Caso Bio-Bac: finalmente habrá juicio y se celebrará en mayo de 2014

Han pasado ya once años desde que el 24 de Octubre de 2002 cerca de 300 personas -entre guardias civiles, policías, funcionarios, inspectores y altos cargos del Ministerio de Sanidad- ejecutaran en distintos lugares de España la denominada Operación Brujo que culminó con la detención de 23 personas -trece de ellas médicos- y la incautación de miles de frascos de Bio-Bac y por fin hay ya decisión: habrá juicio penal contra Rafael Chacón -responsable de la producción y distribución del Bio-Bac– y cuatro de los colaboradores que trabajan entonces con él. Acusados de atentar contra la salud pública y publicidad engañosa. Pidiéndose para Chacón cuatro años y seis meses de prisión.

La sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid decidió el pasado mes de septiembre, concluida la larguísima instrucción del Caso Bio-Bac, rechazar la petición de los abogados defensores de que la causa se sobreseyese por lo que el caso se verá en el Juzgado de Lo Penal nº 18 de Madrid en mayo de 2014. Una decisión que ha sorprendido enormemente dados los antecedentes judiciales. Recordemos que el Juzgado nº 2 de San Lorenzo de El Escorial intentó en su momento sin éxito enviar el caso dos veces a la Audiencia Nacional, pretensión que la Audiencia Provincial de Madrid rechazaría dictaminando en sus fallos que los instructores ¡ni siquiera habían demostrado la “existencia de efectos y afectados” ni que los acusados formaran parte de una organización delictiva. De hecho de los 23 detenidos ¡hoy solo quedan encausados cinco! incluyendo a Rafael Chacón.

La primera vez lo intentó apenas seis días después de la Operación Brujo pero la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid -presidida entonces por la magistrada Manuela Carmena– rechazaría tal pretensión el 28 de julio del 2003 en un auto que pondría ya de manifiesto dos cosas importantes: la primera que no se había constatado que el Bio-Bac hubiera producido efectos adversos en un solo consumidor y, de hecho, ninguno lo había alegado; y la segunda que tampoco había prueba alguna de que los detenidos pertenecieran a una organización delictiva. Así lo dictaminaría el fallo: “No se ha acreditado en el testimonio que se nos ha remitido que haya habido efectos del delito en cuanto ni se han esclarecido situaciones abstractas de riesgo ni, por supuesto, afectados concretos en vida o salud (…) Y en todo caso no se pueden confundir las posibles prescripciones que se hayan podido llevar a cabo en determinadas clínicas médicas y por determinados doctores de las sustancias en cuestión como efectos del delito cuando ni tan siquiera se han determinado ni efectos ni afectados” (la negrita es nuestra). En cuanto a la disparatada tesis de que los detenidos integraban una organización delictiva el fallo fue igualmente claro y conciso: “Ni hay datos específicos que indiquen un organigrama asociativo”.

Bueno, pues dos años y pico más tarde el mismo juzgado volvería a intentar pasar el caso a la Audiencia Nacional mediante un auto de fecha 21 de septiembre de 2005 argumentando la existencia de “hechos y circunstancias nuevas” derivados de la instrucción, auto que de nuevo fue recurrido por la asistencia letrada de Rafael Chacón argumentando justo lo contrario: la manifiesta incapacidad de la instrucción para acreditar después de varios años que hubiera siquiera un “indicio penal” que justificase continuar con el proceso. Sin embargo esa vez la sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid presidida por la magistrada María Tardón se pronunció finalmente el 28 de diciembre de 2007 con un auto en el que comenzaría recordando que ya en julio de 2003 había rechazado tal pretensión. “En dicho Auto –podía leerse en el nuevo fallo de la Audiencia Provincial- ya se procedió a un estudio profundo sobre la base en que se fundaba dicha inhibición rechazando que se esté ante un delito del art. 361 C al ser objeto de éste un medicamento (consideración que no tiene la autovacuna para la inmunoterapia específica de las enfermedades producidas por las enzimas vivientes comercializado con el nombre de Bio-Bac conforme Resolución del Ministerio de Sanidad y Consumo del 3 de diciembre de 1986)”. Es decir, en ese auto la Audiencia Provincial de Madrid ya reconocía que el Bio-Bac no tiene la consideración de medicamento como siempre defendió Rafael Chacón. “Y respecto de la posible tipificación como un delito del art. 362,2 CP a los solos efectos del examen de la competencia –sigue diciendo el Auto- la Audiencia Nacional señala que se trata de un delito de riesgo concreto y en este caso no se han esclarecido situaciones de riesgo ni supuestos afectados concretos en su salud y vida. Se añadía además que no concurrían los requisitos del art. 65 apartado D) LOPJ al no existir elementos indicativos de una clara asociación”.

