Empieza el juicio sobre el caso Bio-Bac

El próximo 19 de mayo, tras 137 meses de instrucción -¡11 años y cinco meses!- comenzará en Madrid el juicio sobre el Caso Bio-Bac contra Rafael Chacón -responsable de su producción y distribución- y cuatro de sus colaboradores acusados de «poner en peligro la vida de quienes lo consumieron» y de hacer «alegaciones falsas sobre sus propiedades» causando a quienes lo ingirieron «un perjuicio grave y manifiesto». Presuntos delitos por los que el principal encausado podría ser condenado a 5 años y 6 meses en el peor de los casos. Los demás procesados quedaron libres de cargos sin que a día de hoy nuestras autoridades les hayan pedido perdón por la vergonzosa tropelía cometida con todos ellos.

Como nuestros lectores habituales saben el Bio-Bac fue creado por el microbiólogo, farmacéutico y veterinario español Fernando Chacón -padre de Rafael, hoy encausado- en la década de los sesenta del pasado siglo XX comercializándose legalmente durante años. Es más, fue sufragado por la Seguridad Social durante una década hasta que en 1986 cambió en Europa la ley y el producto se retiró del mercado hasta que se adaptase a la nueva normativa, algo que no fue posible porque desde el propio Ministerio de Sanidad y Consumo se boicotearon todos los intentos de adaptación a las nuevas normas imposibilitando incluso la realización de los ensayos clínicos que se solicitaron. Fue entonces cuando Rafael Chacón optaría por comercializarlo simplemente como complemento alimenticio apoyado por algunos de los muchos  médicos que conocían sus propiedades y eficacia y decidieron recomendárselo a sus pacientes. Hasta que el 24 de Octubre de 2002 más de 200 personas -entre guardias civiles, policías, funcionarios, inspectores y altos cargos del Ministerio de Sanidad- ejecutaron en distintos lugares de España la denominada Operación Brujo que culminó con la detención de 23 personas -trece de ellas médicos- y la incautación de miles de frascos de Bio-Bac. ¿La razón? ¡Que la salud de miles de personas estaba en peligro por consumirlo! Es más, se insinuó públicamente que los detenidos pertenecían a una banda armada que se dedicaba a estafar a los consumidores vendiéndoles un producto no solo manifiestamente ineficaz sino peligroso que se fabricaba de forma chapucera con el único fin de enriquecerse y así lo recogieron de hecho numerosos medios. Acusándoseles asimismo de poner en peligro la vida de quienes tenían patologías graves -especialmente enfermos de cáncer- ya que además les recomendaban que abandonasen los tratamientos convencionales. Gravísimas acusaciones de las que se harían eco todos los grandes medios de comunicación dado el gigantesco operativo montado, muy superior en efectivos a la mayoría de las operaciones antiterroristas de la época más sangrienta de ETA.

Pues bien, solo un mes después del operativo el director de Discovery DSALUD, José Antonio  Campoy, publicaría un extenso informe sobre el caso -en el nº 45 de la revista, correspondiente a diciembre de 2002 y que aún puede leerse en nuestra web: www.dsalud.com– parte del cual transcribimos hoy sin tocar ni una coma porque 12 años después sigue sorprendentemente vigente:

