El Ministerio de Sanidad se niega a dar información sobre la eficacia real de los fármacos

El sentido común indica que todo enfermo tiene derecho a conocer las indicaciones y la eficacia real de los fármacos que toma e incluso las razones de su aprobación pero el Ministerio de Sanidad se niega a informar de ello. Hace unos meses murió en España una persona tras estar sometida a un tratamiento psiquiátrico involuntario y queriendo la familia conocer los datos sobre la seguridad de los medicamentos administrados solicitó la información a la Agencia del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) que se negó a facilitarlos. Recurrida la decisión al Consejo de Transparencia éste dio la razón a la familia pero el ministerio decidió recurrirla y acudir a la Audiencia Nacional. Es decir, se niega a reconocer el derecho a la información sobre los fármacos que consumimos. Hemos hablado de ello con el abogado de la familia, Luis de Miguel Ortega.

Por primera vez se ha iniciado en España una batalla legal que acabará decidiendo si los españoles tenemos o no derecho a conocer la información que justifica la puesta en el mercado de los fármacos que consumimos, los ensayos que permitieron su aprobación, su nivel real de seguridad, lo que paga la sanidad pública por ellos y si hay razones reales para que los fármacos más caros sean los más vendidos o sólo hay detrás intereses económicos. Y la batalla por el momento no puede ser más desigual: por un lado una pequeña asociación de consumidores prácticamente desconocida y sin apenas recursos ni apoyos económicos –Scabelum– y por el otro el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, adalid desde hace décadas de la gran industria farmacéutica.

Scabelum –término latino que podemos traducir como escabel, lugar donde descansar los pies de la fatiga- fue creada por el abogado Luis de Miguel Ortega con la intención de proteger los derechos de los españoles como consumidores de educación, sanidad, justicia o servicios sociales al entender que como usuarios de estos servicios públicos los españoles estamos completamente desprotegidos. Especialmente en el ámbito de la sanidad y muy concretamente -entre otros muchos- en el caso de los medicamentos psiquiátricos que es donde la asociación ha decidido afrontar su primer gran reto; importante batalla legal porque su resultado nos afectará a todos.

Y es que hace casi dos años Luis De Miguel Ortega decidió representar ante la Administración y la Justicia los intereses de una familia que sufrió la muerte súbita de un hijo sometido durante años a tratamiento con fármacos psiquiátricos solo que antes de emprender tan desigual enfrentamiento en los tribunales decidió jugar una baza hasta ahora inédita en nuestro país: solicitar al Ministerio de Sanidad toda la información que obrase en su poder respaldando la seguridad de los siguientes medicamentos psiquiátricos:

-Orfidal y Zeldox de Pfizer.

Sinogan, Depakine, Solian, Tranxilium, Zyprexa y Prozac de Sanofi Aventis.

Risperdal, Invega, Xeplion, Topamax y Akineton de Janssen.

Valitum, Rivotril y Rophinol de Roche.

Noctamid de Bayer.

Hispania y Haloperidol de Dr Esteve.

Prisdal, Citalopram, Clopixol y Cisordinol de Lundbeck España.

Abilify de Otsuka.

Dormodor de Meda Pharma.

Tegretol, Idalprem, Meleril y Leponex de Novartis.Y

Modecate de Bristol Meyers Squibb.

Fármacos -algunos muy conocidos- sobre los que solicitó a la Agencia del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) los siguientes datos:

  1. Ficha técnica actualizada.
  2. Prospecto autorizado.
  3. Informe de posicionamiento terapéutico.
  4. Estadísticas de prescripción y coste anual (precio, número de recetas, coste total anual y coste financiado).
  5. Los ensayos clínicos que justificaron la autorización para su comercialización; especialmente la ficha técnica del ensayo y los datos en bruto (salvaguardando los datos que afectaran a la intimidad de pacientes y empresas) así como los derechos de propiedad industrial, datos en bruto o un resumen de resultados congruente con los datos de la ficha técnica. Y,
  6. Puesta a disposición de la asociación de todos esos datos, bien de forma física, bien de forma digital a través de correo electrónico.

