Es enormemente significativo que el Ministerio de Sanidad se niegue a proporcionar datos e informaciones que son legalmente de dominio público e ignore hasta los requerimientos que en ese sentido le ha hecho hasta el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España; así ha ocurrido por ejemplo cuando Luis de Miguel Ortega solicitó que se le pasara la documentación que demuestra que las vacunas son seguras y eficaces. Se niegan a entregar esa documentación, probablemente porque no existe o es discutible. Claro que hace unos meses la ministra María Luisa Carcedo dijo que el Gobierno tenía en su poder un informe según el cual las llamadas «pseudoterapias» habían causado miles de muertes en España y cuando se le pidió que lo mostrara se negó de forma reiterada hasta que terminó confesando -dos veces por cierto- que en realidad no existía. Dijo también que había peligrosos «grupos antivacunas» en España que había que contrarrestar e igualmente terminó reconociendo que no tenía constancia de que existiera alguno. Aseguró que tenían información contundente y amplia sobre las pseudoterapias elaborada por un órgano de la Organización Médica Colegial (OMC) denominado Observatorio contra las pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias y resulta que se trata de un ente privado del que no se sabe nada ni de sus estatutos y funciones, ni de quién lo financia, ni de quiénes son sus miembros, ni de si están inmersos en conflictos de intereses, ni de qué tipo y fiabilidad son sus informes. El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades Pedro Duque diría por su parte que la Homeopatía es una pseudoterapia y había que retirarla y la propia Comisión Europea desmintió sus palabras y dejó claro que eso no iba a hacerse.
Posteriormente María Luisa Carcedo y Pedro Duque iniciarían una campaña de publicidad conjunta contra las pseudoterapias en la que se gastaron un millón de euros y ahora se enfrentan a una demanda por malversación de fondos públicos al actuar contra prácticas legales sin justificación real alguna y concedérsela encima a una empresa multada en su día por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por conducta colusoria pese a lo cual sigue beneficiándose de contratos públicos.
Y no son más que simples ejemplos de los asuntos que Luis de Miguel Ortega tiene ahora mismo entre manos por lo que nos pareció oportuno volver a quedar con él, algo a lo que accedió tras asegurarnos que «los responsables de la campaña contra las medicinas no convencionales están ya haciendo el ridículo». Esta fue la charla que mantuvimos:
-Sabemos que usted se dirigió como presidente de la Asociación de Consumidores ACUS al Consejo de Transparencia y Buen gobierno solicitando la información que le había negado previamente el Ministerio de Sanidad sobre las vacunas y el calendario vacunal que afecta a más de tres millones de menores ¿Qué pretendía con esta iniciativa?
-Ante la campaña encabezada por el Ministerio de Sanidad para criminalizar o cuestionar la actitud de algunos padres que dudan de la eficacia y seguridad de las vacunas presentamos una reclamación pidiéndoles información sobre todas las que hay en el mercado bajo 250 marcas comerciales: estudios de seguridad, epidemiológicos, cifras de fallecimientos, política de fijación de precios, etc. Una información extensa y ordenada como señala la Ley de Transparencia.
El ministerio nos ocultó sin embargo esa información así que denunciamos su negativa al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Y después de los trámites precisos nos hemos encontrado con que la información facilitada por el ministerio a instancias del consejo era muy sucinta y no aportaba absolutamente nada por lo que volvimos a reclamar y el Consejo de Transparencia, en resolución firme emitida el pasado mes de octubre, le recuerda al ministerio que tiene la obligación de entregarnos toda la información solicitada y, si así lo consideran necesario, convocar a las farmacéuticas que crean ver afectados sus intereses.
-¿Lo hará?
