No consumo ni he necesitado consumir
Bio-Bac.
No estoy enfermo de cáncer, afortunadamente.
No tengo ningún familiar o amigo que lo consuma para tratar
de hacer frente a tan terrible enfermedad.
Nada tengo que ver con quienes lo descubrieron ni con quienes
lo recetan o aconsejan.
No sé, por tanto, si es bueno o malo pero tengo que creer
a los familiares y a los enfermos cuando se aferran a su
propia experiencia para defender su consumo frente al Estado.
Con su salud nadie juega ni miente. De nuevo David contra
Goliat.
Soy periodista y, desde luego, no estoy muy satisfecho del
comportamiento de la profesión en estos momentos.
A pesar de todo, o por eso mismo, quiero denunciar la hipocresía
de las autoridades sanitarias y de todos los políticos que
aguardan cruzados de brazos mirando a otro lado mientras
sus conciudadanos sufren y mueren, la ceguera cómplice de
la gran mayoría de los periodistas sometidos a un poco o
nada democrático sistema de elección y publicación de contenidos,
y la rigidez amoral de la justicia en este caso.
A los políticos:
¿Quién es el gobierno -o cualquiera de sus dignos representantes-
para imponer el consumo de un determinado tratamiento a
los ciudadanos anulando su libertad para elegir otros bajo
su responsabilidad?
Si en lugar de hablar de seres humanos lo estuviéramos haciendo
de bosques, animales o costas a quienes reclaman el Bio-Bac
les quedaría al menos la posibilidad de exigir la aplicación
del Principio de Precaución previsto en los Acuerdos de
Río que suscribió nuestro país. Desde la Cumbre de Río de
1992 es una obligación internacional a la hora de afrontar
una situación de crisis medioambiental cumplir con el Principio
de Precaución:
"Cuando exista la amenaza de daño grave
o irreversible, la falta de pruebas científicas definitivas
no debe usarse como justificación para posponer las medidas
encaminadas a evitar la degradación ambiental y a proteger
a los ecosistemas". Pues bien, ¿existe mayor degradación
medioambiental para un ser humano que contemplar indefenso
cómo el cáncer le va consumiendo su salud? ¿Existe para
nuestros administradores algún ecosistema más delicado para
proteger que la vida humana?
En un artículo titulado
El principio de precaución y
la salud pública -que desde luego no estaba pensado
para aplicarlo en el caso del Bio-Bac- la doctora
Emilia
Sánchez de la Agencia de Evaluación de Tecnología e
Investigaciones Médicas de Barcelona afirma:
"De acuerdo
con el principio de precaución es mejor ser más o menos
correcto en el momento adecuado teniendo en cuenta las consecuencias
de equivocarse que ser completamente correcto demasiado
tarde". ¿Lo captan, señores políticos? ¿Lo capta, señor
juez? Al menos cinco personas han muerto ya reclamando que
les dejen volver a tomar el Bio-Bac. También se afirma en
el citado artículo: "El principio de precaución es de aplicación
cuando hay una buena base para considerar que una acción
implementada de manera temprana, a un coste comparativamente
bajo, puede evitar un daño posterior mucho más costoso o
la aparición de efectos irreparables". O, como podría
redactarse a la luz de lo ocurrido en las últimas semanas,
"el principio de precaución en el caso del Bio-Bac es
de aplicación dado que hay una buena base (investigaciones
internacionales y la propia experiencia de los pacientes)
para considerar que el acceso al Bio-Bac de forma automática,
a un coste comparativamente bajo con el de los tratamientos
que han venido padeciendo, puede evitarles un daño posterior
mucho más costoso como es la muerte de los enfermos que
estuviesen siendo tratados con él".
Sin embargo, el Principio de Precaución en el caso de los
enfermos de Bio-Bac, simplemente ni se lo plantean. Tampoco
parecen querer tener en cuenta la posibilidad de hacer uso
del conocido "uso compasivo" de un medicamento, una autorización
especial que se da para casos en los que no hay otro tratamiento
posible y cuando se considera que el riesgo de tomar el
fármaco compensa el peligro que representa el estado de
salud del paciente. También en nuestro país se prevé esta
situación en tratamientos a pacientes aislados -y al margen
de un ensayo clínico de productos en fase de investigación
clínica- cuando el médico, bajo su exclusiva responsabilidad,
considera indispensable su utilización (art. 23 RD 561/1993,
de 16 de abril). Bueno, pues recordemos que el Bio-Bac está
siendo recomendado por médicos colegiados de trayectoria
profesional irreprochable.
