La fiscalía de Cataluña se niega a investigar una denuncia contra los responsables de la Sanidad catalana

Un grupo de colectivos catalanes que finalmente se agruparían en una denominada Plataforma de Afectados por los Recortes Sanitarios (PARS) interpuso el pasado mes de abril ante la Fiscalía Superior de Cataluña una denuncia “contra quienes pudieran resultar responsables” de diversos delitos que reseñaban solicitando que se investigaran ya que a su juicio suponían “un atentado contra el derecho a la salud de la ciudadanía” así como por el hecho de que las medidas anti-crisis adoptadas tenían el objetivo real de favorecer a empresas privadas en las que altos cargos del Gobierno catalán tienen -o han tenido- puestos de responsabilidad. Citándose en ella concretamente al Consejero de Sanidad de Cataluña Boi Ruiz, a la Secretaria General de Salud Roser Fernández Alegre, al Director del Servicio Catalán de Salud Josep Maria Padrosa y al presidente del Consejo de Administración del Instituto Catalán de Salud Josep Prat Domènech. Pues bien, la Fiscalía ha obviado su obligación de investigar alegando que “no queda acreditado el presunto factum denunciado»… ¡cuando eso es precisamente lo que se le pedía que hiciera!

La iniciativa es de ciudadanos de a pie entre los que hay profesionales sanitarios y enfermos, organizaciones vecinales y miembros de movimientos como Democracia Real Ya y el 15M que terminarían agrupándose en una denominadaPlataforma de Afectados por los Recortes Sanitarios (PARS). Y se puso en marcha cuando supieron en abril de 2011 que el presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, había decidido reducir el gasto sanitario en mil millones de euros, objetivo que se encargó a Boi Ruiz, consejero del Departamento de Salud de la Generalitat. Pues bien, las medidas adoptadas para ello implican a juicio de los demandantes una conducta que puede ser constitutiva de delito.

El documento de la denuncia comienza con un explícito párrafo: “Quienes abajo suscriben el presente escrito formulan de conformidad con el artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la presente denuncia por los hechos que a continuación se describirán como indiciariamente constitutivos de un delito tipificado en el artículo 542 del Código Penal, sin perjuicio de los delitos que pudieran resultar de la investigación que se practique; en especial de los delitos que, guardando relación de causalidad con el anterior, pudieran constituir otro -u otros- de omisión del deber de socorro por denegación de asistencia sanitaria o abandono de servicios sanitarios en los términos definidos en el artículo 196 del Código Penal. La denuncia se formula contra las personas, que también se determinarán, que resulten responsables criminalmente en cualquiera de las formas previstas en el artículo 28 del Código Penal”.

Artículo 542 que dice literalmente lo siguiente: “Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes”. La vía elegida para la denuncia fue pues la penal y lo que hicieron quienes la presentaron fue presentar indicios de actuaciones ilegales para que la Fiscalía los valore.

Pues bien, a mediados de mayo de 2012 la respuesta de la Fiscalía ha sido que “no queda acreditado el presunto factum denunciado”en los hechos descritos… ¡cuando eso es precisamente lo que se le pedía que hiciera! En pocas palabras, aunque la Fiscalía reconoce que el derecho a la salud puede estar siendo vulnerado rehúsa investigar las causas y a los responsables. Clara Valverde, una de las portavoces de los denunciantes, nos diría: “La respuesta está siendo estudiada por nuestro equipo jurídico. No obstante, tras un primer análisis, la impresión es que se trata de un revés relativo; relativo por sus omisiones, por su falta de rigor y fundamentación y porque aunque nos informa de que no procede recurso contra su decisión nos abre otras vías que están estudiando nuestros juristas”.Y es que la propia Fiscalía reconoce en su argumentación ser “plenamente consciente de la grave problemática que la actual crisis económica supone para el sistema público de prestaciones y servicios sanitarios y que las medidas acordadas por los responsables de las administraciones sanitarias están causando un constatable perjuicio a la presentación pública de aquellos servicios, perjuicio que recae, de forma particularmente grave y sin culpa alguna de ello, sobre aquellos ciudadanos y sectores sociales menos favorecidos económicamente”.Reconocimiento explícito por parte de la Fiscalía que es importante pues no dice que los hechos denunciados no sean constitutivos de delito y ello anima a quienes presentaron la denuncia a continuar con ella ante las instancias que proceda. Aunque lo realmente inadmisible es que ni siquiera se pronuncia sobre la acusación de incompatibilidad de varios altos cargos ni sobre la afirmación de que los recortes sanitarios se puedan estar usando para beneficiar a personas y empresas privadas relacionadas con quienes toman las decisiones.

