Los productos alimenticios, dietéticos, fitoterápicos y ortomoleculares no son “medicamentos”

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado en ridículo a los ministerios de Sanidad comunitarios –incluido el nuestro- al dictar una sentencia en la que deja bien claro que el hecho de que un producto alimenticio, dietético, fitoterápico u ortomolecular produzca efectos fisiológicos y se comercialice en forma de pastillas, cápsulas o ampollas no lo convierte sin más en un medicamento que requiere ser aprobado. Y condena al Gobierno alemán por obstaculizar la venta de un producto de extracto de ajo con tal argumentación añadiendo además que no se pueden alegar de forma genérica “posibles riesgos para la salud” para impedir la venta de algo: hay que justificarlo científicamente.

Durante años las empresas españolas dedicadas a la elaboración de complementos alimenticios, dietéticos, fitoterápicos y ortomoleculares han vivido pendientes del arbitrio de las autoridades sanitarias, dispuestas a retirar del mercado muchos de tales productos de manera caprichosa –en unos sitios sí, en otros no; unas marcas sí, otras no-, actuando a menudo de forma ignominiosa –enviaban a las fuerzas de seguridad sin que éstas hayan tenido nunca reparo en hacerlo públicamente y no de manera discreta como exige la ley al punto de que llegaron a cachear a muchos empleados como si fueran delincuentes- y todo ello con una excusa –que no razón- denunciada hasta la saciedad en esta revista: alegar que aportan algún beneficio para la salud. Porque según las autoridades sanitarias europeas -incluidas las españolas- decir en un prospecto o en una etiqueta que un alimento, una planta o un complejo vitamínico mejora la salud es ilegal ya que tal cosa sólo pueden alegarla los medicamentos. Y si un fabricante vende cápsulas de ajo y dice que ese bulbo es antibacteriano –lo que todo el mundo sabe y está constatado- su producto pasa a ser considerado medicamento y como no ha pedido su aprobación como tal es ilegal y debe retirarse del mercado. Tal sinsentido, tamaña aberración, ha llevado durante años a actuaciones claramente delictivas tanto por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo como de las distintas consejerías autonómicas que en su momento justificaron sus actuaciones diciendo que lo hicieron para “proteger a los ciudadanos”. Con lo que varias empresas españolas fueron conducidas al borde del precipicio económico -cuando no arrojadas directamente a él- mientras esperaban la resolución en los tribunales de los recursos presentados contra las requisas de sus productos en almacenes y herbolarios, en muchos casos a golpe de pistola o metralleta. Y todo para dejar a la industria del medicamento la exclusiva del negocio.
Discovery DSALUDlo ha denunciado clara y abiertamente en numerosos textos destacando ciertamente el publicado en el número 48 -correspondiente a marzo del 2003- con el título Persecución organizada de los productos naturales cuyo antetítulo no dejaba lugar a dudas: No hay base legal ni científica para la retirada de productos naturales ordenada por Sanidad.
Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia firmada a finales del pasado año que acaba de darse a conocer, nos ha dado la razón. Los jueces, en ella, destacan sobre todo dos cosas:
1) No se puede calificar de medicamento a un producto natural o a un complemento por el simple hecho de que produzca efectos fisiológicos beneficiosos para la salud.
2) Si un estado deniega a una empresa el permiso de comercialización de algún producto autorizado previamente en otro estado de la Unión como complemento alimenticioaduciendo que “puede suponer un riesgo para la salud de las personas” deberá aportar las evidencias científicas de que es así para poder impedir su venta.
La sentencia del alto tribunal europeo da así la razón a la Comisión Europea que fue la que presentó ante él el caso tras recibir la denuncia de una empresa a la que el Ministerio Federal de Sanidad de Alemania le había denegado el permiso de importación y comercialización de ¡un preparado de ajo en cápsulas! basándose en que no se trataba de un alimento sino de ¡un medicamento! El producto en cuestión se comercializaba con la designación de “cápsulas de extracto de ajo en polvo” siendo el contenido de cada cápsula de 370 mg de extracto de ajo en polvo; es decir, el equivalente a 7,4 g de ajo fresco crudo por cápsula.
En su redacción final el Tribunal no puede ser más claro y afirma que debe:
1) Declarar que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 28 CE y 30 CE al clasificar como medicamento un preparado de ajo en forma de cápsulas que no encaja en la definición de medicamento del artículo 1, número 2, de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano.
2) Condenar en costas a la República Federal de Alemania”.
El artículo 28 CE mencionado prohíbe las restricciones a la importación entre los estados miembros. Y el artículo 30 CE, que habla de posibles excepciones, permite sólo prohibiciones o restricciones a la importación cuando estén justificadas en razones de seguridad pública y protección de la salud y vida de las personas siempre que no constituyan un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los estados miembros que es precisamente lo que el Tribunal considera que ha ocurrido en este caso (el subrayado es nuestro).