Exponiendo la razón de esa petición en el apartado 4 de su escrito inicial a la Dirección General de Farmacia: “La autorización de comercialización se concede en base a criterios científicos sobre la calidad, la seguridad y la eficacia del medicamento de que se trate. Estos tres criterios permiten evaluar la relación entre los beneficios y los riesgos del medicamento para las enfermedades y situaciones para las cuales es aprobado. Es decir, en el expediente de autorización de cada medicamento entendemos que se encontrarán los resultados de los ensayos clínicos que avalan la eficacia, eficiencia y seguridad del medicamento así como la ficha técnica de dichos estudios que avala la validez epistemológica de los mismos y la fiabilidad de los resultados”. 

DERECHO A CONOCER LA VERDAD SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS FÁRMACOS

Pues bien, el 31 de marzo de 2016 la Secretaría de la Subdirección General de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios le negó a la asociación la posibilidad de acceder a los datos más importantes: aquellos que tienen que ver con la seguridad de los fármacos. “Habiendo recibido su solicitud como Asociación de Consumidores –dice la respuesta- esta Subdirección General de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios le informa que los tres primeros puntos de su solicitud los puede obtener en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. En cuanto a las tres siguientes cuestiones estos datos no son accesibles a particulares ni asociaciones”. Refiriéndose pues a las estadísticas de prescripción y coste anual, los datos de los ensayos y la disponibilidad física de los mismos. En cualquier caso lo publicado por la Agencia Española del Medicamento en su página web no tiene valor jurídico y por tanto la respuesta fue inadecuada. La agencia o la Dirección General de Farmacia están obligadas a remitir los documentos oficiales y validados en un procedimiento administrativo reglado.

Ante esta respuesta De Miguel decidió seguir la vía administrativa y recurrir ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que éste obligara al ministerio a facilitar la información. Consejo que antes de resolver solicitó al ministerio que presentara alegaciones contestando éste que los datos que se pedían “no son accesibles a particulares ni a asociaciones de acuerdo a los límites de acceso establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno donde en su artículo 14, punto 1, apartado h) reza que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales”. Solo les faltó añadir… “de las farmacéuticas”.

Pues bien, el Consejo de Transparencia -en una decisión ejemplar- falló contra la Administración y en junio de 2017 dio la razón a Scabelum e instó al Ministerio a facilitarle la información solicitada. Explicando en su fallo sobre el acceso a las estadísticas de prescripción lo siguiente: “Los datos estadísticos, además de que no implicarían un daño a los intereses económicos o comerciales de las compañías farmacéuticas implicadas, son recabados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno deben ser proporcionados al solicitante”.

En cuanto a los datos de los ensayos diría: “Toda vez que dichos ensayos justificarían la autorización de venta parece razonable entender, y así parece admitirlo la Administración al indicar tan sólo el perjuicio a los intereses económicos y comerciales y no la no posesión de la información solicitada, que dicha información, ficha técnica del ensayo y /os datos en bruto estarían en poder del Ministerio (…) En definitiva, a nuestro juicio debe ser la AEMPS -a la que, por otra parte, se menciona repetidamente en la solicitud- la que debe proporcionar una respuesta al solicitante”.

Pues bien, ante este fallo y dado que con él se agotaba la vía administrativa el ministerio decidió en lugar de facilitar la información llevar el asunto a los tribunales presentando recurso contra la decisión del Consejo de Transparencia ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Argumentando -entre otras cosas- como razón para rechazar el fallo ¡la indefensión de las multinacionales al no ser haber sido reclamada su presencia en el procedimiento! Volviendo a insistir además en su escrito que “el Ministerio rechaza la solicitud de acceso a la información formulada por el solicitante porque el suministro de aquella comprometería intereses de los laboratorios afectados ya que supondría suministrar información económica y comercial confidencial de estas empresas”.

¿Información “confidencial” si un fármaco es realmente seguro y/o eficaz? Pues así lo asevera el ministerio al solicitar que se paralizase de forma cautelar la entrega de la información ordenada por el Consejo de Transparencia hasta que haya sentencia definitiva, solicitud que le fue aceptada. Así que Scabellum tendrá de momento que esperar porque la batalla legal no ha hecho más que empezar. En los próximos meses el ministerio deberá confirmar pues ante la Audiencia Nacional si opta por actuar más como defensor de los intereses de los laboratorios que de los pacientes, las farmacéuticas tendrán que comparecer y definirse sobre si entregan o no los datos en bruto de los ensayos de sus fármacos para que investigadores independientes verifiquen la seguridad real de los mismos y la Justicia tendrá que sentar las bases para posibles reclamaciones no sólo sobre fármacos psiquiátricos sino también sobre otros tipos de medicamentos; como los oncológicos por ejemplo.

