El engaño intencionado de las vacunas

Documentos secretos recientemente desclasificados revelan que los miembros del Comité sobre Vacunación e Inmunización que asesora al Gobierno británico así como varias agencias y miembros del Departamento de Salud conocían los graves peligros y la falta de eficacia de las vacunas a pesar de lo cual las aprobaron e incluyeron en el llamado calendario vacunal ocultando información trascendente al público. Así lo desvela la compleja y crucial investigación efectuada por la doctora Lucija Tomljenovic que pone en entredicho a los responsables sanitarios del Reino Unido y arroja una razonable sospecha sobre el resto de los gobiernos que recomiendan tales vacunas.

«Las vacunas son seguras y efectivas. Las vacunas se utilizan en la población solamente tras una evaluación muy exhaustiva por profesionales expertos siguiendo protocolos internacionalmente aprobados. Los efectos adversos graves que causan las vacunas ocurren muy raramente».

Razones importantes para vacunar a los niños
(Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de España)

Discovery DSALUD lleva años denunciando los peligros de las vacunas, su inutilidad para prevenir enfermedades y el gigantesco y lucrativo negocio que representan para sus fabricantes y para todos aquellos que de modo directo o indirecto se benefician de su implantación casi universal. Sin embargo cualquiera que investigue de modo honesto y riguroso este tema llegará a la misma conclusión: el negocio de las vacunas y los intereses de poder de quienes controlan las políticas de vacunación están por encima de la salud de la gente. Pues bien, ahora sabemos además que los daños que causan las vacunas no son fruto de un error sino de decisiones intencionadas y conscientes. Se ha demostrado en el caso del Gobierno británico y dado que las vacunas recomendadas en el Reino Unido son prácticamente las mismas que se recomiendan en todo el mundo es de inferir que el proceso allí acaecido es similar en el caso de los demás países.

Lucija Tomljenovic, doctora en Bioquímica e investigadora principal en la Facultad de Medicina de la Universidad British Columbia de Vancouver (Canadá) que se dedica hoy a investigar las enfermedades neurodegenerativas y de desarrollo neurológico -en particular evaluando impactos neurotóxicos de los adyuvantes y otros ingredientes de las vacunas- y ha dirigido investigaciones en el mayor hospital de Israel -el Sheba Medical Centre– y colaborado con expertos de primera línea en enfermedades autoinmunes llegaría en su día a la conclusión de que muchas de las complicaciones inducidas por las vacunas son de naturaleza inmune y autoinmune afectando la mayoría al sistema nervioso. Pues bien, hace tres años dirigió una petición al Departamento de Salud británico solicitando la evidencia científica en la que se apoyó para cambiar el calendario de vacunaciones y decidir que se administrasen de forma conjunta seis vacunas –las del Haemophilus C, el Meningococo C, el Neumococo y la triple vírica- y por toda respuesta le enviaron ¡la referencia de un artículo! Texto en el que se decía que apenas se habían observado algunos efectos leves en los niños a los que se habían administrado las seis vacunas conjuntamente pero similares a cuando se inoculan por separado; concluyéndose pues que apenas hay diferencias.

Ante tan escueta como insuficiente respuesta Lucija Tomljenovic decidió investigar más a fondo los pormenores de tal decisión encontrando datos sobre lo que debería constituir uno de los mayores escándalos de la Historia de la Medicina moderna y llevar ante la justicia a numerosos políticos, médicos y científicos. Y decimos «debería» porque no es lo que ha ocurrido: ni ha habido escándalo -porque los grandes medios de comunicación se han encargado de silenciar la noticia-, ni habrá condenas -porque nadie exigirá responsabilidades en el Reino Unido-, ni se investigará nada en el resto de los países que aprobaron la misma iniciativa.

Y ello a pesar de que la doctora Tomljenovic hizo públicos los resultados de su investigación durante la Conferencia Científica de la Sociedad Británica para la Medicina Ecológica organizada por el Dr. David Freed en marzo de 2011. Investigación que para poder llevar a cabo la obligó a utilizar documentos solicitados mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA por sus siglas en inglés: Freedom of Information Act) ya que las actas de ciertas reuniones mantenidas por esos organismos y el Departamento de Salud británico (DH por sus siglas en inglés: Department of Health) son consideradas secretas lo que ya dice mucho de quienes allí se reúnen y sus propósitos porque si en ellas realmente se tratara con honestidad de velar por la seguridad y la salud de la población, ¿por qué sus deliberaciones y documentos no están a disposición del público y los medios de comunicación? Es más, es muy sospechoso el hecho de que los documentos aportados -que además de darse a los solicitantes deben ponerse a disposición pública en Internet- se censuraron previamente ya que se entregaron con nombres y datos relevantes tachados como puede comprobarse en la imagen que acompañamos de una página del acta correspondiente a la primera reunión del ARVI en 1986 (véase la imagen adjunta).

