Guía de la Desinformación: cómo la gran industria manipula a la sociedad

La Union of Concerned Scientits –organización estadounidense de científicos de muy diferentes disciplinas- acaba de publicar una Guía de la desinformación, documento en Internet en el que da cuenta de las estrategias que desde hace décadas utilizan algunas corporaciones industriales para que ni los ciudadanos ni sus representantes sepan la negativa repercusión que los productos que comercializan tienen en la salud. Siendo cinco las más utilizadas: la mentira -por ejemplo presentando como investigación científica lo que no lo es-, el acoso a los científicos que denuncian tales mentiras, la distracción -crear incertidumbre ante realidades evidentes-, el blanqueo -con pagos a instituciones y personas de prestigio profesional, académico y científico- y lo que llaman la solución final, es decir, el uso de “influencias” sobre funcionarios para la adopción de decisiones políticas.

La magnitud de los comportamientos faltos de ética -cuando no ilegales- de algunas empresas para desinformar y manipular la información científica se desveló cuando el 21 de septiembre de 2004 se inició en Estados Unidos un proceso judicial contra la compañía tabaquera Philips Morris por su vergonzosa pero eficaz estrategia para negar que el tabaco fuera perjudicial; de hecho la copiarían luego importantes empresas farmacéuticas, alimentarias y energéticas. Pues bien, una organización estadounidense -la Union of Concerned Scientits (UCS) o Unión de Científicos Preocupados estudió cómo se hace agrupando sus métodos en un documento titulado Guía de la desinformación. Hablamos de una entidad cuyo germen fue una declaración efectuada en 1969 por un grupo de profesores y estudiantes del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (EEUU) en la que se pedía que la investigación científica y la tecnología desarrollada gracias a ella se utilizaran básicamente para afrontar problemas sociales y medioambientales y no en programas militares. Años después -en 1992- ese grupo encabezaría una nueva iniciativa que firmarían unos 1.700 colegas -entre ellos la mayoría de los premios Nobel en Ciencias- y se titularía Advertencia de científicos del mundo a la Humanidad que empezaba así: “Los seres humanos y el mundo natural están en curso de colisión”.

Actualmente la Unión de Científicos Preocupados (UCS) agrupa a cerca de 16.000 expertos de todas las áreas del conocimiento, empresarios, profesores y estudiantes que configuran una importante Red de Ciencias que cuenta con más de 450.000 seguidores. De hecho Charity Navigator, entidad independiente sin ánimo de lucro que evalúa organizaciones benéficas estadounidenses otorgó en 2017 a la UCS la máxima calificación -4 estrellas- y una puntuación de 91,19 sobre 100. Se trata de un equipo de analistas que ha desarrollado un sistema de calificación imparcial y objetivo con el que ya ha evaluado a más de 9.000 organizaciones tras examinar decenas de miles de documentos y valorar principalmente su salud financiera, su responsabilidad y la transparencia con la que actúan. Es pues un inestimable aval sobre la seriedad y fiabilidad de las iniciativas de UCS, centradas sobre todo en la mejora del medioambiente, el cambio climático, las energías renovables y la lucha contra el uso de antibióticos en animales entre otros problemas que inciden en la salud de las personas. Además apoya a los trabajadores que denuncian los comportamientos irregulares de las empresas en las que trabajan y la libertad de expresión de los científicos, estén estos en la empresa privada o pública. Es más, ha acusado ya varias veces al Gobierno estadounidense de interferir en el desarrollo de investigaciones científicas destinadas a rebatir iniciativas gubernamentales llegando a lograr que más de 15.000 científicos condenaran en una declaración la interferencia política en la ciencia.​

Cuando el conocimiento científico entra en conflicto con los objetivos políticos de la Administración –se dice en el manifiesto- ésta manipula el proceso para que no interfiera en sus decisiones. Por ejemplo colocando a personas no cualificadas o con claros conflictos de interés en los cargos oficiales y comités de asesoramiento científico, disolviendo comités asesores, censurando y suprimiendo informes de los científicos no gubernamentales o, simplemente, no buscando asesoramiento científico independiente”. Contundente acusación dirigida no solo a las administraciones norteamericanas sino también a algunas grandes empresas que desinforman descaradamente a la opinión pública. De ahí el documento How Corporations Corrupt Science at the Public’s Expense (Cómo las corporaciones corrompen la ciencia a costa del público) del que Disinformation Playbook -título que podríamos traducir como Guía de la desinformación o Reglas para la desinformación- es su versión para internet y según el cual son estos los cinco principales métodos que utilizan:

