Querella contra el ex Director General de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

La Fundación Alborada ha interpuesto una querella contra el ex Director General de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad de Madrid Manuel Molina Muñoz “y demás personas que puedan resultar también autores o cómplices” por presunto abuso de poder en el ejercicio de su cargo. Según el letrado de la acusación, Luis Bertelli, se les imputa presuntos delitos de prevaricación y la vulneración del derecho a la salud de varios enfermos que protege nuestra Constitución. La querella obedece a la decisión de esa Consejería de suspender -el pasado mes de mayo- la mayor parte de la actividad de la Clínica de la fundación alegando que el tratamiento que en ella se aplicaba podía dañar gravemente a los enfermos tratados sin ser ello cierto. A pesar de que esa decisión fue desvirtuada por la propia Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios al autorizar el uso de los productos que la Consejería prohibiera la querellante considera que existió un claro intento de poner fin a su actividad que debe ser sancionado por la Justicia.

Son muchos los médicos, farmacéuticos, biólogos, químicos, terapeutas, empresas y laboratorios -especialmente si tienen relación con la práctica de las terapias naturales-, que sufren desde hace décadas todo tipo de decisiones arbitrarias por parte de las “autoridades” administrativas sanitarias españolas viéndose en la mayoría de las ocasiones obligados a callar y a aguantar la injusticia cometida con ellos ante el temor de posibles represalias… desconociendo que tales represalias, de producirse, darían lugar a la comisión de otro delito penado hasta con cuatro años de prisión. Y no hacen nada porque saben también que la mayor parte de las reclamaciones no prosperan y cuando sí lo hacen, cuando se consigue que la injusticia se repare, los jueces condenan a la Administración -ente abstracto sin rostro- que es la que termina asumiendo las consecuencias de las decisiones manifiestamente injustas -cuando no ilegales- de quienes las tomaron -funcionarios o cargos políticos- quedando éstos en el anonimato y sin rendir cuentas de sus actos. Una vergonzosa situación de impunidad consentida por nuestra corrupta clase política que en la revista se ha denunciado ya muchas veces.

Impunidad… hasta ahora. Porque la querella presentada por el abogado Luis Bertelli en nombre de la Fundación Alborada contra Manuel Molina Muñoz, Director General de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad de Madrid en el momento en que ésta tomó la decisión de suspender totalmente las actividades de la Clínica Médica de la Fundación Alborada, puede abrir el camino para exigir responsabilidades penales a quienes resuelvan injustamente en la Administración Sanitaria. Porque la Administración puede “amparar” a esas personas en un pleito civil y tranquilizarlas sabiendo éstas que se hará responsable civil subsidiaria y si hay que pagar indemnizaciones será el Estado el que se encargue de asumir sus posibles desaguisados pero en una querella de carácter penal NO; si alguien es condenado nadie va a asumir el castigo por él.

La historia que ha dado lugar a esta denuncia empezó cuando el pasado mes de mayo la clínica de la Fundación Alborada en la que se atendía a pacientes de Sensibilidad Química Múltiple (SQM) y otras dolencias relacionadas con la contaminación ambiental se vio obligada a negar a sus pacientes la atención médica que venía proporcionándoles porque el entonces Director General de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad de Madrid, Manuel Molina -que cesó en su cargo el 10 de junio-, decidió suspender sus actividades. La decisión de la Consejería de Sanidad se comunicó mediante una resolución que alegaba que el tratamiento tenía errores de procedimiento en su aplicación lo que posteriormente Molina convirtió en daño grave a la salud pese a que los protocolos utilizados han probado su inocuidad durante años en España y fuera de nuestras fronteras, consciente de que los presuntos errores administrativos, si realmente hubieran existido, eran fácil y rápidamente subsanables y no justificaban en modo alguno la decisión de suspensión.

Dos meses después, en julio, ante la protesta formal de varios pacientes que reclamaron sus derechos ante la Agencia Española del Medicamento, la Consejería de Sanidad accedió a que éstos recibieran los tratamientos… pero siguió sin levantar la suspensión impidiendo que se aplicasen a los demás, lo que para la doctora Pilar Muñoz-Calero, presidenta de la Fundación Alborada y responsable de la Clínica, es inaceptable, incomprensible e ilegal: “Si se asume que los sueros son seguros para unos pacientes -nos diría- lo son para todos. Y no puede admitirse que al resto de la ciudadanía que pueda necesitarlos se les prohíban. Especialmente cuando se utilizan legalmente en numerosos países avanzados sin problemas”.

En suma, la Fundación Alborada consideró desde el primer momento que la resolución firmada por Molina era un acto “arbitrario e injusto” constitutivo de un posible delito de prevaricación y decidió por ello interponer una querella contra él. “Su interposición -señala la querella- obedece únicamente a la supuesta utilización por una ex-autoridad de sus potestades públicas en beneficio de terceros, conducta que a nuestro entender no debe quedar impune”.

