La invasión de Ceuta desde Marruecos fue una “agresión híbrida” por lo que calificarla de “crisis migratoria” es vergonzoso y falaz. Fue organizada por Marruecos aunque aún lo nieguen el gobierno y los medios de comunicación a su servicio. La inmensa mayoría de la población española lo sabe pero no –porque nadie se lo ha explicado– que desde un punto de vista estrictamente jurídico España tiene derecho a expulsarlos rápidamente. No se trata de inmigrantes desamparados que huyen de países en guerra, de dictaduras o de personas perseguidas por sus ideas políticas o religiosas. Se trata de invasores pero es que, además, incluso si se tratara de inmigrantes ilegales (llamarlos “irregulares” no es más que un intento de blanqueo) las leyes internacionales que obligan a los estados a alimentarlos se aplican exclusivamente en los casos de quienes están retenidos y confinados sin poder salir libremente de los recintos en los que se les haya encerrado. No son de aplicación cuando pueden volver a sus países de origen libremente. En tales casos el estado está eximido de la “obligación de custodia” y, por tanto, no tiene obligación de proporcionales bebida, comida y alojamiento. Obviamente, si alguien se desploma en la calle por inanición o deshidratación, o resulta herido por alguna causa, debe ser atendido, pero en cuanto recibe el alta deja de tener derecho a que se le trate, cobije y alimente. Y, desde luego, no se tiene por qué atender a las personas enfermas con patologías sin relación con la inanición o con alguna herida sufrida durante la invasión o inmediatamente después. En suma, si España quiere puede acabar con esta invasión masiva legalmente en muy pocos días. De forma rápida y eficaz en la mayoría de los casos. Otra cosa es que el gobierno de Pedro Sánchez no quiera.
En él encontrará afirmaciones como estas:
–En el caso de Ceuta los derechos humanos que España debe proteger en primer lugar son los de las víctimas de la invasión y no los de los agresores. Y eso es así incluso si en lugar de invasores fueran simples “inmigrantes ilegales.
–Si España enviara 2.000 policías y guardias civiles para proteger Ceuta y paralelamente 200 funcionarios durante apenas 36-48 horas para “fichar” a los “invasores/inmigrantes” en 48 horas se habría atendido a 10.000.
–Una vez confinados los invasores/inmigrantes se les puede –y debe– comunicar oficialmente que ninguno de ellos va a entrar ni en España, ni en ningún otro país de la Unión Europea dejándoles claro que se trata de una decisión firme e irrevocable amparada por el derecho internacional.
–Debe informarse a los invasores/inmigrantes que quienes opten por no irse serán “fichados” y sus nombres se incluirán en un registro que impedirá que, ni en el presente ni en el futuro, puedan entrar en Europa. Pasarán a estar en una “lista negra”.
–España ha sido víctima de una agresión híbrida y no de una “crisis migratoria” aunque el propio gobierno español, a través de sus ministros testaferros, periodistas, tertulianos y medios de comunicación a su servicio, afirmen que eso no está probado.
–Si Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas –que cuenta con más de 2.000 empleados y unos 10.000 agentes uniformados– no intervino de inmediato en Ceuta es porque el gobierno se negó a ello desde el principio.
–En caso de agresión híbrida la Unión Europea permite crear centros de confinamiento obligatorios, implementar procedimientos ultrarrápidos, ampliar la detención cautelar en las fronteras, crear unidades de respuesta rápida, aumentar su presencia militar (no ofensiva) e, incluso, aprobar protocolos automáticos para entradas masivas.
–La aseveración de que Ceuta y Melilla no están amparadas por la OTAN es falsa.
La Unión Europea está obligada a ayudar a España tanto en caso de ataque militar como de agresión híbrida. Lo determina el artículo 42.7 del Tratado cuya cláusula de defensa sí cubre a Ceuta y Melilla, sin ambigüedad alguna.
–Tanto el Derecho Internacional como el marco legal europeo permiten en el caso de Ceuta una respuesta contundente, diseñada para neutralizar la agresión, desarticular la capacidad del agresor y elevar su coste político, económico y diplomático hasta hacérselo insostenible.
–Las medidas que España puede legalmente tomar ante la invasión de Ceuta son numerosas pero casi nadie habla de ellas. ¿Por qué?
–Si la agresión híbrida organizada y orquestada desde Marruecos contra España no se responde por nuestro gobierno con todas las armas disponibles –jurídicas, diplomáticas, policiales, militares, económicas, etc.– hay razones legales suficientes para acusar de traición a Pedro Sánchez –entre otros delitos– así como a todos sus ministros.
Nota: el autor del artículo es José Antonio Campoy, periodista y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y en el Centro Español Universitario (CEU) durante muchos años.
Tiene el artículo entero en abierto de forma gratuita en este enlace: https://www.dsalud.com/rafaga/que-puede-y-debe-hacer-espana-ante-la-invasion-de-ceuta