 1) LA MENTIRA 

El primer paso a seguir cuando los resultados de una investigación independiente contradicen la seguridad o eficacia de los productos de una compañía es mentir o fabricar investigaciones falsas para contrarrestarla haciéndolas pasar por legítimas. “Algunas compañías –asevera la UCSoptan por fabricar y publicar investigaciones falsas en revistas científicas, por publicar solo resultados positivos ocultando los negativos o por encargar estudios científicos hechos con metodologías defectuosas y sesgadas para obtener resultados predeterminados. Una estrategia que además de socavar el método científico puede tener serias consecuencias para la salud pública y la seguridad”.

La UCS pone como ejemplo la aprobación por la FDA del antiinflamatorio Vioxx de Merck explicando que según los propios documentos internos de la empresa -hechos públicos en litigios posteriores a su retirada- un equipo de mercadotecnia desarrolló una estrategia llamada ADVANTAGE (Evaluación de las diferencias entre Vioxx y Naproxen para determinar la tolerabilidad y eficacia gastrointestinal) cuyo fin fue sesgar descaradamente los resultados de los ensayos clínicos para que su medicamento pareciese mejor. El análisis de los mismos demostró que el ensayo fue diseñado con un objetivo exclusivamente comercial y que ello se ocultó a los participantes, a los investigadores médicos y a los miembros de la junta de revisión institucional. Así se denunció en 2008 en un artículo que apareció en Annals of Internal Medicine con el título The ADVANTAGE seeding trial: a review of internal documents (El ensayo de siembra ADVANTAGE: una revisión de los documentos internos) en cuya conclusión se dice: “La evidencia documental muestra que ADVANTAGE es un ejemplo de marketing presentado como ciencia. Los documentos indican que fue un ensayo de siembra desarrollado por la división de mercadotecnia de Merck para promover la prescripción de Vioxx (rofecoxib) cuando estuviera disponible en el mercado”.

En pocas palabras: los autores del estudio ocultaron que el Vioxx aumenta en un 400% el riesgo de sufrir un ataque cardíaco estimando la FDA que solo en Estados Unidos causó entre 88.000 y 139.000 ataques cardíacos -de los que ente el 30% y el 40% fueron mortales- en los apenas 5 años que estuvo en el mercado. Investigaciones posteriores demostrarían además que los 20 documentos que informaban de los ensayos clínicos habían sido escritos por empleados de Merck y que en 16 se utilizó a científicos externos para que firmaran como autores principales sin haberlo sido. Es lo que se conoce como ghostwriter o escritor fantasma.

2) EL ACOSO

 La segunda técnica es la de acosar a los científicos que sostienen resultados o puntos de vista «molestos». “Las empresas y asociaciones comerciales de la industria –explica la UCStratan a veces de enterrar información científica hostigando o intimidando a los científicos cuyas investigaciones amenazan sus resultados, coacción que puede hacerse de diferentes formas. Nuestros estudios demuestran que las corporaciones les amenazan con no financiar sus investigaciones, dificultar o impedir su promoción, cambiarles de puesto de trabajo o empañar su reputación. Y algunas intentan silenciarlos incluyendo en sus contratos de investigación o trabajo cláusulas de confidencialidad, iniciando contra ellos pleitos para que tengan que dedicar a ello su tiempo y recursos o haciendo que las universidades sean menos propensas a apoyar investigaciones suyas importantes y relevantes. Tácticas que tienen todas un mismo fin: silenciar a los científicos y reprimir la ciencia independiente”.