TRATAMIENTOS COACTIVOS

Lo singular es que todo este proceso ha sido impulsado en solitario por Luis de Miguel Ortega cuyo interés por la salud le llevó a ser auxiliar de clínica con 14 años y posteriormente enfermero -trabajó en el área psiquiátrica de un hospital- haciéndose después abogado y colaborador de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos en la investigación y asesoramiento de abusos en los tratamientos psiquiátricos. Letrado valiente que aspira a que la sociedad sea consciente de lo que se está jugando con este caso y no deje sola a Scabellum en su lucha por el derecho a recibir TODA la información solicitada y no sólo la que quieran dar el ministerio y los laboratorios. Y de todo ello hemos tenido oportunidad de hablar con él.

-Díganos: ¿cómo empezó todo este asunto?

-En 2015 falleció de muerte súbita a los 35 años un joven que estuvo quince años sometido a tratamiento psiquiátrico involuntario, coactivo. Muerte súbita que ya ha acaecido entre consumidores de fármacos psiquiátricos como Abilify y Xeplión. Hablamos de una persona que a los 19 años empezaron a crecerle los pechos como consecuencia de un problema hormonal, comenzó a sentirse acomplejado y tenía por ello miedo a intimar. El caso es que al sentirse mal, agobiado por la situación, acudió a pedir asesoramiento a un psiquiatra y éste interpretó su situación como “delirio” cuando se trataba de un problema real. Y a partir de ese momento y según el expediente administrativo -al que tuvimos acceso después de su muerte- sufrió ¡un centenar de cambios de medicación! Sin llegar a comprobarse nunca el problema hormonal que el chico tenía. Jamás le derivaron a un endocrino. En uno de los ingresos observaron una hiponatremia en la que sospecharon podía haber un problema a nivel central, le hicieron una resonancia y le encontraron un problema en la hipófisis pero nada cambió sustancialmente. ¡Le siguieron tratando como a un enfermo psicótico! Empeorando continuamente a pesar de los constantes cambios de medicación con síntomas generalmente registrados como efectos secundarios de los propios medicamentos.

-¿No se opuso nunca la familia a esa situación?

-Sí. Cuando el hospital inició el procedimiento legal para forzar al chico a un tratamiento involuntario la familia se opuso. Hay constancia de que ni el paciente ni la familia aceptaron el tratamiento para ese mal diagnóstico inicial. La familia se opuso desde el primer minuto. En la primera entrevista de los médicos con el joven, cuando se decidió el diagnóstico, se impidió de hecho el paso a la familia. Fue una entrevista que no duró más de un cuarto de hora, que no quedó registrada en ningún sitio y tras la cual no se dio informe alguno a la familia. El joven salió de la consulta con la receta de un antipsicótico cuando jamás tenido síntoma alguno de psicosis. El caso es que la familia fue a la farmacia pensando solo en lo mejor para su hijo y confiando en el médico pero ese mismo día, a poco de tomar la medicación, sufrió un problema de disquinesia, rigidez y problemas extrapiramidales. De hecho tuvieron que llevarle a urgencias ya que tenía el cuello completamente rígido. Pues bien, le ingresaron ¡aquejado de un brote psicótico! Es decir, ¡llega con síntomas provocados por un antipsicótico y se le ingresa por brote psicótico! A partir de ese momento la vida del joven y su familia se convertiría en un calvario…

-Luego la familia entiende que hubo error de diagnóstico y de tratamiento…

-Es evidente. Y su muerte exige pedir responsabilidades. A fin de cuentas estamos hablando de alguien que fue sometido durante quince años a un tratamiento involuntario con fármacos y sufrió múltiples coacciones. Sufrió internamientos forzosos y tratamientos psiquiátricos con oposición del propio joven y de los padres ¡porque fueron judicialmente autorizados! Así que alguien debe explicar todo lo acaecido. De hecho murió con un sobrepeso de 60 kilos y en un estado físico y mental catastrófico.

-¿A qué se refiere usted cuando habla de “tratamiento involuntario”?

-Llamo así a aquel en el que el paciente no es consciente de lo que está tomando, ni para qué, ni con qué efectos. Legalmente no existe ninguna ley que ampare un tratamiento involuntario pero la realidad es que se trata de un tratamiento coercitivo que se produce por tres posibles causas: cuando no hay consentimiento informado, por decisión administrativa o por mandato judicial. Todo tratamiento que prescinde del consentimiento informado es un tratamiento involuntario que suele tener lugar mediante coacciones o engaños.

