Proposición No de Ley de los socialistas para que se reevalúe la incidencia en la salud de las radiaciones del espacio radioeléctrico

El Grupo Socialista del Congreso de los Diputados presentó a finales de junio pasado una Proposición No de Ley sobre Medidas de precaución en instalaciones de radiofrecuencia para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en la que insta al Gobierno a “evaluar el impacto en la salud de este tipo de instalaciones” -proponiendo que sea llevado a cabo “por la institución o las empresas responsables promotoras o instaladoras de las distintas tecnologías”-, “crear un grupo de expertos de Sanidad, Industria y Medio Ambiente con participación de las comunidades autónomas que analice todas las evidencias disponibles y consensue un documento de actuaciones a realizar a corto, medio y largo plazo”, “elaborar un estudio serio y riguroso sobre los efectos para la salud de estas instalaciones por el CSIC” y “realizar campañas de promoción de la salud basadas en el Principio de Precaución dirigidas a la ciudadanía sobre los efectos de los campos electromagnéticos (CEM) en la salud y promover la divulgación de uso de los equipos y terminales radioeléctricos”.

En la Exposición de motivos el grupo socialista explica la necesidad de hacerlo alegando lo siguiente: “En los últimos años hemos asistido a toda una revolución tecnológica en la que la comunicación ha experimentado un enorme desarrollo. Hasta hace poco tiempo no hubiéramos imaginado la gran dimensión y rápida extensión que el ámbito de la telefonía móvil, el uso de las redes sociales y todos aquellos servicios derivados de la puesta en marcha de sistemas como internet, iban a tener en nuestra sociedad. Aunque hoy nadie cuestiona estos avances la rapidez en la implantación no ha permitido desarrollar simultáneamente una regulación adecuada de este fenómeno nuevo y aunque se considere a día de hoy como algo que ya forma parte de nuestra sociedad, consustancial a los avances de la misma, lo cierto es que no se ha llevado a cabo junto con un desarrollo paralelo de normativa que regule el sector en lo referente a la instalación y control de antenas de telefonías asistiendo a toda una proliferación caótica de las mismas en azoteas de edificios y todo tipo de lugares; en parte porque tampoco han estado claras las competencias de cada administración en el tema en cuestión o en el control de los posibles efectos sobre la salud de las personas. Por todo ello se hace preciso ordenar el tema, establecer las competencias de cada administración y establecer claros sistemas de control y protección de los derechos individuales de la ciudadanía, especialmente los relativos a la protección de la salud”.
“En 1999 –añade el escrito que transcribimos textualmente sin comentarios por su importancia y porque recoge buena parte de lo que viene denunciando esta revista desde hace años– el Consejo Europeo emitió una recomendación a los Estados miembros de la necesidad de adoptar medidas y políticas para prevenir «los efectos nocivos que, se sabe, pueden resultar de la exposición a campos electromagnéticos». En base a esta recomendación el Consejo de Ministros aprueba en septiembre el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Según este Decreto el Ministerio de Sanidad y Consumo debe de dictar los límites y pautas sanitarias y el Ministerio de Ciencia y Tecnología controlar el cumplimiento de los límites de protección sanitaria. No obstante, el mismo Parlamento Europeo, en una Resolución de 2008, declaró obsoletos estos límites al no tener en cuenta las conclusiones de los trabajos que se han ido publicando o el propio avance de las tecnologías de la información y la comunicación, las recomendaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente y la repercusión en los grupos más vulnerables, como las mujeres embarazadas, los recién nacidos y los niños”.
“En el año 2010, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, se creó un grupo de expertos para contribuir al conocimiento de la sensibilidad química múltiple, a través de un documento de consenso basado en la mayor evidencia disponible. Su metodología, su análisis y resultados, puede servir de modelo para repetir en el abordaje del estudio que se plantea sobre evidencias disponibles en la repercusión en la salud de la población de las emisiones radioeléctricas”.
“Distintas comunidades autónomas y numerosos ayuntamientos han ido elaborando normas que han venido tratando de controlar este despliegue de antenas de telefonía móvil, lo que frecuentemente ha sido denunciado en los tribunales por los operadores. Finalmente el asunto fue elevado al TC en el año 2002 al recurrirse una norma dictada por la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, órgano que resolvió el pasado mes de enero de 2012 que la competencia en materia de emisiones radioeléctricas de antenas de telefonía móvil corresponde al Estado, excluyendo la posibilidad de que cualquier norma autonómica o local regule aspectos técnicos de estas instalaciones como la determinación de los niveles de potencia de emisión o la prohibición de algunas ubicaciones”.