-No. El plazo ha pasado y no lo ha hecho. Creo que como en otras ocasiones en las que ya hemos pasado por este proceso -como es el caso de los medicamentos psiquiátricos- el ministerio intentará escabullirse así que para adelantarnos a sus intenciones hemos presentado una demanda ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional denunciando el silencio administrativo del ministerio ante el requerimiento del Consejo de Transparencia para que nos facilite la información sobre las vacunas y los medicamentos psiquiátricos que tampoco nos ha facilitado. Se trata de una carrera de resistencia, de esperar y aguantar hasta el final. Y yo creo que al final lo conseguiremos.
-¿Tiene la impresión de que el ministerio no tiene tan sistematizada ni organizada como debiera la información de ensayos y permisos de cada una de las vacunas que ustedes pidieron?
-Tengo esa sensación porque si tuviesen esa información ordenada y de acceso rápido y práctico para los médicos, los consumidores y los padres la habrían entregado. No entregándola lo que parece es que no la tienen. Por otras situaciones que hemos planteado nos da la impresión de que no es que la oculten sino de que no tienen nada.
-Da la impresión -por la resolución del Consejo de Transparencia- de que el ministerio reconoce por primera vez que la existencia de los «grupos antivacunas» a los que tanto gusta referirse es una entelequia inasumible…
-Es una de las cuestiones que planteábamos. Puesto que se ha hecho una campaña de publicidad institucional a favor de las vacunas y se dice casi a diario que existen organizaciones de antivacunas, asociaciones de antivacunas y movimientos antivacunas requerimos al ministerio que nos explicase qué control tiene de esos movimientos y asociaciones o, al menos, qué conocimiento tenía de ellos. Y la única respuesta que hemos obtenido es que el propio ministerio reconoce no tener conocimiento de ninguna organización o asociación de antivacunas.
EL ACOSO ESPAÑOL ANTE LA COMISIÓN EUROPEA
-Hablemos de algunas de las iniciativas que ha presentado usted en España y Europa en nombre de algunas de las asociaciones defensoras de las medicinas complementarias entre las que se encuentra la Asociación Española de Médicos Integrativos (AESMI) a la que asesora. Usted presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que posteriormente llevó ante la Comisión Europea. ¿Cuál era su objetivo?
-Veíamos que la actitud del Gobierno, de la Organización Médica Colegial (OMC) y, aparentemente, de la industria farmacéutica era de acoso a las medicinas alternativas y complementarias y de la Medicina Integrativa con lo que se estaba creando un acuerdo de voluntades que entendíamos afectaba directamente al mercado y a los consumidores al privarles de un conocimiento cierto de las cosas. Entendemos que eso es contrario al derecho nacional y comunitario, a la libre competencia y al libre mercado. Por eso lo denunciamos. A nuestro entender se están transgrediendo las normas básicas del juego democrático y del libre comercio.
-¿También ante la Comisión Europea?
-En la Comisión Europea repercutimos la misma denuncia entendiendo que habíamos agotado los trámites españoles y que la cuestión era ya más de ámbito comunitario que nacional. Pensamos que es mejor que se evalúe esta cuestión desde Europa porque afecta a todos los consumidores europeos y no es un asunto local de España.
-¿Cuál ha sido el resultado?
-La denuncia se presentó ante la Comisión Europea en noviembre del año pasado, se admitió a trámite, se gestionó, se hizo el requerimiento a las autoridades españolas y en julio de este mismo año la responsable que tramita el expediente en la comisión nos pidió un informe jurídico. Hicimos una encuesta a 2.500 personas -entre pacientes y profesionales- y enviamos ese informe a la comisión en agosto de este mismo año. Entendemos que al estar ya hechos los trámites y dado que son bastante serios en la comisión a finales de este año tendremos la resolución.
-¿Qué es lo mejor que podría pasar?
-Que se abra un expediente sancionador a España y se obligue al Gobierno a rectificar su política de acoso contra las terapias naturales protegiendo así a los profesionales sanitarios que las ejercen con seguridad y con el soporte científico necesario así como la libre decisión de los pacientes que deseen complementar sus tratamientos con la Medicina Integrativa y las terapias complementarias. También sería deseable que sirviera para impulsar la elaboración de un marco de regulación a nivel europeo para que la Medicina Integrativa, sus terapias y su práctica sean ejercidas con seguridad -con la debida regulación académica y científica para la protección de los pacientes- de forma unificada en toda la Unión Europea.
