El fenómeno de las “puertas giratorias” en el campo de la salud

En ocasiones hemos explicado qué es hacer lobby y los objetivos que persiguen con ello los diferentes sectores industriales. Una forma de lobbismo muy eficaz y frecuente en las instituciones relacionadas con la salud es el intercambio de puestos de trabajo entre funcionarios de esas instituciones y empresas, algunas de cuyas prácticas han regulado. Este fenómeno, conocido como “puertas giratorias”, sirve para funcionarios de alto nivel que “fichan” por el “enemigo” a quien afectan las normas que estaba elaborando y también para ejecutivos empresariales que son contratados por alguna institución pública. Es más, explican algunas actuaciones deleznables.

Aunque pudiera parecer imposible dada la pésima labor realizada en los últimos años por el Partido Popular la gestión sanitaria y medioambiental del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha cumplido con las peores expectativas que cualquiera pudiera haber tenido cuando llegó al poder. Especialmente en su segundo mandato con la decisión de crear el nuevo Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que asumió las competencias hasta entonces atribuidas a los suprimidos Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente más la competencia en materia de protección del mar en estrecha colaboración con el Ministerio de Fomento. Una decisión que en el ámbito ecologista se percibió como una manera sutil de evitar la existencia de un ministerio exclusivo para asuntos medioambientales para regocijo de los sectores químico e industrial y, sobre todo, del lobby de los alimentostransgénicos; aunque fuera designada como responsable del nuevo ministerio la ex titular de Agricultura Elena Espinosa. La intención fue interpretada como un claro intento de acabar con la política crítica emprendida por la ex ministra Cristina Narbona que se había convertido en un obstáculo al modelo desarrollista, insostenible ambientalmente y, por tanto, poco saludable que postula el actual gobierno siguiendo por cierto los mismos pasos que adoptó el de José María Aznar.

Y es que las empresas han “tomado” los gobiernos. Al punto de que en ocasiones no sabemos ya si nos gobiernan nuestros teóricos representantes o los de los diferentes sectores industriales. Hoy se sabe que Narbona molestaba por ser “demasiado ecologista” y como “cargarse” de raíz un ministerio como el anterior de Medio Ambiente hubiera resultado demasiado chocante para la sociedad –sobre todo para los sectores supuestamente más progresistas- se decidió crear un nuevo ministerio que conservase la etiqueta de Medio Ambiente pero aglutinara en un solo departamento todas las competencias del estado vinculadas al medio natural en una línea mercantilista de defensa de los factores productivos agrícolas, pecuarios, forestales, pesqueros y alimenticios siguiendo la línea del anterior ministerio de Agricultura, departamento que históricamente ha favorecido a las grandes compañías frente a las pequeñas y medianas explotaciones, ha fomentado la industrialización intensiva y el uso de productos químicos tóxicos en el campo y es en la actualidad la entidad que protege los intereses de la gran industria biotecnológica -es decir, de los alimentos transgénicos y por eso España es el país europeo con mayor superficie de cultivos transgénicos- y de los medicamentos basados en la “ingeniería genética”.

Es más, mientras el lobby pro-transgénicos controla buena parte de las decisiones que tienen que ver con la agricultura -y por consiguiente con nuestra alimentación- el Gobierno socialista controla el resto de las decisiones importantes a través de Cristina Garmendia a la que para ello puso al frente del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Y es que en España sigue funcionando el fenómeno de las “puertas giratorias”, es decir, el constante trasvase de ejecutivos del sector público al privado y viceversa. No se olvide que Garmendia era hasta entrar en el Gobierno presidenta de la Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO), el mayor lobby pro-alimentos transgénicos y fármacos biotecnológicos de España, entidad en la que se encuentran lobbies como la Fundación Antama y las mayores multinacionales de transgénicos del mundo como Monsanto o Pioneer. Y no sólo eso, también congrega a buena parte de la industria farmacéutica y biotecnológica: son los casos de Bayer, Merck, Bristol-Myers Squibb, Roche, Schering-Plough, Esteve o Gilead Sciencies (empresa ésta creadora de la trama Tamiflú/Gripe A). Un puesto al que Garmendia llegó tras fundar en el 2000 una compañía privada del sector de la biotecnología llamada Genetrix.