ALIMENTOS Y NO MEDICAMENTOS

El Gobierno alemán empleó argumentos escuchados con reiteración en muchas otras actuaciones de las autoridades sanitarias españolas. Sencillamente, entendieron que el preparado de ajo en cuestión era un medicamento porque se comercializaba en cápsulas y poseía “propiedades farmacológicas” –es decir, efectos terapéuticos- en tanto contribuye a prevenir alteraciones patológicas del organismo humano, en particular la arteriosclerosis. El Gobierno alemán alegó además que ni la Directiva de medicamentos ni la jurisprudencia del Tribunal de Justicia han establecido ningún “umbral de relevancia” a partir del cual hayan de acreditarse determinados grados de eficacia farmacológica. Por lo que consideraron que, una vez afirmada la “eficacia farmacológica”, dejaba de tener importancia si la disminución del riesgo de arteriosclerosis es ligera o sustancial.
Por su parte, la Comisión Europea alegó que el producto NO era un medicamento y, por tanto, Alemania estaba dificultando la libre circulación de productos entre los estados miembros de la Unión. “El ajo –puede leerse en el Diario Oficial de la Unión Europea- es un producto alimenticio cuya utilización está muy extendida. El comercio con ajo no está limitado por razones de protección de la salud. El producto no es ningún fármaco por su presentación ya que no está indicado ni aconsejado para la curación o la prevención de enfermedades ni tiene la presentación característica de un medicamento. Tampoco se trata de un medicamento desde el punto vista funcional. El reducido efecto preventivo del ajo contra la arterioesclerosis no confiere al producto carácter de medicamento. En primer lugar, tal efecto se consigue precisamente a través del consumo del ajo en las más diversas formas. En segundo lugar, otros alimentos, como por ejemplo diferentes clases de pescados, previenen la arterioesclerosis. En tercer lugar, con carácter general, son numerosos los alimentos (tomate, brócoli, cacao, etc.) que reducen el riesgo de diferentes enfermedades”.
Las conclusiones motivadas y la propuesta de respuesta al conflicto fueron realizadas ante el Tribunal por la Abogada General Verica Trstenjak quien prácticamente asumió en su totalidad la argumentación de la Comisión.
Si un producto del que se afirma que es un medicamento –afirma Trstenjak en su escrito de Conclusiones ante el Tribunal- no tiene más efectos de los que ofrece un alimento corriente queda demostrado que sus propiedades farmacológicas no bastan para afirmar su naturaleza de medicamento. A juicio de la Comisión un producto que no tiene más efectos que ésos no supera la barrera entre alimento y medicamento desde el punto de vista de su función”.
La parte más interesante de la argumentación de la Abogada General es en todo caso la que se refiere a la definición de medicamento por la función: “La definición de medicamento por su función en el artículo 1, número 2, párrafo segundo, de la Directiva 2001/83 debe entenderse en el sentido de que solamente comprende aquellas sustancias o composiciones de sustancias que estén destinadas a influir en las funciones fisiológicas del organismo humano. Este concepto engloba los productos que, efectivamente o según los efectos anunciados, puedan afectar al cuerpo humano de una manera que influya significativamente en las condiciones de su funcionamiento”.
