La Comisión Europea lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la comunidad

La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea por prohibir la comercialización de productos elaborados con plantas sin justificación legal válida y violando la libre circulación de mercancías que rige en el mercado comunitario. La medida se tomó tras las numerosas quejas recibidas de diversas empresas. Y es que en España todo producto que contenga ingredientes procedentes de plantas que no figuren en la lista que el Ministerio elaboró en su día de forma gratuita y arbitraria se clasifican automáticamente como medicamentos. Hasta muchos complementos alimenticios o dietéticos que son legales en el resto de Europa. Un auténtico sinsentido.

La Directiva Europea que rige el consumo de complementos dietéticos no es precisamente la más avanzada del mundo. De hecho fueron muchas las voces entre los defensores de la medicina natural que se alzaron para protestar por su carácter restrictivo pero a pesar de ello, para los consumidores españoles ese poco era mucho. A fin de cuentas la habitual postura de nuestros políticos de favorecer lo farmacológico frente a lo natural e inocuo se ha puesto de manifiesto de forma reiterada a lo largo del tiempo. Es el caso de la inadecuada transposición de la normativa europea sobre complementos alimenticios que se hizo con el Real Decreto 1275/2003, de 10 de octubre ya que con su restrictiva interpretación los empresarios españoles del sector se vieron con graves problemas a la hora de utilizar en nuestro país los mismos componentes y productos que en el resto de la Unión Europea y ello provocó la indefensión de nuestra industria a causa de la descarada vulneración de los criterios de libre comercio entre los estados miembros.

Bien, pues el proceso puesto en marcha por la Comisión Europea contra España por ese motivo ha entrado ya en la segunda fase del procedimiento legal una vez pasado el plazo para que España atendiera los requerimientos de Bruselas. La Comisión ha dado por finalizada la fase administrativa del llamado Procedimiento de infracción previsto en el artículo 226 del Tratado y que se inició en marzo de 2005 con las denuncias presentadas por varias empresas nacionales y comunitarias tras casi dos años de investigación y consultas con las autoridades españolas. Así lo ha anunciado el portavoz comunitario de Industria y Empresa, Gregor Kreuzhuber.

Soria Natural,la empresa más importante del sector, se encuentra entre las que presentaron la denuncia. Antonio Esteban Villalobos, presidente y fundador de la empresa, es diáfano en su postura: “Exigimos simplemente el mismo trato que el resto de los productores europeos, una normativa clara y común para todos que nos permita fabricar y comercializar legalmente nuestros productos tanto en España como en el resto de Europa y del mundo. Para lo cual es imprescindible que España deje de incumplir los artículos 28 y 30 CE”.

Hablamos de un sector, el de los complementos naturales, que emplea en nuestro país a unas 15.000 personas y cuyas ventas -según Euromonitor International– alcanzaron en el 2005 unos 63 millones de euros. Poco en realidad si lo comparamos con los 81’9 millones de Italia, los 105’3 millones del Reino Unido, los 193’7 millones de Francia o los 404 millones de Alemania. Claro que en España sólo el 8’2 % de la población adulta usa vitaminas y suplementos, muy por detrás de Francia, Italia, Reino Unido o Alemania. En este último país el consumo alcanza ya al 40%.

Notable diferencia que puede explicarse en buena parte por el clima adverso en el que llevan años tratando de sobrevivir las más de 300 empresas españolas que operan actualmente en el sector. Un clima caracterizado por una práctica administrativa irregular -cuando no manifiestamente ilegal- que consiste en clasificar sistemáticamente como “medicamento” todo producto que contenga especies vegetales no incluidas en una lista creada arbitrariamente que data ¡de 1973! En otras palabras, en España cualquier complemento alimenticio o dietético que contenga extractos de plantas como el guaraná, elginseng, la espirulina o lapasiflora y que son legales en otros estados de la comunidad no pueden ni fabricarse ni importarse.