«Los pasados días 24 y 25 de Octubre -se decía en aquel texto- la Guardia Civil detuvo en un operativo bautizado como Operación Brujo -que se desarrolló conjuntamente en 12 provincias españolas y en la que intervinieron ¡200 efectivos!- a un grupo de personas que –eso nos contaron- integraban una red organizada armada que se dedicaba a fabricar y comercializar en un chalet una serie de productos ilegales –entre ellos, el Bio-Bac- que ponían en riesgo la salud pública y cuyos miembros pretendían enriquecerse aprovechándose de la desesperación e ingenuidad de la gente en casos graves, especialmente enfermos de sida y cáncer. Banda a la que pertenecían varios médicos a los que se hizo pasar por un grupo de desalmados, de canallas sin conciencia. Es de suponer que la mayor parte de nuestros lectores conoce lo acaecido ya que ha sido portada en la práctica totalidad de los periódicos de España. ¿Cabe extrañar, en consecuencia, que ante tamaña sarta de patrañas y mentiras se soliviantaran los ánimos de muchos profesionales del periodismo y que, éstos, indignados, clamaran contra los detenidos y, muy especialmente, contra los médicos? ¿Cómo iba nadie a sospechar que todo era completamente falso? Pues bien, las familias de algunos de aquellos facultativos me llamaron atónitas y angustiadas y, sabedor de la honestidad personal y profesional de algunos de los médicos detenidos, no dudé un segundo en poner la revista a su disposición para que pudieran contar su versión. Y así lo he estado haciendo hasta el día de escribir estas líneas convirtiéndose Discovery DSALUD, sin pretenderlo pero sin rechazarlo, en portavoz oficial de buena parte de los médicos imputados, de los enfermos que al quedarse sin Bio-Bac querían contar su desesperación a la sociedad a través de los medios de comunicación y, por último, del propio Rafael Chacón cuando salió de la cárcel donde injustamente había sido llevado.

Imposible narrar todas las gestiones que desde la revista hemos hecho en estas tres últimas semanas. Quizás un día nos animemos a contarlo. Pero la certeza de que todo era un montaje porque precisamente llevábamos año y medio investigando discretamente este asunto y sabíamos lo que realmente había detrás nos llevó a enviar varios comunicados a los medios de comunicación –la mayor parte de los cuales hizo caso omiso- explicando el trasfondo del caso. Y otro tanto hicimos con la ministra de Sanidad, Ana Pastor, que no se dignó ni a confirmar su recepción (aunque nos consta que los recibió todos). Comunicados en los que ya afirmamos desde el principio lo que hoy se sabe de forma fehaciente: que se trataba de un montaje, de una auténtica conspiración. En sólo unas horas supimos lo que a otros les está costado semanas entender. Es decir, que:

1)       No existía tal “red organizada”.  Los médicos ni siquiera se conocían entre sí. Es más, en el momento de escribir este texto –20 de noviembre de 2002- algunos siguen sin conocerse. Una “banda” realmente “supersecreta”. El esperpento llegó al punto de que se filtró a algunos medios de comunicación que el cabecilla de los mismos era un médico que la propia Guardia Civil había puesto en libertad sin cargos. Kafkiano.

2)       Ni uno sólo de los médicos había cobrado jamás un céntimo por recetar el Bio-Bac (lo que, por cierto, no pueden decir muchos de los que recetan productos de farmacia). La acusación de que se estaban enriqueciendo era falsa.

3)       Las “armas de fuego” incautadas en la operación –qué fuerte suena, ¿no?- y que sirvieron para presentarles como una especie de banda armada peligrosa se encontraron sólo en el chalet de Rafael Chacón. No en poder de varias personas. Y se trataba de armas antiguas de coleccionista. Con más de 50 años. Sin comentarios.

4)       El Bio-Bac no se fabricaba en el chalet de Chacón –como se intentó hacer creer- sino en laboratorios legales con todas las garantías. Y es vergonzoso que se facilitara a las cadenas de televisión unas imágenes mostrando una nevera donde junto a varios presuntos frascos de Bio-Bac había comida en un intento de hacer creer que aquello era un laboratorio clandestino, chapucero y peligroso cuando los productos almacenados para la venta se hallaban en realidad en otras dependencias en cámaras perfectamente acondicionadas. En todo caso, el hecho más grave estriba en que ni la nevera que aparecía en las imágenes pertenecía a Chacón ni los frascos eran de Bio-Bac. Lo aseguran todos los que viven en el chalet. Encima, un montaje chapucero. Inaudito.