-¿Y eso no es extensible al consumo de cualquier medicamento?

-En la gran mayoría de los casos el consentimiento informado es verbal -no hay que firmar nada- pero la Ley de Autonomía del Paciente especifica que en algunos casos debe haber consentimiento informado explícito y escrito. Y es el caso de todo tratamiento que pueda afectar de forma sustancial a la vida de una persona como en el caso del que hablamos. Los medicamentos psiquiátricos no solo impiden conducir y hacer vida normal sino que a menudo postran al enfermo obligándole a permanecer en la oscuridad de su casa y es pues uno de los tratamientos que la ley explícita.

Cabe agregar que en el apartado de contratos del Código Civil se establece que todo contrato es válido siempre que haya libre consentimiento y para eso se precisa información suficiente. Luego cuando la información es segada, está manipulada, es insuficiente o hay presiones o coacciones el contrato no es válido. Y nosotros entendemos que ello es extrapolable al contrato médico -a la admisión de un tratamiento- cuando no hay información suficiente y existen coacciones del estilo de “Si no te tomas la pastilla te ingresamos”, “Si no te tomas la pastilla te quitamos la ayuda”, “Si no te tomas la pastilla te ponemos una inyección”, “Si no haces lo que te decimos avisamos a los servicios sociales o enviamos un fax al juzgado“… En tales casos ese presunto cuasicontrato entre paciente y médico es completamente nulo. Y a eso es a lo que nos referimos al hablar de “tratamiento involuntario”. 

¿A QUIÉN DEFIENDE EL MINISTERIO DE SANIDAD?  

-Sin embargo usted decide no actuar directamente contra los presuntos responsables de todo esto y opta por poner primero en un aprieto a los responsables políticos y sanitarios de la situación así como a los laboratorios que producen los fármacos utilizados en los problemas psiquiátricos…

-Efectivamente. En enero de 2016 me planteé cómo afrontar el caso y pensé que si acudíamos directamente a los tribunales haciendo eso íbamos a sufrir la encerrona habitual de siempre y la familia podía salir judicialmente vapuleada y condenada a costas. Basta ver qué pasó con las sentencias previas en el caso del Agreal, bastante desagradables en su tono y en su contenido, llegando el Tribunal Supremo a afirmar que no se dirimía una pelea entre “débiles” -las mujeres que consumieron el fármaco- y “fuertes” -las farmacéuticas-. Sin embargo ¡sí se trató de una lucha entre fuertes y débiles! Entre quienes retienen la información y la esconden y quienes no tienen posibilidad alguna de decidir porque no tienen acceso a esa información.

Así que opté por obtener antes toda esa información y pedir oficialmente los datos existentes sobre la seguridad y eficacia de los fármacos que consumen las personas tratadas por los psiquiatras. Y en enero de 2017 decidí echar el anzuelo y ver qué me contestaban la Agencia del Medicamento y la Dirección General de Farmacia. Les pedí conocer los argumentos técnicos y científicos que llevaron a la aprobación de todos esos medicamentos; entre otras cosas para saber si lo que ponen en los prospectos se corresponde con los datos de los ensayos y cómo justifican su uso en cada caso. Como por ejemplo si realmente es mejor el Risperdal en inyecciones que en líquido o la razón obedece solo a intereses económicos y no médicos. Y, sobre todo, saber si realmente es tan seguro como se dice en las consultas, tan poco seguro como se dice en el prospecto o es incluso aún menos seguro. Por eso pedimos los datos en bruto. Queremos saber por ejemplo las causas concretas de que en un ensayo con 300 personas fallezcan 5 y para eso se requieren los datos concretos del experimento.

-¿Y cuál ha sido la respuesta a su petición?

-Nos mandaron un breve comunicado remitiéndonos a los datos de las fichas técnicas y prospectos y a la web de la Agencia del Medicamento. Negándonos el acceso a los datos en bruto de ensayos, estadísticas de prescripción y costes diciéndonos que no son accesibles ni a particulares ni a asociaciones de consumidores. Respuesta ante la cual decidimos acogernos a la Ley de Transparencia y solicitar que se obligase al Ministerio de Sanidad a facilitarnos la totalidad de los datos pedidos que obrasen en su poder. Y en las alegaciones que hizo el ministerio en respuesta al Consejo de Transparencia pudimos ver cómo la Administración se posicionaba descaradamente como defensor de las farmacéuticas al contestar que el derecho de acceso a la información puede limitarse si supone un perjuicio para los intereses económicos y comerciales de las empresas. Y según ellos tal era el caso de nuestra solicitud.