EL OBSERVATORIO DE PSEUDOTERAPIAS ES UNA ENTIDAD PRIVADA
–Sabemos que también se ha personado usted ante la Organización Médica Colegial (OMC) para conocer cuál es la relación estructural que mantiene con el denominado Observatorio contra las pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias, entidad que la gente piensa pertenece a la OMC.
-Pertenece a la OMC de la misma manera que la cafetería que hay allí pertenece a la OMC. Cuando nosotros empezamos este procedimiento pensábamos que se trataba de una estructura colegial, con funciones colegiales y dentro de lo que es la autonomía administrativa del colegio de médicos. Lo que nos encontramos después de varias reclamaciones y la intervención del Consejo de Transparencia es que ellos mismos reconocen que es un organismo absolutamente privado del que no sabemos ni su financiación, ni su organización, ni sus estatutos, ni sus reglamentos, ni sus funciones, ni absolutamente nada. Sus informes, por tanto, no tienen la más mínima relevancia en cuanto que es una institución privada de la cual desconocemos sus conflictos de intereses o si alguien falsifica sus informes. No hay ningún control. Una vez nosotros constatamos que es un organismo privado y opaco perdimos todo interés por esa institución. Pensamos que lo único que podemos hacer es impugnar cualquiera de sus informes porque no tienen ninguna validez.
-¿Siendo así por qué cree que la opinión pública da crédito a ese «observatorio»?
-Porque forma parte de la campaña de difamación. Al igual que se da crédito a asociaciones de las que no conocemos su domicilio real y que juegan al despiste en los juzgados para no recibir notificaciones. Forma parte de la misma campaña.
-¿Ha llevado a alguna de las asociaciones de escépticos a los tribunales?
-Estamos en ello pero las asociaciones a las que yo represento no son las que ya les han llevado a los tribunales. Han sido algunas personas -sobre todo médicos y terapeutas- que se han sentido ofendidas por las afirmaciones de esas organizaciones de pseudoescépticos e iniciaron acciones civiles y penales contra ellos… sin buenos resultados aún. Creo que en el contexto en el que estamos no es todavía la vía adecuada. Las asociaciones a las que represento -que abarcan el 90% de las terapias- entendemos que se trata de un asunto de consumo, de algo que afecta a los consumidores porque se les está malinformando y engañando y, por tanto, no es una acción personal. Por esa razón presentamos en febrero de este año una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por un presunto delito contra los consumidores que se admitió a trámite, se trasladó a la fiscalía correspondiente y se está tramitando.
-Al parecer esas asociaciones han salido indemnes de las denuncias presentadas por particulares porque se apoyaban en una sentencia en la que se reconocía de alguna forma la validez del término «pseudoterapia»; sin embargo la situación legal ha cambiado este año. ¿Cómo está ahora?
-En 2017 una sentencia del Tribunal Supremo revocó en apelación una resolución de unos juzgados ordinarios reconociendo prácticamente los términos «pseudoterapia» y «pseudociencia» con lo que de alguna manera abría la puerta al escarnio público de aquellos a quienes se quisiera relacionar con esos dos términos abriendo la veda contra cualquier terapeuta o médico alternativo. Eso cambió en febrero de 2019 cuando el Tribunal Constitucional revocó una sentencia del Tribunal Supremo y reconoció el derecho al honor de la persona que solicitaba amparo. Creo que es un hito importante porque si hay una pelea básica en este campo es desvirtuar el concepto de «pseudoterapia» que se está utilizando
-¿Podrían usar esa vía a partir de este momento las personas que se sientan injuriadas por los medios o por las citadas asociaciones?