La querella fue presentada el pasado seis de septiembre en un Juzgado de Instrucción de Madrid por Luis Bertelli, el mismo abogado -miembro de nuestro Consejo Asesor– que nada más hacerse cargo del conocido Caso Meño -¡después de 22 años de pleitos!- sacó a la luz los evidentes errores cometidos por la Justicia, el irregular comportamiento del centro clínico y la actitud cainita de las compañías de seguros.

LOS HECHOS DENUNCIADOS EN LA QUERELLA 

Tras dedicarse durante algún tiempo a la rehabilitación de drogadictos la clínica de la Fundación Alborada comenzó en el año 2009 a atender a personas afectadas por Sensibilidad Química Múltiple (SQM), Fibromialgia y Fatiga Crónica contando con la correspondiente autorización de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Sus profesionales, formados en centros de Dallas (EEUU) y Breakspear (Inglaterra) -donde se aplican desde hace décadas los mismos protocolos-, empezaron a tratar a pacientes intoxicados con sustancias químicas y/o metales pesados con buenos resultados siendo los productos utilizados en sus protocolos vitaminas, minerales, oligoelementos, nutrientes y antioxidantes naturales -no sintéticos como muchos de los que se comercializan legalmente en las farmacias- y sin aditivos de ningún tipo por la sencilla razón de que los cuerpos de los pacientes afectados se encuentran tan intoxicados y débiles que en la mayoría de los casos no podrían tolerar nuevas sustancias químicas. Lo insólito es que por tal motivo tales compuestos se deben adquirir en farmacias de otros países de la Unión Europea ya que en España se fabrican absurdamente -con el beneplácito del Ministerio de Sanidad- con colorantes y conservantes. Sin comentarios.

Según expone la querella –que obra en nuestro poder- el detonante de las decisiones de la Dirección General de Ordenación e Inspección pudo ser el descontento manifestado por dos pacientes, una de ellas al parecer vinculada a un conocido empresario con importantes contactos entre altos cargos de la Comunidad de Madrid. Los responsables de la fundación aseguran sin embargo que fue el precario estado de salud inicial que esta última presentaba lo que aconsejó no seguir con el tratamiento por no poder garantizarle la mejoría deseada.

El caso es que poco tiempo después de que manifestaran estas pacientes en la fundación que iban a hacer “todo lo posible por cerrar el centro” se presentó en la clínica una unidad inspectora de la Consejería de Sanidad “con la intención evidente de suspender su actividad” -se afirma en la querella- con base a la “procedencia, conservación, transporte, manipulación y aplicación de los tratamientos de medicación”.

Tras su visita los inspectores propusieron en su informe que el Director General de Ordenación e Inspección resolviera “sobre la medida cautelar adoptada durante la actuación inspectora, de suspensión de funcionamiento de la actividad”.

Es decir, que en lugar de invitar al centro a subsanar los posibles errores de procedimiento encontrados o alegados -que es lo que según la Ley debe hacerse en casos como éste ya que eran fácilmente subsanables- y evitar así el perjuicio para el resto de los pacientes la decisión fue claramente desproporcionada e injusta. De ahí que en la querella se alegue: “Como lo pretendido era, aparentemente, que el cierre de la Consulta Médica se mantuviese de forma indefinida -contrariando ello frontalmente la legalidad como hemos demostrado-, el citado Director General optó por cambiar el motivo aducido por los inspectores para buscar ese cese definitivo de la actividad señalando en su lugar que la suspensión se debía a ‘haberse constatado la administración de un medicamento no autorizado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Thioctacid) y otro reservado exclusivamente a uso hospitalario (Intralipid)’’’ (la negrita y el subrayado son nuestros).

Algo por otra parte que según explica Luis Bertelli en su argumentación no cumplía con los dos requisitos exigidos por la Ley para decretar la suspensión de la actividad porque el daño ni era grave, ni era inminente (art. 26.1 Ley General de Sanidad y 140.2 c) de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid). Que la actividad no era grave quedó claramente de manifiesto en el momento en que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios concedió autorización para el uso del Thioctacid – ácido tiótico, regulador metabólico, antioxidante natural e inhibidor de los radicales libres- nada más ser solicitado por varios pacientes a título individual. Y en el caso del Intralipid -aceite de soja purificado que proporciona cofactores para la función enzimática, ayuda en la detoxificación cuando hay impedimentos genéticos y a la eliminación de contaminantes, refuerza la quelación de metales pesados y aporta soporte nutricional a quienes están desnutridos o malnutridos- es verdad que en España está catalogado como producto de uso hospitalario pero se utiliza libremente en la mayoría de los países europeos y además la Consulta Médica de la Fundación lo aplicaba con el consentimiento y aprobación de la propia Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. “Con lo que a la inexistencia demostrada –se añade– de riesgo grave para la salud se unía el importante dato de no ser éste tampoco inminente por lo que estaba ya meridianamente claro que no procedía mantener por más tiempo la suspensión de la actividad”.