¿ASESORES “INDEPENDIENTES”?

¿Y quiénes son los protagonistas de esta gigantesca operación de ocultamiento y manipulación? Pues el organismo clave es el Comité Adjunto sobre Vacunación e Inmunización (JCVI por sus siglas en inglés de Joint Committee on Vaccination and Immunization) que se supone integrado por expertos presuntamente “independientes” y entre cuyas funciones están las de «asesorar a los departamentos de Salud del Reino Unido sobre inmunizaciones para la prevención de infecciones así como sobre la eficacia y seguridad de las vacunas» y la de «identificar las importantes deficiencias de conocimiento relacionadas con la inmunización para las que deban realizarse nuevas investigaciones». Solo que en sus reuniones participan otros dos organismos: el Comité sobre Seguridad de los Medicamentos (CSM por las siglas en inglés de Committee on Safety of Medicines) y el Subcomité Adjunto sobre Reacciones Adversas a las Vacunaciones e Inmunizaciones (ARVI por las siglas en inglés de Joint Sub-Committee on Adverse Reactions to Vaccinations and Inmunisation). Además en las actas se menciona también habitualmente a la Agencia de Control de Medicamentos (MCA por las siglas en inglés de Medicine Control Agency) que desde 2003 se halla integrada en la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency).

Empezaremos explicando que muchas de las actas se encabezan ya con la advertencia Not for publication (No para ser publicada) relacionándose a continuación los asistentes que, además de los miembros del JCVI, incluye a representantes de otros organismos y agencias del gobierno –entre ellas autoridades educativas y militares- así como a invitados de otros países, en especial de Estados Unidos. Es más, al comenzar cada reunión su director -en la actualidad el Dr. Andrew Hall, ligado a la Fundación Bill y Melinda Gates– recuerda habitualmente a los presentes que el contenido de las reuniones es confidencial y que cualquier pregunta de los periodistas sobre ellas debe ser remitida a la Oficina de Prensa del Departamento de Salud británico.

¿Y qué es lo que durante treinta años ha obligado a tantas precauciones y secretos? Pues en síntesis y a tenor de las transcripciones de las reuniones mantenidas entre 1981 y 2011 –en las que hay implicados catorce ministros de salud- muchas cosas. La doctora Tomljenovic denuncia de hecho que en tales reuniones se perpetraron diversas acciones contrarias a los propios reglamentos internos y a los códigos de ética médica. Entre ellas que…

…al constatarse problemas de seguridad en algunas vacunas –a menudo detectadas por sus propias investigaciones- en lugar de revisar la política de vacunación se decidió eliminar la información desfavorable y continuar repitiendo al público, a las autoridades y a los médicos que tales vacunas eran “seguras”.
…en varios casos se redujo el número de contraindicaciones de las vacunas para incrementar así la cantidad de personas aptas para recibirlas.

…se pidió a veces a los propios fabricantes de las vacunas que modificaran la información que daban de ellas para que no se contradijera con la que el comité daba públicamente… u ocultaba.

…las decisiones del comité se basaron a menudo en estudios de metodología dudosa despreciando las investigaciones independientes que cuestionaban la seguridad y eficacia de las vacunas.

…se minimizaron u ocultaron en las declaraciones públicas del comité y en sus informes a las autoridades los peligros de las vacunas insistiendo en sus beneficios a pesar de saberse que muchas no tenían base científica sólida.

…se elaboró y puso en práctica un plan para introducir vacunas de eficacia y seguridad cuestionables en el calendario pediátrico rutinario asumiendo que se concederían las licencias necesarias.

…se desalentó de forma constante toda investigación sobre la seguridad de las vacunas.

…se aprovechó la confianza de los padres en las autoridades y su falta de conocimientos sobre las vacunas para promover sin base científica un programa de inmunización que puso a los niños vacunados en peligro de sufrir daños cerebrales severos.