UN MERCADO “RELACIONAL”

En Cataluña el responsable de la Sanidad pública es el Servei Català de la Salut (CatSalut), organismo que contrata servicios con proveedores públicos -empresas como el Instituto Catalán de Salud (ICS), consorcios, fundaciones y otras bajo diferentes formas jurídicas-, proveedores privados y proveedores “mixtos” (es decir, participados por capital público y privado). Solo que el Instituto Catalán de Salud (ICS) no es un proveedor más pues se trata del organismo con mayores competencias asistenciales hoy en territorio catalán. De hecho presta servicios sanitarios a casi seis millones de personas teniendo una plantilla de unos 41.000 profesionales lo que la convierte en la mayor empresa pública de Cataluña.

Debemos explicar que el modelo sanitario catalán tiene una característica especial: la concertación.Como hemos dicho antes el Servei Català de la Salut (CatSalut) presta sus servicios a través del Instituto Catalán de Salud (ICS) y de otros proveedores mediante conciertos asumiendo que la gestión puedan compartirla empresas públicas y privadas. Se trata pues de un mercado en el que la capacidad de relación del proveedor con la Administración es vital.

Pues bien, lo que el Gobierno de Cataluña decidió hacer para ahorrar es dividir el Instituto Catalán de Salud en 20 empresas diferentes alegando que así se generaría una mayor competencia entre los proveedores. Solo que tal propuesta desvirtúa de manera flagrante a juicio de los demandantes la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña (LOSC) pues ésta considera los conciertos un complemento de la prestación de los servicios públicos propios  -entre ellos los ofrecidos por el Instituto Catalán de Salud (ICS)- y no como una manera generalizada de gestión. Bueno, pues la mitad de los contratos de 2010 se hicieron mediante conciertos con proveedores agrupados principalmente en dos patronales: la Unión Catalana de Hospitales (UCH-La Unió) y el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC). Patronales que encima consideran que el Instituto Catalán de Salud les hace una “competencia desleal”. Ante lo que éste decidió incorporar a sus órganos de dirección a representantes de esas dos patronales pero también de la Asociación Catalana de Establecimientos Sanitarios (ACES) que agrupa a centros privados y, excepcionalmente, a algunos concertados. ¿El resultado? Que hoy el Instituto Catalán de Salud -el mayor proveedor del Servei Català de la Salut (CatSalut) ya que cubre dos tercios de la actividad asistencial de la comunidad- tiene en determinados órganos una representación privada que no se justifica en modo alguno dada su condición de organismo público.

PRIVACIÓN DEL DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA

Ante ello los denunciantes reunieron durante varios meses informaciones oficiales -boletines del Gobierno, páginas web institucionales, intervenciones parlamentarias…- documentando además el cierre de centros de salud que se inició en el verano de 2011, la reducción de horarios de atención a los ciudadanos, la reducción de camas -tanto en servicios críticos como en los servicios convencionales-, el cierre de quirófanos yconsultorios locales y la eliminación del tiempo de espera garantizado para ciertas intervenciones (existen operaciones en cuya lista de espera las leyes contemplan que no puede estarse más de un cierto tiempo), actuaciones que llevaron a numerosos expedientes de regulación de empleo. Todo lo cual, a su juicio, ha dificultado o impedido el ejercicio del derecho cívico de acceso a la asistencia sanitaria de los ciudadanos reconocido en la Constitución y en las leyes”.