Así que al haber autorizado ¡la propia Agencia Española del Medicamento! a varios enfermos a que se les aplicasen los sueros la fundación se dirigió de inmediato al Director General de Ordenación e Inspección para que levantase la suspensión indicándosele que a partir de tal autorización del organismo estatal era obvio que el uso de esos medicamentos “no podía suponer grave riesgo para la salud de las personas”, argumento utilizado en la resolución de 25 de mayo para decretar el cese de la actividad; pidiendo al mismo tiempo que se autorizara la aplicación del Intralipid mientras se ultimaban los trámites iniciados “para constituirse esta Fundación en centro hospitalario”. Bueno, pues contra toda lógica jurídica Manuel Molina no sólo volvió a denegar el levantamiento de la suspensión a -pesar de estar ya claro que no existía daño grave e inminente para la salud como exige la Ley- sino que fue aún más lejos. La querella lo explica: “Y lo que puede acercarnos más a la versión de la represalia apuntada como único motivo de la suspensión decretada es el hecho de que centrada ésta exclusivamente en el uso de dos medicamentos –Intralipid y Thioctacid- tal suspensión se extendió incomprensiblemente a todos los demás sobre los que no pesó nunca sospecha alguna de dañar mínimamente la salud ni se consideraron por tanto en ningún momento dichos restantes productos como causa de la medida cautelar adoptada, lo que parece evidenciar con meridiana claridad que fue el capricho y no la legalidad lo que paralizó indebidamente la actividad de la Fundación”.

La consecuencia de esta decisión fue la privación de atención a aquellos pacientes que necesitaban el tratamiento porque se estaban beneficiando del mismo. “Con tal proceder -señala el escrito- pudo dársele satisfacción a una paciente enfadada por no recibir el tratamiento -que su cuerpo además no aceptaba- pero se dejó de atender a todos los demás que lo necesitaban quienes, por sus condiciones extremas de salud, no pueden acercarse a ningún otro hospital en España, ni privado ni de la Seguridad Social, por no estar dotados éstos de espacios libres de tóxicos -especialmente por los productos de limpieza y ambientadores que se utilizan-. Pero lo más relevante, con independencia de lo que el cese de la actividad supone de patente injusticia, es que con la arbitraria medida de suspensión acordada se vulneró a nuestro entender el Código Penal”. 

DELITO DE PREVARICACIÓN 

Luis Bertelli alega en los fundamentos jurídicos de la sentencia que el comportamiento de Manuel Molina cabe encuadrarlo en un probable delito de prevaricación tipificado en el art. 404 del Código Penal: “A la autoridad o funcionario público que a sabiendas de su injusticia dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años”.

Y el ánimo prevaricador, tal y como recuerda el abogado de la Fundación Alborada, queda perfectamente descrito en la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 1998, que destaca que se comete delito de prevaricación “cuando el funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa porque quiere este resultado y antepone su voluntad a cualquier otra consideración”, apreciándose una “irracionalidad en la actuación administrativa” (Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2001). Cita además la querella otras resoluciones del Supremo como la de 10 de diciembre de 2001 que señala que “el elemento decisivo de la actuación prevaricadora es el ejercicio arbitrario del poder, proscrito por el art. 9.3 de la Constitución (…) Se ejerce arbitrariamente el poder cuando la autoridad o funcionario dictan una resolución que no es efecto de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico sino pura y simplemente producto de su voluntad, convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad. Cuando se actúa así y el resultado es una injusticia, es decir, lesión de un derecho o del interés colectivo, se realiza el tipo objetivo de la prevaricación administrativa”.

Tras desglosar los fundamentos jurídicos Bertelli argumenta luego que las razones que llevan a la Fundación Alborada a considerar las decisiones de Molina contrarias a derecho son que “ni procedía la suspensión ni su alargamiento en el tiempo” volviendo a insistir en que los medicamentos citados no causan -ninguno de ellos- en la salud daño “grave e inminente” -es decir, no sólo grave y no sólo inminente… sino grave e inminente- al tratarse de sustancias naturales inocuas a las dosis utilizadas que se usan precisamente para desintoxicar el organismo. Señala además la querella que a pesar de que los motivos alegados por los inspectores para la suspensión provisional se hubieran podido subsanar en cuestión de horas -si no de minutos- “el querellado buscó nuevas razones para justificar la interrupción sine die de dicha actividad sin que las mismas se sostuvieran a la luz del Derecho ni mucho menos consiguieran mantenerse con el paso del tiempo, básicamente desde que el organismo estatal encargado de controlar los efectos de todos los medicamentos en nuestra salud -la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios-, autorizara todos ellos -salvo el Intralipidpor considerarse de uso hospitalario- no teniendo desde ese instante soporte legal alguno seguir manteniendo la suspensión del tratamiento dada la absoluta ausencia de riesgo”.