En definitiva, los presuntos encargados de velar por la salud y la seguridad de la población británica trabajaron en beneficio propio, de las multinacionales farmacéuticas y de intereses oscuros ocultando información, manipulando y engañando a los padres y violando los códigos éticos y sus propias normas; y puesto que eran conocedores de la falta de eficacia de las vacunas y de sus graves peligros son responsables directos de todos los problemas de salud y de las muertes que han provocado las políticas de vacunación basadas en sus directrices.

REUNIONES SECRETAS

Ya durante una reunión mantenida el 9 de abril de 1981 se comentaría en ese Comité Adjunto sobre Vacunación e Inmunización lo siguiente: «Tras revisarse todos los informes existentes desde 1970 sobre casos de encefalitis, encefalopatía y muerte súbita aparecidos inmediatamente después de administrar la vacuna (del sarampión) en 60 pacientes 8 de ellos murieron, 36 parecían haberse recuperado y 16 sufrieron secuelas permanentes». Dos años después, el 17 de junio de 1983, el Comité sobre Seguridad de los Medicamentos informaría de 66 nuevas reacciones adversas a la vacuna del sarampión -reportadas entre enero de 1982 y abril de 1983- ante lo cual el entonces director del Comité Adjunto sobre Vacunación e Inmunización (JVCI) –y así se refleja en una de las actas- afirmaría: «Desconocemos demasiadas cosas sobre la historia natural de los daños cerebrales en esos jóvenes». Y ante tamaña duda, ¿qué hicieron? Pues conocemos su decisión porque se refleja en el acta del 25 de abril de 1986: «El comité se muestra de acuerdo con una sugerencia del director para que en el futuro los informes sobre reacciones adversas se acepten únicamente como información«.

Poco después, el 7 de febrero de 1986, se celebraría una reunión conjunta del JCVI, el CSM y el ARVI calificada como Commercial in confidence (Información comercial confidencial) durante la cual se discutió un estudio sobre reacciones adversas a dos vacunas contra el sarampión cuyos resultados mostraban que «el 70% de los niños estaban bien tras recibir Attenuvax y el 61% tras recibir Rimevax«; porcentajes a los que se decidió sumar el de los que habían sufrido reacciones «leves» a fin de poder así afirmar que la primera vacuna era “segura al 85%” y la segunda “al 80%”. En otras palabras, que aun admitiendo el sinsentido de agregar a los niños que no sufrieron aparentemente ningún efecto secundario negativo el de los que sufrieron efectos negativos leves –burda e injustificable manipulación estadística- resulta que los propios datos indican que hubo efectos graves en el 15% de quienes recibieron la primera vacuna y en el 20% de quienes recibieron la segunda. A pesar de lo cual los allí reunidos estuvieron de acuerdo “en que no había suficiente información para detener el estudio» e incluso llegaron a la conclusión de que los efectos adversos «no debían asociarse a la utilización de la vacuna del sarampión sino que se trataba de rabietas». Y eso que en esa misma reunión se presentaron informes de reacciones adversas a la DTP (vacuna triple para la difteria, la tos ferina y el tétanos), administrada sola o con la vacuna oral para la poliomielitis, entre el 19 de septiembre de 1985 y el 15 de enero de 1986.

¿Rabietas de uno de cada cinco niños? Tamaña estupidez la desmonta esta frase de la propia acta: «Se registraron noventa reacciones adversas que incluyen a pacientes con convulsiones, un paciente con fiebre anormal tras la vacunación y un paciente con irritabilidad cerebral; además se reportaron dos muertes súbitas de lactantes» (refiriéndose a un bebé sano de tres meses que murió 18 horas después de ser vacunado y otro de la misma edad la noche siguiente).

¿Rabietas? Lo cierto es que las actas reflejan algo significativo: el Comité Adjunto sobre Vacunación e Inmunización planteó en diversas reuniones -desde mediados de los años ochenta- su preocupación por el hecho de que en los informes se asociaran las palabras «muerte» y «daño cerebral» con la palabra «vacuna» debido a la repercusión negativa que ello podía tener sobre las políticas de vacunación.

MÁS INFORMACIÓN OCULTA

Ya en 1989 -es decir, diez años antes de que se publicara el estudio del Dr. Andrew Wakefield que desató una brutal persecución en su contra tal y como relatamos en el reportaje que con el título Las vacunas pueden causar autismo apareció en el nº 153 de esta revista correspondiente a octubre de 2012- el Comité Adjunto sobre Vacunación e Inmunización (JCVI) estaba al corriente de una investigación del Instituto Nacional de Control y Normas Biológicas (NIBSC por sus siglas en inglés de National Institute for Biological Standards and Control) que establecía de forma inequívoca la relación entre la llamada Vacuna Triple Vírica (SRP) -sarampión, rubéola y paperas- (en inglés MMR) y casos de meningitis y/o encefalitis.