Las empresas españolas han esperado hasta ahora en silencio, sin querer hacer ruido, por temor en muchos casos a que cualquier queja pública pudiera servir de pretexto a los técnicos del Ministerio de Sanidad para demostrarles una vez más “quién manda en el país”.

Las autoridades sanitarias españolas –nos diría Antonio Esteban- llevan años persiguiendo sistemáticamente a los fabricantes establecidos en territorio español enviando a la Guardia Civil a algunos laboratorios e, incluso, al SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil)para retirar productos de los herbolarios sin aplicar las directivas europeas que, como usted bien sabe, son de obligado cumplimiento por los estados miembros. Los servicios de inspección sanitaria han venido inmovilizando productos nacionales de modo aleatorio y sin ningún criterio. En unas comunidades autónomas sí, en otras no. Pero lo peor de todo es que mientras tanto productos con composiciones similares fabricados en otros países de la Unión -Bélgica, Italia, Inglaterra, Alemania, etc.-) se han seguido comercializando con total normalidad”.

Bueno, pues a partir de ahora las cosas parece que van a cambiar.La maquinaria legal europea se ha puesto en marcha y de forma lenta pero segura acabará pasando como un rodillo por la legislación española como lo ha hecho ya sobre las de otros países que también pretendieron poner trabas a la libre circulación de complementos dietéticos.

Algunas empresas, sin embargo, no están dispuestas a seguir esperando y buscan ya su futuro fuera de nuestro país. Así lo ha hecho la empresa malagueña Oikos que, cansada de tener que lidiar con la arbitrariedad de los técnicos del Ministerio y con una legislación restrictiva, ha decidido abrir como primer paso una delegación en Londres señalando así el camino al resto de las empresas. Decisión que, sin embargo, podría afectar seriamente al sector en nuestro país.

Oikos –nos señala Antonio López Román, su propietario- ha abierto ya una delegación permanente en pleno centro de Londres que estará operativa a partir del 30 mayo del 2007. Además estamos considerando la posibilidad de trasladar la sede social y central a Londres para cotizar en el Reino Unido ya que en España todo son pegas a la hora de importar complementos nutricionales, plantas y frutas con propiedades beneficiosas para la salud como el “noni” o las “bayas tibetanas”. Por ejemplo, tengo ahora inmovilizada en la aduana de Málaga una partida de apenas 3 kilos y tras 10 días de múltiples gestiones he decidido devolverlas a su punto de origen, California, y luego pedirle a nuestro proveedor que la reexpida a Londres donde sin duda se despachará inmediatamente y así hacer que llegue a España como comunitaria”. Kafkiano.

LENTA PERO SEGURA

El Gobierno español tiene sólo dos meses para explicar a la Comisión Europea por qué impone límites a la comercialización de productos a base de plantas aprobadas en otros países comunitarios dificultando con ello claramente -según el dictamen de la Comisión- “la libre circulación de mercancías en el mercado único”. Y como parece poco probable que lo haga y entre en razón en caso de no recibir respuesta satisfactoria de las autoridades españolas la Comisión pasará sin más a denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad.

España –argumenta la Comisión- impone obstáculos a la comercialización de productos con ingredientes vegetales que en otros estados miembros se comercializan y/o fabrican legalmente como alimentos o suplementos dietéticos (…) Las autoridades españolas retiran esos productos del mercado porque los consideran medicamentos y, como tales, deben ser objeto de un procedimiento oneroso de autorización de comercialización de medicamentos (…) La ausencia de procedimientos adecuados para evaluar el riesgo para la salud pública supuestamente planteado por estos productos que contienen extractos de plantas, legalmente comercializados en otros estados miembros, representa una barrera injustificada al comercio en el interior de la Unión Europea”.