Hablamos de una mujer joven y ambiciosa que evidentemente no pierde el tiempo ya que también es presidenta de la Fundación Inbiomed, por supuesto miembro igualmente de ASEBIO.Solo que ésta es una entidad que se dedica a la investigación genética con fines fármaco-sanitarios y se financia ¡con dinero público! Lo singular es que entre los miembros de su patronato se encuentra asimismo el director del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Carlos Martínez. Y uno empieza a preguntarse si en España alguien distingue ya entre lo privado y lo público. Porque cada vez hay más dinero público para estudios e investigaciones de las que al final quienes se aprovechan son empresas privadas.

El Ministerio de Ciencia e Innovación es por eso clave para la industria farmacéutica y alimentaria. Lo que explica que uno de los periódicos sanitarios que ejerce de portavoz de la misma publicara que su creación había sido “muy bien recibida por la industria”. Y es que los grandes laboratorios sabían que Garmendia era “uno de los suyos” y por tanto vaticinaron nada más conocer su nombramiento que sería “un buen apoyo para evitar desarrollos legislativos excesivamente dañinos para el sector”.

GARANTIZAR EL SISTEMA DE PATENTES 

Una de las medidas que las farmacéuticas quieren que se lleve adelante a cabo cuanto antes -para lo cual están presionando- es la reforma de la Ley de Patentes española; para que les beneficie, claro. Afortunadamente ese proceso parece estar en stand by –es decir, en espera- por las medidas que el Gobierno español se ha visto obligado a tomar a fin de recortar el gasto sanitario. En todo caso esa posible modificación depende hoy de Cristina Garmendia -es decir, del Ministerio de Ciencia e Innovación- ya que al crearse ese ministerio en la segunda legislatura de Zapatero se le transfirieron competencias al respecto. No obstante llegado el momento habrá de contar con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que también posee competencias legislativas en temas de patentes y al frente del cual está otro amigo íntimo de Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, al que un conocido medio periodístico de ámbito nacional calificaría de “amigo y protector político de Cristina Garmendia y figura en ascenso por su amistad con Rodríguez Zapatero” (Sebastián, por cierto, fue entre 1999 y 2003 director del Servicio de Estudios delbanco BBVA). Y el carácter “pro intereses privados” del Ministro de Industria quedó bastante claro en septiembre de 2008. El diario El País lo explicaba claramente: “El Gobierno quiere convencer a los ayuntamientos de que poner antenas de móvil es saludable. Y para acabar con las reticencias que tienen las corporaciones locales a dar permiso para la instalación de antenas prepara un plan de incentivos económicos para los ayuntamientos que más colaboren en ampliar la cobertura del móvil dentro de sus municipios”. La medida anunciada se incluía en el proyecto de “desarrollo tecnológico” denominado Plan AvanzaDos que se extiende hasta 2012 con una dotación superior a los ¡5.000 millones de euros! Sebastián dixit: “Hay que hacer comprender que las antenas de móvil no tienen ningún perjuicio para la salud”. ¿Y dónde hizo estas declaraciones absolutamente gratuitas y falsas el ministro de Industria? Pues en un acto organizado por la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC), el mayor lobby que hay en nuestro país para impulsar esas tecnologías acallando las críticas de los ciudadanos y científicos que ponen de manifiesto la nocividad de la contaminación electromagnética. Obviamente compañías del sector están en el Plan Avanza; entre ellas, Sun Microsystems, Bull o Atos Origin.

En pocas palabras, los españoles de a pie financiamos con nuestro dinero a las compañías de electricidad y telefonía aunque se trate de dos de las industrias que más dinero ganan del mundo junto a las petroleras y las farmacéuticas. Nosotros mismos les damos el dinero –a través del ínclito Miguel Sebastián, el ministro que se dedicó a regalar cientos de miles de “bombillas de bajo consumo” a pesar de que cada una de ellas contiene entre 3 y 5 miligramos de mercurio y esa cantidad basta ¡para contaminar 190.000 litrosde agua!- para que nos “convenzan” de que no tenemos razón para preocuparnos de las radiaciones electromagnéticas. Y luego dicen que los ministros representan al pueblo. ¡Vaya sarcasmo!