Es más, en la siguiente reunión -celebrada el 17 de septiembre de 1990- se reconocería la necesidad de “llevar a cabo estudios más completos» a pesar de lo cual se tomó la decisión de que «con la evidencia disponible en este momento no deberían realizarse cambios en las recomendaciones y en el suministro de las vacunas SRP«.

Y eso que en esa misma reunión se había presentado el borrador de un estudio japonés -que posteriormente se publicaría en 1991 en Pediatric Infectious Disease Journal- según el cual entre 630.157 receptores de la vacuna SRP que contenía la cepa Urabe-9 (a la que se achacaron los problemas) se habían producido 311 casos de meningitis, hecho que llevó al Gobierno japonés a suspender durante dos años toda vacuna que contuviera esa cepa. Bueno, pues en las propias actas de la reunión del Comité Adjunto sobre Vacunación e Inmunización se hace referencia a ese estudio y se dice que «confirma la información de la que la ARVI ya disponía previamente«. Añadiendo sin embargo para quitarle importancia que «la experiencia japonesa puede ser debida a diferencias en los criterios de investigación o a otros factores locales». Cuando lo ocurrido en Japón no fue un hecho aislado; de hecho las actas de las reuniones demuestran que se tenía conocimiento de experiencias similares en otros países. Como en Canadá donde también el Gobierno tomó la decisión de suspender el uso de la vacuna.

Como remate, ante las crecientes dificultades para mantener la vacuna en vigor el Comité Adjunto sobre Vacunación e Inmunización acudió a los fabricantes, mantuvieron con ellos varias reuniones y compartió información detallada con Merieux, Merck, Sharp & Dohme y Smithkline Beecham. «En agosto de 1992 oficiales del Departamento de Salud se reunieron con la Agencia de Control de Medicamentos y con los fabricantes y Smithkline Beecham, por consejo de sus abogados, decidió detener la producción de la vacuna advirtiendo de ello a las autoridades que la habían aprobado en todo el mundo por lo que el Departamento tuvo que actuar con rapidez».

Y en otro documento obtenido por la Dra. Tomljenovic, un informe del Dr. David Salisbury al Subcomité sobre Seguridad, Eficacia y Reacciones Adversas (ARGOS/SEAR), se explica que «a principios de septiembre se puso al corriente de forma confidencial a los responsables sanitarios de los países de la comunidad europea. ARGOS/SEAR acordó el 4 de septiembre que no se iba a llevar a cabo ninguna acción para revocar la licencia de los fabricantes«. ¿El motivo? Que «revocar la licencia podría haber causado una crisis mundial de las vacunas«. Así que mientras en Canadá se prohibía el uso de Urabe-9 en la SRP en Reino Unido ¡se introducía mediante una fuerte campaña promocional!

Y es que lo que preocupaba a la JCVI no eran los efectos adversos ¡sino la publicidad adversa! De hecho diseñó un plan para afrontarla si la información confidencial se hacía pública. Lo revela el acta de la reunión celebrada el 11 de febrero de 1988: «Deberíamos preparar una declaración –puede leerse en ella- para anticiparnos a cualquier publicidad adversa que pudiera surgir». Sin embargo a pesar de la enorme suma invertida -casi dos millones y medio de libras- no pudieron impedir que se hicieran públicas algunas dudas sobre la seguridad de la vacuna.

«En suma –denuncia la Dra. Tomljenovic- el JCVI diseñó y promovió una política para inocular a cada niño de Reino Unido la vacuna SRP conteniendo la cepa Urabe-9 a pesar de las evidencias de que aumentaba el riesgo de encefalitis en niños en comparación con la versión Jeryl Lynn (utilizada en Canadá por ejemplo)».