La UCS pone como ejemplo lo que hizo GlaxoSmithKline para silenciar al Dr. John Buse -de la Universidad de Carolina del Norte (EEUU)-, científico que en un simposio organizado por la Asociación Americana de la Diabetes en 1999 alertó de que el riesgo de sufrir problemas cardíacos si se tomaba Avandia –su fármaco para la diabetes tipo 2- era muy alto. Once años después -en julio de 2010- un comité asesor de la FDA pediría su retirada aunque al final ésta solo estableció restricciones para su uso.

Pues bien, una investigación del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos demostró que en el momento de la denuncia de Buse el entonces presidente de la multinacional, Tadatka Yamada, propuso actuar contra él al escribir: «Creo que hay dos líneas de actuación: una es demandarlo por difamar a sabiendas nuestro producto; la otra lanzar una ofensiva bien planificada en nombre de Avandia”. El informe agrega que Yamada telefoneó además al director del departamento de Buse, Fred Sparling, para que éste le avisara de que podía enfrentarse a una demanda ante la caída del valor de las acciones de la compañía por casi 4.000 millones de dólares. Amenaza ante la cual Buse firmaría una carta redactada por la propia multinacional -encabezada por un A quien corresponda– en la que decía que sus comentarios “habían sido sacados de contexto”. Carta que el laboratorio utilizó para que los analistas financieros modificaran su evaluación. Años después Buse mandó un correo electrónico a un colega diciéndole al respecto: “Ciertamente me sentí intimidado por ellos (…) Me avergüenza haber cedido tantos años”. El informe del comité del Senado afirma que en lugar de reconocer los hechos el laboratorio prefirió “lanzar una campaña de relaciones públicas negando las evidencias”.

En 2007 un metaanálisis de 42 ensayos aleatorios controlados del fármaco confirmó los hallazgos de Buse: Avandia aumenta un 43% el riesgo de padecer problemas cardíacos entre los diabéticos que lo toman.

3) LA DISTRACCIÓN 

Cuando la industria no puede evitar que la investigación independiente se difunda dejando en evidencia un producto suyo lo que intenta entonces es socavar la credibilidad del trabajo y de sus autores ante el público y los propios organismos reguladores. “Nuestros estudios de casos –dice el informe de la UCSmuestran cómo las corporaciones han desplegado asociaciones comerciales y grupos pantalla con nombres inofensivos para socavar la ciencia, influir en la opinión pública y obtener acceso a los responsables de las políticas manteniendo la ilusión de independencia. Trabajar para generar dudas y crear la apariencia de incertidumbre es un flagrante abuso sobre la forma en que la ciencia independiente opera para desarrollar conocimiento e informar al público sobre las amenazas a su salud y bienestar”.

Entre los ejemplos que pone la UCS para explicar este tipo de comportamientos se cita a la industria azucarera y su intento de alejar de sí toda responsabilidad en el aumento de la obesidad y las patologías a las que su alto consumo da lugar como demostraron los investigadores de la Universidad de California Cristin Kearns, Laura Schmidt y Stanton Glantz tras revisar cientos de documentos de la Sugar Research Foundation. En la monografía Added Sugar, Subtracted Science. How Industry Obscures Science and Undermines Punlic Health Policy on Sugar (Azúcar añadida, ciencia sustraída: cómo la industria oscurece la ciencia sobre el azúcar y mina la política de salud pública) la UCS cuenta cómo para conseguirlo la industria utilizó todas y cada una de las tácticas señaladas en la Guía de desinformación. Utilizando concretamente la táctica de la distracción que consiste en defender sus tesis no directamente sino mediante personas, empresas u organizaciones externas ocultando que están detrás de ellas. Es lo que se conoce como personas o grupos «pantalla».