En suma, las industrias biotecnológicas y/o farmacéuticas influyen de manera directa o indirecta en al menos cuatro ministerios: Sanidad y Política Social, Ciencia e Innovación, Medio Ambiente y Medio Rural y Marino e Industria, Turismo y Comercio.

Quien también ha presidido ASEBIO es Regina Revilla aunque fuera sólo unos meses para sustituir a la anterior presidenta, la ministra Garmendia. Y Revilla es otro caso de puertas giratorias histórico. Responsable de Relaciones Institucionales en España de la multinacional Merck desde 1996 ocupó con anterioridad una larga lista de cargos públicos: en 1989 fue Directora General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria y Energía, en 1991 Directora General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y en 1994 Secretaria de Alimentación del Ministerio de Agricultura.

Pues bien, son muchos los datos que implican a Regina Revilla en la bochornosa retirada del Bio-Bac perpetrada en el año 2002 y cuyo proceso de instrucción sigue sin cerrarse a pesar de que han transcurrido ¡casi ocho años! Porque según Rafael Chacón, dueño del producto intervenido que inventara su padre, ésta intentó comprarlo en nombre de Merck poco antes de desarrollarse el operativo policial que se puso en marcha en cuanto él se negó. Según Chacón Regina Revilla “me llamó en nombre de Mercky volvió a realizar la misma oferta que con anterioridad había hecho a mi padre y que no era sino la misma que antes aún había efectuado el laboratorio Abelló. Y por tercera vez rechazamos la petición porque se negaron a aceptar la condición de que el producto debía salir a la venta en breve y a un precio razonable para que fuera accesible a todo el mundo. Añadiendo: “Estoy convencido de que a raíz de mi negativa ella y Fernando García Alonso, entonces Director de la Agencia Española del Medicamento, prepararon la campaña de acoso y derribo del Bio-Bac. Se conocen desde hace mucho tiempo pues han coincidido en su trabajo en la Administración. Y de hecho fue él quien decidió poner una denuncia a todas luces injustificada como demuestra el hecho de que los jueces se nieguen a cerrar el proceso de instrucción a pesar de que han transcurrido casi ¡ocho años!” desde que la Operación Brujo se puso en marcha. Saben que todos los implicados en la misma pueden terminar procesados y quienes les apoyan desde puestos de poder no están dispuestos a consentirlo”.

Y claro, los favores –de nuevo se pusieron en marcha las puertas giratorias- se pagan. Y Fernando García Alonso, tras desempeñar varios cargos en la Agencia Española del Medicamento, en la Agencia Europea del Medicamento y en la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios fue contratado en el 2007 como Director de Market Access de la filial española de Schering Plough, hoy asociada a Bayer.
Cabe agregar que Regina Revilla fue sustituida al frente de ASEBIO por José María Fernández Sousa, presidente desde 1985 de Zeltia, PharmaMar, Genomita, Neuropharma y Sylentis.
Es evidente pues que los presidentes de ASEBIO son personas poderosas en el ámbito de la industria de la genómica -ya sea de la farmacéutica o de la de los alimentos transgénicos- y de ahí que en cualquier momento puedan ser llamados a ocupar cargos públicos de relevancia.

TRASPASO DE PODERES 

Y es que la cantidad de cargos políticos que proviniendo del campo privado benefician los intereses que antes representaban una vez en ellos es realmente llamativo pero también lo son los casos de quienes formados en “lo público” fichan luego por empresas privadas que aprecian sus contactos e influencia para que les abran puertas y representen sus intereses en las instituciones en las que trabajaban o adyacentes. Cuando no se trata simplemente de una “contraprestación” por los servicios prestados previamente. Porque muchos cargos públicos –funcionarios incluidos- hacen “méritos” entre las grandes empresas para intentar que éstas, agradecidas, les contraten luego. Y es que las grandes multinacionales pagan mucho mejor que la Administración y cada vez más personas sueñan con ser con ellas lo suficientemente complacientes como para que éstas les premien contratándoles.  Y siendo esto grave y condenable en general lo es con mucha mayor razón en el ámbito sanitario y alimenticio.