Sin embargo una vez examinadas esas alegaciones el Consejo de Transparencia, en apenas mes y medio, dictó una resolución rápida y firme en la que nos dio la razón en todo y resolvió que el Ministerio de Sanidad está obligado a facilitarnos la información solicitada. Y lo hizo en una resolución bastante concienzuda de 14 folios en la que tras explicar los fundamentos de derecho que nos amparan afirma que con ello no nos inmiscuimos en cuestiones que pudiesen considerarse secretos comerciales o mercantiles, en nada que afectara a sus derechos

-Y el ministerio respondió acudiendo a los tribunales.

-Sí. Para nuestra sorpresa el ministerio decidió demandar ante el Juzgado Contencioso Administrativo nº 8 de la Audiencia Nacional al propio Consejo de Transparencia en un claro intento de modificar la resolución solicitando además la adopción de medidas cautelares -lo que la Audiencia aceptó- para impedirnos acceder a esa información hasta que termine el pleito. En pocas palabras, quieren impedirnos acceder a esa información con la excusa -porque es más bien una argucia jurídica- de que tienen la obligación de garantizar los derechos de las farmacéuticas, especialmente sus secretos comerciales. Algo que no hemos pretendido nunca saber.

La demanda del ministerio se presentó contra el Consejo de Transparencia pero en ella entramos nosotros como codemandados y pueden asimismo formar parte todos aquellos que se sientan implicados. Estamos pues pendientes de la resolución de la Audiencia Nacional.

-Pues la experiencia indica que los tribunales suelen dar la razón a los poderosos en este tipo de casos…

-Cierto; y si eso pasa recurriremos el fallo ya que muchos pleitos se ganan en el Tribunal Supremo. O en el Tribunal Constitucional. O en los tribunales internacionales. Sabemos contra lo que luchamos pero lo importante era iniciar el camino. Además hay otro “tribunal” al que esperamos convencer: al de la opinión pública. A fin de cuentas nos estamos jugando la salud y la vida de las personas. 

SILENCIO DE LAS MULTINACIONALES 

-Suponemos que las farmacéuticas, propietarias de la información, se habrán posicionado también en contra…

-Pues no porque hasta ahora no han sido emplazadas para pronunciarse. Por eso nosotros mismos hemos solicitado a la Audiencia que las emplace para que se pronuncien. En todo procedimiento administrativo hay que escuchar a las partes. Es curioso pero cuando presenté la solicitud ante el Consejo de Transparencia éste no convocó a las farmacéuticas. Creo que porque entendió que no se vulneraba ningún derecho al solicitar la información que se haya en poder del ministerio y no la de nadie más; de hecho en sus primeras alegaciones tampoco las emplazó a manifestarse. Podía haber argumentado entonces que los derechos de una parte no presente, las empresas, estaban en conflicto pero no lo sugirió y se limitó a tratar de garantizar sus derechos comerciales. Por tanto el expediente administrativo finalizó sin haberse consultado a las farmacéuticas lo que me parece normal ya que no se estaba violando ningún derecho suyo. Nosotros queremos la información que tiene -o debe tener- el ministerio y no es pues aceptable que pueda considerarse secreta.

-Es decir, que de momento no puede afirmarse que las farmacéuticas se hayan negado a facilitar información.

-No; porque nadie les ha preguntado. Y eso es lo que queremos nosotros: que se personen y se atrevan a decir públicamente si se niegan a dar la información, si quieren o no facilitar a la sociedad cómo hacen los estudios y ensayos sobre la seguridad y eficacia de sus fármacos. Porque entonces nosotros, como asociación de consumidores, pediremos a la población y a los médicos que rechacen todos los medicamentos de los laboratorios que se nieguen a facilitar esa información.

-Nos ha llamado la atención que en su argumentación el Ministerio de Sanidad hable de los derechos de las empresas y ni una sola vez de los derechos de los pacientes…

Así es, ni una palabra. La verdad es que sorprende que el ministerio diga que se siente en la obligación de defender los intereses de las farmacéuticas en lugar de posicionarse a favor de los derechos a la salud, la vida y la libertad de elección de los pacientes. Las funciones del Ministerio de Sanidad son claras y entre ellas no están las de defender los derechos de las compañías. Para eso está la patronal farmacéutica.

