No consumo ni he necesitado consumir Bio-Bac.
No estoy enfermo de cáncer, afortunadamente.
No tengo ningún familiar o amigo que lo consuma para tratar de hacer frente a tan terrible enfermedad.
Nada tengo que ver con quienes lo descubrieron ni con quienes lo recetan o aconsejan.
No sé, por tanto, si es bueno o malo pero tengo que creer a los familiares y a los enfermos cuando se aferran a su propia experiencia para defender su consumo frente al Estado. Con su salud nadie juega ni miente. De nuevo David contra Goliat.
Soy periodista y, desde luego, no estoy muy satisfecho del comportamiento de la profesión en estos momentos.
A pesar de todo, o por eso mismo, quiero denunciar la hipocresía de las autoridades sanitarias y de todos los políticos que aguardan cruzados de brazos mirando a otro lado mientras sus conciudadanos sufren y mueren, la ceguera cómplice de la gran mayoría de los periodistas sometidos a un poco o nada democrático sistema de elección y publicación de contenidos, y la rigidez amoral de la justicia en este caso.
A los políticos:
¿Quién es el gobierno -o cualquiera de sus dignos representantes- para imponer el consumo de un determinado tratamiento a los ciudadanos anulando su libertad para elegir otros bajo su responsabilidad?
Si en lugar de hablar de seres humanos lo estuviéramos haciendo de bosques, animales o costas a quienes reclaman el Bio-Bac les quedaría al menos la posibilidad de exigir la aplicación del Principio de Precaución previsto en los Acuerdos de Río que suscribió nuestro país. Desde la Cumbre de Río de 1992 es una obligación internacional a la hora de afrontar una situación de crisis medioambiental cumplir con el Principio de Precaución: “Cuando exista la amenaza de daño grave o irreversible, la falta de pruebas científicas definitivas no debe usarse como justificación para posponer las medidas encaminadas a evitar la degradación ambiental y a proteger a los ecosistemas”. Pues bien, ¿existe mayor degradación medioambiental para un ser humano que contemplar indefenso cómo el cáncer le va consumiendo su salud? ¿Existe para nuestros administradores algún ecosistema más delicado para proteger que la vida humana?
En un artículo titulado El principio de precaución y la salud pública -que desde luego no estaba pensado para aplicarlo en el caso del Bio-Bac– la doctora Emilia Sánchez de la Agencia de Evaluación de Tecnología e Investigaciones Médicas de Barcelona afirma: “De acuerdo con el principio de precaución es mejor ser más o menos correcto en el momento adecuado teniendo en cuenta las consecuencias de equivocarse que ser completamente correcto demasiado tarde”. ¿Lo captan, señores políticos? ¿Lo capta, señor juez? Al menos cinco personas han muerto ya reclamando que les dejen volver a tomar el Bio-Bac. También se afirma en el citado artículo: “El principio de precaución es de aplicación cuando hay una buena base para considerar que una acción implementada de manera temprana, a un coste comparativamente bajo, puede evitar un daño posterior mucho más costoso o la aparición de efectos irreparables”. O, como podría redactarse a la luz de lo ocurrido en las últimas semanas, “el principio de precaución en el caso del Bio-Bac es de aplicación dado que hay una buena base (investigaciones internacionales y la propia experiencia de los pacientes) para considerar que el acceso al Bio-Bac de forma automática, a un coste comparativamente bajo con el de los tratamientos que han venido padeciendo, puede evitarles un daño posterior mucho más costoso como es la muerte de los enfermos que estuviesen siendo tratados con él”.
Sin embargo, el Principio de Precaución en el caso de los enfermos de Bio-Bac, simplemente ni se lo plantean. Tampoco parecen querer tener en cuenta la posibilidad de hacer uso del conocido “uso compasivo” de un medicamento, una autorización especial que se da para casos en los que no hay otro tratamiento posible y cuando se considera que el riesgo de tomar el fármaco compensa el peligro que representa el estado de salud del paciente. También en nuestro país se prevé esta situación en tratamientos a pacientes aislados -y al margen de un ensayo clínico de productos en fase de investigación clínica- cuando el médico, bajo su exclusiva responsabilidad, considera indispensable su utilización (art. 23 RD 561/1993, de 16 de abril). Bueno, pues recordemos que el Bio-Bac está siendo recomendado por médicos colegiados de trayectoria profesional irreprochable.