El penúltimo ejemplo es Bernat Soria. El ex ministro de Sanidad ha fichado por el laboratorio Abbott para hacer un  informe sobre las carencias del Sistema Nacional de Salud y el papel de la industria farmacéutica para ayudar a su “sostenibilidad”. Soria, que está trabajando en el Centro Andaluz de Medicina Biomolecular y Medicina Regenerativa -una institución pública- fue relevado de su cargo al frente del ministerio en abril de 2009 y ahora una multinacional farmacéutica privada le encarga conocer y analizar las expectativas y retos de todos los sectores implicados con el desarrollo del sistema sanitario siendo los pacientes el primer grupo de interés a retratar. Después seguirá con las sociedades médicas, asociaciones de enfermería, distribuidores y farmacéuticos, investigadores y medios de comunicación. Curioso esto de que uno de los laboratorios farmacéuticos más grandes del mundo pretenda hacer creer que no conoce el sector en el que se mueve. Según quienes se manejan en este mundillo lo más probable es que se le haya fichado porque se está en deuda con él o con elfin de que utilice sus contactos e influencia. Bueno, pues como Soria hay otros muchos que se han prestado a ello.

Jaime del Barrio pasó de Consejero de Sanidad de la Comunidad de Cantabria a Director General del Instituto Roche, multinacional propietaria del conocido Tamiflu. Un personaje que mantiene estrechas relaciones con su compañera de partido Ana Pastor, ex ministra de Sanidad y actual vicepresidenta del Congreso de los Diputados, quien como cualquier persona medianamente informada sabe mantuvo hace unos meses en los medios de comunicación una actitud incomprensiblemente agresiva presionando públicamente para que el actual gabinete dirigido por Trinidad Jiménez comprase amplios cargamentos del inútil Tamiflu y millones de vacunas para tratar la “peligrosísima” gripe A. Lo mismo que ya había hecho con la vacuna del virus del papiloma humano al convertirse en una de sus más acérrimas defensoras. Y la que compró ¡dos millones de vacunas contra la viruela! porque según ella había riesgo de que Sadam Hussein nos soltase una de las innumerables armas biológicas que tenía en su arsenal secreto. Claro que hablamos de la persona que ordenó asimismo retirar del mercado ¡más de 200 productos! naturales alegando que se trataba de medicamentos sin autorización a pesar de que muchos se vendían legalmente en otros estados miembros como complementos alimenticios o productos dietéticos, una decisión por la que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas condenó en marzo de 2009 por ello a nuestro país. “España –decía aquella sentencia- ha incumplido las obligaciones que le incumben al haber retirado del mercado productos elaborados a base de plantas medicinales legalmente fabricados o comercializados en otro estado miembro en virtud de una práctica administrativa que consiste en retirar del mercado todo producto que contenga plantas medicinales no incluidas en el anexo de la Orden Ministerial de 3 de octubre de 1973 por la que se establece el registro especial para preparados a base de especies vegetales medicinales, en su versión modificada, ni en el anexo de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo SCO/190/2004, de 28 de enero, por la que se establece la lista de plantas cuya venta al público queda prohibida o restringida por razón de su toxicidad, y que no sea un preparado constituido exclusivamente por una o varias plantas medicinales o sus partes enteras, trociscos o polvos, por considerar que dicho producto es un medicamento que se comercializa sin la preceptiva autorización de comercialización”. El tribunal condenaría a pagar las costas a España. Es decir, la sinvergonzonada de la ministra la pagamos todos de nuestros bolsillos. Y ahí sigue, sirviendo a los intereses de la gran industria farmacéutica convencida de que es intocable.

