido.

Luis de Miguel Ortega es abogado, experto en mediación y resolución de conflictos, perito judicial, psicoterapeuta, enfermero ejerciente durante 25 años, presidente de una asociación nacional de consumidores y por si todo ello fuera poco se está formando actualmente cono detective privado. Un curriculum tan llamativo como atípico que solo se explica por la singular experiencia vital que vivió cuando empezó a trabajar en hospitales, vio la podredumbre e injusticias del sistema, se dedicó a denunciarlas por cuestión de principios y a raíz de ello empezó a ser acosado.

Hablamos de alguien que se diplomó en 1994 en Enfermería por la Universidad de Valladolid obteniendo posteriormente -en 2006- el Grado en Enfermería por la Universidad de León y ha ejercido pues la profesión 24 años. Formación que en ese interregno amplió obteniendo en 1998 un postgrado y Máster en Psicoterapia en el Estudio de Bioinformación de Valencia y un título en Mediación y Resolución de Conflictos en 2004 en la Universidad Ramón LLul de Vic (Barcelona).

Fue en todo caso en 2010 cuando decidió estudiar Derecho obteniendo su título de Grado en 2014 en la Universidad Internacional de la Rioja y el Máster en 2015. Apenas dos años después -en 2017- obtendría el título de Perito Judicial en la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid -que ejerce en las áreas de Ciencias de la Salud, Derecho y Seguridad Privada-, formación que en la actualidad está completando en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid en la que ha empezado a estudiar los cuatro años que se requieren hoy para ser Detective Privado.

En suma, una formación multidisciplinar que incluye conocimientos jurídicos de Derecho Sanitario tan bien aprovechados que en solo cuatro años le ha permitido llevar la dirección letrada de varios casos de corrupción sanitaria e institucional tanto ante organismos nacionales de justicia -Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional- como administrativos -ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Agencia de Protección de Datos, el Consejo de Transparencia y otros- además de ante instituciones internacionales como la Oficina Antifraude Europea y la propia Comisión Europea.

-Su trayectoria profesional no es muy corriente. ¿Se considera abogado o profesional de la salud?

-Soy un enfermero que cambió su pijama blanco por una toga negra… sin dejar por ello la enfermería; de hecho la mayor parte de los asuntos que llevo son de carácter sanitario. Especialmente pacientes con diagnósticos mentales en situación de incapacitación e internamiento y tratamiento involuntarios. Situaciones en los que la corrupción institucional se magnifica considerablemente.

-¿Y si su vocación era la enfermería por qué terminó estudiando la carrera de Derecho?

-Me harté de ver casos de flagrantes injusticias y corruptelas que nadie denunciaba y quedaban impunes. Quien no conoce lo que pasa en el seno del sistema sanitario no podrá entenderlo pero a poco de entrar en él pude ver cómo se hacían las contrataciones de personal y cómo se premia a los trabajadores dóciles y complacientes con el sistema mientras se acosa a los que se rebelan. Al principio me asqueó pero no me atreví a hacer nada. Hasta que un día fui consciente de que callarme ante tanta corrupción implicaba en realidad ser cómplice de ella.

-¿A qué se refiere concretamente?

-¡A tantas cosas! Cuando uno trabaja dentro de un hospital se da cuenta por ejemplo de que las largas listas de espera de muchos de ellos no obedecen a falta de medios sino a intereses políticos y económicos. Hasta se hace esperar a pacientes en las salas de Urgencias diciéndoles que no hay camas siendo mentira. ¡Y para qué hablar de algunos médicos! Muchos incumplen sus horarios y obligaciones de forma descarada sabiéndose impunes. Tanto que buena parte trabaja a la vez para la industria farmacéutica o hace negocios puntuales con ella. Es ilegal y falto de ética pero lo hacen discretamente…

-¿Tanta influencia tiene la industria en el interior de los hospitales públicos?

-En ellos y en todo el sistema sanitario; de hecho la política sanitaria -muy especialmente la farmacéutica- la controlan grandes compañías. Por eso la tensión se masca en los hospitales.

-¿Quiere decir que hay tirantez en las relaciones entre sus profesionales?