MANIPULACIÓN DE EVIDENCIAS

La transcripción de las reuniones mantenidas entre 1981 y 1986 también evidencian que el comité no conocía la relación riesgo-beneficio de la vacuna de la tos ferina en ciertos grupos de niños con más posibilidades de desarrollar efectos adversos así que adoptaron criterios restrictivos de contraindicaciones para poder vacunar a más niños lo cual, a decir de la Dra. Tomljenovic, evidencia que «estaban más preocupados por proteger la reputación de la vacuna que por proteger a las personas». Así, en la reunión del 1 de mayo de 1981 -en la que estuvieron presentes tres médicos en representación de los laboratorios Glaxo y de la Fundación Wellcome– se llegaría a decir: «Es extremadamente importante que lleguemos en esta reunión a un acuerdo porque los informes sobre la tos ferina se publicarán el 12 de mayo» (refiriéndose a los efectos adversos comunicados por médicos y personal sanitario mediante un sistema que en Reino Unido se denomina Yellow Card (Tarjetas Amarillas) desarrollado en 1964 a raíz del escándalo de la talidomida). Pues bien, de cara a esa publicación en relación con la vacuna de la tos ferina ésta era la disyuntiva: «Al considerar la cuestión de las contraindicaciones el principio general a tener en cuenta es conseguir un equilibrio entre la necesidad de mantener los índices de vacunación lo más alto posibles y la necesidad de proteger grupos de niños en riesgo». Un criterio razonable pero solo cuando una vacuna es eficaz.

En fin, que ese comité se preocupó siempre más de proteger la vacuna que las personas lo demuestra que al plantear algunos de los presentes si entre las contraindicaciones de la vacuna no deberían incluirse las enfermedades respiratorias terminó optándose por no hacerlo para «proteger la reputación de la vacunación contra la tos ferina”. Es más se decidió “eliminar toda posible asociación entre la vacuna y el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante” que habitualmente está relacionado con las enfermedades respiratorias. Asimismo, al considerar la posibilidad de incluir entre las contraindicaciones un historial familiar de epilepsia, se consideró que «incluir otras enfermedades del sistema nervioso central sería innecesariamente restrictivo y ésta en particular debería eliminarse»; y ello a pesar de que en 1985 se publicó un estudio en Journal of Pediatrics -en el volumen 107- que relacionaba la vacuna de la tos ferina con una elevada incidencia de convulsiones. Los miembros del comité se opusieron alegando que cambiar las recomendaciones podía provocar un descenso en el número de niños disponibles para la vacunación.

UTILIZACIÓN DE ESTUDIOS DUDOSOS

Los documentos sacados a la luz también revelan que la política de vacunación del Reino Unido se ha basado durante años en estudios irrelevantes, no concluyentes o cuestionables desde el punto de vista metodológico. Por ejemplo, una cuestión importante es que los estudios epidemiológicos únicamente detectan asociación entre determinados fenómenos -y eso si están correctamente diseñados- pero en absoluto aportan evidencias de relación causa-efecto; por tanto apoyarse exclusivamente en ese tipo de estudios suele conducir a importantes errores, máxime si se tiene una visión sesgada de las posibles causas y más aún si las personas que tienen que evaluarlos y pronunciarse están condicionados por sus relaciones con la industria farmacéutica.

Por ejemplo, la revisión realizada por Cochrane en 2005 llegaba a la siguiente conclusión: «El diseño y los informes de resultados sobre seguridad en los estudios sobre la vacuna MMR, anteriores y posteriores a su comercialización, son en gran parte inadecuados«. Y añadía: «El número de posibles sesgos es tan alto que resulta imposible interpretar sus resultados«. A pesar de lo cual la respuesta del comité a tales advertencias es siempre la misma: «Esa evidencia no altera la visión del CSM: no hay evidencia para plantear una relación causal entre la vacuna SRP y el autismo y la enfermedad intestinal. El JCVI considera útiles los estudios y expresa su firme adhesión a las conclusiones del CSM».

INVESTIGACIÓN SOBRE SEGURIDAD: ¿PARA QUÉ?

Lo cierto es que entre 1978 y 1985 el número de personas afectadas por la vacuna de la tos ferina aumentó tanto que el JCVI, el CSM y el Sub-Comité Adjunto ARVI se vieron obligados a incrementar sus esfuerzos para convencer al público de que la vacuna era segura. Y en una reunión celebrada el 7 de febrero de 1986 tuvieron la desvergüenza de decidir que como el público no iba a entender las expresiones «daño cerebral» y «convulsiones febriles» era mejor no utilizarlas al hablar de las vacunas. Una decisión que solo tenía un objetivo: evitar cualquier cosa que pudiera arrojar la más mínima sombra de duda sobre las vacunaciones. Y de hecho por eso mismo llevan décadas bloqueando todo posible estudio sobre la seguridad y eficacia de las vacunas alegando que hacerlos ¡podría comprometer la confianza ciega del público en ellas! Cuando cualquier persona con sentido común infiere que cuantos más estudios demuestren la seguridad de las vacunas mayor será la confianza en ellas. Luego, ¿por qué los miembros de ese comité se oponen a tales trabajos? ¿Por qué si están tan seguros de su inocuidad se niegan a que se hagan estudios –especialmente a largo plazo– que así lo demuestren? La respuesta es obvia: porque en realidad no son seguras, lo saben y quieren ocultarlo a toda costa. Y es que podrían terminar todos en la cárcel…