Obviamente no es un caso único. Regina Múzquiz comenzó en 1999 siendo presidenta de la Sociedad Española de Farmacéuticos de la Administración Sanitaria y con posterioridad Subdirectora General del Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad y Consumo y Directora General de Relaciones Institucionales y Alta Inspección hasta que “fichó” en el año 2002 como Directora de Relaciones Institucionales de la multinacional Sanofi Aventis -ahora está en el denominado Departamento de Comunicación y Relaciones Corporativas,de reciente creación- siendo nombrada además Vicepresidenta de la Fundación Aventis.

Albino Navarro fue entre 1996 y 2001 Director Provincial en Madrid del Instituto Nacional de Salud -más conocido como INSALUD- y en el 2002 pasó a ejercer como Director de Relaciones de Farmaindustria con las Comunidades Autónomas.

Federico Plaza Piñol desempeñó entre 1996 y 2000 sus responsabilidades como Director General de Farmacia y, como explica el abogado Manuel Amarilla en su libro Medicamento: utopía y realidad y nos confirmaría en persona, “desde su cargo emprendió una gran cruzada contra la Agencia Española del Medicamento al no depender su control de la Dirección General de Farmacia”; luegosería Viceconsejero de Ordenación Sanitaria y Salud Pública en la Comunidad de Madrid. Pues bien, en el año 2003 sería nombrado Director General de la Fundación Abbot -perteneciente al laboratorio farmacéutico del mismo nombre- recalando posteriormente en otra fundación, de otra megacompañía químico-farmacéutica: AstraZeneca.

Eugeni Sedano, presidente durante siete años de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) que fue durante otros cinco Director General de Recursos Sanitarios del Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Cataluña pasaría a engrosar las filas de Laboratorios Esteveen el año 2005 como Director Corporativo de Relaciones Institucionales. También había desempeñado cargos públicos como miembro del Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española del Medicamento y como jefe de la División de Atención Farmacéutica y Prestaciones Complementarias del Área Sanitaria del Servicio Catalán de Salud.

María del Val Díez fue durante dos años jefa del Servicio de Gestión de la Prestación Farmacéutica de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para ejercer durante otros dos como Directora de la Agencia Española del Medicamento. También trabajaría como Secretaria del Plan Nacional contra el Sida. Bueno, pues en el año 2007 comenzó a representar a lo más granado del sector cosmético al ponerse al frente de la Dirección General de la Asociación de Perfumería y Cosmética (STAMPA)que entre sus muchos asociados -grandes, medianos y pequeños- cuenta con Novartis, Nivea, Johnson & Johnson, L’Oreal, Unilever, Avon, Colgate Palmolive, Corporación Dermoestética, Chanel oEstée Lauder.

TELEFÓNICA’S LOBBY 

A finales de abril del 2008 el diario económico Cinco Días publicaba un titular que no deja dudas a la especulación: “Telefónica ficha a Zaplana para hacer lobby en Europa”. La entradilla de la noticia precisaba: “Eduardo Zaplana deja de ser diputado raso. Telefónicaha rescatado al ex portavoz del PP en su momento político más bajo para darle un cargo de representación ante los países de Europa donde está presente y Bruselas. Las relaciones de Zaplana con Berlusconi son uno de los justificantes esgrimidos para el fichaje que disparará el sueldo del ya ex político”. Lo singular es que no hacía mucho se había publicado un excelente libro de investigación de Alfredo Grimaldos titulado Zaplana. El brazo incorrupto del PP sobre el personaje en cuestión que había terminado por colmar el vaso de la paciencia de sus mentores en el partido de Mariano Rajoy. Como nos contaría el propio Grimaldos “Zaplana hoy en un ‘simple asesor’ sin oficio conocido pues sus funciones en Telefónica no están claras… pero cobra un millón de euros al año”.