La Asociación Española de Fitoterapia y Nutrición Responsable (AFINUR), a través de sus asesores jurídicos, realizó ya en octubre del 2005 una consulta a la Comisión Europea y, en concreto, a la Dirección General de Empresa e Industria sobre la adecuación del Real Decreto 1275/2003 a la Directiva Europea por parte del estado español. Y la respuesta oficial manifestaba que el Reino de España –como gustan referirse a nosotros en Europa- no había procedido correctamente. Señalando como principales incumplimientos:

1) La transposición incorrecta de la directiva 2002/46. En concreto, de su artículo 5 relativo a los límites máximos de vitaminas y minerales. Y,

2) La vulneración del Tratado sobre la libre circulación de mercancías (artículos 28 a 30) de la Comunidad Europea, sobre todo al generar un sistema de notificación/comercialización en el artículo 10 del Real Decreto 1275/2003 que imposibilita la comercialización de complementos alimenticios legalmente fabricados y comercializados en otros estados miembros cuando su composición incluye nutrientes distintos a las vitaminas y minerales autorizados en nuestro país y en las dosis autorizadas aquí. Ello supone una limitación de la definición europea de complemento alimenticio e imposibilita la clasificación como tal a productos que tienen ingredientes distintos a las vitaminas y minerales que pueden ser adquiridos libremente en otros países de la Unión.

En base a lo anteriormente expuesto, en febrero del 2006 AFINUR procedió a denunciar a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA) al entender que existe un claro incumplimiento del derecho comunitario, lesivo para las empresas españolas. A lo que hay que añadir las denuncias de otras empresas europeas que han visto cómo sus productos eran tratados como “medicamentos” por las autoridades españolas.

La Comisión Europea –nos diría Antonio López Román-, mientras España sea parte de la Unión, debería obligar a nuestro Gobierno sin dilación a que cualquier producto que en otros países se venda libremente -sean coches, motos, ordenadores o complementos alimenticios y derivados de plantas- puedan venderse sin una sola traba en España. Ni en las aduanas, ni en Sanidad, ni en ningún sitio. El Tribunal de Justicia de la Comunidad debería actuar ya y no esperar años a que la demanda se traduzca a 27 idiomas. Debería dictar sentencia de inmediato”.

A fin de cuentas laComisión Europea ya se ha pronunciado exigiendo que España ponga fin a su restrictiva interpretación del derecho europeo dejando muy claro que la alegación de que ha adoptado esas medidas para proteger mejor a los ciudadanos es a todas luces excesiva y no se justifica.

Sin embargo, la sentencia -que no es recurrible- podría tardar entre un año y medio y tres años dependiendo de si finalmente interviene o no el Abogado General, de la complejidad del asunto y de otros factores. Pero está claro que existe ya una línea jurisprudencial reciente en relación a complementos alimenticios a base de vitaminas y minerales, alimentos enriquecidos y, en general, alimentos funcionales que ha tratado precisamente situaciones como la española. Así, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europeaya ha condenado prácticas similares a la española en Dinamarca (Asunto C-192/01), Francia (Asunto C-24/00), Italia (Asunto C-270/02), Alemania (Asunto C-387/99), Austria (Asunto C-150/00) y Países Bajos (Asunto C-41/02).

EL CASO DANÉS

Por referirnos a uno de los últimos casos similares citaremos la sentencia del 23 de septiembre de 2003 contra Dinamarca en la que se declaró que ese país había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 28 de la Comunidad al aplicar una práctica administrativa que provocó que productos alimenticios enriquecidos que se comercializan o producen legalmente en otros estados miembros sólo pudieran comercializarse en Dinamarca bajo ciertas condiciones.

El Tribunal reconoció en su sentencia que los estados miembros tienen la facultad de decidir el grado de protección de la salud y de la vida de las personas en su territorio así como la de exigir autorización previa a la comercialización de los productos alimenticios pero a continuación agregaría que los estados miembros han de respetar el Principio de Proporcionalidad. Lo que quiere decir que los medios que elijan han de limitarse a lo que sea estrictamente necesario para garantizar la salvaguardia de la salud pública.