-Sí, pero eso no quiere decir que sea de interpretación automática. Todos conocemos la mala relación que hay entre el Tribunal Constitucional y el Supremo y no es fácil que los tribunales de justicia ordinaria o los tribunales de casación acepten la doctrina del Tribunal Constitucional. Les costará. No cabe duda en cualquier caso de que es un gran paso y un gran cambio en esta dinámica.
LOS MINISTROS CARCEDO Y DUQUE, DENUNCIADOS
–La Asociación Española de Médicos Integrativos (AESMI) presentó a través de usted una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social María Luisa Carcedo y contra el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades Pedro Duque. ¿Por qué?
-Por supuesto delito de malversación de fondos públicos al poner en marcha la campaña publicitaria contra las pseudociencias. El plan de comunicación contra prácticas que son legales no tenía ninguna justificación. Además el contrato recayó en una empresa multada por la autoridad de la competencia de España -la Comisión Nacional del Mercado de Valores- por conducta colusoria pese a lo cual mantiene una posición dominante en la contratación pública. En definitiva, lejos de cumplir con su objetivo de informar y prevenir posibles abusos, la campaña generó una mayor confusión y alarma social al centrarse en una lista de pseudociencias confusa y plagada de errores que no resuelve ninguna duda a la población sino que la confunde aún más. Por el momento la denuncia está en archivo y estamos esperando la finalización del contrato para ver dónde -y con qué justificación- ha terminado el dinero.
-¿Dónde obtuvo la ministra de Sanidad María Luisa Carcedo el informe que hablaba de miles de muertos por el uso de las pseudoterapias?
-Nuca existió. Cuando lo comentó en prensa desde el ministerio -después de que se filtrara a algunos medios según dijeron éstos- dijo que lo iba a llevar a la Comisión Europea e iba a denunciar la situación. Nosotros requerimos a la ministra el informe que se supone había filtrado a dos medios de comunicación conocidos e importantes y no contestó. Insistimos. Reclamamos varias veces. Le dimos varias oportunidades de contestar… y no contestó. Así que lo que hicimos fue llevar el asunto ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno -que funciona bastante bien- y al final el ministerio reconoció dos veces que nunca ha existido ese informe y que nunca se había filtrado a ningún medio. Estamos hablando simplemente de una noticia falsa.
-Pues parece increíble que esos medios lo publicaran sin haberlo recibido del ministerio…
-No sé; la verdad es que Sanidad aparenta ser un caos pero los medios de comunicación también. Nos estamos encontrando con una obsesión por defender tesis de los gobiernos y por falsificar noticas que no es normal en un estado de derecho.
-El Ministerio de Sanidad y los medios de comunicación parecen haber ido sospechosamente de la mano contra las terapias naturales.
-Me da la sensación de que la mayoría de los medios de comunicación viven de favores políticos y de la publicidad institucional y en ellos trabajan personas agradecidas. Por tanto, cualquier instrucción que reciban del Gobierno -sea de derechas o de izquierdas- la van a hacer pública sin ningún tipo de comprobación. Hemos tenido incluso un procedimiento de rectificación en Cataluña contra un medio de comunicación de prensa e internet que ganamos, entre otras razones porque el propio medio reconoció que no había comprobado la información que publicó y cuando intentó presentar pruebas lo que aportó eran fotocopias de noticias de internet sin haber hecho el más mínimo contraste. Se le obligó a rectificar y se le condenó en costas. Y creo que es así como en estos momentos está funcionando la prensa.
-También ha denunciado a Pedro Duque por sus declaraciones contra la Homeopatía.
-Efectivamente. El pasado 29 de abril -en esa ocasión como abogado de la Fundación Terapias Naturales– presenté ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo una acción de protección jurídica del honor civil contra el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades Pedro Duque por una serie de manifestaciones que mostraban una intencionalidad difamante, insidiosa y contumaz del ministro contra la Homeopatía y otras terapias. Comentarios que no eran sino juicios de valor no basados en datos concretos y reales que sirvieron para difamar una vez más a un colectivo. De momento ya ha habido tres informes favorables de la Fiscalía del Tribunal Supremo a la tramitación de la demanda y en el último de ellos se ratifica que las declaraciones del ministro insultando a los profesionales de las terapias naturales y a sus usuarios deben ser enmarcados dentro de la responsabilidad civil personal y no de la responsabilidad del estado. Y ello quiere decir que las posibles repercusiones económicas, si las hay, recaerán sobre él y no sobre la Administración del Estado que hubiera sido decir sobre todos nosotros. En cualquier caso seguimos esperando que se pronuncie la sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desde mayo está retrasando su admisión a trámite. Pero tal es la justicia que tenemos.