El trabajo legal ha contado con el asesoramiento de Carlos Jiménez Villarejo, quien fuera fiscal Anticorrupción. Para él: “Educación, Sanidad y Servicios Sociales están siendo tres de los sectores públicos en los que el deterioro está teniendo mayor repercusión, en un proceso de descapitalización mediante la rebaja de sus presupuestos y de privatización  mediante la profundización en modelos como los conciertos y otras fórmulas. Las restricciones de acceso son especialmente graves en estos tres sectores por su carácter de necesarios elementos vertebradores de la Democracia”.

Asimismo, los denunciantes acusan de “opacidad” a la Administración de la Generalitat. Uno de los ejemplos más flagrantes se refiere a las listas de espera, dato fundamental para evaluar el acceso efectivo de los ciudadanos al sistema sanitario público. “No consta en la página web oficial de la Generalitat -denuncian- el histórico de las listas de espera anteriores a diciembre de 2010 además de no haber publicado las listas de espera del segundo semestre de 2011. Ante esta situación únicamente disponemos de dos series de datos oficiales para hacer el análisis que más adelante presentamos: diciembre de 2010 y junio de 2011, fecha esta última en la que prácticamente no habían empezado a aplicarse las medidas que consideramos limitadoras de derechos”.

Ahora bien, el meollo de la denuncia está en que según quienes la han presentado los responsables de la Generalitat están utilizando las medidas anti-crisis para favorecer a empresas privadas en las que altos cargos del Gobierno tienen o han tenido puestos de responsabilidad.  Agregando que hay además casos claros de manifiesta incompatibilidad que se consienten.

Es más, denuncian que hay una evidente intencionalidad privatizadora cuyo objetivo real sería que algunas personas y empresas se aprovechen  de la situación. “Pensamos -explican en la denuncia– que la línea de intereses que describimos, favorecedora de los intereses privados en detrimento del interés general, está aumentando la desigualdad social al menospreciar el derecho a la salud -como derecho universal- de los grupos sociales más desfavorecidos y que sufren con más virulencia los daños producidos por la crisis económica”. Agregando: “Boi Ruiz, Conseller de Sanitat, avisaba por un lado de que sus medidas iban a provocar un aumento de las listas de espera y, por otro, recomendaba contratar un seguro privado. Más claro, agua”.

Cabe agregar que según los denunciantes en esta “trama” están igualmente implicados la Secretaria General de Salud Roser Fernández Alegre, el Director del Servicio Catalán de Salud Josep Maria Padrosa y el presidente del Consejo de Administración del Instituto Catalán de Salud Josep Prat Domènech.

EL LOBBY SANITARIO EN EL GOBIERNO

¿Y quiénes son estas personas? Pues Boi Ruiz fue nombrado Consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña el 29 de diciembre de 2010 cuando era presidente -desde 2008- de la más influyente patronal catalana en el ámbito de la salud: la Unión Catalana de Hospitales La Unió (UCH). Hablamos de un “lobby institucional de opinión nacional e internacional” como sus propios miembros se autodefinen en el documento La Unió. Coherència i Compromís donde queda claro que sus socios provienen del sector sanitario privado y concertado: mutuas sanitarias, sociedades mercantiles, corporaciones sanitarias, consorcios de salud, clínicas privadas… Es más, esta patronal forma parte de la Internacional Hospitals y tiene representación en instituciones como The World Bank, The Inter-American Development Bank, The European Commission DG VIII y The African Development Bank; estando asimismo asociada  a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y el Cercle d’Economia.

Bueno, pues Roser Fernández Alegre, nombrada Secretaria General de Salud el 30 de diciembre de 2010, era en ese momento -desde febrero de 2008- ¡la Directora General de UCH-La Unió! Es decir, la mano derecha de Boi Ruiz en esa patronal.