El citado diario comentaría respecto al nombramiento de Zaplana lo siguiente: “La lista es larga: Fernando Almansa, Iñaki Urdangarin, Adolfo Suárez, Alfredo Timmermans… No es la primera vez que Telefónicaapela a profesionales de sectores totalmente ajenos al suyo para complementar su actividad”. Y cabe añadir que no sólo en nuestro país porque el ex Comisario Europeo de Industria y Telecomunicaciones de la Unión Europea, Martin Bangemann, pasó a trabajar para Telefónica poco después de abandonar la Comisión. Y se trata de la persona que gestionó favorablemente los intereses de las empresas del sector: Bangemann había firmado un importantísimo informe titulado La sociedad de la información cuyas conclusiones se resumen en liberalizar, privatizar y desregular las telecomunicaciones. Tal era el interés de Telefónica por el ex Comisario que su máximo responsable por aquel entonces, Juan Villalonga –compañero de colegio y amigo del ex Presidente del Gobierno José María Aznar- decidió hacerse con sus servicios ¡mientras aún ejercía su cargo público! De hecho mediante carta de fecha 29 de junio de 1999 Martin Bangemann, cuando todavía era miembro de la Comisión de las Comunidades Europeas, informó a Gerhard Schröder -entonces presidente de la Conferencia de Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros de la Unión Europea– de su “intención de ejercer una actividad profesional en la sociedad Telefónica”. El asunto olería tan mal que el propio Consejo de la Unión Europea llevó el asunto hasta el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Y es que había que quitarle de en medio “comprando su silencio” porque uno de los puntos fundamentales del informe que había hecho Bangemann para la liberalización de las telecomunicaciones decía que había que reducir los precios de las llamadas. Y es que, sencillamente, se había hecho eco de las directrices del gran lobby europeo, la Unión de Confederaciones de Industriales y Empleadores de Europa (UNICE), que en un estudio revelaba que la factura telefónica en España ¡quintuplicaba a la estadounidense! No hay que olvidar que la UNICE nombró en febrero de 2006 presidente de su Comisión de Mercado Interno al Presidente de la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC), Jesús Banegas Núñez. Cabe añadir que Telefónica pertenece a AETIC y que, como ya explicamos antes, ésta fue la anfitriona del evento en el que el ministro Sebastián declaró -sin siquiera sonrojarse- que las antenas de telefonía y los móviles no son peligrosas para la salud.

Recordemos que en España la ministra que tuvo que “lidiar” con la alarma social despertada por el Caso Valladolid –los casos de cáncer infantil que se produjeron en dos colegios de la ciudad castellana que tenían en sus inmediaciones antenas de telefonía- y la aplicación de las recomendaciones europeas fue Anna María Birulés, responsable del entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología. Una ministra con larga trayectoria en el sector privado de las telecomunicaciones pues antes había trabajado en Hispasat, Retevisión, Onda Digital, Amena yEresmas. Con su nombramiento se había pues logrado la máxima aspiración de cualquier estrategia lobbista: “colocar” en el gobierno a su gente. Supongo que no hará falta decir que sus actuaciones para profundizar en el conocimiento de la contaminación electromagnética y qué medidas preventivas podían tomarse brillaron por su ausencia.

QUÍMICA ¿LIMPIA? 

Por si todo esto no fuera suficiente las compañías europeas de productos químicos -muchos de ellos nocivos para nuestra salud y la de la naturaleza- y sus asociaciones tiraron de talonario durante años para conseguir -con la poco ética táctica de las “puertas giratorias”- obtener informaciones valiosísimas sobre los planes de las instituciones comunitarias respecto a una normativa esencial para la protección del medioambiente y las personas: el REACH o Registro de Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas. En vigor desde junio de 2007 desde esa fecha las empresas que fabriquen o importen más de una tonelada al año de una sustancia química deben registrarla en una base de datos central gestionada por la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos. Se trata de un reglamento que contempla por ello el registro de unas ¡30.000 sustancias químicas! regulando que debía ser la industria la que debería demostrar la inocuidad de los productos, algo que supuestamente la iría llevando poco a poco a buscar sustancias alternativas más seguras y eso estimularía la investigación y la innovación. Bueno, pues el REACH tardó más de una década en ser aprobado debido a las presiones del lobby químico-tóxico. Nuevamente tirando de talonario a fin de “colocar a su gente” en los puestos relevantes de las instituciones europeas encargadas de su puesta en marcha. Así que en octubre de 2004 la patronal europea -la European Chemical Industry Council (CEFIC)- ficharía a Jean-Paul Mingasson, jefe de la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea, como Consejero General. Pura cuestión de gratitud, obviamente, porque Mingasson se había pasado veinte años en la Comisión Europea manteniendo siempre posiciones contrarias a nuevas regulaciones para los pesticidas, plásticos y demás. Pero lo peor es que una vez en su nuevo cargo Mingasson se dedicó a presionar a las mismas personas con las que había trabajado durante años. Evidentemente su influencia y conocimiento de los entresijos de Bruselas le hacían idóneo para dirigir la campaña de la industria contra los intentos de regular la contaminación química que todos sufrimos -cada vez con mayor virulencia- desde hace décadas.