PERIODISTAS MERCENARIOS
-Usted empezó en el campo del Derecho Sanitario batallando con el problema de los ingresos psiquiátricos involuntarios. ¿Cómo está la situación en estos momentos?
-La situación está igual de mal que siempre; incluso un poquito peor. Lo digo porque cuando revisamos las cifras del Consejo General del Poder Judicial sobre los internamientos y tratamientos involuntarios así como los de las incapacitaciones y esterilizaciones forzadas que hay en España vemos que las cifras no van a menos sino a más. Lejos de buscar una solución social o terapéutica al problema lo que se está haciendo es una judicialización de ellos y va a peor. La única solución es que el estado español cumpla con su obligación de crear una ley orgánica que regule el derecho de la capacidad de las personas, tanto en procedimientos civiles como penales. Hoy día la capacidad es un bien jurídico que cualquiera puede cuestionar en cualquier momento lo que sirve para venganzas políticas, familiares, económicas… Es una situación de inseguridad jurídica que hay que corregir cuanto antes. El Tribunal Constitucional le ha dicho seis veces al Gobierno que es urgente una ley orgánica que regule la capacidad individual pero parece que no tiene voluntad alguna de hacerlo.
-Hablemos de algunos casos particulares en los que usted está trabajando y que tienen cierta relevancia pública. El primero de ellos es su defensa de Josep Pàmies al que han convertido en una especie de pimpampum en el que los medios le atribuyen prácticamente de todo y nada bueno.
-Sí; además es un acoso organizado. Hemos visto incluso gente contratada para acosarle desde algunos medios de comunicación. Y en eso estamos, en defender su derecho y su honor porque lo que estamos encontrando es que no hay base científica ni informativa para afirmar lo que se está afirmando contra él desde algunos medios. Lo que él defiende no son pseudociencias ni pseudoterapias. Y recomendar plantas con un uso terapéutico nunca ha sido considerado una pseudoterapia ni puede considerarse una estafa. En cuanto a hablar del MMS, de un producto que existe, es legal en todo el mundo -especialmente en Europa- y es de uso masivo tampoco parece razonable
-¿Ha dicho usted que hay gente contratada específicamente para acosarle?
-Sí. Hemos comprobado que en algún medio de información hay profesionales que únicamente publican noticias contra él. En uno de los juicios que hemos ganado pudimos hablar con el abogado del medio de comunicación y le pedí un poco de buena fe puesto que habíamos ganado el pleito de rectificación y que no siguieran por ese camino. Entonces me reconoció que ellos no tenían ninguna voluntad de meterse con nadie ni de seguir la política de acoso. Ante lo que yo le hablé de la periodista autora de la información rectificada y le dije que sólo publicaba sobre Josep Pàmies y nunca noticias contrastadas por lo que todo lo que publicaba era prácticamente falso. Y él me reconoció que esa periodista no era suya, era una externa que según nos dijo les habían colocado allí, que hacía su trabajo y se iba sin que tuvieran ningún control sobre ella.
-¿Y no le aclaró quién la había colocado allí?