5)       El Bio-Bac es inocuo. Lo reconocería primero Ramón Palop, Subdirector General de Seguridad de Medicamentos y, luego, la propia ministra de Sanidad en una rueda de prensa convocada expresamente para dejarlo claro y quitarse así de encima las posibles responsabilidades civiles y penales ya que si el Ministerio sabía desde hace tiempo que el Bio-Bac se estaba vendiendo y miles de pacientes lo estaban tomando sin estar seguros de su inocuidad… ello implicaba que había puesto deliberadamente en peligro la salud de esas personas e, incluso, sus vidas. Aunque lo de que el Bio-Bac es inocuo lo saben en el ministerio desde hace mucho porque se trata de un producto que se recetó durante más de diez años a cargo de la Seguridad Social por centenares de médicos. Lo prueban miles de recetas. Luego, ¿dónde está el presunto delito contra la salud pública?

6)       Rafael Chacón procede de una familia acomodada y se ha gastado casi todo su patrimonio -unos 3.000 millones de las antiguas pesetas- en intentar legalizar el Bio-Bac, algo que no pudo lograr porque en la Agencia Española de Medicamentos le pusieron todo tipo de trabas. Presentarlo, pues, como un mero sinvergüenza que pretendía enriquecerse aprovechándose de la desesperación ajena es una manipulación que raya en el delirio.

7)       Y hablando de precios: un tratamiento con Bio-Bac para tratar un cáncer cuesta al mes –dependiendo de la gravedad- entre 25.000 y 75.000 de las antiguas pesetas. Un tratamiento con quimioterapia medio millón al mes. Y no hablemos ya de lo que vale una simple sesión de radioterapia.

La pregunta es obvia: ¿QUIÉN ha utilizado a la Guardia Civil de esta manera? ¿Quién ha autorizado la actuación de ¡200 personas! en una operación que, a la vista de los hechos, ha llevado a la cárcel a dos decenas de personas inocentes? ¿Y cómo han permitido las autoridades llevar a cabo esa acción que ha supuesto la violación flagrante de los derechos fundamentales de tantos españoles?»

EL TEMPO PONE A CADA UNO EN SU LUGAR

Hasta aquí la reproducción de un artículo que, insistimos, se escribió apenas tres semanas después de los hechos. Lo grotesco es que aquella operación dio lugar a un procedimiento abreviado que al final duraría la friolera de ¡137 meses! Tiempo durante el cual la mayor parte de las acusaciones serían retiradas quedando casi todos los encausados  libres de cargos.

Es más, por su importancia invitamos a los lectores a leer en nuestra web -www.dsalud.com– la entrevista que el propio Campoy hizo el 11 de diciembre de 2002 en la sede de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de Madrid  al comandante Luis Vallés -responsable de la operación- y al “teniente Alfonso” que coordinó el operativo en la que ambos negaron haber hablado de “banda armada” diciendo que ésa era “una interpretación errónea de los medios de comunicación» y tras la que quedó claro que si el Ministerio de Sanidad y la Guardia Civil estaban convencidos de que el Bio-Bac era un producto peligroso para la salud el hecho de dejar que durante meses miles de españoles lo siguieran tomando resultaba, lisa y llanamente, criminal. Es más, reconocerían que la nevera con los frascos de Bio-Bac que se guardaban junto a comida y con cuyas imágenes se pretendió hacer creer al público que la casa de Chacón era un laboratorio chapucero ¡no se hicieron en ella!  En esa entrevista los propios responsables  de la Guardia Civil reconocerían haber creído que el Bio-Bac se fabricaba en casa de Chacón y no en Laboratorios Iven ¡hasta casi el final de la investigación! Aún más: los responsables de la Operación Brujo creían que producto “inocuo” significa producto “sin eficacia” en lugar de “sin efectos secundarios adversos”; algo de una ignorancia inaudita.

En cuanto a la aseveración de la Agencia Española del Medicamento de que algunos frascos del producto contenían psicotrópicos el tiempo demostró que también era falsa.

