La estafa de las grandes empresas alimentarias. Falsos Bio: gato por liebre

Desde hace varios años grandes empresas del sector de la alimentación invaden el mercado con supuestos alimentos “bio” que en realidad no son biológicos y no deberían llevar esa denominación. Y lo más sorprendente es que ese engaño a los consumidores está permitido, vía decreto, por el Gobierno español, único país de la Unión Europea que incumple sistemáticamente la legislación comunitaria al respecto. Le explicamos cómo reconocer los auténticos productos biológicos para que no le den gato por liebre.

Dicen quienes de esto saben que en los últimos años el desarrollo de la agricultura ecológica en nuestro país ha sido frenado por los intereses económicos de las grandes industrias alimentarias. Para la “Asociación Vida Sana” la explicación es sencilla: la agricultura ecológica pone en evidencia los peligros innecesarios de la industria química y, por tanto, de la industria alimentaria. Además, la existencia de un mercado biológico hace mucho daño al convencional porque los ciudadanos asocian ecológico a no contaminado, libre de pesticidas, saludable, mejor. Y por eso, para no perder cuota de mercado, las grandes empresas alimentarias –sobre todo de lácteos y zumos- empezaron sin pudor alguno y saltándose la ley a la torera a usar el término “bio” convirtiéndolo en un reclamo publicitario más al tiempo que presionaban a las autoridades a fin de que ampararan el fraude. Para lo cual el Gobierno español aprobó en el 2001 un Real Decreto por el que se permite que cualquier producto –cumpla o no las especificaciones de la agricultura ecológica- pueda llevar en su publicidad la denominación “bio”. De esa forma sólo los consumidores españoles bien informados escaparán del engaño que permite su propio gobierno. Los demás pagarán a “precio bio” productos que, aunque puedan ser de buena calidad, no son ecológicos.

¿QUÉ ES UN ALIMENTO “BIO”?

Pues, sencillamente, un alimento procedente de la agricultura y ganadería ecológicas. Este tipo de producción tiene sus propias normas y está sometida a exhaustivos y muy frecuentes controles por parte de las autoridades para, precisamente, evitar la adulteración de los productos y, por tanto, el fraude. Los controles de calidad ecológica son pues la mejor garantía de que en estas explotaciones no se han empleado fertilizantes, herbicidas, plaguicidas o fungicidas químicos y de que los cultivos no proceden de semillas manipuladas genéticamente. En cuanto a la ganadería, los animales han de ser alimentados únicamente con productos procedentes de cultivos ecológicos. ¿Y quién lleva a cabo esos controles? Pues el propio Ministerio a través de técnicos del Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de la comunidad autónoma en la que se encuentre la explotación. Si ésta cumple las condiciones establecidas por la normativa comunitaria sus productos podrán ser comercializados bajo la denominación “bio”, “eco”, “ecológico”, etc. Cualquiera que sea la terminología elegida, estos productos –en su mayoría yogures, postres lácteos, quesos, zumos, galletas y bollería así como productos dietéticos- son fácilmente reconocibles porque llevan una etiqueta identificadora numerada y con la leyenda “Agricultura Ecológica” que el organismo certificador concede cuando se han superado los controles establecidos y que, además, avala oficialmente su procedencia. Eso garantiza que lo que el consumidor compra por ecológico realmente lo es. Si no llevan esa etiqueta, aunque la publicidad de la empresa productora diga lo contrario no son productos “bio” (vea el recuadro adjunto). Por eso, antes de que nuestro Gobierno liberalizara el uso de estos términos y allanara más el camino, las empresas que cometían este tipo de abuso se “cubrían las espaldas” añadiendo en sus etiquetas –con letras minúsculas, casi ilegibles- la aclaración “Este producto no proviene de la agricultura ecológica” o “Producto de gran calidad no procedente de la agricultura ecológica”. Eso sí, en todos los casos, el término “bio” aparecía en lugar visible porque precisamente esa denominación era el principal reclamo publicitario. Ahora, con la nueva norma aprobada por el Gobierno, los departamentos de marketing de las grandes empresas alimentarias ya no tienen que recurrir a esas triquiñuelas para hacer pasar algunos de sus productos por lo que no son.