Y pone -entre otros- el ejemplo de la Corn Refiners Association o Asociación de refinadores de maíz. Entre 1970 y 2000 el aumento del consumo de jarabe de maíz coincidió con un claro aumento de las tasas de obesidad y de enfermedades metabólicas crónicas como la diabetes, las cardiovasculares y la hipertensión así que la asociación contrató a una firma de relaciones públicas –Berman and Company- para llevar a cabo una campaña que mejorara la imagen del azúcar. Y lo que se les ocurrió fue utilizar una presunta organización sin ánimo de lucro llamada Centro para la Libertad del Consumidor que aseguraba estar «dedicada a promover la responsabilidad personal y proteger las elecciones del consumidor«. Una entidad «pantalla», vamos. De hecho se han podido rescatar correos electrónicos internos como el que en 2009 envió su entonces presidenta Audrae Erickson: “Nuestro patrocinio de esta campaña es confidencial. Estamos financiando Berman & Co. directamente, no el Centro para la Libertad del Consumidor que está publicando los anuncios. Si se le pregunta no dude usted en decir lo siguiente: ‘The Corn Refiners Association no está financiando el Centro para la Libertad del Consumidor». ¿Y en qué consistía la campaña? Pues en anuncios para socavar la confianza de los consumidores en los datos de la investigación independiente.

Lo mismo que hace la International Food Information Council Foundation, entidad financiada por la industria de alimentos y bebidas para desinformar sobre los efectos adversos del azúcar para la salud. De hecho en su web Azúcar y recursos de salud tiene la desfachatez de afirmar que «a día de hoy no hay evidencia concluyente de que el azúcar de lugar a enfermedades crónicas” agregando que «en general los datos disponibles no muestran vínculo directo entre el consumo moderado de azúcares y enfermedades graves o la obesidad”.

La UCS concluiría diciendo en su monografía de 2014 Added Sugar, Subtracted Science: How Industry Obscures Science and Undermines Public Health Policy on Sugar (Azúcar agregada, ciencia sustraída: cómo la industria oscurece la ciencia y mina la política de salud pública sobre el azúcar) lo siguiente: «La industria del azúcar ha financiado asociaciones comerciales, grupos de opinión y empresas de relaciones públicas para ocultar intencionadamente conocimientos científicos y mantener al público en la oscuridad. Y ha trabajado para influir en los procesos democráticos destinados a promover políticas públicas que afronten la creciente preocupación que el excesivo consumo de azúcar tiene en la salud. La confusión pública creada y su intensa presión sobre los responsables políticos para que no actúen ha hecho que éstos vieran limitada su capacidad para frenar el consumo mediante iniciativas políticas a nivel federal, estatal, y local”.

4) EL BLANQUEO

La expresión blanqueo no se refiere en este contexto a la legalización de dinero negro sino a tapar sus negras intenciones con el blanco de la respetabilidad académica. En otras palabras, ante su cada vez menor credibilidad científica la industria ha optado por hacer que sean instituciones y personas de prestigio las que avalen lo que les interesa… condicionándolas. Es decir, les proporcionan grandes cantidades de dinero y se aseguran de que luego éstas, para no perderlas, les tengan «contentos».

Muchas compañías –señala la UCS- forjan fuertes conexiones financieras con los departamentos de investigación universitarios con el legítimo objetivo de promover conocimientos. Patrocinan presidencias académicas, dan becas a estudiantes, financian investigaciones… Acuerdos que les ayudan a mejorar su imagen por tener como socios a prestigiosas instituciones académicas y sociedades profesionales. Pues bien, según nuestros estudios las empresas explotan esas alianzas académicas para influir en la investigación y difundir información errónea que sirva a sus intereses corporativos aunque ello socave a la ciencia”.

Es el caso de Coca-Cola. Hace poco más de dos años reconoció que en solo un lustro había «invertido» 21,8 millones en investigación científica y 96,8 millones en «apoyar asociaciones y eventos relacionados con la salud y el bienestar». Dato que dio a conocer ante el escándalo que generó la publicación en el New York Times de un artículo de denuncia titulado Coca-Cola Funds Scientists Who Shift Blame for Obesity Away From Bad Diets que en su edición en español se tradujo como Coca-Cola financia a científicos que buscan explicaciones alternativas para la obesidad. Un texto en el en el que además se desvelaron los estrechos vínculos existentes Coca-Cola y Global Energy Balance Network (GEBN), organización que agrupa a científicos de muy diversos países cuyo presunto objetivo es estudiar el equilibrio entre las calorías ingeridas con la alimentación y las consumidas con el ejercicio físico a fin de encontrar la fórmula que ponga fin a la epidemia de obesidad y diabetes tipo 2 que padecen los estadounidenses y, por ende, el resto de los occidentales. Es decir, un caso de «blanqueo» descarado. En lugar de negar sin más que el exceso de azúcar sea dañino -porque nadie se lo creería- crearon una entidad integrada por personalidades para que fuera ella la que lo dijera (lea en nuestra web el artículo titulado Coca-Cola, acusada de subvencionar a científicos para que desmientan los efectos perjudiciales de sus bebidas publicado en el nº 187 de la revista).