La propia administración sanitaria recoge la pauta de actuación,
que pasa por solicitar el uso compasivo a la Dirección General
de Farmacia y Productos Sanitarios, concretamente a la Subdirección
General de Asistencia y Prestación Farmacéutica, acompañada
de diversa documentación entre la que destaca el consentimiento
por escrito del propio paciente.
Está claro pues que con algo de buena voluntad y flexibilidad
en la interpretación de las normas podrían encontrarse soluciones
momentáneas... pero no se adoptan. ¿Por qué ese empecinamiento?
¿Hasta cuándo pueden seguir escondiéndose tras la excusa
de que velan por nuestra salud? Tanto este gobierno como
los anteriores son cómplices -por dejación de sus funciones-
de la muerte anual de miles de españoles. Pongamos para
demostrarlo a nuestras diligentes autoridades sanitarias
frente al espejo de su propia miseria: el Bio-Bac frente
al tabaco:
1) El Bio-Bac está prohibido y los investigadores
que lo desarrollaron son tratados como delincuentes. El
tabaco es de consumo libre, de venta casi protegida y los
dirigentes de las grandes compañías ocupan lugares preeminentes
en la sociedad española.
2) El Bio-Bac puede presentar ante la comunidad
un largo catálogo de estudios realizados a nivel internacional
sobre su influencia positiva en la salud. El tabaco no sólo
no puede sino que las grandes compañías están siendo perseguidas
judicialmente en los Estados Unidos por alterar estudios
científicos y añadir productos que a la larga consiguieran
hacer a los cigarrillos más adictivos.
3) El Bio-Bac ha sido reconocido como inocuo por
la propia ministra de Sanidad y calificado por sus consumidores
como producto beneficioso para la salud porque así lo han
experimentado en carne propia. El tabaco, más allá de que
nadie reconozca que es bueno para su salud, causa cada año
la muerte en nuestro país a más de 55.000 personas, según
cifras de la Encuesta Nacional de Salud Pública. Es decir,
150 muertos al día, sobre todo jóvenes. La directora general
de la Organización Mundial de la Salud Gro Harlem Brundtland
ha declarado recientemente:
"Las tabacaleras ven a nuestros
niños como nichos de mercado para reemplazar a los que mueren
(a consecuencia del tabaco)... Las técnica de mercadotecnia,
promoción y los productos más avanzados tientan y enganchan
a los jóvenes..." Ni siquiera el patrocinio de las compañías
tabaqueras de campañas para el consumo responsable del tabaco
tiene la aprobación de la OMS. Con ello la industria rodea
a su producto de una imagen "adulta" que puede resultar
atractiva para los menores. Según Harlem Bruntdland,
"los
documentos internos de la industria demuestran que sus motivos
para desarrollar estos programas son ganar influencia en
los gobiernos, distorsionar las políticas sanitarias y reducir
la efectividad de las medidas de control". Ahora argumentarán
que va a entrar en vigor una nueva ley que restringe de
forma drástica la publicidad pero lo cierto es que, a pesar
de todo, el tabaco sigue siendo tolerado, permitido y consentido
por la Administración Pública.
4) El Bio-Bac no contribuye al enriquecimiento de las
grandes compañías farmacéuticas. De hecho, se ha negado
a someterse a sus condiciones. Las autoridades sanitarias,
en cambio, proyectan considerar la dependencia del tabaco
como "enfermedad crónica" e incluir los tratamientos para
dejar de fumar "en las prestaciones sanitarias del Sistema
Nacional de Salud". Dinero, mucho dinero para las grandes
compañías farmacéuticas.
5) El Bio-Bac no proporciona hoy tanto dinero a las
arcas del Estado pero podría llegar a producirlo dadas sus
posibilidades. Eso sí, Hacienda ingresa más de 6.000 millones
de euros al año por impuestos del tabaco. Y no se quiere
renunciar a ello.
Podríamos seguir y seguir pero al final todos los argumentos
se resumen en uno: el Bio-Bac es bueno para la salud. Lo
afirman quienes lo toman y diversos estudios internacionales.