-¿Tirantez? Es repugnante. No se respetan ni las normas más elementales de convivencia con los pacientes y los compañeros de trabajo. Es más, los hospitales se han llenado de especialistas «low-cost” mal pagados que, descontentos, tratan mal a los enfermeros e incluso a los pacientes. Residentes que se ven obligados a sustituir muchas veces a los titulares y adjuntos y atienden a los pacientes sin advertirles previamente -como exige la ley- de que son especialistas «en formación» y pueden negarse a ser tratados por ellos y reclamar que les atienda alguien con más conocimientos y experiencia. Nadie explica a los enfermos sus derechos. Ni siquiera cuando se les «anima» a vacunarse sin informarles de los riesgos como es preceptivo y obligatorio.

-Pues si falta personal suficientemente formado mal se entiende que se hayan construido últimamente tantos hospitales en toda España…

-Se construyen tantos hospitales porque es un negocio en sí mismo. Para los constructores y para los proveedores de equipos y material sanitario. A precios desorbitados y pagándose «mordidas» de todo tipo a quienes los autorizan. Algunos se han enriquecido mediante engaños y falsedades a costa de los impuestos de los ciudadanos. Yo mismo he denunciado ya algún caso ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía. Es más, hay abierto un expediente de sanción por la Comisión Europea.

DESIDIA DE LAS ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES

-Pues las organizaciones de consumidores no han denunciado nada de todo esto…

-Por eso al final decidí constituir una yo mismo. En 2004 había creado una asociación para la promoción de la convivencia y resolución de conflictos; mediación familiar, escolar y penal pero jurídicamente es mucho más operativa una de consumidores porque puede asumir más funciones y tiene mayor capacidad procesal. Así que en 2016 decidí constituir una a nivel nacional.

-Que algunos médicos del sistema sanitario abusan de su poder está constatado. De hecho el 43,5% de ellos asegura haber sufrido algún tipo de acoso, discriminación o maltrato en su centro de trabajo durante 2016 ¡por sus propios superiores jerárquicos! Así lo recoge la cuarta oleada del estudio Situación laboral de los médicos en España que elabora anualmente la Organización Médica Colegial (OMC). Lo que se une a la ya conocida y denunciada precaria situación en que vive la mayoría. Según el informe numerosos médicos son víctimas de insultos graves, vejaciones, comentarios despectivos o discriminatorios de tipo racial o étnico, reciben solicitudes de naturaleza sexual, se les deja en ridículo o se les minusvalora ante otros profesionales sanitarios y pacientes. Es más, tienen una excesiva carga laboral y horarios de trabajo inadecuados y/o excesivos, reciben vetos para poder prosperar profesionalmente y se les excluye de forma inmotivada y prolongada de las actividades del servicio. Problemas que sufren especialmente las mujeres jóvenes de nacionalidad extranjera. Y hay más: el 55,3% no tiene plaza en propiedad y trabaja con contratos inestables de corta duración siendo el paro mucho más alto entre las mujeres: el 63,3%. Son datos de la propia OMC pero nadie hace nada para afrontar todo ello desde las administraciones públicas…

-Y eso ocurre en los hospitales españoles donde el ratio de médicos es el doble que en el resto de la Unión Europea y el ratio de personal de enfermería la mitad. Imagínese lo quemados que estarán el resto de profesionales y pacientes a los que la OMC no hace ninguna encuesta…

El problema es que la mayoría de los altos cargos -y es igual si son del PP, del PSOE o de otro partido- está al servicio de las todopoderosas industrias sanitarias. Es una verdad tan constatada como silenciada. Gastan auténticas fortunas en alquilar o comprar voluntades y conciencias. Lo insólito es que la propia OMC recoja esa denuncia y luego no haga nada para resolverla. Porque esa situación se viene denunciando por sus propios compañeros desde hace años y sus dirigentes no actúan. Es más, las organizaciones médicas colegiales presionan a sus asociados para que no se cuestionen siquiera las verdades oficiales médicas establecidas amenazándoles con llevarles a los comités de deontología y retirarles la licencia para ejercer. Ante lo que cabe preguntarse si están los colegios médicos al servicio de sus asociados o se crearon para controlarles y obligarles a practicar la Medicina atendiendo solo a los protocolos que se les imponen en un claro intento de restringir su libertad profesional. Porque todo indica -y me consta que ustedes lo denunciaron en su día- que tanto las comisiones deontológicas como el llamado proceso de validación periódica son ante todo herramientas para controlar y condicionar a los médicos y tomar medidas disciplinarias contra los que desafíen las directrices oficiales; por ejemplo asumiendo enfoques, terapias y métodos naturales. En suma, se supone que las comisiones deontológicas velan por el comportamiento ético de quienes ejercen la Medicina… solo que eso pasa por asumir antes qué es lo correcto o aceptable y qué no, cuándo un comportamiento es deontológicamente reprochable y cuándo no. Además las comisiones deontológicas van a menudo mucho más allá de sus funciones e imponen sus criterios en multitud de ámbitos a pesar de que nadie les ha facultado para decidir qué es o no correcto en el ejercicio profesional de un médico.