-No; eso sería mucho saber. Nosotros nos conformamos con saber que existen mercenarios dentro de los medios de comunicación que tienen objetivos muy claros. Vemos también a través de los extractos que las llamadas transferencias de valor de la industria farmacéutica se están utilizando para pagar servicios de agencias de publicidad, de servicios de información, de relaciones públicas y de agencias de noticias. Siempre se ha llamado a eso cohecho, soborno, tráfico de influencias… Ahora, con esa manía que tenemos de utilizar eufemismos, le llaman «transferencia de valor». Yo entiendo como transferencia de valor el pago a un médico por un intangible, por aquello que no se puede medir: su conocimiento abstracto. Eso hay que pagarlo de alguna manera y a eso se le puede llamar transferencia de valor; el pago que se hace a un médico por su conocimiento y su contribución a la industria. Pero llamar transferencia de valor al pago a una agencia de noticias, a una organización de congresos, a una empresa de relaciones públicas o, por ejemplo, a asociaciones de gerentes de hospitales o a asociaciones de derecho sanitario no parece razonable. O son pagos o son transferencias de valor.
Hace poco, en Bruselas, el director general de un laboratorio me contó que algunos grandes laboratorios farmacéuticos contrataron agencias de relaciones públicas para hacer frente a los «antivacunas». Obviamente no me reveló el nombre de las compañías.
EL MMS Y LAS VACUNAS, TABÚ PARA EL MINISTERIO
-¿Hasta cuándo va a seguir insinuando el ministerio cada vez que sale tema del MMS que se trata de lejía?
-El bulo de la lejía no se da sólo en el estado español. Desde Australia a Estados Unidos, en todos los países se menciona al MMS o al clorito de sodio como una forma de lejía industrial lo que forma parte de la estrategia de difamación. Uno de los síntomas que caracteriza a las noticias falsas -aparte de no tener un contraste científico o documental- es que apelan a emociones o sentimientos. Yo creo que este es un síntoma de que todo lo que rodea al MMS, al clorito sodio, es una noticia falsa o está manipulada. Considerar el clorito de sodio como una lejía no solo es un disparate científico sino una forma muy negativa de presentar a la población lo que puede llegar a ser. Por cierto, el uso como herramienta terapéutica del dióxido de cloro -de forma muy efectiva por cierto- data de 1870 aunque entonces para conseguirlo se utilizaba el clorato de potasio.
-La campaña contra el MMS resulta aún más absurda si tenemos en cuenta que está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento para ser utilizado contra la esclerosis lateral amiotrófica.
-Sí; como medicamento huérfano. En España está aprobado por ejemplo el clorato de potasio -se vende en todas las farmacias incluso sin receta- y tiene el mismo mecanismo de acción que el clorito de sodio: generar dióxido de cloro.
-En alguna ocasión le he oído decir al propio Josep Pàmies que quizás lo que se está pretendiendo es buscar un muerto que echar sobre sus espaldas después de que alguien, en su desesperación, acabe consumiendo lejía en vez de MMS.
-Pues no es descartable. Y si no lo consiguen lo buscarán o se lo inventarán. Hay una figura en la corrupción sanitaria a la que se denomina el fabricante de muertos que se dedica a buscar casos a los que luego atribuye las causas y así montar un escarnio, una alarma social. No cabe ninguna duda de que algún día nos encontraremos en la prensa con que hay un muerto por consumir una gota de MMS.
-¿Se conocen efectos adversos reales del MMS?
-En el expediente del MMS -que nos costó mucho conseguir porque la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios no quiso facilitárnoslo y lo tuvimos que obtener indirectamente- solo hay cuatro casos de reacción al MMS. El caso de una señora que informó de dolor de estómago por tomar una gota de clorito de sodio pero que tomaba varios antiinflamatorios y varias medicinas psiquiátricas por lo que atribuirle al clorito de sodio su dolor de estómago parece algo temerario. Hay otros dos casos descritos por la agencia del medicamento canadiense: una persona que tomó un trago completo de clorito de sodio por equivocación -y hablamos de unas 2.000 gotas- y no le pasó absolutamente nada (tuvo un seguimiento médico pero se recuperó en muy poquito tiempo) y otra persona que tomó 5.000 gotas -un vaso completo- y tampoco falleció. El cuarto caso es el más espectacular: un paciente que tras tomar 15 gotas fue ingresado en la UVI; resulta curioso que con 5.000 gotas una persona no vaya a la UVI y con 15 gotas otro sí. Pero aún más curioso es que normalmente el paciente que da la alerta sanitaria informa en el formulario qué patologías tiene, qué medicamentos toma y qué es lo que le ha pasado y resulta que precisamente en este caso el informe no vino del ingresado sino del médico que lo atendió y «olvidó» poner qué patologías tenía y qué medicamentos estaba tomando. Este caso parece más propio del «fabricante de muertos», un caso al que atribuir una causa concreta para generar alarma.
