Se reabre el caso de los hemofílicos españoles contagiados por Sida y hepatitis

El caso de las personas hemofílicas que murieron en España hace unos años por Sida y hepatitis al estar contaminada la sangre que recibieron se ha reabierto. Un juzgado de Madrid ha tomado ya declaración a Regina Revilla -Directora General de Farmacia en ese momento- y en breve llamará a dos médicos del Hospital Universitario La Paz de Madrid con motivo de la querella interpuesta por los padres de dos hermanos fallecidos por esa causa. Se calcula que unas 1.800 personas resultaron infectadas por el virus de la hepatitis C tras utilizarse hemoderivados fabricados con plasma sanguíneo contaminado y no hacerse las pruebas de testado necesarias muriendo cientos de ellos. Y la Administración lo sabía.

Un juzgado de Madrid acaba de tomar declaración a la ex Directora General de Farmacia Regina Revilla y en breve citará a dos médicos del Hospital Universitario La Pazde Madrid con motivo de la querella que han interpuesto los padres de dos jóvenes hermanos hemofílicos que fallecieron hace unos años por hepatitis C tras recibir sangre contaminada. Como muchos lectores recordarán entre 1982 y 1995 fueron contaminadas en España alrededor de 1.800 personas por utilizar hemoderivados fabricados con plasma sanguíneo extraído en países americanos a personas de riesgo sin haber sido sometidos a las pruebas de seguridad necesarias. Algo que la Administración permitió, según reconoce ahora Regina Revilla. Un auténtico escándalo que, por supuesto, se tapó como ya es habitual: comprando el silencio de los familiares de los enfermos. Porque las compañías farmacéuticas implicadas, especialmente Baxter, llegaron a acuerdos extrajudiciales con la gran mayoría de las víctimas o sus familiares… por cantidades ridículas si atendemos a la gravedad de los hechos. No sería, sin embargo, el caso de los padres de José Antonio y Francisco Javier Pavón Vila -dos jóvenes de San Fernando (Cádiz) estudiantes de Medicina y Empresariales respectivamente que padecían una forma benigna de hemofilia y que también murieron- porque prefirieron buscar abogados dispuestos a representarles adecuadamente ya que no se contentaban con una mera compensación económica sino que pretendían que los responsables respondieran ante la Justicia. Aspiración que empezó a plasmarme a finales del pasado mes de marzo cuando en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid la jueza Almudena Rivas Chacón tomó declaración a ya la mencionada ex Directora General de Farmacia, en la actualidad máxima responsable de Relaciones Institucionales en España de la multinacional Merck. Juzgado por el que en breve deberán desfilar también dos médicos del servicio de Hematología de La Paz: Fernando Hernández Navarro y Manuel Quintana Molina, algo que no deberá hacer el tercer facultativo citado,José Martín Villar, ya que ha fallecido.

QUERELLA CONTRA LAS AUTORIDADES

Desde que se les diagnosticara hemofilia tipo B los dos hermanos gaditanos fueron tratados en La Paz pues era el único centro español especializado en la profilaxis de esa enfermedad. Y para ello se les administraban inyecciones de hemoderivados que les permitían una coagulación normal. Todo habitual hasta que en 1985 se constataría que algunas de las transfusiones que ambos jóvenes recibieron ¡estaban contaminadas con el virus del Sida! José Miguel Ayllón, miembro de la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos y abogado de Antonio Pavón y Carmen Vila -padres de los dos jóvenes fallecidos-, nos lo explicaría: “Los responsables de Hematología de La Paz no comprobaron el estado de los derivados hematológicos que suministraban a sus pacientes. Y en el caso que nos ocupa estaban infectados por el virus del Sida. Luego se supo que provenían de personas de baja fiabilidad como personas enfermas, toxicómanos o prostitutas. Aunque lo más grave es que, tras saberse, no se destruyeron los stocks contaminados. La negligencia pues es clara. Y eso incluye, obviamente, a los responsables de los laboratorios que sirvieron los hemoderivados”.

¿Un trágico “error” o un caso de clara negligencia? La verdad es que más parece lo segundo ya que unos años después, entre 1993 y 1994, ambos jóvenes fueron de nuevo contaminados en el mismo hospital pero esta vez por el virus de la hepatitis C. Lo que no fue conocido por los padres hasta después de fallecer sus hijos. Y para el abogado de éstos en esa segunda ocasión no había ya excusas “porque entonces esa posibilidad se podía ya detectar desde hacía tiempo mediante el test ELISA. Algo incontrovertible citado en numerosas sentencias del Tribunal Supremo”.