La propia administración sanitaria recoge la pauta de actuación, que pasa por solicitar el uso compasivo a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, concretamente a la Subdirección General de Asistencia y Prestación Farmacéutica, acompañada de diversa documentación entre la que destaca el consentimiento por escrito del propio paciente.
Está claro pues que con algo de buena voluntad y flexibilidad en la interpretación de las normas podrían encontrarse soluciones momentáneas… pero no se adoptan. ¿Por qué ese empecinamiento? ¿Hasta cuándo pueden seguir escondiéndose tras la excusa de que velan por nuestra salud? Tanto este gobierno como los anteriores son cómplices -por dejación de sus funciones- de la muerte anual de miles de españoles. Pongamos para demostrarlo a nuestras diligentes autoridades sanitarias frente al espejo de su propia miseria: el Bio-Bac frente al tabaco:
1) El Bio-Bac está prohibido y los investigadores que lo desarrollaron son tratados como delincuentes. El tabaco es de consumo libre, de venta casi protegida y los dirigentes de las grandes compañías ocupan lugares preeminentes en la sociedad española.
2) El Bio-Bac puede presentar ante la comunidad un largo catálogo de estudios realizados a nivel internacional sobre su influencia positiva en la salud. El tabaco no sólo no puede sino que las grandes compañías están siendo perseguidas judicialmente en los Estados Unidos por alterar estudios científicos y añadir productos que a la larga consiguieran hacer a los cigarrillos más adictivos.
3) El Bio-Bac ha sido reconocido como inocuo por la propia ministra de Sanidad y calificado por sus consumidores como producto beneficioso para la salud porque así lo han experimentado en carne propia. El tabaco, más allá de que nadie reconozca que es bueno para su salud, causa cada año la muerte en nuestro país a más de 55.000 personas, según cifras de la Encuesta Nacional de Salud Pública. Es decir, 150 muertos al día, sobre todo jóvenes. La directora general de la Organización Mundial de la Salud Gro Harlem Brundtland ha declarado recientemente: “Las tabacaleras ven a nuestros niños como nichos de mercado para reemplazar a los que mueren (a consecuencia del tabaco)… Las técnica de mercadotecnia, promoción y los productos más avanzados tientan y enganchan a los jóvenes…” Ni siquiera el patrocinio de las compañías tabaqueras de campañas para el consumo responsable del tabaco tiene la aprobación de la OMS. Con ello la industria rodea a su producto de una imagen “adulta” que puede resultar atractiva para los menores. Según Harlem Bruntdland, “los documentos internos de la industria demuestran que sus motivos para desarrollar estos programas son ganar influencia en los gobiernos, distorsionar las políticas sanitarias y reducir la efectividad de las medidas de control”. Ahora argumentarán que va a entrar en vigor una nueva ley que restringe de forma drástica la publicidad pero lo cierto es que, a pesar de todo, el tabaco sigue siendo tolerado, permitido y consentido por la Administración Pública.
4) El Bio-Bac no contribuye al enriquecimiento de las grandes compañías farmacéuticas. De hecho, se ha negado a someterse a sus condiciones. Las autoridades sanitarias, en cambio, proyectan considerar la dependencia del tabaco como “enfermedad crónica” e incluir los tratamientos para dejar de fumar “en las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud”. Dinero, mucho dinero para las grandes compañías farmacéuticas.
5) El Bio-Bac no proporciona hoy tanto dinero a las arcas del Estado pero podría llegar a producirlo dadas sus posibilidades. Eso sí, Hacienda ingresa más de 6.000 millones de euros al año por impuestos del tabaco. Y no se quiere renunciar a ello.