En esa misma línea de trasvase de cargos entre la industria y las instituciones comunitarias -siempre favorable a la industria- CEFIC también fichó como Directora de la Unidad sobre REACH a Lena Perenius quien durante seis años había trabajado en la Unidad de Químicos de la Dirección General de Empresa e Industria. Uta Jensen-Korte, por el contrario, accedió a la Unidad sobre REACH de la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea después de trabajar durante catorce años para el gigante alemán Bayer y siete como lobbista principal del CEFIC. Un verdadero caballo de troya para los cada vez más débiles intentos de la Comisión Europea de asegurar la salud pública contra la omnipresente contaminación química.

El mismo CEFIC contrató como asesora legal a Anne Rose Lambers, quien fuera asistente personal del eurodiputado conservador alemán Hartmut Nassauer, ponente del Comité sobre Mercado Interior del Parlamento Europeo. Durante años Nassauer presentó en Estrasburgo y Bruselas -las dos sedes de la Eurocámara- numerosas propuestas del CEFIC y de la patronal química alemana -la Asociación de la Industria Química Alemana (VCI)– e incluso aceptó como asesor a un representante de dicha patronal: Michael Lulei. En ese comité Nassauer fue uno de los principales negociadores entre grupos que acordaron una sustancial rebaja en las exigencias de REACH justo antes de la primera votación en pleno de la propuesta, ya a finales del año 2003. Para la organización ecologista Greenpeace es evidente que el fichaje de su asistente por el CEFIC es sin duda un premio del sector químico al “buen trabajo” hecho por su jefe y una manera de coordinarse más estrechamente con este influyente personaje del Parlamento Europeo.

BASF, una de las multinacionales químicas más poderosas del mundo, tiene en Ralf Burgstahler uno de sus personajes clave. Éste empezó a trabajar en la empresa alemana en 1986 como técnico de seguridad pero llegó a jefe de Asuntos Gubernamentales Europeos (lobbista máximo de la compañía) y en septiembre del año 2001 accedió a la Unidad REACH de la Dirección General de Empresas e Industria de la Comisión Europea. Más tarde fue empleado por el Ministerio de Economía alemán desde donde dirige toda la política del ejecutivo presidido por Angela Merkel contra el REACH.

Y es que también los grandes dirigentes políticos son personajes de esta trama conocida como “puertas giratorias”. El canciller alemán entre 1998 y 2006, por ejemplo, Gerhard Schröeder, fue nombrado poco después de perder el poder a manos de la democristiana Angela Merkel presidente de la Compañía del Gaseoducto del Norte de Europa, empresa ruso-alemana creada para construir la infraestructura para transportar el gas ruso a Europa occidental a través del mar Báltico. Todo muy “normal” si no fuera porque resulta que BASF posee el 24,5% de las acciones esa empresa. De ahí que tal nombramiento fuera muy criticado en la prensa y en los círculos políticos alemanes al considerarlo una clara injerencia más de la industria química en la política de la República e, incluso, en sus relaciones con otros países. Para Greenpeace fue también una manera de agradecer al ex canciller su progresivo acercamiento a las posturas de la industria química.