A partir de ahí Trstenjak realiza una crítica nada velada a los legisladores europeos y al propio tribunal. “Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha dejado sin resolver la cuestión de cómo ponderar esas características y hasta ahora tampoco ha formulado una definición del concepto de propiedad farmacológica salvo la referencia a que entre ellas están las ‘consecuencias sobre la salud en general’  (…) La necesidad de una definición inequívoca de las propiedades farmacológicas se pone de manifiesto sobre todo en casos como el presente en el que se trata de calificar productos que poseen, junto a sus propiedades alimenticias, reconocidos efectos beneficiosos para la salud”.
Así que pasa a aclarar algo decisivo: “Como bien expuso el Abogado General Tesauro en el asunto Delattre la formulación contenida en el artículo 1, número 2, párrafo segundo, de la Directiva 2001/83 –“restablecer, corregir o modificar las funciones fisiológicas del hombre”- no parece estar redactada así para englobar también productos que, aunque por su naturaleza seguramente influyan en las funciones del organismo, esencialmente tienen una finalidad alimenticia. Ya he expuesto anteriormente que este tipo de interpretación no sería positiva ni para la protección de la salud ni para la libre circulación de mercancías. Y tampoco puede ser ésa la intención del legislador comunitario”.
A partir de ahí se niega la naturaleza del producto como medicamento alineándose con la Comisión. “Aunque nadie duda que el consumo de ajo tiene efectos positivos en el organismo humano -afirma- sus efectos no se pueden considerar sustancialmente mejores ni distintos de los de otros productos vegetales o animales que se ingieren con la alimentación diaria. Como argumenta la Comisiónen su demanda, tales efectos también pueden conseguirse con otros alimentos y mediante una determinada dieta. Así, pescados de mar como el salmón, el atún, el arenque y la sardina contienen ácidos grasos omega-3 que también reducen el riesgo de arteriosclerosis. Además tienen efectos análogos las vitaminas C y E, y el mineral selenio, todos los cuales pueden ingerirse mediante alimentos comunes pero también mediante complementos alimenticios.”
Y en el punto 64 de sus conclusiones defiende lo que desde esta revista llevamos defendiendo años: “En cualquier caso –dice- no todo efecto reductor de riesgos o beneficioso para la salud que pueda tener un alimento hace que deba ser clasificado forzosamente como medicamento pues de lo contrario los estados miembros podrían obstaculizar el comercio de tan valiosos alimentos y privar a los consumidores de sus beneficios. Salta a la vista que esta consecuencia se opone diametralmente a los fines de la libre circulación de mercancías”. Por lo que tras calificar de incomprensible la referencia del Gobierno alemán a los riesgos asociados al consumo de ajo termina por negar -como finalmente aceptó el Tribunal- que el producto pueda ser clasificado como medicamento.
Igualmente interesante es el seguimiento de la argumentación jurídica -posteriormente respaldada por el Tribunal- por la que se volvió a recordar y dejar de manifiesto que es a los estados a los que les toca probar que existe un riesgo antes de prohibir o limitar la circulación de un producto. “En este sentido –señala- la carga de la justificación recae tanto más sobre el estado miembro cuanto mayores sean los requisitos jurídicos y de hecho para la comercialización (…) En estas circunstancias la prohibición de introducir en el mercado como alimento el producto en cuestión y la obligación de obtener una autorización para medicamentos sólo podrán considerarse medidas proporcionadas si son realmente necesarias para proteger la salud pública”.