SIN PRUEBAS DE DELITO ALGUNO

Y a continuación los magistrados rechazarían la tesis de que existiesen pruebas nuevas que sustentasen esa segunda petición de inhibición agregando que por tanto resultaba “de todo punto inadmisible”. Añadiendo: No es posible un nuevo pronunciamiento de lo ya resuelto cuando los elementos de juicio son los mismos vulnerando así el principio de seguridad jurídica y de invariabilidad de las resoluciones jurídicas firmes” (las negritas y subrayados son nuestros). Los magistrados recalcarían de hecho que ¡el instructor seguía sin demostrar la existencia de efectos y afectados.

Es más, en este segundo auto se desmontaría otro de los argumentos de la Administración para tratar de llevar a la cárcel a los profesionales que aconsejaban el consumo de Bio-Bac: la supuesta recomendación a los pacientes de que abandonasen “los tratamientos convencionales”. Los magistrados dirían a ese respecto lo siguiente: “Acogiendo el informe del Ministerio Fiscal se dice por la Juez de Instrucción, con cita de la ST1 de abril del 2003, que en el presente caso existen indicios de que un gran número de pacientes abandonó el tratamiento de quimioterapia y radioterapia por consumir Bio-Bac poniendo en peligro el agravamiento de su enfermedad y falleciendo en un número importante de casos. Sin embargo, tras la lectura de las declaraciones de los consumidores del Bio-Bac, ninguno manifiesta que se le prescribiera u obligara al abandono de los tratamientos convencionales siendo que la mayoría siguió con ellos pese a consumir Bio- Bac mientras otros los abandonaron por decisión propia sin que se tengan por ahora elementos que lleven a afirmar, como dice la Juzgadora, que el abandono de los tratamientos convencionales se debiera al consumo del Bio-Bac” (la negrita es nuestra).

Es decir, aún admitiendo la aberrante posibilidad jurídica de considerar delito que un médico, en el uso de su libertad de ejercicio y prescripción, aconseje a un paciente abandonar uno de los denominados “tratamientos convencionales contra el cáncer” ¡la propia Audiencia Provincial de Madrid dictaminaría ya en 2007 que tal cosa no ocurrió por parte de los aún encausados (al parecer sí pudo haberlo sugerido uno de los médicos, hoy fuera del proceso al haber fallecido)!

Cabe de hecho recordar que ya a primeros de 2009 el entonces titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de San Lorenzo de El Escorial, Miguel Ángel Aguilera, decidiría –¡a petición del propio fiscal!- el sobreseimiento de las actuaciones abiertas contra los médicos y otros profesionales de la salud -salvo en un caso- detenidos durante la Operación Brujo. Sencillamente, no había ni un solo delito que imputarles; lo que implica que su detención no se ajustaba a derecho y las acusaciones eran falsas.

Y respecto de la posibilidad de posibles “muertes” el texto de la Audiencia Provincial de Madrid fue igualmente concluyente: “Del mismo modo, no existe indicio de que el consumo de tal sustancia produjera la muerte, no pudiéndose obviar que todos los consumidores son enfermos con graves enfermedades, muchos de ellos terminales. No hay indicio de que el Bio-Bac acelerara el proceso; ni siquiera de que sea una sustancia perjudicial para la salud o la vida ” (la negrita es de nuevo nuestra). En pocas palabras, tras varios años de instrucción el Juzgado nº 2 de San Lorenzo de El Escorial ni siquiera había conseguido demostrar que el Bio-Bac pudiera ser perjudicial. Es más, la Magistrado Juez del Juzgado de lo Penal número 6 de Madrid, Doña María Inmaculada Iglesias, absolvió a los enfermos acusados por el Ministerio Fiscal de apropiarse de numerosos frascos de Bio-Bac bajo precinto judicial por considerar su consumo imprescindible para ellos aplicando la eximente completa de estado necesidad.

También rechazaría la Audiencia Provincial de Madrid en su auto del 2007-en contra de lo que defendía el Juzgado nº 2 de San Lorenzo de El Escorial- que hubiera existido “una defraudación que ha producido perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia”. De hecho resaltaría que ¡ni siquiera había indicios de ese delito¡ “No existen indicios –decía el fallo- de que las actividades delictivas que se imputan en el mismo hayan repercutido de modo grave en la estructura y funcionamiento de la economía correspondiente a los intereses generales de la nación, más allá de la relacionada con intereses particulares y concretos”.