¿Y entonces qué acusaciones se mantienen a día de hoy? Pues según la Fiscalía los acusados son responsables de dos delitos penales. Uno «contra la salud pública» que según determina el artículo 362.1, 2 y 3 del Código Penal comete…

«1º) El que altere, al fabricarlo o elaborarlo o en un momento posterior, la cantidad, la dosis o la composición genuina, según lo autorizado o declarado, de un medicamento, privándole total o parcialmente de su eficacia terapéutica y con ello ponga en peligro la vida o la salud de las personas.

2º) El que, con ánimo de expenderlos o utilizarlos de cualquier manera, imite o simule medicamentos o sustancias productoras de efectos beneficiosos para la salud, dándoles apariencia de verdaderos y con ello ponga en peligro la vida o la salud de las personas.

3.º El que, conociendo su alteración y con propósito de expenderlos o destinarlos al uso por otras personas, tenga en depósito, anuncie o haga publicidad, ofrezca, exhiba, venda facilite o utilice en cualquier forma los medicamentos referidos y con ello ponga en peligro la vida o la salud de las personas» (la negrita y el subrayado son nuestros).

Y un segundo delito por alegar que el producto tiene propiedades terapéuticas basándose en el artículo 282 que dice:  “Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses los fabricantes o comerciantes que en sus ofertas o publicidad de productos o servicios hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores sin perjuicio de la pena que corresponda aplicar por la comisión de otros delitos”.

En pocas palabras: tales hechos solo adquieren carácter penal si al perpetrarse se pone en peligro la vida o la salud de las personas o se les  causa «un perjuicio grave y manifiesto«. Y ambas posibilidades son imposibles porque  la entonces Ministra de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, convocó a la prensa el 30 de octubre de 2002 –cinco días después del operativo- para decirles simplemente que el Bio-Bac es inocuo y su consumo no entraña peligro alguno para la salud.

Sorprendente y vergonzosa afirmación teniendo en cuenta que la Operación Brujo se ejecutó alegando precisamente que tal peligro existía; de hecho el ministerio habilitó una línea telefónica para que quienes lo estaban consumiendo dejaran de hacerlo y llamaran a informarse ¡pidiendo a los medios de comunicación que difundieran urgentemente el mensaje!

Pues bien, a pesar de ello, de que la propia Ministra de Sanidad Ana Pastor reconoció públicamente en rueda de prensa a los cinco días del operativo que el Bio-Bac es inocuo -es decir, carente de peligro-

 y de que así lo dictaminaría posteriormente la Audiencia Provincial de Madrid en dos fallos emitidos en 2003 y 2007 aseverando que «no hay ni efectos ni afectados« la Fiscalía, en un alarde de incongruencia, sigue manteniendo hoy que sí… pero sin haber aportado a la causa ni un solo dato o prueba de tal peligro desde que se emitieron ambas decisiones judiciales. Claro que la Audiencia Provincial de Madrid ya recriminó en ambas ocasiones a la Fiscalía que no fuera capaz de concretar su “acusación abstracta de daño” y no hubiera sido capaz en los  años transcurridos de presentar el testimonio de una sola persona que asegurara que el producto le había sentado mal. Ni una sola entre miles de consumidores consultados y animados a denunciar tal cosa ¡por agentes de la propia Guardia Civil! como según algunos consumidores están dispuestos a testificar en sede judicial. Es más, la Audiencia Provincial de Madrid concluyó que no podía afirmarse que el producto se estuviera vendiendo como medicamento y que no se ha demostrado que alguien abandonara el tratamiento convencional por consejo de los hoy acusados como falsamente alegó la Fiscalía. El fallo es rotundo: nunca se ha llegado a acreditar que hubiera efectos negativos del producto o afectados por consumirlo; ni efectos, ni afectados (pág. 8 del auto 823/07) porque se trata de un producto inocuo  (pág. 8 del auto 823/07) carente de efectos secundarios negativos. Recalcando de hecho que todos los testimonios recogidos desde el comienzo del procedimiento indican justo lo contrario, que de su consumo se derivaron consecuencias beneficiosas.