“Coca-Cola, principal productor mundial de bebidas azucaradas –explicaba el artículo del diario neoyorquino con ironía- está apostando por una nueva solución ‘científica’ a la crisis de la obesidad: uno debe hacer más ejercicio y preocuparse menos de contar calorías para mantener un peso saludable. El gigante de las bebidas se ha unido a científicos influyentes que fomentan este mensaje en revistas médicas, conferencias y redes sociales. Y para ayudarles en esa difusión Coca-Cola ha brindado apoyo financiero y logístico a una nueva organización sin ánimo de lucro llamada Global Energy Balance Network que promueve el mensaje de que los estadounidenses suelen obsesionarse con cuánto comen y beben pero no prestan suficiente importancia al ejercicio físico”. Como parte del acuerdo de financiación, según señala la UCS, fue la propia multinacional la que eligió a los ejecutivos de la Global Energy Balance Network, la que redactó su declaración de objetivos y la que se ocupó de su página web.

La empresa contrató además a académicos que ya habían recibido antes fondos de Coca-Cola y otras compañías de alimentos. Como el Dr James O’Hill -cofundador de Global Energy Balance Network y presidente de la misma durante un tiempo- quien ya había tenido vínculos con PepsiCo, McDonald’s y Sugar Association. Y como otros dos de los miembros «fundadores»: el Dr. Steven N. Blair -de la Universidad de Carolina del Sur– y el Dr. Gregory A. Hand -Decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Virginia Occidental entre 2008 y 2015-. Ambos habían recibido ya de Coca-Cola anteriormente cuatro millones de dólares para «investigación».

El nuevo instituto de investigación financiado por Coca-Cola –explica por su parte la UCS- utilizó estudios financiados por la compañía para argumentar que había ‘pruebas sólidas’ de que el aumento de peso se puede prevenir no reduciendo el consumo de calorías ‘sino manteniendo un estilo de vida activo y comiendo más calorías’. Coca-Cola pretendió utilizar el instituto para cambiar el debate sobre la obesidad alejándolo del consumo de calorías y centrarlo en el ejercicio financiando ‘ciencia amigable’ pero en cuanto la sociedad supo la verdad y de donde procedían los fondos del instituto Coca-Cola anunció que detenía sus operaciones por ‘limitaciones de recursos’». Y es que ya se sabe que Coca-Cola es una empresa con muy poco dinero…

5) LA INFLUENCIA

Que las grandes multinacionales tienen grupos de presión para influir en los gobiernos y en las más altas instituciones internacionales -la OMS, la FDA, la EMA, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, etc.- es bien sabido porque han conseguido que hasta sea legal solo que algunas han traspasado el límite de lo tolerable. Y eso es lo que denuncia la UCS en su informe: “Algunas compañías llegan a socavar la forma en que las agencias federales usan la ciencia para desarrollar sus políticas presionando para conseguir cambios que dificulten su misión; utilizando incluso contactos políticos para acceder a funcionarios de alto nivel. Son acciones que comprometen la capacidad del Gobierno para proteger al público. Lamentablemente las ‘puertas giratorias’ entre la industria y los gobiernos permiten que personas vinculadas con ella ocupen puestos clave en la toma de decisiones a pesar de haber claros conflictos de interés”.