SENTENCIA

La sentencia, como dijimos, se hace eco básicamente de las argumentaciones presentadas por la Abogada General en su escrito de conclusiones y recomendaciones.
En cuanto a que pueda ser considerado medicamento un producto por su “presentación” el Tribunal es claro: “En el presente caso se desprende de los autos que el preparado controvertido no se describe ni se recomienda como si fuera un producto con propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades, ni en el etiquetado, ni en la información de su embalaje, ni de ninguna otra manera. Por consiguiente, habida cuenta de los elementos de que dispone el Tribunal de Justicia, ha de llegarse a la conclusión de que ningún aspecto de su envase hace que el producto controvertido se asemeje a un medicamento salvo por la presencia en el embalaje de la fotografía de una cabeza de ajo que también aparece en el caso de determinados productos comercializados como medicamentos en Alemania. No obstante, la presencia de la fotografía de una planta en el embalaje de un producto no basta para inspirar a un consumidor medianamente informado una confianza semejante a la que inspiran habitualmente los medicamentos.” El Tribunal recuerda además que la presentación en cápsulas no es sólo propia de los medicamentos.
Por lo que se refiere al problema de la función, de los efectos sobre la salud de un complemento alimenticio, el Tribunal entiende que “aunque la amplitud de esta definición (medicamento) permite incluir productos que aun pudiendo incidir en la funciones orgánicas tienen en realidad otro objetivo este criterio no puede abocar a calificar de medicamentos por su función a sustancias que, si bien tienen cierta influencia en el cuerpo humano, no tienen efectos significativos en el metabolismo y, por tanto, no modifican en sentido estricto las condiciones de su funcionamiento. (…) En consecuencia, y a fin de mantener el efecto útil de este criterio, no basta con que un producto tenga propiedades beneficiosas para la salud en general sino que debe tener por función la prevención o la curación en sentido estricto. La pertinencia de la afirmación anterior es aún mayor si se piensa en los productos a los que, siendo alimentos, se les reconoce además efectos beneficiosos para la salud. Como ha señalado la Abogada General en el punto 60 de sus conclusiones existe un gran número de productos a los que se considera generalmente como alimentos pero que también pueden utilizarse objetivamente para fines terapéuticos. Ahora bien, esta circunstancia no basta para conferirles la condición de medicamento en el sentido de la Directiva 2001/83”.
De ahí que el Tribunal entienda que tampoco por su función el complemento estudiado pueda ser considerado medicamento. “En estas circunstancias –se lee en el texto del fallo judicial– ha de llegarse a la conclusión de que el producto controvertido, cuya incidencia en las funciones fisiológicas no es superior a los efectos que un alimento consumido en cantidades razonables puede tener en dichas funciones, no tiene efectos significativos en el metabolismo y, por tanto, no puede ser calificado de producto capaz de restablecer, corregir o modificar las funciones fisiológicas del hombre en el sentido del artículo 1, número 2, párrafo segundo, de la Directiva 2001/83.”
Por lo cual rechaza que el hecho de que un producto pueda suponer un riesgo para la salud indique per se que tiene efecto farmacológico.
En suma, el alto Tribunal europeo responsabiliza a la República Federal de Alemania de obstaculizar los intercambios intracomunitarios de un producto legalmente comercializado en otro país. Siendo entonces cuando recuerda -como hiciera la Abogada General- que la carga de la demostración de los posibles riesgos recae en las propias autoridades del estado que pretende negar el permiso de comercialización.
Incumbe a las autoridades nacionales que ello invocan  –afirma la sentencia- demostrar en cada caso, a la luz de los hábitos alimentarios nacionales y habida cuenta de los resultados de la investigación científica internacional, que su normativa es necesaria para proteger efectivamente los intereses contemplados en dicha disposición y, en especial, que la comercialización de los productos de que se trata plantea un riesgo real para la salud pública”.
Recuerda asimismo el tribunal que antes de llegar a la prohibición total hay una serie de acciones que pueden y deben ejecutarse por las autoridades: “Además el estado miembro, en lugar de someter el producto a dicho procedimiento, podría haber previsto un etiquetado apropiado que advirtiera a los consumidores de los riesgos potenciales del consumo del producto. Esta solución, que obedecería al objetivo de la protección de la salud pública, habría producido restricciones menos importantes a la libre circulación de mercancías”.
Concluyendo: la República Federal Alemana ha sido declarada culpable de impedir la libre circulación de mercancías en el territorio de la Unión por confundir medicamento y complemento alimenticio. Y condenada al pago de las costas.
Obviamente esta sentencia, aunque se ha dictado atendiendo a la reclamación de un producto que contiene “cápsulas de extracto de ajo en polvo”, abre la vía para que cualquier producto alimenticio, dietético, fitoterápico u ortomolecular comercializado en Europa sea tratado de la misma manera.
Y deja en evidencia en nuestro país a todos los responsables del Ministerio de Sanidad y Consumo de los últimos años–Celia Villalobos, Ana Pastor, Elena Salgado yBernat Soria- y a quienes han ocupado las Consejerías de Sanidad de la práctica totalidad de las comunidades autónomas. A todos nos vienen a la mente en estos momentos casos vergonzosos como los vividos por Laboratorios Oikos -que dirige Antonio López Román- y, sobre todo, lo acaecido en el caso del Bio-Bac (hoy Renoven),de venta legal hoy en toda Europa y cuya comercialización en España siguen obstaculizando las autoridades sanitarias españolas -en un alarde de manifiesta  irresponsabilidad y desprecio a la legalidad- incumpliendo la legislación convencidos de su total impunidad.