Y Josep María Padrosa, nombrado Director del Servicio Catalán de Salud el 4 de enero de 2011, era asimismo miembro de la junta directiva de UCH-La Unió y ex Director de la Corporación Fisiogestión (2002-2010), empresa privada con más de 30 centros y servicios de rehabilitación que dispone además de servicios de consultoría sanitaria y de formación continuada en el ámbito de la salud.

Finalmente cabe decir que Josep Prat Domènech, nombrado presidente del Consejo de Administración del Instituto Catalán de Salud el 8 de febrero de 2011, compagina aún su cargo -desde el 18 de marzo de 2010- con el de Vicepresidente de USP Hospitales, uno de los grandes grupos internacionales del sector sanitario privado con presencia en toda España.
Sin comentarios.

“RECORTES”

El caso es que una vez nombrados dieron a conocer rápidamente su primera medida: el Plan de medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema sanitario, un documento que informaba de que iba a reducirse el gasto sanitario catalán en 2011 un 10% lo que suponía un presunto ahorro de 900 millones de euros sobre el presupuesto ya recortado de 2010. Decisión que llevó al cierre de servicios de urgencias, centros de Atención Primaria y consultas especializadas disminuyéndose además el horario de atención al público. Es más, se impuso el cierre durante cinco días laborables de todos los hospitales dependientes del Instituto Catalán de Salud. Decreciendo notablemente el servicio de ambulancias así como otros servicios de transporte sanitario. Igualmente se suprimieron tratamientos y se cerraron programas especializados. Y numerosos profesionales fueron despedidos. Paralizándose además la construcción de nuevas infraestructuras.

Una de las principales consecuencias sería el aumento de las listas de espera que en diciembre de 2012 era ya  82.000 personas; ¡un 45% superior a la del año anterior! Y el retraso de muchos diagnósticos, algo trascendente en los casos de patologías graves. Sin olvidar el riesgo de colapso de algunos de los centros sanitarios a los que deberían acudir los enfermos al encontrarse con que otros centros más cercanos cerraron.

En suma, las medidas adoptadas han dado lugar según los denunciantes a un caótico funcionamiento de la sanidad pública catalana que ha provocado un inevitable trasvase de pacientes y recursos hacia las empresas privadas que se han visto así beneficiadas con la situación. Habiendo sido todo ello posible merced a la Ley 11/2011 de 29 de diciembre, de reestructuración del sector público -presuntamente promulgada para agilizar la actividad administrativa- ya que basta analizar su articulado para constatar que fue esa norma la que abrió la puerta a la fragmentación del Instituto Catalán de Salud convirtiéndolo en un conglomerado de entidades con distinta personalidad y forma jurídica con las que se pueden realizar transacciones antes legalmente inviables y prohibitivas en lo económico. Abriendo en suma la puerta a las empresas privadas a las diversas entidades en que se dividió el Instituto Catalán de Salud.

De algún modo, una privatización encubierta del sistema sanitario público catalán cuyas autoridades han visto disminuir su control público en beneficio de intereses privados. Y ello sin que hayan decrecido los costes de administración y gestión que fue la excusa para la reforma.

¿EXISTE DELITO EN ESTAS ACTUACIONES?

El lector no versado en Derecho debe saber que la legislación sobre incompatibilidades es en teoría la mejor garantía frente a lo que la doctrina moderna considera la más clara fuente de corrupción: el conflicto de intereses. Figura jurídica que define la Ley 5/2006, de 10 de abril, relativa a los altos cargos del Estado que en su artículo 4 establece que “hay conflicto de intereses cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas”. Agregando en su artículo 5: “Los altos cargos comprendidos en el artículo 3 ejercerán sus funciones con dedicación exclusiva y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí, o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena, y, asimismo, tampoco podrán percibir cualquier otra remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas o entidades vinculadas o dependientes de ellas, ni cualquier otra percepción que directa o indirectamente provenga de una actividad privada”. Y dejando claro en el artículo 7 que “Quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público”.