Volvamos de nuevo a analizar las actas de las reuniones para ver cómo actúan. Durante la reunión que el comité mantuvo el 3 de noviembre de 1981 se comentó un reciente artículo que hablaba de varios fallecimientos en Gran Bretaña a causa de la tos ferina y esto fue lo que dijo el Director del mismo: «Probablemente no sea muy inteligente redactar una respuesta formal al artículo». Sorprendente actitud que sin embargo apoyó de inmediato el resto de los miembros asumiendo que «respuestas controvertidas en revistas médicas no iban a aportar ayuda alguna a la campaña de vacunación de la tos ferina«.

Unos años después, durante la reunión del 3 de noviembre de 1989, el comité iría más allá y decidía eliminar todos los datos estadísticos sobre los riesgos relacionados con la vacuna de la tos ferina con el falaz argumento de que «si se le da un índice de riesgo al público, cualquiera que éste sea, se verá como un riesgo científicamente probado. Es pues preferible no utilizar cifras inseguras sino más bien insistir en los beneficios de la vacunación«. Como puede comprobarse, una auténtica obsesión más propia de quien gana mucho dinero con las vacunas que de quien ha sido nombrado para proteger a la población de sus posibles riesgos.

Un estudio posterior en el que se analizó el período post-vacunación 1967-2009 puso en evidencia lo “logrado” por la vacuna para las paperas: tras su introducción en 1967 el mayor número de casos no se producía como antes entre los 5 y 9 años sino entre los 10 y 24 siendo mucho más numerosas y graves las complicaciones y secuelas. Y lo lamentable es que ese “descubrimiento” no era tal para el comité que ya en su reunión del 17 de septiembre de 1990 reconocía: «La introducción de inmunización contra las paperas podría en teoría cambiar la edad de la infección a grupos de edad superior en los que las complicaciones serían mayores«. Es decir, sabían que podía pasar pero eso no les detuvo. Se limitarían a alegar que «el beneficio producido por la reducción progresiva de la enfermedad tiene más peso que estas consideraciones». Y eso a pesar de que en realidad la vacuna ¡jamás ha demostrado de forma indubitada su supuesta eficacia!

COMPLICIDAD CON LOS FABRICANTES

Ya en la reunión del 11 de diciembre de 1974 se discutió la afirmación de Merck, Sharp & Dohme de que tres vacunas para las que acababa de obtener licencia podían administrarse conjuntamente con la de la polio -cosa que en principio no gustaba al comité- abriéndose un debate en el que una vez más no se habló de los posibles peligros o efectos adversos de ello sino de si bastaba para ello cambiar las recomendaciones por lo que la decisión adoptada fue simplemente la de ¡consultar a los abogados! Y eso que en esa misma reunión se habían presentado informes de las Yellow Cards sobre graves reacciones adversas a las vacunas DTP/Hib, polio, BCG y hepatitis A y B. Incluyendo un incremento en el número de reacciones respiratorias adversas a la DTP, un incremento en el número de reacciones cardiovasculares y respiratorias a la de la polio, un incremento de las reacciones cardiovasculares y músculo-esqueléticas a la de la BCG y un incremento significativo en desórdenes inmunológicos en el caso de la vacuna de la hepatitis A. Incrementos que no le importaron nada a los miembros del comité que se limitó a alegar que «no se habían identificado nuevos temas de seguridad» y por tanto «dadas las incertidumbres de los informes espontáneos el comité no está convencido de que se estén desarrollando problemas significativos». Sencillamente bochornoso.

Hoy sabemos además que el JCVI y el CSM mantuvieron en numerosas ocasiones reuniones confidenciales con los fabricantes de vacunas para “intercambiar información” y en algunos casos para pedirles que cambiaran sus hojas informativas a fin de que no hubiera contradicción con las recomendaciones que hacían. Llegando en una ocasión -los pormenores se recogen en las actas de la reunión mantenida el 23 de octubre de 1987- a pedir cambios en los datos de la licencia de una vacuna de la tos ferina mientras se estaba desarrollando un proceso judicial por daños producidos por la vacuna. De hecho los fabricantes respondieron que no era posible realizar cambios en la licencia mientras el juicio estuviera en marcha.