Francisco San Martín
Reacuadro:


El ignominioso comportamiento de nuestras autoridades sanitarias

Como bien explicamos en el texto central de este reportaje Discovery DSALUD ha denunciado numerosas veces la persecución legal de los productos naturales en España, información que se resumió ampliamente en el número 48 de la revista -correspondiente a marzo del 2003- en un artículo elaborado por nuestra actual Redactora-Jefe  y que apareció con el título Persecución organizada de los productos naturales.
La entradilla de aquel texto –escrito hace ya ¡cinco años!- era contundente: “El Ministerio de Sanidad y Consumo ‘presume’ de haber retirado del mercado -hasta diciembre pasado- 318 ‘productos ilegales’  pero esa afirmación es puro marketing. La verdad es que la gran mayoría son productos naturales cuyos fabricantes han tenido simplemente la ‘osadía’ de decir para qué patologías están indicados, algo que el ministerio reserva en exclusiva –legal pero absurdamente- a los fármacos. Y encima, según denuncian muchos de los fabricantes afectados, abusando de la ley”.
Un reportaje que empezaba diciendo: “Hace ahora un año el Ministerio de Sanidad y Consumo –a través de la Agencia Española del Medicamento– inició una persecución organizada contra algunas de las empresas que producen y comercializan productos dietéticos y naturales, la mayor parte de ellos compuestos por plantas. Las víctimas fueron catorce empresas a las que se les retiraron del mercado todos o buena parte de sus productos. Alguna, incapaz de resistir el mazazo económico que ello supuso, tuvo que cerrar. Pues bien, sepa el lector que entre los productos retirados están el ajo, la valeriana, la equinacea, el ginkgo biloba, el ginseng, el aceite de onagra, la espirulina, el tomillo, el regaliz o la menta (puede consultar la lista completa en la web de la mencionada agencia: www.aem.com). ¿Y por qué se han retirado del mercado esos ‘peligrosísimos’ productos?, se preguntará el lector. Pues oficialmente el Ministerio los ha retirado porque según la actual Ley 25/1990 de 20 de diciembre del Medicamento todo producto que alegue tener actividad terapéutica debe ser considerado ‘medicamento’ y pasar unos controles previos para ser autorizado. Y como tal ’medicamento’ venderse exclusivamente en farmacias. Es decir, lo que la ley pretendía en el fondo era entregar a las multinacionales farmacéuticas el control completo del negocio de la salud. Y que lo que siempre se vendió libremente en herbolarios tuviera que comprarse sólo en farmacias. Con ello se pretendía, por una parte, evitar que los productos naturales hagan en demasía la competencia a los fármacos de síntesis; y, por otra, si no era posible convencer a la gente de que dejara de tomar productos naturales… quedarse mayoritariamente también con ese negocio. Claro que los fines monopolistas de los grandes laboratorios farmacéuticos chocaron con las empresas y profesionales del sector naturista y se vieron obligados a dar un frenazo. Y así, el artículo 42 de la ley –que se refiere a las plantas medicinales- está sin desarrollar ¡12 años después de la promulgación de la Ley del Medicamento! A día de hoy no se han aprobado los reglamentos que desarrollen ese artículo. Ello hace que exista un ‘vacío legal’ que, a juicio de muchos juristas, deja sin base casi toda la actuación del Ministerio en este ámbito ya que difícilmente puede producirse ilegalidad cuando no hay legislación. En suma, el sector de los productos naturales elaborados con plantas se halla en una lamentable situación de desamparo e indefensión por lo que sus representantes llevan años reclamando que el poder legislativo cumpla con sus obligaciones y se impidan las arbitrarias decisiones que desde entonces toma la Agencia Española del Medicamento. Porque este organismo, para retirar tales productos del mercado, se ha arrogado facultades que no tiene. Basta revisar para comprobarlo sus estatutos ya que en los mismos queda meridianamente claro que no posee la potestad de adoptar medidas cautelares sino sólo la posibilidad de efectuar inspecciones e instruir expedientes. Por tanto, todas sus actuaciones en ese sentido son nulas de pleno derecho ya que la citada agencia no es legalmente competente para adoptar medidas cautelares y retirar productos del mercado. ¿Qué oscuros intereses hay detrás de todo esto pues  para que sus responsables, a pesar de ello, sabiendo que no tienen competencia para hacer lo que hacen, actúen de todos modos?”