Podríamos seguir y seguir pero al final todos los argumentos se resumen en uno: el Bio-Bac es bueno para la salud. Lo afirman quienes lo toman y diversos estudios internacionales. Lo niegan quienes ni lo toman ni aceptan realizar nuevos estudios, si es preciso, con luz y taquígrafos. El tabaco, simplemente, mata; y lo reconocen todos. Sin embargo, el Bio- Bac lo prohíben y al tabaco le amparan. Y lo singular es que nuestras autoridades permiten el consumo de tabaco apelando a la responsabilidad individual del consumidor… pero le niegan esa responsabilidad al enfermo en el caso del Bio-Bac. Ni siquiera permiten su consumo aunque lleve una etiqueta que ponga que “el Ministerio de Sanidad -por razones, eso sí, desconocidas- desaconseja su uso”.
Todo esto huele a dinero. Bien mirado, los dividendos de las grandes compañías que sustentan los tratamientos actuales contra el cáncer no se producen por curar sino por desarrollar nuevos fármacos que actúen contra nuevas variaciones de las enfermedades. ¿Se imagina usted a una compañía apostando por un fármaco que terminara con sus tratamientos de quimioterapia? ¿Se imagina la reacción de sus accionistas e inversores que desean seguir recogiendo dividendos?
Pues bien, con los actuales tratamientos contra el cáncer –tras gastarse la industria miles de millones de dólares en el desarrollo de fármacos- siguen muriendo en nuestro país más de 100.000 personas al año. Luego, ¿por qué tiene nadie que admitir en silencio y sin protestar una más que probable condena a muerte dictada por imposición de las creencias “científicas” de unos cuantos? Vuelve a oler a dinero. Sólo que ese pestilente olor de los intereses defendidos a costa de la salud y la vida de la gente no parece alcanzar a los medios de comunicación con más peso en la formación de opinión en nuestro país.
A los periodistas:
¿Qué interesado criterio sitúa a las autoridades sanitarias en posesión de la verdad absoluta en contra de las experiencias personales e individuales de quienes reclaman el acceso al Bio-Bac? ¿Se olvida que han sido experiencias individuales y no grandes estudios estadísticos a tres vueltas los que han marcado los grandes avances de la ciencia o de la medicina, las vacunas, la penicilina, la anestesia, la ley de la gravedad, etc.? Quizás sirvan para despejar este interrogante de nuevo las palabras de la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Gro Harlem Brundtland: “Los estudios científicos manipulados y la propaganda inundan las informaciones (…) Meses de trabajo de agencias de relaciones públicas, campañas publicitarias, asesores en universidades y organismos comerciales trabajan en apoyo de los intereses de la industria del tabaco para sabotear nuestro trabajo”. Una política corrosiva que precisa de especialistas independientes dispuestos a examinar con objetividad los argumentos de todas las partes para, después, exponerlos a través de medios también independientes de los grandes intereses. ¿Los hay en nuestro país? Apenas. Además, las empresas periodísticas parecen olvidar que en la esencia del periodismo está el dudar de las versiones oficiales. Es la única manera real de servir a la sociedad… cuando realmente es eso lo que se pretende, claro.
A los jueces:
¿Qué tipo de Justicia sitúa los postulados legales por encima de las más mínimas normas éticas como es el derecho a la vida? ¿No es un juez cómplice de la muerte de todo paciente al que se le deniega el auxilio solicitado cuando rechaza el tratamiento que se le quiere imponer? No permitir tomar un producto inocuo a quienes exigen que se les facilite y están convencidos de su utilidad está provocando el deterioro de la salud de cientos –o miles- de personas y eso es éticamente inadmisible e intolerable. La Justicia, si es tal, debe comenzar por respetar el derecho a la vida, como elección individual y no gubernamental. No puede ser el Gobierno el que decida quién debe de morir o vivir decidiendo unilateralmente sobre la utilidad o no de un tratamiento. La Justicia no puede ser ciega al sufrimiento de las víctimas. Existen normas legales para poner al alcance de quienes lo demandan el Bio-Bac y que éste se tome bajo la propia responsabilidad del paciente. Hágase por tanto ya que a nadie perjudica. Ni a los pacientes que lo demandan, ni al Estado. Por otra parte, si la Justicia tiene tantas dudas, ¿por qué no obliga al Estado –dada la importancia del caso- a realizar en el menor tiempo posible un estudio vigilado y realizado por investigadores independientes que nos permita a los ciudadanos saber la auténtica verdad del Bio-Bac? ¿Verdad que es fácil, señor juez? Por favor, al menos aplique el Principio de Precaución.