Solo que no acaba ahí la alargada sombra de BASF en la política ambiental; el gigante germano presume de tener -o haber tenido- en nómina a un gran número de políticos de su país. Concretamente a ¡235! Así lo reconoció la propia empresa en la revista Stern.
Obviamente esta práctica está muy extendida. Karl Kress, diputado del Parlamento de Westfalia por la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de la actual canciller Angela Merkel, manifestó por ejemplo en numerosas intervenciones que la normativa REACH podía arruinar a la industria y destruir muchos puestos de trabajo. Luego admitiría que la multinacional Bayer le pagaba un salario mensual de 3.050 euros. Sin comentarios.

ESCÁNDALO EUROPEO 

Y hay muchos casos más. La Directora del Departamento de Salud de la Comisión Europea de Investigación, Ruxandra Draghia-Akli, fue durante 15 años Vicepresidenta del Laboratorio VGX en Estados Unidos. Esta compañía está especializada en investigaciones sobre el ADN para aplicaciones terapéuticas y vacunas. El problema es que cuando declara en El País que “el objetivo son los tratamientos a medida para cada paciente” no sabemos si habla por boca de la compañía para la que trabajaba o como funcionaria supuestamente preocupada por la salud de los ciudadanos europeos.

Hoy sabemos que numerosos funcionarios del más alto nivel -como comisarios y directores generales- no han tenido reparo alguno en dejar la política europea y dar el salto -con sueldos astronómicos- al ámbito privado. Casos como el de Jim Currie, antiguo Director General de Medio Ambiente de la Comisión, que se fue al gigante nuclear británico British Nuclear Fuels. Y el de Étienne Davignon, Comisario de Industria y Vicepresidente de la propia Comisión, que se fue a la compañía francesa Société Générale y en 1999 fundó Amigos de Europa, hoy uno de los más influyentes think tanks de Bruselas. Y el de Peter Sutherland, que fue Comisario de Competencia y fichó primero por la petrolera British Petroleum (BP) y luego por el banco Goldman-Sachs. Y el de Ricardo Perissich, Director General de Industria de la Unión Europea que se pasó al gigante italiano de neumáticos Pirelli. Y el de Leon Brittan, antiguo Comisario de Comercio y Vicepresidente de la Comisión Europea, que fue contratado por el banco de inversiones UBS Warburg y es además consejero de Unilever. Y el de Enrique González Díaz, responsable de grandes procesos de fusión de la Comisión Europea y cuyo caso provocó un gran escándalo en octubre del 2003 al fichar por un importante bufete de lobby norteamericano: Cleary Gottlieb. El mismo lobby que también se llevó al ex Director de Competencia John Temple Lang para llevar asuntos relacionados con normativa comunitaria sobre la competencia de empresas. Aunque si cabe el ejemplo más escandaloso es el ya contado de Jean-Paul Mingasson que de jefe de la Dirección General de Empresa e Industria y funcionario de la Comisión Europea durante 20 años pasó a Consejero General de UNICE, la gran patronal europea.

Terminamos pues aunque podríamos dar muchos más ejemplos el espacio en una revista es limitado. En cualquier caso creemos que ha quedado meridianamente claro que el fenómeno de las “puertas giratorias” existe y siempre beneficia a los intereses privados. Alguien podría pensar que las instituciones públicas pueden ganar algo con este intercambio de ejecutivos al recibir la Administración de turno valiosas informaciones del campo privado o, al revés, que el funcionario que da el salto al sector privado promoviese en la compañía privada que le contratase el “interés público”. Pero no se conoce ningún ejemplo. Este intercambio de puestos siempre favorece a la industria en las dos direcciones: los lobbistas que fichan por la Comisión Europea, por ejemplo, mantienen posiciones proindustriales, lo que arroja dudas sobre para quién trabajan realmente. Y los funcionarios que saltan a la trinchera de la industria lo hacen con una valiosa información de los proyectos e ideas que se cuecen en la institución de la que proceden y, por lo general, se dedican a presionar a las mismas personas con las que antes trabajaban.

Miguel Jara

 

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130
Septiembre 2010
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