Además por encima de los derechos comerciales de una empresa -de cualquiera- están los derechos de los pacientes que acabo de mencionar. Sin embargo han ido directamente a proteger a las farmacéuticas.

No se explica de hecho que cuando presentó sus alegaciones no solicitase su presencia ni adjuntase informe alguno de las mismas.

Por otra parte, es irregular solicitar medidas cautelares sin justificar, cuantificar y detallar los intereses económicos a los que aluden porque tampoco lo han hecho. Eso no se admite en la práctica del derecho administrativo y a pesar de ello la Audiencia Nacional se las concedió…

-¿Y cuál ha sido la actitud del Consejo de Transparencia al verse demandado?

-Muy pasiva. No plantearon oposición alguna a las medidas cautelares pudiendo hacerlo. Dicen que ellos no se oponen a esas peticiones por norma. Por eso nuestra presencia es decisiva no solo para participar del pleito sino, sobre todo, para vigilar lo que hace esta gente. Tenemos el convencimiento de que si dejamos solos al ministerio y al Consejo de Transparencia se llegará a una sentencia de complacencia, políticamente y jurídicamente muy “correcta”, pero muy negativa para los consumidores y pacientes. Por eso hemos vuelto a presentar alegaciones -bastante serias- ante la Audiencia Nacional y estamos a la espera del escrito de respuesta del Consejo de Transparencia a la demanda. Lo que es seguro es que no vamos a quedarnos quietos.

-¿Podemos saber quién les apoya en una batalla tan desigual?

-Pues la verdad es que en estos momentos nuestra asociación no tiene ni dinero ni recursos, solo la simpatía de mucha gente. La asociación Nueva Psiquiatría de la que habéis hablado en la revista ha decidido personarse en el procedimiento; y puede hacerlo porque cualquier persona o asociación que se crea afectada por la resolución futura puede hacerlo. Creo que en principio estaría asegurada la personación de aquellos a quienes afecte el consumo de los fármacos psiquiátricos; de cualquier asociación de pacientes, servicios sociales, discapacitados… Nueva Psiquiatría designará abogado y se personará en el procedimiento. Y esperamos que otras asociaciones, cuando sepan lo que estamos haciendo, acudan al menos como observadoras.

-¿Existe regulación -nacional o internacional- que apoye el derecho a la información que ustedes reclaman?

-Escasa. De hecho la Agencia Europea del Medicamento anda en la misma línea que la española y trata de ocultar información. No es tampoco transparente y no está abierta a dar información aunque esté regulado su derecho a conocer todos los datos de los ensayos. Aunque digan que su intención es poner a disposición de los consumidores y usuarios toda la información posible. 

NOS JUGAMOS MUCHO 

-¿Nos jugamos mucho?

-Mucho; hay pues que emplearse a fondo antes de que se dicte la primera sentencia, conseguir que no tengan fácil prohibir o dificultar el acceso de los pacientes a la documentación sobre los fármacos que consumimos.

-¿Qué necesitan sobre todo?

-Difusión. Que la sociedad sepa lo que está pasando y lo que nos estamos jugando. Siendo yo el letrado no hay gasto jurídico porque no cobro; lo hago de forma altruista. Y aun no necesitamos procurador porque estamos en primera instancia y no es preceptivo. Entendemos además que no podemos ser condenados a costas porque estamos como codemandados y sería muy retorcido pensar que al Consejo de Transparencia no le condenen a ellas y a nosotros sí; a fin de cuentas no hemos comenzado el pleito. Económicamente pues no hay tanto problema pero no está de más cualquier ayuda. Lo que queremos es que se sepa lo que está en juego, conseguir que haya una masa social que empiece a ver que existe un problema muy serio, que se están vendiendo medicamentos que tienen consecuencias y efectos secundarios muy graves y que no tenemos ningún control como consumidores sobre ellos.

-¿No tienen miedo de que en un falso alarde de transparencia les inunden, como se hizo en su día en el pleito contra las empresas tabacaleras, con cientos de miles de páginas?

-No tenemos ningún miedo. Estamos capacitados para hacer frente al desafío. Ya nos hemos visto en otras parecidas.

-¿La idea básica es alegar información insuficiente sobre los fármacos y tratamientos cuando se planteen posibles pleitos de responsabilidad?