La triste realidad es que el negocio de la sanidad se ha convertido en un monopolio estatal habiéndose secuestrado la ciencia y el arte de la medicina. Han convertido a sus miembros en funcionarios dóciles y el sistema en algo económicamente muy rentable… para los políticos.

-Que eso es cierto lo demuestra la actitud en los últimos dos años de la Organización Médica Colegial (OMC) exigiendo que los miles de médicos que practican disciplinas terapéuticas como la Homeopatía, la Medicina Tradicional China, el Ayurveda y más de un centenar de terapias más dejen de hacerlo a pesar de que las avala la propia Organización Mundial de la Salud (OMS)

Exacto. Son legales, algunas se ejercen desde hace más de dos mil años -la Homeopatía desde hace más de 200-, la propia OMS pide que se incorporen a los sistemas nacionales de salud y aquí lo que se hace es perseguir a quienes las ejercen e intentar prohibir incluso que se enseñen en las universidades. Y se trata de una situación que no solo afecta a los derechos de los profesionales y de las asociaciones en las que se integran sino al derecho fundamental a la información de todos los consumidores de productos y servicios de salud sesgando toda posibilidad de consentimiento informado. Los ciudadanos, como “pacientes” consumidores, somos sujetos de un derecho de especial protección a recibir cuanta información necesitemos para alcanzar convencimiento y certeza en nuestras decisiones. Y eso implica que tenemos derecho a acceder no solo a la información oficial “seleccionada” sino a todo tipo de información por «incómoda» que ésta sea para algunas personas, instituciones y empresas. Se trata de un principio básico que entronca con la dignidad del ser humano y el respeto a su integridad física y moral.

-Quiere usted decir que legalmente no pueden -o no deberían poder- ocultarnos información amparándose en derechos de confidencialidad, propiedad, patentes…

Tales derechos -discutibles pero legales- no pueden en modo alguno tener prioridad jurídica ante los derechos fundamentales del ser humano. Éstos priman y aquellos no pueden alegarse si lo que está en juego es la salud y la vida. Por tanto tenemos derecho como consumidores y pacientes a acceder a cualquier tipo de información existente.

Como fundamentales son los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de información y a la libertad de publicación. Así que el comportamiento hostigador de algunas instituciones -públicas y privadas- contra quienes discrepan de las «verdades oficiales» es un ataque directo a los valores esenciales de la convivencia social y un acto de coacción y censura propio solo de estados no democráticos. Y lo tenemos tan claro que ya nos hemos personado en algunos procedimientos en defensa de los consumidores de productos y servicios de salud ante la jurisdicción ordinaria y ante la Audiencia Nacional. Incluso hemos comparecido ante el Ayuntamiento de Barcelona por un caso de censura previa contra un orador que iba a hablar sobre el cáncer al que se imposibilitó su exposición.

Hay que acabar con lo de ser «pacientes»… con los médicos. Basta de anacronismos. No somos pacientes, somos consumidores y usuarios de productos y servicios de salud. Y los servicios sanitarios -públicos y privados- no pueden disponer de nuestros derechos como consumidores. El «paternalismo» en el ámbito de la salud no es ya admisible. Los ciudadanos tenemos derecho a decidir quién nos representa en las instituciones, si nos compramos o no un coche, si nos hipotecamos 30 años para comprar una casa, si nos casamos o no y tendremos 2 o 10 hijos, si fumamos y bebemos o no lo hacemos luego, ¿a cuento de qué vamos a permitir que sean otros los que decidan sobre nuestros posibles problemas de salud y qué hacer? Nadie tiene derecho a arrogarse esa decisión. Tenemos derecho a conocer todas las opciones y posibilidades y decidir autónomamente. Sin censuras. Sin que se nos oculte información o se nos prohíba optar por algo solo porque alguien dice estar en posesión de la verdad médica o científica.