El Tribunal ha hecho recaer pues sobre el estado que pretende poner trabas a productos ya autorizados en otros países –como en el caso español- la obligación de probar sin género de dudas que resultan perjudiciales para su población. “La decisión de prohibir la comercialización de un producto –señala la sentencia- constituye el obstáculo más restrictivo a los intercambios de productos legalmente fabricados y comercializados en otros estados miembros y sólo puede adoptarse si el riesgo real para la salud pública que se haya alegado resulta suficientemente acreditado sobre la base de los datos científicos más recientes disponibles en la fecha de adopción de tal decisión. En semejante contexto el análisis del riesgo que el estado miembro está obligado a realizar tiene por objeto apreciar el grado de probabilidad de que la adición de determinadas sustancias nutritivas a los productos alimenticios tenga efectos nefastos para la salud humana y la gravedad de dichos efectos potenciales”.

Y deja bien claro que Dinamarca no puede –y, por tanto, es de suponer que España tampoco- basarse en suposiciones subjetivas para impedir la libre comercialización. “En tales circunstancias–se añade- ha de admitirse que un estado miembro, en virtud del Principio de Cautela, puede adoptar medidas de protección sin tener que esperar a que se demuestre plenamente la realidad y gravedad de dichos riesgos. Sin embargo, el análisis del riesgo no puede basarse en consideraciones puramente hipotéticas”.

Por consiguiente, la alegación de las autoridades españolas de que determinados complementos no pueden comercializare simplemente porque hay ingredientes que no se hallan en la lista arbitrariamente elaborada en 1973 -y que está absolutamente superada por las más recientes investigaciones y descubrimientos- es insostenible. El argumento carece de base científica y sanitaria.

Hace ya casi año y medio –nos recordó a este respecto el presidente de Soria Naturalla Comisión Europea acusó a España de no tener procedimientos adecuados para evaluar el riesgo para la salud pública de productos que contienen extractos de plantas y solicitó la adecuación de la obsoleta normativa que mantiene en vigor (Orden de 3 de octubre de 1973). Pues bien, hoy seguimos sin noticias al respecto por parte de las autoridades sanitarias españolas”. A pesar de lo cual han seguido actuando contra las empresas españolas.

A la vista de los datos recogidos en el caso danés el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europeafalló contra la actitud del Gobierno de Dinamarca. “En efecto -señala la sentencia-, el carácter sistemático de la prohibición de comercialización de productos enriquecidos que no respondan a una necesidad nutricional de la población -como resulta de la práctica administrativa danesa- no permite cumplir el derecho comunitario en lo relativo a la identificación y al análisis de un riesgo real para la salud pública, el cual exige un análisis detenido, caso por caso, de los efectos que puede producir la adición de los minerales y vitaminas en cuestión. Habida cuenta de todo lo anterior procede declarar que el Reino de Dinamarca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 28 CE al seguir una práctica administrativa como consecuencia de la cual productos alimenticios enriquecidos que se comercializan o producen legalmente en otros estados miembros sólo pueden comercializarse en Dinamarca si se acredita que su enriquecimiento con nutrientes responde a una necesidad de la población danesa”.

Según ha declarado al Boletín Europeo de Derecho Alimentario el abogado Sebastián Romero Melchor, cuyo bufete se encuentra instalado en Bruselas y representa a las compañías de complementos dietéticos, “una decisión contra España obligaría a las autoridades a poner en marcha todas las medidas necesarias para permitir la comercialización de suplementos de comida comercializada legalmente o fabricada como tal en otro estado miembro”. Para el abogado español la sentencia sería la excusa ideal para afrontar un cambio legislativo en profundidad. “Las autoridades españolas –nos diría- son libres para escoger los medios que consideren apropiados para lograr ese objetivo. Sin embargo, es razonable pensar que aprovecharán la oportunidad para poner orden en un armazón regulador muy oscuro. Por ejemplo, se podría aprovechar para preparar una lista actualizada de las plantas que están autorizadas o prohibidas como ingredientes de los suplementos dietéticos”.