-Otro de los casos personales que usted está llevando es el de la doctora Isabel Bellostas a la que le abrió un expediente el Colegio de Médicos de Madrid con una propuesta de sanción de un año de empleo y sueldo por haber denunciado la actual política de vacunación, algo que parece no haber sentado nada bien en el colegio médicos.
-No, desde luego no sentaron nada bien pero el problema está en que el colegio madrileño de médicos y la administración sanitaria están interviniendo en un campo muy peligroso: el de la libertad de expresión, la libertad de cátedra y la libertad de investigación. La doctora Bellostas se ha limitado simplemente a informar al público de lo que sabe; no se ha inventado absolutamente nada. Cuando dice que hay relación entre autismo y vacuna no es algo que se haya inventado, es algo que es defendido por varios especialistas que han acreditado esa relación; no solo las vacunas, también otros tóxicos ambientales. Y cuando dice que no es bueno vacunar a las embarazadas tampoco se está inventando absolutamente nada sino constatando una realidad ya que hay muchos prospectos que dicen que no es bueno vacunar a las embarazadas. Incluso por un principio de prudencia no está de más decirlo. Es decir, no ha dicho absolutamente nada que no tenga base científica.
En cuanto al expediente es cierto que ha terminado en una propuesta de sanción pero la hemos recurrido y hasta que no se resuelva el recurso no podemos decir que la doctora Bellostas está inhabilitada; de hecho sigue ejerciendo como médico y esperamos que lo siga haciendo durante muchísimos años porque hay mucho que informar a la población sobre el tema de las vacunas.
-¿Cree usted que la campaña contra las pseudoterapias se ha desinflado?
-Mi impresión es que el Gobierno se ha desinflado. No tiene capacidad ni voluntad de seguir. Seguirán ladrando un poquito pero no pueden más. Hay problemas muy serios en España y en la Sanidad mucho más importantes que las terapias naturales y supongo que la ministra o ministro que se nombre tras las elecciones de noviembre no tendrá ni tiempo ni ganas para batallas que saben que han perdido. El problema es que desde hace cuatro o cinco meses estamos observando que quienes podrían estar detrás de esta campaña quieren trasladarla al entorno europeo. Esta campaña no termina en España. Creo que aquí hemos ganado la batalla pero una nueva se va a iniciar ahora en Europa y es ahí donde vamos a tener que empezar a pelear a partir de 2020.
-Una última pregunta: ¿le extrañó a usted en algún momento que en esta campaña contra las pseudoterapias todos los partidos políticos estuvieran de acuerdo?
-Ni sí, ni no. Hubiera sido muchísimo más estimulante la unión de todos los partidos políticos en la cámara o en la mesa de sanidad del congreso para discutir sobre los 19.000 muertos anuales que provoca la medicina alopática. Con motivo del Día de la Seguridad del Paciente en toda Europa se habló de los fallecidos por negligencias médicas y por el mal uso de los medicamentos; sin embargo en España ni siquiera se mencionó el problema. Ese debate no se ha abierto. Es una pena que se pongan de acuerdo para acosar a profesionales -muchos de ellos médicos colegiados- que no han hecho nada malo en su vida, a gente que practica una terapia para ayudar a otros o a gente que se limita a informar y, en cambio, para proteger al paciente de las negligencias médicas sean incapaces de ponerse de acuerdo.
Antonio F. Muro
