Son ya 828 los científicos que exigen prohibir los transgénicos

En 1999 trescientos científicos de muy diversos países que terminaron agrupándose en una organización sin ánimo de lucro -el Institute of Science in Society– alertaron a la sociedad del peligro de los organismos genéticamente modificados –popularmente conocidos como “transgénicos”- mediante un documento titulado Carta abierta de científicos del mundo a todos los gobiernos. Número que desde entonces ha ido creciendo –hoy son ya 828 de 84 países- lo mismo que sus advertencias. La carta –cuyo contenido fue ampliándose con los años- se presentaría a numerosas organizaciones internacionales –incluida la ONU- y gobiernos sin que éstos hayan atendido sus peticiones ni se hayan dignado a aceptar siquiera un debate científico sobre el tema. A pesar de que entre ellos hay científicos de reconocido prestigio.
¿Y qué piden? Pues la prohibición de los transgénicos hasta que se demuestre que son inocuos y no peligrosos ya que tal cosa no se ha hecho nunca; y que se prohíba patentar procesos vivos, organismos, semillas, líneas celulares y genes ya que la naturaleza –manipulada biotecnológicamente o no- debe ser patrimonio de la humanidad. Entre otras cosas porque las empresas que se dedican a ello están creando productos que cada vez producen más casos de intolerancia y alergias a cientos de millones de personas, infectan los cultivos no transgénicos, se aprovechan para su lucro de los conocimientos indígenas milenarios sin compensación alguna para éstos y, lo que es ya realmente grave, están jugando a la ruleta con la salud y la vida de la ciudadanía. Y todo ello sin que obtengan beneficio alguno ni los agricultores ni los consumidores a pesar de la falsa propaganda difundida en ese sentido. Es más, han creado problemas antes inexistentes, algunos de los cuales pretenden resolver con herbicidas más potentes y tóxicos –que diezman indiscriminadamente las especies silvestres de plantas- tanto para animales como para humanos. De hecho están acabando allí donde están presentes con insectos beneficiosos como las abejas y las crisopas siendo asimismo letal para las mariposas y el picaflor golondrina. Está además constatado que el glufosinato causa malformaciones congénitas y que el glifosato está ligado al linfoma no-Hodgkin.
Los científicos denuncian igualmente que la primera cosecha genéticamente modificada que se comercializó –el tomate Flavr Savr– no superó las pruebas toxicológicas requeridas y sin embargo se aprobó su comercialización sin que desde entonces se haya hecho prueba científica alguna sobre su seguridad real. Otro de los ejemplos en los que apoyan sus reivindicaciones es el hecho de que un lote de triptófano producido por microorganismos genéticamente modificados se haya asociado ya a al menos 37 muertes y 1.500 enfermedades serias. O que la Hormona de Crecimiento Bovino genéticamente manipulada que se inyecta a las vacas para que aumenten su producción de leche incrementa en ésta el nivel de IGF-1, molécula asociada en humanos a cánceres de mama y próstata.
Es pues inadmisible que los ciudadanos no tengamos derecho a saber si consumimos transgénicos y si éstos se cultivan cerca de donde vivimos. Especialmente en España, país con más cultivos transgénicos de toda la Unión Europea en el que sin embargo no existe registro público sobre su ubicación. Algo que el actual Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, denegó en agosto pasado hacer público -asegura que los gobiernos central y autonómicos saben dónde están esas plantaciones- para evitar que puedan ser atacadas por algunas de las organizaciones contrarias a ellos. “En todo el mundo –manifestó con caradura el ministro- hay cultivos transgénicos y no pasa nada”. En pocas palabras: para el Gobierno de Mariano Rajoy –como para el anterior de José Luis Rodríguez Zapatero– es prioritario proteger los intereses de las multinacionales implicadas –con Monsanto a la cabeza- antes que los derechos a la salud y la vida de sus conciudadanos.