-Es pues contrario a lo que durante décadas llevan haciendo nuestras administraciones sanitarias y los colegios médicos…

-Evidentemente. Las administraciones sanitarias llevan décadas atribuyéndose indebidamente en el ámbito de la salud una función de tutela de la ciudadanía que ha traspasado los límites de lo admisible y tolerable. Y digo que las asume indebidamente porque dicha función tuitiva no puede ir más allá de informar, asesorar y asistir pero jamás entrometerse en la autonomía de la voluntad o sustituir sus preferencias. En la salud pretende asumir una tutela extensiva que nunca ha querido en otros aspectos; como el tabaco, la contaminación de los vehículos, las emisiones radioeléctricas o la producción y eliminación de plásticos. Pareciera pues que en cuestiones de salud le mueve más el deseo de mantener un monopolio de servicios y productos que el interés por los derechos de los consumidores. Y con tal actitud incurre en desvío de poder porque la ley establece la protección de los consumidores y no su tutela.

-Pues si hay un asunto en el que tal contradicción es evidente es el de la Homeopatía…

-Es cierto. En este caso el desvío es claro. El Ministerio de Sanidad no puede autorizarla y considerar sus productos como medicamentos que solo pueden recetar médicos y venderse en farmacias y luego que altos cargos del mismo digan que es simple “agua con azúcar” sin eficacia terapéutica alguna: eso se llama abuso y corrupción.

Y con la Fitoterapia pasa otro tanto: no se puede exigir a los fabricantes que faciliten de forma correcta y completa información sobre sus productos y luego se prohíba que haya en ellos indicaciones de utilidad o efectos.

Y con la Acupuntura: se admite su eficacia, se utiliza en centros sanitarios públicos y privados y luego se permite que instituciones de derecho público dependientes de las administraciones sanitarias la descalifiquen. Es un insulto a la inteligencia y a los consumidores.

Es más, la campaña de acoso contra las disciplinas y terapias no convencionales orquestada por la Organización Médica Colegial (OMC) tachándolas de pseudociencias o pseudoterapias es calumniosa, injuriosa y difamante para las decenas de miles de médicos que las ejercen y para los profesores, centros y universidades que las imparten o han impartido. Y el silencio ante la misma de las 17 administraciones sanitarias y el Ministerio de Sanidad solo puede calificarse de jurídicamente bochornoso. No se protege a los consumidores privándoles de sus derechos.

-El problema es que los altos cargos y funcionarios del estado están al servicio del actual modelo médico hegemónico.

-Cierto; la llamada medicina convencional tiene en España el monopolio de los servicios de salud y eso está generando un sistema sanitario de muy baja calidad.

-Pues no es lo que dicen sus encuestas…

-Los datos de satisfacción real de los pacientes publicados por la OCDE son muy distintos de los que difunde el Ministerio de Sanidad. En España hay servicios de Urgencias saturados con pacientes en estado crítico a los que se coloca en los pasillos, listas de espera interminables, incumplimiento de horarios, omisión del consentimiento informado y un sistema de recetas y suministro que roza la colusión cuando no la malversación y el cohecho. Monopolio público-privado que hace muchos miles de pacientes fallezcan en España cada año por mala praxis médica y cerca de 65.000 personas sean anualmente ingresadas y tratadas «involuntariamente» -es decir, contra su voluntad- en hospitales públicos. Y que cada año 110.000 personas fallezcan en ellos de cáncer debido a la seráfica beneficencia de los quimioterápicos experimentales que se utilizan. La verdad es que es inexplicable que la sociedad no se de cuenta de que está siendo víctima de lo que los anglosajones denominan “astroturfing” (propaganda y manipulación) y medical kidnapping (secuestro médico).

EL CIENTIFISMO CONTRA LAS PSEUDOCIENCIAS

-Bueno, la propaganda y la manipulación son la base real de la medicina convencional o farmacológica que algunos llaman «científica»…

-Es obvio. Y la totalidad del discurso contra las terapias naturales está teñido de un grosero cientifismo que sí que es pseudocientífico. El cientifismo es más bien una especie de moderna religión o moral pública que justifica hasta los actos de censura previa o los de secuestro médico. Porque es inaudito que en España se prive de libertad cada año a miles de personas a las que se interna en centros y medica en contra de su voluntad alegándose simplemente que es necesario ¡»por su bien»! Pero es que han convertido a los funcionarios sanitarios en autoridades públicas como así se recoge en el art. 550 del Código Penal.

