por José Antonio Campoy
La Organización Médica Colegial (OMC) envió en septiembre pasado un escrito de queja al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por el anuncio que sobre el libro Cáncer: qué es, qué lo causa y cómo tratarlo apareció en nuestra revista del pasado número «por si pudiera constituir algún tipo de delito, tanto penal (delito contra la salud pública) como administrativo (publicidad ilícita y sin autorización)» pidiéndole además que traslade su queja «a la Fiscalía General del Estado y a los órganos competentes de la Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma a fin de que se tomen las medidas que procedan, independientemente de que lo formalice también la OMC». Petición que se basa «en lo establecido por la Ley General de Sanidad de 1986 que ordena a las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, que realicen un control de la publicidad y propaganda comerciales para que se ajusten a criterios de veracidad en lo que atañe a la salud y para limitar todo aquello que puede constituir un perjuicio para la misma». Recordando asimismo que está prevista «la inspección y control de la promoción y publicidad de los centros y establecimientos sanitarios», «la autorización previa de la publicidad de los medicamentos y productos sanitarios» y que «se encomienda a la Administración sanitaria del Estado valorar la seguridad, eficacia y eficiencia de las tecnologías relevantes para la salud y la asistencia sanitaria». Y por si fuera poco alude a la Ley General de Publicidad de 1988 que permite regular «la publicidad de los productos, bienes, actividades y servicios susceptibles de generar riesgos para la salud o seguridad de las personas» y, concretamente, «la forma y condiciones de difusión de los mensajes publicitarios». Es más, también se alude al Decreto 1907/1996 sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria que en su artículo 1 dispone que las autoridades sanitarias y demás órganos competentes «controlarán la publicidad y promoción comercial de los productos, materiales, sustancias, energías o métodos que se anuncian o presentan como útiles para el diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades o desarrollos fisiológicos, adelgazamiento, modificación del estado físico o psicológico, restauración, corrección o modificación de funciones orgánicas u otras pretendidas finalidades sanitarias, para que se ajusten a criterios de veracidad en lo que atañe a la salud y para limitar todo aquello que pueda constituir un perjuicio para la misma», decreto que en el artículo 4 establece que «queda prohibida cualquier clase de publicidad o promoción directa o indirecta, masiva o individualizada, de productos, materiales, sustancias, energías o métodos con pretendida finalidad sanitaria en los siguientes casos: que se destinen a la prevención, tratamiento o curación de enfermedades transmisibles, cáncer y otras enfermedades tumorales, insomnio, diabetes y otras enfermedades del metabolismo; que pretendan una utilidad terapéutica para una o más enfermedades, sin ajustarse a los requisitos y exigencias previstos en la Ley del Medicamento y disposiciones que la desarrollan; que proporcionen seguridades de alivio o curación cierta; que pretendan aportar testimonios de profesionales sanitarios, de personas famosas o conocidas por el público o de pacientes reales o supuestos, como medio de inducción al consumo; y, en general, que atribuyan efectos preventivos o terapéuticos específicos que no estén respaldados por suficientes pruebas técnicas o científicas acreditadas y expresamente reconocidas por la Administración sanitaria del Estado». Tal es la esperpéntica «queja» de la Organización Médica Colegial a la que no le ha gustado nada que en el anuncio se diga que «millones de personas mueren cada año a causa del cáncer porque LA QUIMIOTERAPIA Y LA RADIOTERAPIA NO FUNCIONAN«. Pues bien, es evidente que ninguna de las normas legales citadas es de aplicación en el caso que nos ocupa. Un libro no es ni un fármaco, ni una especialidad farmacéutica, ni un alimento, ni un producto dietético o fitoterápico, ni un suplemento ortomolecular, ni un dispositivo médico o sanitario, ni un protocolo de tratamiento. Y encima sus autores son periodistas y no profesionales sanitarios a los que poder llevar a sus «comités de ética» a fin de echarles de la profesión si disienten de las «verdades oficiales» y no acatan obedientemente lo que se les ordena. Periodistas que lo que hacen es recoger en dos tomos -y en numerosos artículos posteriores a éstos- lo que cada vez más médicos, farmacéuticos, biólogos, bioquímicos y otros muchos especialistas en salud de muy diferentes disciplinas afirman: que el actual paradigma oncológico está obsoleto y los tratamientos y productos utilizados en cáncer no funcionan. Es decir, el libro refleja la opinión de expertos perfectamente identificados cuyos trabajos y artículos se citan. Luego la frase que aparece en el anuncio «denunciado» -que, por cierto, aparece en la revista casi todos los meses desde 2006, es decir, desde hace 8 años- es el resumen implícito de lo que muchos de ellos afirman. Terminamos indicando que lo que la Organización Médica Colegial ha cometido es un vergonzoso atentado contra la libertad de expresión, la libertad de información y la libertad de prensa, impropio de un Estado de Derecho. Actitud que les descalifica.