ESPAÑA, CONTRA LA LEGISLACIÓN COMUNITARIA

La agricultura biológica está protegida por el reglamento comunitario 2092/91 de 24 de junio. Este reglamento protege el uso de la terminología “biológico”, “ecológico” y “orgánico” y las indicaciones “que sugieran al comprador que el producto o sus ingredientes han sido obtenidos conforme a las normas de producción ecológicas” tanto en el envasado como en el etiquetado y publicidad de los productos. Que estén protegidos implica que se prohíbe el uso de estos términos a los agricultores y productores que no cumplan estrictamente la normativa y que no estén inscritos en los registros oficiales de la agricultura biológica/ecológica. Eso es lo que se recoge en la normativa actualmente en vigor y que rige para todos los países miembros de la Unión Europea, incluida España. Pero lejos de respetar el mandato comunitario, nuestro Consejo de Ministros aprobó el 11 de mayo de 2001 un Real Decreto (RD 506/2001) por el que el término “bio” se puede utilizar indiscriminadamente en cualquier alimento producido, comercializado o publicitado en España. Es decir, que el término “bio” puede ser empleado también en alimentos que no sean biológicos. Ello significa que cualquier alimento con aditivos, pesticidas e, incluso, transgénicos pueden etiquetarse con esa denominación. De esta forma el Gobierno bendice y autoriza el secuestro legal del prefijo “bio” por parte de poderosas multinacionales no ecológicas y, de paso, adopta una postura frontalmente enfrentada a la comunitaria. Y lo hace sin tapujos. Nos explicamos. En su día, el Director General de Alimentación, Francisco José Simón Vila, reconoció al presentar la propuesta de decreto ante el sector interesado que “la decisión del ejecutivo se debe principalmente a la presión que el Ministerio está recibiendo por parte de la gran industria alimentaria española”. Son palabras textuales que le suscitan al sector afectado la siguiente pregunta: “¿Con qué ha sido presionado, chantajeado o comprado esta vez el Gobierno para dar este paso que tanto perjudica a la agricultura y ganadería ecológicas y que permite que el consumidor pueda ser, simple y llanamente, estafado?”

ENGAÑO Y ABUSO

Como el lector puede deducir fácilmente, la gran industria alimentaria lleva años colocando en el mercado productos bajo la denominación “bio” que nada tienen que ver con la calidad que implica tal denominación oficial. Han estado pues infringiendo la ley impunemente y engañando a los consumidores. Que esto se permitiera clama al cielo pero lo que es ya bochornoso es que en este país los productos “bio” puedan ser legalmente fraudulentos. De esta forma, sólo el consumidor bien informado puede evitar el engaño.

  1. Jimeno

Recuadro

Si no hay aval, no es “bio”

Si quiere saber si un producto “bio” es de verdad ecológico asegúrese de que en el envase o precinto aparece: -El aval de certificación expedido por el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de la comunidad autónoma de la que proceda el producto. -Un código alfanumérico en la etiqueta. -Los datos del envasador/productor. Si un producto no incluye esos tres datos no es un producto biológico por más que incluya ese término en su etiqueta o en su publicidad.

Recuadro

Los falsos “bio”

En la página www.ecoportal.net -sustentada por Ecologistas en Acción– puede leerse un listado de los alimentos que actualmente se comercializan bajo la denominación “bio” sin ser productos biológicos ni ecológicos y el nombre de las empresas que los fabrican.

Recuadro

La nueva ley, una chapuza

El decreto de la discordia –el 506/2001- es, además de lo dicho, una “chapuza” legislativa. Juzgue el lector. De conformidad con el Real Decreto 506/2001 y en contra de los que recoge la normativa comunitaria, en España los términos “bio”, “eco”, “biológico” u “orgánico” pueden ser utilizados por cualquier producto, sea o no de cultivo ecológico. Pues bien, esto va en contra de lo expresado en un informe emitido por la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea en el que se puede leer que “los prefijos ‘eco’ y ‘bio’ se consideran generalmente por los consumidores como una referencia al método de producción ecológica. Se reservan, pues -de acuerdo con el Reglamento CEE nº 2092/91-, a los productos que se obtienen en conformidad con el mencionado reglamento. En consecuencia, una disposición nacional que permita el uso del prefijo bio en el etiquetado, publicidad o documentos comerciales de un producto que no se produce en conformidad con dicho reglamento sería contraria al derecho comunitario”. Como sabe el lector, España ha sido sancionada por ese motivo en varias ocasiones pero nuestro Gobierno prefiere pagar las multas impuestas por la Unión Europea antes que cambiar el texto del decreto para adecuarlo a la norma comunitaria. Por otro lado, el texto español viola expresamente la Ley General de Publicidad 34/1998 de 11 de noviembre, al permitir y fomentar la publicidad ilícita, engañosa y desleal por parte de las marcas que violan el Reglamento Comunitario ya que se publicitan, sin serlo, como productos “bio”. Pero es que también se viola el Real Decreto 1334/1999 de 31 de julio, que aprueba la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios. Esta norma exige que el etiquetado “no podrá inducir a error sobre las características del producto alimenticio y, en particular, sobre su naturaleza, identidad y cualidades”. Lo dicho, una chapuza.

Este reportaje aparece en
46
Enero 2003
Ver número