Y no solo se priva de libertad a las personas; también se impide a muchas el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión e información. Desde que empezó la campaña contra las mal llamadas medicinas complementarias y alternativas asistimos cada vez con mayor frecuencia al boicot de conferencias, seminarios y cursos que pretenden impartir quienes las enseñan o practican. Algo ilegal y antidemocrático que las autoridades están permitiendo.

-Lo he denunciado personalmente por escrito ante el Ministerio de Sanidad, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción -entre otras instituciones- sin que hayan movido un dedo. Y mi argumento fue sencillo de entender: los actuales dirigentes de la Organización Médica Colegial (OMC) afirman falazmente que las terapias que denuncian son ineficaces y peligrosas pero si así fuera llevarían años permitiendo que cientos de miles de personas –si no millones– hayan sido estafadas y puesto en peligro su salud y sus vidas y eso es un delito grave. Y si no tienen razón estarían poniendo gratuita e injustificadamente en duda la imagen, el honor y la profesionalidad de quienes las ejercen –decenas de miles de ellos médicos– y eso también es un delito grave; de calumnias, injurias, difamación y atentado contra el honor y la propia imagen. Como lo fue su decisión de pedir el cierre de entre 90 y 100 webs por entender que a su juicio se hacen eco de “contenido pseudocientífico” en un intolerable atentado contra la libertad de expresión, la libertad de información y la libertad de prensa. Pero es evidente que gozan de la protección del poder establecido.

-Algo tan lamentable como que no se mida a la medicina convencional con el mismo rasero que a las demás disciplinas. Cuando se dice que una vacuna es eficaz lo que no se le dice al consumidor es que hay un porcentaje de personas a las que no les hace ningún efecto o éste es negativo. Cuando se dice que un medicamento es eficaz en el 40% de los casos lo que se oculta al consumidor es que alrededor del 50% de los participantes en el ensayo abandonaron el estudio al principio. Se oculta asimismo a los consumidores que entre quienes toman habitualmente algunos medicamentos -como los antibióticos y los neurolépticos- existe un mayor índice de suicidios inexplicables. Hasta se oculta que la mayoría de los fármacos no son en realidad eficaces para las patologías para las que se pautan y muchos provocan enfermedades más graves de las que tratan. De hecho la inmensa mayoría de la sociedad sigue sin saber que los tratamientos médicos son hoy la segunda o tercera causa directa de muerte en el mundo.

Mire, entre las muchas cosas que la ciencia no puede demostrar, cabe destacar unas cuantas que tienen que ver con la autonomía de los consumidores; por ejemplo los juicios de valor sobre lo que es justo o necesario o lo que se hace en el «superior» interés del paciente. Eso no puede establecerse en base a un procedimiento científico como tampoco puede utilizarse la ciencia para establecer juicios estéticos sobre lo que es bello, proporcionado o adecuado. Ni utilizarla para comprobar las realidades metafísicas sobre quién soy yo, si los demás existen de verdad o si el día de ayer fue real o una construcción mental de hoy. La ciencia tampoco puede demostrar los eventos en línea temporal y determinar que lo que pesa o mide algo hoy es igual que hace diez siglos o que un avión me llevará seguro hoy de Madrid a Londres. No hay forma científica de asegurar todas esas cosas. Y podría poner muchos más ejemplos de cuestiones que no pueden ni deben estar sometidas a la ciencia. Quienes dicen pues que la medicina es una disciplina «científica» ¡no tienen ni idea de Ciencia!

Los seres humanos tomamos muchas más decisiones en base a creencias, a expectativas y confianzas que a datos científicos. El ser humano no es un ordenador y el paciente no es un ratón de laboratorio.