La denuncia presentada –explica Villarejo- basa su argumentación jurídica en el artículo 542 del Código Penal, que tipifica como delito la actuación de los autoridad y  funcionarios público ‘que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes’, además de otros delitos que  pudieran resultar de la investigación que se  practique, en especial de los delitos que pudieran constituir otro u otros de omisión del deber de socorro por denegación de asistencia sanitaria u abandono de servicios sanitarios. Es un delito situado entre los que lesionan las ‘garantías constitucionales’. Desde un presupuesto fundamental, el derecho a la protección de la salud es un derecho fundamental de conformidad con las Declaraciones Internacionales de Derechos Humanos. Es un delito donde la lesión consiste en restringir o privar de derechos, con independencia del daño personal que pueda causarse”.

Pues bien, cuando Boi Ruiz fue nombrado Conseller de Salut hizo constar en su historial que había sido Director de la consultora del sector salud Know-How-Advisers” cuando según puede leerse en la propia web de ésta en realidad era ¡el presidente! Quien figura como “socio director” es su mujer, Mª Victoria Morón. Y resulta que entre otras cosas esa empresa se dedica a “ofertar servicios a las administraciones públicas centrales o regionales, a los centros sanitarios de sus redes de proveedores públicos o a las redes privadas y a todos los proveedores de bienes y servicios”. Luego es evidente su vinculación directa -personal y familiar- con una sociedad privada que tiene como fin los mismos que a él le corresponden por razón de su responsabilidad pública. De ahí que los denunciantes entiendan que nunca debió haber sido nombrado y exijan su cese fulminante. Y se trata sólo de un ejemplo ya que en similares circunstancias están los demás altos cargos citados en la denuncia. De hecho en ella se refleja asimismo que esos intereses privados se tradujeron en medidas administrativas que llevaron a una clara restricción de derechos de los ciudadanos y a la intención de privatización ya expuesta.

En suma, acusan a todos ellos de haber intervenido de manera deliberada y consciente en decisiones y normas sin tener legalmente derecho a ello y haber impedido a millones de personas ejercer sus derechos cívicos violando con ello normas constitucionales fundamentales. Entendiendo que su conducta constituye además un ejercicio abusivo y arbitrario del poder público.

Jiménez Villarejo destaca la relación mercantil que tienen y han tenido los actuales altos cargos responsables de la sanidad catalana con el sistema sanitario privado. “La corrupción -argumenta- es uno de los delitos que más daño hacen a la Democracia. El  análisis ofrece sospechas claras y fundadas de corrupción en el sistema sanitario público catalán, basándose en todo momento en la documentación oficial a la que se refieren. Los responsables públicos de la sanidad catalana son conscientes de las consecuencias que están teniendo las decisiones que están tomando desde que  asumieron sus cargos”.

La denuncia lafirmaría inicialmente la Liga Síndrome de Fatiga Crónica, dos asociaciones de vecinos de la Barceloneta y la exdirectora de la Biblioteca Nacional Rosa Regàs sumándose posteriormente otras entidades como ATTAC Acordem.

El Gobierno catalán (y otros de nuestro país, pues estas prácticas son conocidas también en otras Administraciones del Estado) está apartándose de la obligación política y ética de respetar todos estos derechos, protegerlos y proporcionar su efectiva satisfacción, causando perjuicios presentes o futuros por los que las personas afectadas, particularmente los pacientes, deben exigir reparación y responsabilidades. “Ya han dicho basta los profesionales sanitarios, ahora les corresponde a los ciudadanos; que en este caso han sido miembros del 15M con un elevado grado de compromiso ciudadano y de eficacia frente a la Administración. Bienvenida sea la denuncia, con la confianza puesta en la Fiscalía de Catalunya”, concluye el ex fiscal Anticorrupción.

Miguel Jara

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150
Junio 2012
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