Lo niegan quienes ni lo toman ni aceptan realizar nuevos
estudios, si es preciso, con luz y taquígrafos. El tabaco,
simplemente, mata; y lo reconocen todos. Sin embargo, el
Bio- Bac lo prohíben y al tabaco le amparan. Y lo singular
es que nuestras autoridades permiten el consumo de tabaco
apelando a la responsabilidad individual del consumidor...
pero le niegan esa responsabilidad al enfermo en el caso
del Bio-Bac. Ni siquiera permiten su consumo aunque lleve
una etiqueta que ponga que
"el Ministerio de Sanidad
-por razones, eso sí, desconocidas- desaconseja su uso".
Todo esto huele a dinero. Bien mirado, los dividendos de
las grandes compañías que sustentan los tratamientos actuales
contra el cáncer no se producen por curar sino por desarrollar
nuevos fármacos que actúen contra nuevas variaciones de
las enfermedades. ¿Se imagina usted a una compañía apostando
por un fármaco que terminara con sus tratamientos de quimioterapia?
¿Se imagina la reacción de sus accionistas e inversores
que desean seguir recogiendo dividendos?
Pues bien, con los actuales tratamientos contra el cáncer
-tras gastarse la industria miles de millones de dólares
en el desarrollo de fármacos- siguen muriendo en nuestro
país más de 100.000 personas al año. Luego, ¿por qué tiene
nadie que admitir en silencio y sin protestar una más que
probable condena a muerte dictada por imposición de las
creencias "científicas" de unos cuantos? Vuelve a oler a
dinero. Sólo que ese pestilente olor de los intereses defendidos
a costa de la salud y la vida de la gente no parece alcanzar
a los medios de comunicación con más peso en la formación
de opinión en nuestro país.
A los periodistas:
¿Qué interesado criterio sitúa a las autoridades sanitarias
en posesión de la verdad absoluta en contra de las experiencias
personales e individuales de quienes reclaman el acceso
al Bio-Bac? ¿Se olvida que han sido experiencias individuales
y no grandes estudios estadísticos a tres vueltas los que
han marcado los grandes avances de la ciencia o de la medicina,
las vacunas, la penicilina, la anestesia, la ley de la gravedad,
etc.? Quizás sirvan para despejar este interrogante de nuevo
las palabras de la directora general de la Organización
Mundial de la Salud,
Gro Harlem Brundtland:
"Los
estudios científicos manipulados y la propaganda inundan
las informaciones (...) Meses de trabajo de agencias de
relaciones públicas, campañas publicitarias, asesores en
universidades y organismos comerciales trabajan en apoyo
de los intereses de la industria del tabaco para sabotear
nuestro trabajo". Una política corrosiva que precisa
de especialistas independientes dispuestos a examinar con
objetividad los argumentos de todas las partes para, después,
exponerlos a través de medios también independientes de
los grandes intereses. ¿Los hay en nuestro país? Apenas.
Además, las empresas periodísticas parecen olvidar que en
la esencia del periodismo está el dudar de las versiones
oficiales. Es la única manera real de servir a la sociedad...
cuando realmente es eso lo que se pretende, claro.
A los jueces:
¿Qué tipo de Justicia sitúa los postulados legales por encima
de las más mínimas normas éticas como es el derecho a la
vida? ¿No es un juez cómplice de la muerte de todo paciente
al que se le deniega el auxilio solicitado cuando rechaza
el tratamiento que se le quiere imponer? No permitir tomar
un producto inocuo a quienes exigen que se les facilite
y están convencidos de su utilidad está provocando el deterioro
de la salud de cientos -o miles- de personas y eso es éticamente
inadmisible e intolerable. La Justicia, si es tal, debe
comenzar por respetar el derecho a la vida, como elección
individual y no gubernamental. No puede ser el Gobierno
el que decida quién debe de morir o vivir decidiendo unilateralmente
sobre la utilidad o no de un tratamiento. La Justicia no
puede ser ciega al sufrimiento de las víctimas. Existen
normas legales para poner al alcance de quienes lo demandan
el Bio-Bac y que éste se tome bajo la propia responsabilidad
del paciente. Hágase por tanto ya que a nadie perjudica.
Ni a los pacientes que lo demandan, ni al Estado. Por otra
parte, si la Justicia tiene tantas dudas, ¿por qué no obliga
al Estado -dada la importancia del caso- a realizar en el
menor tiempo posible un estudio vigilado y realizado por
investigadores independientes que nos permita a los ciudadanos
saber la auténtica verdad del Bio-Bac? ¿Verdad que es fácil,
señor juez? Por favor, al menos aplique el Principio de
Precaución.
Antonio Muro
.gif){kind=spacer}
.gif){kind=small}