La Audiencia Provincial de Madrid rechazaría igualmente la alegación de que al tratarse el de San Lorenzo de El Escorial de un juzgado “pequeño” no contase con medios para afrontar adecuadamente el proceso. “Las dificultades de instrucción en un Juzgado como el de San Lorenzo de El Escorial dado el elevado número de consumidores del Bio-Bac –dice el auto- no pueden admitirse como razón para fundar una inhibición a favor de la Audiencia Nacional”.

En suma, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó el nuevo intento de inhibirse del Juzgado nº 2 de San Lorenzo de El Escorial y desmontó uno a uno todos sus argumentos.

LA NUEVA DECISIÓN DE LA SECCIÓN 17

Y entonces, si ya en dos autos la Audiencia Provincial de Madrid entendió -en 2003 y 2007- que no había en este caso delito contra la salud pública porque no ha habido ni efectos, ni afectados, ni organización delictiva, ni instigación al abandono de los tratamientos convencionales –suponiendo que eso fuera un delito, posibilidad sencillamente aberrante-, ni perjuicio patrimonial para el estado y tampoco se han aportado nuevas pruebas o testimonios, ¿por qué ahora los magistrados de la sección 17 rechazan que el caso se sobresea como pidieron los abogados defensores? Pues, sorprendentemente, porque ahora sí admiten la existencia de “indicios de delito” y creen que debe celebrarse el juicio para determinar si los mismos se sustentan o no. “En virtud del contenido de la causa –se afirma en la resolución- habría de deducirse la existencia de los indicios a los que antes se ha hecho referencia, cosa que habría de propiciar la continuación de la causa”. Es decir, contradiciendo las resoluciones anteriores se da la oportunidad a la Fiscalía de demostrar que sus acusaciones tienen fundamento. Una decisión con la que obviamente se ha mostrado en total desacuerdo el bufete del exministro de Sanidad Enrique Sánchez de León, letrado encargado de la defensa de Rafael Chacón, señalando en un informe que ha hecho público lo siguiente: “Estamos ante una resolución de perfil muy bajo adoptando la Ilma. Audiencia Provincial muchas cautelas para no determinar ni condicionar el Juicio Oral con su pronunciamiento ya que el mismo es bastante superficial y no entra a analizar las cuestiones importantes que son la base de la defensa del Sr. Chacón Pabón”.

¿Y cuáles son las cuestiones fundamentales que deberán abordarse ahora a lo largo del juicio oral? Pues tres: si el Bio-Bac es un “medicamento” como sostiene la Agencia Española del Medicamento por el mero hecho de alegar propiedades terapéuticas (argumento ciertamente esperpéntico), si en el momento de la Operación Brujo se comercializaba como tal y si se hizo entonces “publicidad engañosa” sobre sus propiedades. La Fiscalía sostiene que así fue.

Sin embargo el primer “argumento” es ilógico. Si basta alegar propiedades terapéuticas para que un producto –el que sea- pase a tener sin más la consideración legal de medicamento ¡que se anulen todas las normas dictadas para ello! Lo cierto es que el ajo no puede considerarse un fármaco por el mero hecho de que alguien lo venda en frascos y explique en ellos sus conocidas -y reconocidas- propiedades. Y lo mismo ocurre con el Bio-Bac: el simple hecho de que alegue propiedades terapéuticas no lo convierte en fármaco; ni siquiera aunque se comercializarse antes como “fórmula magistral” y se patentara como fármaco previéndose tal posibilidad en el futuro. El Bio-Bac se comercializaba entonces –y se hace ahora con su nuevo nombre de Renoven– como complemento alimenticio y no como fármaco. Porque nunca ha sido aprobado como tal. Luego lo máximo que podría achacarse al fabricante y distribuidor es que no tiene derecho a alegar propiedades terapéuticas aunque éstas -como en el caso del ajo- estén científicamente demostradas. Y tendrá que ser la Fiscalía la que deberá demostrar que eran falsas las propiedades anunciadas como propias del Bio-Bac, confirmadas en decenas de estudios nacionales e internacionales. Para el bufete de Enrique Sánchez León la cuestión está clara: la Audiencia Provincial de Madrid ya dictó dos autos rechazando las acusaciones por falta de evidencias, no hay pruebas ni testimonios nuevos y al tratarse de un procedimiento penal quien deberá acreditar que hay alguna infracción penal es quien así lo imputa “no pudiendo trasladar la carga de la prueba al imputado que se encuentra protegido por la presunción de inocencia”. Veremos si por fin se hace Justicia o también en este caso el fallo se ve mediatizado por los intereses políticos y económicos que subyacían tras la Operación Brujo.

Antonio Muro

 

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166
Diciembre 2013
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