El 7 de mayo de 1999 el JCVI se reunió para valorar la introducción del uso conjunto de vacunas meningocócicas del grupo C y al comienzo de la misma el director del comité recordó que las actas y procedimientos del JCVI eran confidenciales y que iban a tratar con material «sensible desde el punto de vista político y clínico». Después recordó a los presentes que tenían que tomar decisiones respecto a la introducción de las mencionadas vacunas y que «cualquier decisión dependería de las garantías para conceder la licencia y del contenido de esas licencias y, durante la discusión, el comité tenía que actuar dando por sentado que las licencias se concederían«. Y añadió: «El MCA es responsable de las cuestiones de seguridad, eficacia y calidad de las vacunas. La cuestión a considerar por el comité es cómo recomendaremos que la vacuna se introduzca«.

A continuación el Director preguntó si había algún conflicto de intereses que declarar resultando que cuatro de los miembros estaban implicados en investigaciones o estudios relacionados con los fabricantes de las vacunas: «El Profesor Cartwright estaba involucrado en estudios de los fabricantes sobre vacunas, incluyendo ensayos sanitarios. El Dr. Goldblatt en un estudio patrocinado por una compañía; además había aportado informes clínicos para un fabricante. El Dr. Jones estaba involucrado en ensayos con dos fabricantes. Y el Dr. Schild dijo que el NIBSC (al que representaba en la reunión) estaba evaluando las vacunas». Bueno, pues a pesar de ello «no hubo objeciones a que esos miembros continuaran participando«.

Y es que como ya hemos denunciado en numerosas ocasiones en la revista los estrechos lazos entre profesionales de la Medicina y la gran industria farmacéutica son tan habituales como escandalosos. En el caso británico daremos un dato reciente: en abril de este año el diario The Independent explicaba -citando como fuente a la propia asociación de la industria farmacéutica británica- que los médicos del Reino Unido habían cobrado de los laboratorios solo en 2012 ¡40 millones de libras! por asesoramiento, patrocinio, conferencias y otros.

MENTIRAS A LOS PADRES

Las actas de las reuniones del comité demuestran en suma que la ocultación de información a los padres sobre los peligros de las vacunas y su manipulación para hacerles creer que son eficaces y seguras es una práctica habitual desde hace décadas.

Durante la primavera de 2010 se llevó a cabo una investigación para “explorar las reacciones de los padres” ante la administración conjunta de las vacunas que comentábamos al comienzo de este artículo y que motivó la pregunta de la Dra. Tomljenovic en la que se entrevistó a 22 parejas y se mantuvieron reuniones con 6 grupos de padres y profesionales de la salud en Londres, los Midlands y el norte de Inglaterra. Estudio hecho para diseñar una estrategia que permitiera introducir sin problemas cambios en el calendario vacunal. Pues bien, en el informe final se dice: “En general los padres confían en el calendario, el servicio de salud y los profesionales de la salud”. Y añade sobre el cambio previsto: “La forma en la que se comunique tendrá un impacto significativo en el modo en que se reciba. Dado el desconocimiento del calendario de inmunización los padres no se darán cuenta del cambio si no se les informa de ello”. Otros comentarios del informe repiten viejas ideas paternalistas del JCVI sobre las familias: «Ofrecer a los padres la posibilidad de decidir entre dos calendarios podría generar más preguntas que respuestas y nos parece poco inteligente», «está claro que ofrecer a los padres información detallada y apoyar cambios puede generar ansiedad», «(debemos) introducir el calendario combinado sin anunciarlo explícitamente como un cambio». Y en el caso de que los padres expresen alguna preocupación por la nueva estrategia de combinar inmunizaciones el comité considera que «los profesionales de la salud tienen que estar preparados para asegurar a los padres que la combinación de vacunaciones administrando tres a un tiempo es totalmente segura (…) Debe explicárseles que hay buenas razones para el cambio así como beneficios significativos para el bebé y sus padres ya que al administrarlas a un tiempo se reducirá el estrés». El comité considera además importante no ya censurar la información sino la forma en que se lleva a cabo la censura: «La información a este nivel debe adaptarse cuidadosamente por los profesionales de la salud a las actitudes y características de cada padre». Bueno, pues el comité diseñó esta estrategia para convencer a los padres de la seguridad de la administración conjunta de las vacunas cuando dispone de evidencia suficiente que aconseja no hacerlo e inocular las vacunas por separado. Sencillamente vomitivo.