Más adelante la querella recuerda que los demás productos no debieron verse en ningún momento afectados por la medida cautelar de suspensión. “Aún exponiéndosele tal extremo al querellado –se lee en el escrito- éste extendió arbitrariamente a los mismos los efectos de tal suspensión buscando con ello paralizar completamente la actividad lo que consiguiera sin causa alguna que lo justifique. Podría entenderse que mantuviera la prohibición del uso del Intralipid -como le fue indicado- pero ni se justificaba la del Thioctacid desde que la Agencia Española del Medicamento lo autorizara, ni mucho menos el de las otras decenas de productos sobre los que ni siquiera diera razón alguna para impedir su utilización”.

Finalmente, y refiriéndose al comportamiento de Manuel Molina, se asevera: “El Director General de Ordenación e Inspección tuvo desde un principio muy claro que se alejaba del espíritu de la Ley que impone siempre una suspensión provisional para adentrarse en la arbitrariedad acordando desde el inicio una suspensión definitiva de cese de actividad, plenamente consciente de que todos los productos salvo el Intralipid podían ser administrados en la Consulta Médica de la Fundación Alborada, a pesar de lo cual lo impidió por razones que entendemos adquieren relevancia penal”. Y el resultado fue que la Clínica de la Fundación Alborada tuvo que dejar de aplicar todos los medicamentos que venía usando en el tratamiento de desintoxicación lo que obligó a sus pacientes a marcharse a otros países para recibirlo y a los más necesitados e imposibilitados económicamente a quedarse simplemente sin él.

Concluye la querella por ello denunciando que la conducta de Molina “ha impedido el ejercicio del constitucional derecho a la salud ínsito en el art. 15 CE como reconoce el máximo intérprete de nuestra Carta Magna habiéndose consumado este posible delito dado que desde su inicial Resolución de 25/05/10 suspendió la totalidad del tratamiento que venía aplicándose en la Consulta Médica de la Fundación Alboradasin que a pesar de los escritos que se presentaran aclarando que la suspensión se cernía exclusivamente sobre dos medicamentos y demostrando que la propia Agencia Española del Medicamentoautorizaba todos ellos a excepción del Intralipidpor las razones apuntadas, cambiara su actuación impeditiva a que se usaran”.

Bertelli asegura por ello que en el comportamiento y decisión de Molina hubo dolo (voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud). Y así lo dice en su escrito: “Y es notoria la concurrencia del dolo porque el largo y pertinaz incumplimiento se ha producido con la clara voluntad de impedir que la Consulta Médica de la Fundación Alboradaaplique a los pacientes el tratamiento que recibían en claro y manifiesto beneficio para su salud, razón por la que ni siquiera atendió a su ruego de que se le permitiera utilizar los demás productos no afectados por la prohibición, ni tampoco hizo caso a la autorización del órgano estatal -la Agencia Española del Medicamento– que demostraba con tal permiso que no eran dichos medicamentos –incluido el Thioctacid– dañinos para la salud, único motivo en el que podía sustentar la medida cautelar de cese de la actividad, la cual, como también se ha acreditado, sólo es adoptable de forma provisional y no como aquí aconteciera con la manifiesta intención de hacer eterna la suspensión”.

Tales han sido en suma la razones por las que la Fundación Alborada decidió querellarse contra Manuel Molina Muñoz acusándole de la comisión de un “delito continuado de prevaricación en concurso medial con el impedimento de los derechos básicos de la persona -arts 404, 74 y 542 CP-“, querella que amplía“contra aquellas otras personas que durante la fase instructora puedan aparecer como coautores -por inducción o cooperación- o cómplices de los citados delitos”.

Terminamos indicando que los responsables de la Fundación Alborada quisieron dejarnos claro que no actúan ni contra la Consejería de Sanidad ni contra la Comunidad de Madrid sino contra las decisiones a su juicio arbitrarias e injustas de uno de sus responsables pues la querella tiene nombre y apellidos.

Por nuestra parte resta añadir que si la querella prospera es muy posible que quienes hoy toman en este ámbito decisiones alegremente y sin medir las consecuencias pensando que gozan de “inmunidad”, se piensen más el alcance de lo que firman porque pueden tener que responder de sus actos a nivel penal.

Francisco San Martín

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142
Octubre 2011
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