“Esta incertidumbre e indefensión se agrava con nuevas normativas como la Ley 12/2012 de 26 de diciembre de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, que en su Disposición adicional tercera, Instalaciones de redes públicas de comunicaciones electrónicas, elimina la necesidad de licencias y autorizaciones previas a actividades de comercio y determinados servicios y que incluye a las infraestructuras de radiocomunicación, sin que sea necesaria la evaluación del impacto en salud de la ciudadanía”.
“A lo largo de estos años han sido numerosos los estudios que se han puesto en marcha para esclarecer los posibles efectos nocivos para la salud de las ondas electromagnéticas, especialmente aquellos efectos más discutidos y potencialmente graves como los cancerígenos. No obstante, esta polémica, lejos de resolverse, ha continuado con fuerza hasta la actualidad y el conflicto de intereses que suscita el tema, ha generado dudas en el resultado de muchos de los estudios financiados por las propias compañías operadoras y cuyos resultados determinan un importante grado de contradicción entre los resultados de estos estudios, siendo pocos los llevados a cabo por organismos oficiales, menos aún los llevados a cabo con el rigor que el tema requiere”.
“El incremento de la exposición de la población a campos de RF ha hecho que sus efectos sobre la salud humana sean un tema preocupante tanto para los científicos como para el público general. Con el fin de responder a dicha preocupación, se ha realizado un importante esfuerzo de investigación a lo largo de la última década y científicos de todo el mundo ya han investigado numerosas cuestiones relativas a los efectos potenciales para la salud de los campos de RF. Sin embargo, diversas áreas todavía requieren investigaciones adicionales y, por otra parte, la rápida evolución de la tecnología en este ámbito plantea nuevas cuestiones. Por ello se prioriza la investigación en las distintas áreas para intentar responder a las dudas”.
“En el año 2010 la OMS publica la Agenda de investigación de la OMS para los campos de radiofrecuencia 2010, en la que se refleja la importancia del tema, con la gran cantidad estudios de investigación que se priorizan. En mayo de 2011 la OMS y la Agencia Internacional de Investigaciones del Cáncer (IARC) clasificaron los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como ‘posibles cancerígenos’ para los seres humanos lo que ya apuntaba, junto con otros efectos nocivos, el Informe Bio-lniciativa, redactado por varios científicos y expertos en salud pública varios años antes, el ‘Estudio Nalia’, el estudio epidemiológico llevado a cabo en España en 2006 y más importante de los publicados hasta el momento o el estudio llevado a cabo por la Agencia Federal de Radiaciones de Alemania publicado en 2007”.
“La Resolución 1815 del Consejo Europeo de 2011 recomienda a los Gobiernos la adopción de distintas medidas sobre todo basada en el Principio de Precaución. Lo cierto es que cada vez son más los científicos que mantienen la tesis de que las radiaciones electromagnéticas afectan a la salud de los seres vivos y los que dicen que no afirman que hay que seguir investigando y que mientras tanto se apliquen medidas de precaución. Además la ley 33/2011, General de Salud Pública, obliga a las administraciones públicas a someter a Evaluación de Impacto en Salud aquellos proyectos de actividades que presenten impacto significativo en la salud. Consideramos necesario, por su transcendencia, el abordaje y ordenación por parte del Estado- como ya han hecho otros países como Suecia, Italia o Francia- del tema en cuestión”.
Hasta aquí lo alegado -íntegra y textualmente- por el Grupo Socialista del Congreso de los Diputados en su Proposición No de Ley que como nuestros lectores habituales habrán comprobado no expone sino una pequeña parte de lo denunciado por la World Association for Cancer Research (WACR) en el voluminoso informe que hizo llegar en julio de 2012 -entre otras personalidades- al Rey, al Príncipe, al Presidente del Gobierno, a los presidentes del Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Consejo General del Poder Judicial, al Fiscal General, al Fiscal Anticorrupción, a cinco ministros, a los presidentes de dos comisiones del Congreso y a los directores generales de la Guardia Civil y la Policía. El lector interesado en acceder a su contenido puede entrar en nuestra web –www.dsalud.com– y leer los cuatro artículos consecutivos que con el título Desidia de las autoridades ante el grave problema de las radiaciones electromagnéticas publicamos en los números 158, 159, 160 y 161.