TAMBIÉN EN ESPAÑA

Cabe agregar que de vez en cuando también en nuestro país la Justicia hace justicia y pone freno a la inquina mostrada por las administraciones contra todo lo natural. A este respecto hay que recordar que el pasado 29 de diciembre del 2006 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó una sentencia ejemplar por la que declaró nulas y sin efecto toda una batería de medidas cautelares de inmovilización de productos de la empresa Pinisan llevadas a cabo en marzo de 2003 por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

La Agencia Española del Medicamento ordenó la retirada del mercado de 26 productos que se comercializaban en herboristerías y tiendas de dietética porquecontenían en varios casos especies vegetales a las que se atribuye actividad terapéutica como el cardo mariano, la glucosamina, el ginkgo biloba, las isoflavonas de soja purificada o el balsamo de Tolú. La agencia alegó -como ha hecho en muchas otras ocasiones- que debían considerarse “por su composición y alegaciones de salud” medicamentos ilegales al no haber sido objeto de evaluación y autorización como tales antes de su comercialización. “Por tanto –argumentaba entonces la agencia-, su presencia en el mercado es ilegal y debe procederse a su retirada del mercado y a su posterior devolución al laboratorio a tenor de lo dispuesto en el artículo 95. 2 de la Ley 14/86, General de Sanidad”.

Pues bien, además de considerar arbitrarias las medidas tomadas la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid censura que en ninguno de los casos enjuiciados la Consejería de Sanidad tratase de confirmar la existencia de un peligro grave e inminente para la salud pública derivado de la comercialización de los productos intervenidos -que en realidad, y como en tantos otros casos, eran inexistentes– tal como exige el artículo 26 de la Ley General de Sanidad. Justo la misma argumentación mantenida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europeaen el caso mencionado de Dinamarca. De hecho, en ninguno de los casos se acreditó la existencia de riesgo alguno, por mínimo que éste fuera. La Sala madrileña rechazó además el intento de la Administración de invocar, de forma genérica y recurrente, el Principio de Precaución, argumento en el que también coincide con la decisión del Tribunal Europeo que en la sentencia citada afirma que “una aplicación correcta del Principio de Cautelapresupone, en primer lugar, la identificación de las consecuencias negativas que puede tener para la salud la adición propuesta de sustancias nutritivas y, en segundo lugar, un análisis global del riesgo para la salud basado en los datos científicos más fiables de que se disponga y en los resultados más recientes de la investigación internacional”. Algo que naturalmente nunca ha hecho la Agencia Española del Medicamento en sus intervenciones contra las empresas españolas de complementos dietéticos.
La esperanza del sector es que la decisión del Tribunal Europeo sirva, cuando se pronuncie, para reestablecer la legalidad. El temor, que cuando lo haga sea ya tarde para muchas empresas españolas.

“La realidad -nos diría Antonio López Román– es que hay algunos funcionarios que, amparándose en la ‘escasa justicia’ que en estos casos tenemos en España, continúan año tras año perjudicando al sector descaradamente. Así que es preferible marcharse a otro país tan civilizado o más que España pero sin las absurdas trabas administrativas que tenemos que padecer aquí”.

En este asunto –añadiría por su parte Antonio Esteban Villalobos con cierto pesimismo- todas las partes implicadas -industria, comercio, consumidores, autoridades sanitarias, etc.- hemos resultado gravemente perjudicadas ya que las actuaciones arbitrarias y sin fundamento lógico ni legal han tenido un efecto devastador sobre la industria, el pequeño comercio y los consumidores en general, que no pueden comprender cómo productos extranjeros similares en su composición se comercializan normalmente ajenos a los problemas que sufren los productos nacionales. Por otro lado, las exportaciones de nuestros productos prácticamente han desaparecido puesto que ningún estado permite la comercialización de un producto retirado en su país de origen. Y eso ha favorecido además la falsa creencia de que lo de fuera siempre es mejor en detrimento de la industria nacional. Asimismo, la credibilidad y rigor de las autoridades sanitarias españolas ha quedado gravemente dañada y las actuaciones llevadas a cabo por sus responsables en entredicho”.

Una vez más, añadiremos nosotros.

Francisco San Martín

 

Este reportaje aparece en
95
Junio 2007
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