-En buena medida, sí. Estamos enfocando el asunto como violación de los derechos de los consumidores. El problema es que teóricamente tenemos que redefinir lo que es el servicio público en Sanidad porque estamos acostumbrados a percibirlo como un servicio ajeno a los derechos de los ciudadanos y va a costar mucho convencer a la Administración, a los políticos y a los ciudadanos de que la Sanidad es un servicio de consumo más por mucho que pertenezca a la infraestructura del estado.

-En suma, para ustedes este es un paso previo fundamental a dar antes de que cualquier enfermo se enfrente a una empresa farmacéutica o a la Administración…

-Sí; porque hay que lograr que se reconozca a los consumidores -administrativa y judicialmente- su derecho a obtener la información completa sobre los fármacos y tratamientos a los que se le quiere someter. Y que no se considere consentimiento tácito la aceptación si previamente no se le ha ofrecido toda la información de un medicamento y no solo la del prospecto. Y es esto hay una clara responsabilidad de la sanidad pública.

¿Y al final de todo este proceso cómo quedaría el caso inicial del joven fallecido por muerte súbita?

-Al final de este procedimiento tenemos que ver si los tribunales fallan que tenemos derecho o no a la información solicitada y si se puede considerar válido el consentimiento prestado cuando no hay ninguna información más que un prospecto del que no entendemos su validez. Si la conclusión es que el consentimiento informado de los pacientes psiquiátricos es ficticio e inútil hay una responsabilidad de la sanidad pública. No habrá nada más que debatir. Tanto si los pacientes mueren como si no se curan hay una responsabilidad. Los médicos están tratando a los enfermos psiquiátricos con medicamentos de los que ellos mismos desconocen su seguridad. Y los están recetando engañando a la gente. Insisto pues: hay una responsabilidad política y administrativa que se tiene que resolver. Solamente con que constatemos que no hay suficiente información para que el consentimiento sea considerado válido todo lo que estamos haciendo habrá merecido la pena.

-Pues es una iniciativa relevante porque cada vez es mayor el consumo de fármacos psiquiátricos.

-Así es; especialmente en el caso de los niños. Además hay que saber en base a qué criterios está aumentando el consumo y cómo se explica que aumente precisamente el consumo de los más caros. Porque no parece que tengan mejores resultados… suponiendo que alguno los tenga.

-Permítame una última pregunta: ¿no son los médicos los primeros engañados con la información que los laboratorios les presentan?

-A uno no se le engaña si uno no quiere. Y es responsabilidad del médico saber exactamente lo que receta y comprobar que es seguro. Yo podría entender que hubiera un exceso de confianza en lo que las farmacéuticas le hacen llegar, cierta ingenuidad al comienzo del uso de un fármaco, pero no tiene excusa seguir recetando el mismo fármaco cuando no solo no constatan mejoría en los pacientes sino que ven cómo siguen empeorando y con nueva sintomatología que le lleva a nuevos y peores diagnósticos con nuevos y peores síntomas. Y cuando esto ocurre no en uno o en dos casos sino en la mayoría de los pacientes el médico es el responsable directo de lo que les pueda ocurrir.

Hasta aquí la entrevista. No podemos sin embargo terminar este texto sin indicar que mientras estábamos elaborándolo falleció precisamente -el 18 de noviembre- la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, “tras una larga lucha contra la enfermedad” según se limitó a decir en un comunicado el organismo que presidía, adscrito por cierto al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Lo llamativo es que según puede leerse en la propia web de ese organismo Arizmendi dejó pocos días antes de fallecer un breve escrito que pidió a sus subordinados se publicara tras su muerte y transcribimos tal cual:

Mis últimos deseos:

  1. Es necesario modificar la ley de transparencia y hacer de ella un instrumento fuerte, eficaz, útil y valioso. El haber llegado tarde no es excusa para ir con retraso.
  2. Que el derecho de acceso a la información pueda ser ejercido por todos y todas, sin exclusiones ni requisitos y sin extensión de los límites.
  3. Hay que tomar conciencia de que estamos ante una nueva política pública que requerirá la complicidad de todos: políticos, ciudadanía, etc. Es necesario trabajar en la negociación y el consenso para evitar aquellas palabras de: “La luz es muy cara pero la opacidad más aún”.

 

Antonio F. Muro

Este reportaje aparece en
211
Enero 2018
Ver número