CORRUPCIÓN SANITARIA

-Hace casi 14 años la prestigiosa Fundación Health Partners, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard (EEUU) y el que fuera editor durante 25 años del British Medical Journal –órgano oficial de la Asociación Médica Británica– Richard Smith denunciaron que en la llamada «medicina basada en la evidencia» no es que haya fallos puntuales sino que falla ¡todo el sistema! Años después esta publicación haría una rigurosa publicación y gracias a ello hoy sabemos que solo el 11% de los 3.000 protocolos que se utilizan en los hospitales y clínicas son claramente beneficiosos añadiendo que un 24% podrían ser “algo beneficiosos”. Y eso implica que la eficacia del 65% de lo que hacen los médicos no está avalada y no se justifica. Y lo increíble es que nadie hace caso y la gente sigue poniéndose en manos de los médicos sin cuestionarse nunca lo que se les sugiere. A pesar de la brutal corrupción del sistema. Llevamos decenas de artículos explicándolo con datos y lo que a muchas personas les molesta es que seamos tan insistentes en lugar de agradecerlo ya que los demás medios lo ocultan…

-A la gente no le gusta que se le cuestionen sus convicciones más arraigadas. Lo rechazan sin racionalizar. Pasa en otros ámbitos; como en la religión, el fútbol o la política. Cuesta mucho cambiar de iglesia, equipo deportivo o partido político. Se «perdonan» sus «fallos». Y sin embargo que el sistema sanitario está podrido no es discutible a estas alturas. Hay multitud de informes y trabajos que lo demuestran. Con técnicas de corrupción y manipulación del mercado sanitario más que conocidas y estudiadas. Desde los disease mongers (creadores de enfermedades) hasta los ghost writers (escritores fantasma), los trials designers (diseñadores de ensayos), los astroturfers (activistas y periodistas “independientes”) y los dead mongers (fabricantes de muertos) pasando por quienes se dedican a diseñar y dirigir sociedades instrumentales. Y todas estas figuras de corrupción médico-farmacéutica están presentes en España.

Las propias revisiones clínicas de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), Cochrane Collaboration o el British Medical Journal dan muestras de la bajísima calidad de los estudios y de la grosera manipulación de la literatura científica médica.

No parece pues que a nadie del Ministerio de Sanidad le preocupe ni la salud de los ciudadanos ni la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Aunque lo que más llama la atención es que a pesar de los graves problemas económicos del estado y el riesgo de que quiebre el sistema sanitario el gasto farmacéutico no pare de crecer.

-Tiene usted razón. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España se gastó en 2016 más de 21.000 millones de euros en 15.049 medicamentos -de los que 12.268 se dispensan en farmacias y 2.781 solo en hospitales- a pesar de que la gran mayoría son meramente sintomáticos cuando no manifiestamente ineficaces además de tóxicos. De hecho la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que solo una pequeña parte de los miles de fármacos que se comercializan en el mundo son «esenciales»; concretamente 433 según la lista difundida en junio de 2017. Y siendo así, ¿por qué despilfarra tanto dinero el ministerio, máxime cuando adopta esas decisiones de forma opaca y pagando a menudo por ellos precios excesivos según denunció en 2016 la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS)?

-Inexplicable. De hecho según el Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses en España se intoxican gravemente cada año unas 80.000 personas, más de la mitad por fármacos; siendo los ansiolíticos, antidepresivos, antitusivos y antiasmáticos los que más casos provocan. El asunto es tan grave que la propia OMS reconoció en noviembre pasado que en el mundo hay ya ¡más de mil millones de discapacitados! Y eso demuestra que la población está siendo masivamente intoxicada.

Pero es que en nuestro país ni siquiera se investiga la compra de medicamentos y productos sanitarios cuando en el seno de los hospitales se hace al margen de toda transparencia y control. Tengo el informe oficial del Consejo de Cuentas de una comunidad autónoma en el que se dice que en torno al 90% de las compras de medicamentos por parte de los hospitales se hace sin ningún procedimiento administrativo y fragmentando los pedidos para eludir los controles de los servicios de intervención. Y encima utilizando informes de eficacia más que cuestionables desde el punto de vista administrativo, ético y técnico.

DERECHO A LA INFORMACIÓN

-Bueno, algún tipo de vigilancia debe haber porque también en el ámbito sanitario hay personas sin escrúpulos que estafan a la gente…

-Sin la menor duda; pero debe actuarse dentro de la ley y no aprovechando eso para criminalizar a quienes ejercen métodos no farmacológicos y demonizar sus prácticas terapéuticas. Deben primar siempre los derechos fundamentales. Siendo vital en una sociedad democrática otro no menos importante: el derecho a la información. Así que si el Ministerio de Sanidad quiere realmente proteger al consumidor de los abusos de determinados profesionales lo que debe hacer es no sesgar la información que hace llegar al público. Y para que se me entienda le pongo un ejemplo: el caso del cáncer. No es de recibo que la información que el ministerio hace llegar al consumidor sea tan sesgada. Es vergonzoso porque en España mueren cada año más de 110.000 personas tratadas con los protocolos oncológicos oficiales. Y mueren sin haber sido realmente bien informadas ni ellas ni sus familiares. El consentimiento informado no se hace con rigor y seriedad. Si los parientes de quienes fallecen de cáncer en España fuesen en masa a los tribunales ganarían muy probablemente todos los pleitos. Y el sistema se hundiría.