Y todo esto se está haciendo con impunidad a pesar de ser delictivo y una flagrante violación de la ética médica debido a la confianza ciega de la mayoría de la población -totalmente desinformada- en las autoridades médicas, científicas y políticas.

REACCIONES

Terminamos indicando que cuando nos entrevistamos con la Dra. Tomljanovic ésta nos revelaría la enésima sinvergonzonada de las autoridades: los documentos que utilizó para su trabajo -tanto las actas de las reuniones obtenidas merced a la Ley de Libertad de Información como el informe sobre las encuestas realizadas a los padres- han sido retirados de Internet no siendo ya posible acceder a ellos desde los enlaces aportados en su artículo. Han sido retirados de la propia web del Gobierno británico en la que estaban alojados. “Han sido muy diligentes… pero yo tuve la precaución de guardar copia de todos ellos en PDF”.

En cuanto a la repercusión de su trabajo –aparecido hace ahora dos años- nos diría: «No he parado de recibir emails y peticiones de información de padres, profesionales sanitarios y periodistas independientes de todo el mundo aunque los grandes medios de comunicación no han publicado nada y siguen ocultando toda información que pueda cuestionar la racionalidad de los programas de vacunación ordenados por el Gobierno». Añadiendo: «No he recibido respuesta alguna negando la veracidad de lo publicado con la única excepción, como cabía esperar, del JCVI». En efecto, ese comité abordó el artículo de la Dra. Tomljenovic que venimos comentando en su reunión del 3 de octubre de 2012 –aparecía en el punto XIII y último del Orden del Día– sin aclarar ni responder a ninguna de las durísimas críticas que se le hacen ni hablar de la pormenorizada y rigurosa argumentación apoyada en las propias actas del JCVI limitándose a expresar su «desacuerdo» con él en una escueta declaración en la que simplemente se reafirman en su independencia y objetividad, en que cumplen escrupulosamente el reglamento y en que examinan cuidadosamente todas las evidencias que les llegan… pero añadiendo que integran «un comité independiente de asesores que informa y asesora sobre políticas de inmunización en el Reino Unido pero que no es responsable de la comunicación, entrega o seguridad de los programas de inmunización los cuales son un asunto de los departamentos de Salud del Reino Unido y sus agencias».

Inaudita respuesta que la Dra. Tomljenovic nos comentaría así: «¡Es decir, que se contradicen en una simple frase! ¡Básicamente dicen que informan y asesoran sobre inmunización pero al mismo tiempo que no son responsables de la comunicación sobre asuntos relacionados con la inmunización! Me siento realmente confundida. ¿De qué son exactamente responsables y por qué se llama Comité Adjunto sobre Vacunación e Inmunización? Quizás –concluiría diciendo con sorna- ¡deberían cambiar su nombre!»

Finalizamos este texto reiterando el mensaje que desde hace años repetimos una y otra vez: ninguna vacuna ha demostrado ser segura y eficaz. Lo único que se sabe seguro de ellas es que pueden ser muy peligrosas. Y téngalo en cuenta porque ninguna vacuna –incluidas las del llamado “calendario vacunal”- es obligatoria. NINGUNA.

Jesús García Blanca

Recuadro:

ENLACES PARA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

 

-Documento completo de la Dra. Tomljenovic:

www.ecomed.org.uk/wp-content/uploads/2011/09/3-tomljenovic.pdf

 

-Actas completas de la Conferencia Científica de la SBME:

www.ecomed.org.uk/publications/the-health-hazards-of-disease-prevention

 

-Reglamento del JCVI:

www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/224864/JCVI_Code_of_Practice_revision_2013_-_final.pdf

 

-Ley de Libertad de Información:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ukpga_20000036_en.pdf

 

Actas del JCVI disponibles en la web del gobierno británico:

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120907090205/http://www.dh.gov.uk/ab/JCVI/index.htm

 

Actas obtenidas mediante la FOIA, publicadas en la web del gobierno:

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/www.dh.gov.uk/en/FreedomOfInformation/Freedomofinformationpublicationschemefeedback/FOIreleases/DH_4135306

 

Estos últimos documentos fueron retirados tras la publicación del artículo de la Dra. Tomljenovic, de modo que los enlaces no funcionan. Están en cambio disponibles en el blog del autor del artículo: http://saludypoder.blogspot.com.es/2013/12/el-gobierno-de-reino-unidos-oculta-los.html.

Este reportaje aparece en
167
Enero 2014
Ver número