Y añadíamos: “Como decimos, las alegaciones que aduce la Agencia Española del Medicamentopara sancionar de forma tan grave a las empresas a las que les han retirado productos del mercado son las de que se trata de ‘medicamentos ilegales’ porque no han sido evaluados y autorizados como tales, lo que es preceptivo para su comercialización. Ahora bien, ¿tiene sentido esa acusación?Enrique Sánchez de León –ex ministro de Sanidad- se detiene en la definición de ‘medicamento’que da el artículo 8 de la Ley para explicar que no. ‘El artículo 8.1 de la Ley del Medicamento–nos diría- establece que es medicamento‘toda sustancia medicinal y sus asociaciones o combinaciones’. Pero a nadie se le escapa que aunque no puede haber un medicamento sin sustancia medicinal sí puede haber una sustancia medicinal que no sea medicamento. Hasta el agua -o determinados tipos de ella- puede servirnos para ejemplificar esta afirmación. Desde un punto de vista jurídico, el primer error cometido es pues identificar‘sustancia medicinal’ conmedicamento’y éste con ‘especialidad farmacéutica’. Es obvio que ni la tradición, ni la ciencia, ni la razón, ni siquiera la legislación admiten la secuencia a que nos pretende llevar la interpretación oficial -o, al menos, oficiosa- que hace de la ley la Agencia Española del Medicamentoy que es ésta: ‘Planta medicinal = sustancia medicinal = medicamento = especialidad farmacéutica’. Esa secuencia es falsa, se trata de una interpretación interesada. El propio artículo 42 de la Ley del Medicamento establece que ‘tanto las plantas medicinales y sus mezclas como los preparados obtenidos de ellas que se presenten con utilidad terapéutica, diagnóstica o preventiva seguirán el régimen de fórmulas magistrales, preparados oficinales o especialidades farmacéuticas, según proceda, y con las especificidades que reglamentariamente se establezcan’. Pues bien -agrega con rotundidad-, como quiera que ese ‘según proceda y con las especificidades que reglamentariamente se establezcan’  no ha sido desarrollado ¡12 años después de la promulgación de la Ley del Medicamento!, nadie, ni la Agencia Española del Medicamento, puede decir, sin que se haya reglamentado, que las plantas y sus mezclas o los extractos son especialidades farmacéuticas.
-Luego, a su juicio, los productos naturales retirados no son ‘medicamentos’como alega la Agencia…
-Evidentemente. Además se entiende por ‘medicamento’ aquel que sirve para tratar ‘enfermedades o dolencias’ pero la planta medicinal puede usarse para tratar situaciones fisiológicas o mentales ajenas a cualquier patología declarada, sea ésta temporal o crónica. Y no hay argumento legal para identificar ‘propiedad inherente’ –que es lo que los productores afirman que tienen las plantas medicinales de las que están compuestas sus productos- con ‘utilidad terapéutica. Por tanto, los productos comercializados y retirados no son ‘medicamentos ilegales’ como afirma la Agencia Española del Medicamento. En todo caso, serían productos no regulados por falta de normativa y, por eso mismo, no pueden tener la consideración de ‘medicamento’ que gratuitamente se les pretende adjudicar.
-Siendo así, su inmovilización es ilegal.
-En efecto, carece de toda legitimidad. Y se trata de un asunto grave porque se está poniendo en riesgo, injusta e ilegalmente a mi entender, la supervivencia de varias empresas”.
Lo dejamos aquí. El lector interesado en ampliar la información puede leer el resto de la entrevista en la sección de Reportajes de nuestra web: www.dsalud.com. Pero lo trascrito es suficiente para entender que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha validado por completo nuestros argumentos… ¡cinco años después”.
Eso sí, los responsables de tantos desatinos no lo pagarán. En España los políticos –especialmente si están al servicio de la gran industria farmacéutica- gozan de impunidad de facto.

J. C.

Este reportaje aparece en
103
Marzo 2008
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