-Nos consta que muchos médicos alegan que no informan mejor a sus enfermos porque en general no entienden lo que se les dice al ser cuestiones muy técnicas…

-Excusas. Hay muchos otros temas de los que no entiende y lo que hace es asesorarse y luego decidir por sí mismo. Cuando pide un crédito o una hipoteca, cuando decide invertir en Bolsa, cuando va a casarse o divorciarse… Hay muchas situaciones de ese tipo y a nadie se le ocurre decidir por él. ¿Por qué pues tiene que ser distinto cuando lo que está en juego es su salud o su vida? Ya está bien de demagogia. Lo que hay que hacer es informarle con objetividad, ecuanimidad y de forma seria, rigurosa y concienzuda. No se les informa en condiciones porque hay gente a la que no le interesa.

Mire, el Principio de Precaución así como el Principio de Neutralidad Ideológica debería poner al ministerio en otra actitud frente a una certeza científica que no existe. El ámbito de la salud se mueve en una incertidumbre científica llena de desacuerdos, debates e innovaciones incluso dentro de la medicina convencional. No es pues admisible que las administraciones sanitarias apoyen visiones sesgadas o estáticas y sin fundamento que van en contra de los intereses de los consumidores.

-Si hemos entendido bien usted apuesta entonces en la mayoría de los casos por denunciar en los tribunales la violación del derecho de los enfermos a una información completa y veraz.

-Efectivamente. Como consumidores de productos y servicios de salud tenemos derecho a obtener información veraz y completa sobre los tratamientos que se nos propone seguir y muy especialmente de sus posibilidades reales así como de sus interacciones, contraindicaciones y potenciales efectos secundarios negativos. Si no es así no puede hablarse de un «consentimiento informado» auténtico. Es más, el médico tiene la obligación de informar al paciente de qué otras alternativas dispone. No pudiendo alegar luego en caso de reclamación que había efectivamente otras pero no las conocía. Eso es una excusa, no una razón. El médico tiene la obligación de conocer todas las posibilidades terapéuticas de las patologías que trata. Sea de su especialidad médica o de aquellas otras disciplinas que tratan ese problema de otra manera. El enfermo tiene derecho a conocer todas las posibilidades y el médico el deber de proporcionárselas o al menos de informarle de ellas.

Por eso impedir que alguien pueda dar una ponencia, impartir un seminario o un curso u organizar un congreso alegando que lo que manifiesta, postula o defiende no tiene «justificación científica» es delictivo. Se violan los derechos a la libertad de expresión y de información tanto de aquellos a quienes se impide hacerlo como los de los ciudadanos que quieren acudir. Y se viola el derecho del enfermo al consentimiento informado.

-¿Incluye eso la información sobre los fármacos que a veces tan irresponsablemente se prescriben?

-Por supuesto; el médico tiene la obligación de informar con todo detalle al enfermo de lo que puede pasarle tomando uno o más medicamentos, sometiéndose a una prueba o siguiendo un protocolo… pero casi ninguno lo hace. Normalmente se le dice que lea el prospecto o se le pide que firme un papel en el que asegura que ha recibido toda la información que exige la ley a pesar de ser normalmente mentira. Y los enfermos terminan firmando porque de lo contrario no se les atiende. Es pura coacción. Y desde un punto de vista estrictamente legal, un documento inválido. El día en que los pacientes empiecen a ir a los tribunales para denunciar esto se acaba con el abuso; hoy no se animan porque nadie quiere pasarse años pleiteando solos en los tribunales pero el día en que ese pleito sea multitudinario la cosa cambiará. Y eso puede conseguirse si quien lo hace es una asociación de consumidores.

-Y usted está dispuesto a hacerlo…

-En realidad ya estoy haciéndolo.

Jose Antonio Campoy

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PORTADA Numero 217
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