Denuncias que coinciden por cierto con las que efectuó en el nº 215 de la revista el Dr. Ildefonso Hernández Aguado -catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández de Alicante y ex Director General de Salud Pública entre 2008 y 2011- en las que diría: “Las tácticas más intensas incluyen ilegalidades tan burdas como ofrecer sobornos. ¡Incluso a la máxima autoridad de un ministerio! Pero además nos han narrado otros casos de ilegalidad límite; como cuando, por ejemplo, una conocida compañía farmacéutica trató de chantajear al Ministerio de Sanidad durante la pandemia de influenza A de 2009 amenazando con interrumpir el suministro de la vacuna a menos que se les diera un contrato que les eximiera de cualquier responsabilidad en caso de efectos adversos. También se mencionaron durante las entrevistas ataques personales directos a las autoridades sanitarias usando periódicos y revistas populares entre profesionales de la salud. Por otra parte, el fenómeno de las ‘puertas giratorias’ fue confirmado por varios directores generales que describieron no sólo cómo algunas compañías industriales les ofrecían puestos una vez salieran del ministerio sino incluso la solución para eludir la ley que prohíbe durante 2 años su contratación tras dejar el cargo: mediante la incorporación transitoria a una fundación relacionada con la compañía. Y son solo algunos ejemplos”.

El 27 de junio de 2017 la Academia Estadounidense de Pediatría y el Environmental Working Group EWG enviaron al responsable de la Agencia de Protección Ambiental Scott Pruitt una carta protestando por la reciente decisión de la agencia de levantar la prohibición establecida en el año 2000 -bajo la administración de Barak Obama– del pesticida clorpirifós, uno de los insecticidas más ampliamente usados ​​en el país en los cultivos de maíz, soja, árboles frutales, nueces, coles de Bruselas, brócoli y otros alimentos. El clorpirifós es claramente perjudicial para los fetos en desarrollo, los bebés y las mujeres embarazadas al estar asociado a daños en el desarrollo neurológico en niños pero afecta seriamente a todos los miembros de las comunidades situadas alrededor de las zonas de cultivo. Las exposiciones prenatales a este insecticida pueden fomentar nacimientos de bajo peso, disminuir el coeficiente intelectual y ocasionar trastornos de atención y retrasos en el desarrollo motor de los niños.

“Hay amplia evidencia científica -dicen en la carta- de los efectos perjudiciales de la exposición al clorpirifós en fetos en desarrollo, bebés, niños y mujeres embarazadas. Al igual que otros pesticidas organofosforados el clorpirifós interfiere con las enzimas del sistema nervioso”. Y añaden: “Sus cerebros y sistemas nerviosos aún están haciendo conexiones y procesos de maduración que son particularmente sensibles a la interferencia de los pesticidas. Los niños entran en contacto con pesticidas a diario a través del aire, los alimentos, el polvo y el suelo así como en superficies a través de aplicaciones públicas en céspedes y jardines, el uso de insecticidas domésticos, su utilización para el control de plagas y los residuos de productos agrícolas”.

Para la UCS el hecho de que la Agencia de Protección Ambiental haya actuado obviando sus propias investigaciones solo lo explica la influencia de la empresa fabricante –Dow Chemical Company- sobre la Administración de Donald Trump.La historia completa de la participación de Dow Chemical en la decisión sobre los clorpirifos de Pruitt –señala la UCS- aún se está investigando pero la evidencia circunstancial de las semanas y meses previos a la decisión es muy significativa: Dow Chemical donó un millón de dólares para financiar las actividades inaugurales del presidente Trump. Y su presidente y Consejero Delegado, Andrew Liveris, fue un asesor clave de la Administración Trump encabezando el American Manufacturing Council (…) Dow gastó más de 13,6 millones en cabildeo en 2016 y más de 5,2 millones en el primer trimestre de 2017 trabajando con la EPA, la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso en diversas actuaciones políticas, incluida la regulación de los clorpirifos. Y en junio se desveló que Pruitt se había reunido con el CEO de Dow Chemical antes de tomar la decisión de permitir el uso continuo de clorpirifos en todo Estados Unidos”. Sin comentarios.

Y es que la única manera de combatir la desinformación es conocer sus tácticas y proteger a aquellos investigadores que día tras día se plantean si servir a sus convicciones o al dinero que financia su trabajo.

Antonio F. Muro

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PORTADA Numero 217
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Julio-Agosto 2018
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