Luego, ¿dónde está el requisito imprescindible de peligro para la vida o la salud de las personas que exige el Código Penal para poder acusar a alguien de un presunto delito para la salud pública?

NADIE ABANDONÓ TRATAMIENTO ALGUNO

En suma, el Bio-Bac es inocuo y no hay riesgo por consumirlo, no pretendió simular ser otro medicamento ya en el mercado ni los acusados trataron de adulterar un medicamento legalmente autorizado así que a la acusación no le quedó otra que recurrir al retorcido argumento de que «se invitó a los consumidores a abandonar sus tratamientos convencionales» elevando tal hecho a la categoría de delito. Una estupidez que encima resultó falsa porque, como ya hemos adelantado, los magistrados de la sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid ya se pronunciaron  al respecto en un auto emitido en 2007 tirando abajo ese argumento, supuesto que servía de base al  presunto -e inexistente- delito de «publicidad engañosa». Los magistrados fueron claros en su auto: “Acogiendo el informe del Ministerio Fiscal se dice por la Juez de Instrucción, con cita de la ST1 de abril del 2003, que en el presente caso existen indicios de que un gran número de pacientes abandonó el tratamiento de quimioterapia y radioterapia por consumir Bio-Bac poniendo en peligro el agravamiento de su enfermedad y falleciendo en un número importante de casos. Sin embargo, tras la lectura de las declaraciones de los consumidores del Bio-Bac ninguno manifiesta que se le prescribiera u obligara al abandono de los tratamientos convencionales siendo que la mayoría siguió con ellos pese a consumir Bio- Bac mientras que otros los abandonaron por decisión propia sin que se tengan, por ahora, elementos que lleven a afirmar, como dice la Juzgadora, que el abandono de los tratamientos convencionales se debiera al consumo del Bio Bac» (la negrita y el subrayado es nuestro). Y es que por más empeño que pusieron todos, ni el ministerio, ni la Fiscalía, ni la Guardia Civil fueron capaces de encontrar un solo paciente que afirmara que Chacón o sus colaboradores les sugirieron abandonar sus tratamientos convencionales.

Es más, cuando la fase de instrucción parecía entrar por fin en su recta final la Fiscalía sorprendió con la solicitud de una nueva diligencia: el cotejo -la verificación- de las 200 horas de conversaciones grabadas por la Guardia Civil en los teléfonos de Rafael Chacón… ¡siete años después de su grabación! Es decir, la acusación buscaba siete años después del operativo y en las mismas cintas que presuntamente habían servido para desencadenar la Operación Brujo ¡pruebas que apoyaran sus insinuaciones! Algo que a los abogados de Rafael Chacón les hizo sospechar con fundamento  que se traba de un mero ardid para ganar tiempo en cuanto comprobaron que a las sesiones de escucha y transcripción realizadas en presencia del Secretario Judicial ¡no acudía ningún miembro de la Fiscalía! Y lo cierto es que tras escucharse todas las cintas se demostró que en ninguna de ellas Rafael Chacón o sus colaboradores habían aconsejado abandonar los tratamientos convencionales a algún paciente. Todo lo contrario: en las grabaciones se constataría que a menudo se invitaba a quienes llamaban a complementar los mismos con el Bio-Bac explicando que éste ayudaba a aliviar los efectos secundarios de los quimioterápicos. “Se ha acreditado –asevera por ello un informe del Bufete Sánchez de León encargado de la defensa- que ni el Sr. Chacón Pabón ni el personal de Chacón Farmacéutica incitó, invitó o propuso jamás a un consumidor que abandonara su tratamiento convencional por cuanto que en todas las intervenciones telefónicas se puede observar cómo se indicaba a los consumidores que el Bio-Bac era compatible con el tratamiento convencional; y que incluso era complementario a éste”. Otra falsa acusación que se fue a pique.

¿PUBLICIDAD ENGAÑOSA?

En definitiva, no se ha puesto nunca en peligro la salud y la vida de nadie -ni directa e indirectamente- por consumir Bio-Bac. Y a nadie se le instó a abandonar los tratamientos convencionales que se les había prescrito. Lo avalan varias resoluciones judiciales y desde entonces no se ha aportado nada que lo desmienta. En cuanto al presunto delito de «publicidad engañosa» hay ante todo que señalar que la legislación sobre complementos alimenticios en 2002 -fecha de la incautación- no era tan estricta como la actual en lo que a la alegación de propiedades benéficas de los productos se refiere pero es que, más allá de esta consideración, lo que subyace en ese delito es la intención de engañar; es decir, de mentir sobre las propiedades del producto. ¿Y lo hizo Chacón? Pues llegados a este punto hay que recordar que en un procedimiento penal debe ser la acusación la que en el juicio oral demuestre que las alegaciones sobre las propiedades del Bio-Bac -ampliamente avaladas por numerosos estudios internacionales, varios de los cuales obran en autos- son falsas. Los abogados de Rafael Chacón con claros: “Si se le imputa al Sr. Chacón Pabón un delito de publicidad engañosa el ministerio público deberá demostrar que las propiedades anunciadas como propias del Bio-Bac eran falsas. Y hasta la fecha la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) no ha podido negar la posibilidad de que las propiedades que adornan al producto Bio-Bac sean ciertas con lo que, sensu contrario, no se ha acreditado que tales alegaciones sobre dichas propiedades sean falsas”.

Cabe añadir que a pesar de esta impecable lógica penal los abogados de Rafael Chacón trataron a lo largo del procedimiento de demostrar que el producto incautado era inocuo y eficaz solicitando pruebas de  forma reiterada: en escritos de fecha 14 de enero de 2003, 11 de febrero de 2003, 16 y 18 de junio de 2003, 19 de septiembre de 2003, 10 de marzo de 2004, 7 de septiembre de 2004 y, por último, en escrito de fecha 29 de diciembre de 2005. Sin éxito. De hecho el juzgado solo las autorizó… ¡cuando ya era tarde! Total, ¡sólo se le había pedido por escrito ocho veces! Y es que en septiembre de 2006 la empresa RCC CID.S.A., a la que finalmente se solicitó la peritación, comunicaría al Juzgado nº 2 de San Lorenzo de El Escorial que su solicitud de realizar pruebas sobre el producto –¡hecha, insistimos, casi cuatro años después de la incautación!- era ya imposible porque los frascos incautados ¡habían caducado! El documento entregado por la empresa al juzgado dice textualmente: “Esta semana pasada caducaron las últimas muestras que nos fueron entregadas en su día por lo que la realización de los trabajos ha devenido objetivamente imposible (…) Lo cierto es que, por quien sea, se ha dejado transcurrir el tiempo lastimosamente hasta que la realización de los trabajos se ha convertido en imposible”. Evidentemente los jueces responsables de este sinsentido no han sido aún procesados por prevaricación.

Pero ni a Rafael Chacón ni a sus abogados tamaña sinvergonzonada les preocupa: hay decenas de estudios -nacionales e internacionales- que avalan la inocuidad y las propiedades beneficiosas del Bio-Bac. Estudios avalados por los responsables médicos y las propias autoridades sanitarias de los países donde se realizaron. Luego Chacón no mentía, no engañaba al reflejar lo que esos estudios sobre el producto concluían. De hecho la acusación no ha hecho absolutamente nada por rebatirlos. Ha optado por ignorarlos para no hacer el ridículo. Luego, ¿cómo se va a sostener en serio judicialmente que ha habido «delito de publicidad engañosa»?

Tales son los hechos. Y por ello resulta inaudito que el caso no se sobreseyera sin más cuando así se solicitó en 2013. Ahora solo queda asistir a la obra de teatro que va a empezar a representarse en Madrid a partir del próximo 19 de mayo. Les mantendremos informados pero en este caso huele todo muy mal.

Francisco San Martín 

Este reportaje aparece en
171
Mayo 2014
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