José Miguel Ayllón destaca que lo acaecido sólo fue posible “porque la que fuera Directora General de Farmacia en ese momento, Regina Revilla, no obligó a retirar del mercado todos los hemoderivados y preparados que no habían sido controlados y desactivados mediante técnicas de calor a pesar de que así lo requería la Ley. Es más, para colmo, en febrero de 1993 aprobó una circular permitiendo que ¡hasta el 31 de diciembre de 1995! se siguieran utilizando los hemoderivados que no habían sufrido el preceptivo control de anticuerpos de hepatitis C. Una decisión que chocaba contra las recomendaciones de la Comunidad Europea y el consejo de los médicos especialistas”. Agregando: “Ni siquiera tuvo la precaución de exigir que antes fueran sometidos a métodos o procedimientos de destrucción o desactivación de la carga vírica. En pocas palabras, Regina Revilla permitió que ¡durante más de dos años y medio ¡se hicieran transfusiones de sangre a numerosos enfermos sin que hubiera la más mínima seguridad de que esos lotes no estaban contaminados”.

Que su decisión era “discutible” –por no decir otra cosa- lo demuestra que en cuanto Regina Revilla cesó en sus funciones se derogó la mencionada circular. Además la “razón” alegada era absolutamente peregrina: “evitar el desabastecimiento”. ¿Aunque la sangre pudiera provocar una epidemia con numerosos muertos como así ocurrió?

Ramón Palop, Subdirector General de Control Farmacéutico entonces, defiende la decisión: “Si se hubieran retirado del mercado esos productos –diría- las personas en tratamiento, como hemofílicos o inmunodeficientes primarios, habrían muerto”. Una afirmación discutible.

Lo grotesco es que en febrero de 1993 Revilla emitió una circular diciendo que las unidades de plasma utilizadas en la fabricación de los hemoderivados y medicamentos deberían estar libres de anticuerpos de la hepatitis C y, al tiempo, en el mismo documento, permitía que los productos sin controlar siguieran en el mercado. Una contradicción tan evidente que su sustituta en el cargo, Pilar González Gancedo, corregiría en octubre de 1994 mediante un documento en el que indicaba que “todas las unidades de plasma o sangre utilizadas en la fabricación de hemoderivados han de ser analizadas con resultado negativo para marcadores víricos”.

OCULTACIÓN A LOS PADRES

Debemos añadir quelos padres no consiguieron una copia (parcial además) del historial médico de sus hijos¡hasta varios años después de la muerte! Y en el informe de Francisco Javier que se les entregaría en La Paz no se dice que tuviera hepatitis C. Y lo mismo ocurre con sucesivos documentos médicos. El abogado de la familia declara por ello abiertamente: “Entre los responsables de los contagios se ha convenido el mayor de los secretos. Por eso el hospital deniega la historia clínica a los padres de los fallecidos. Así lo demuestra por ejemplo el hecho de que, tras quejarse mis patrocinados ante el Defensor del Pueblo, éste les contestara reconociendo la existencia de secretismo”.

Las condiciones clínicas de los fallecidos se ocultaron igualmente a los médicos que les atendieron en el servicio de Urgencias del Hospital de Cádiz. Ayllón, en el escrito de la querella, considera que el ocultamiento del contagio de la hepatitis C, “aparte de ir contra las mínimas normas deontológicas, es un claro  indicio de la culpabilidad de los querellados”.

Las imputaciones que se hacen a las autoridades sanitarias son muy graves. “Nos encontramos ante un doble homicidio puesto que conociéndose la posibilidad de contagiar graves enfermedades mediante el tratamiento con hemoderivados, como así había ocurrido ya antes con el VIH, les fueron suministrados derivados de la sangre a sabiendas de que podían estar contaminados pues ni habían sido previamente tratados por los laboratorios ni fueron desactivados víricamente por los propios médicos querellados, ni se mandaron analizar. Y de ahí que ambos hermanos acabaran contagiados y ello les llevara a la muerte”.

La madre de los jóvenes, profundamente dolida, nos diría: “El fallecimiento de mis hijos fue un drama pero aún lo fue más el tormento que tuvieron que pasar tanto ellos como nosotros. Fue una continua agonía. Además el fallecimiento de mi primer hijo ocasionó un grave daño psicológico a su hermano. Al final la muerte fue casi liberadora”.

LA CULPA, ¿DE LAS VÍCTIMAS?

En su declaración ante la jueza Regina Revilla intentaría justificarse diciendo que como en Europa había en esa época déficit de plasma sanguíneo para fabricar hemoderivados éste se obtenía importándolo de Estados Unidos (vea el recuadro Traficantes de sangre). Una falacia porque cualquier laboratorio podría hacerlo en España si no hubiese tantos intereses económicos detrás que lo hagan inviable.

En cuanto a sus “circulares” se limitó a alegar que la que emitió en febrero de 1993 se ajustaba a lo acordado por el Comité de Especialidades Farmacéuticas de la Comunidad Europea  y que al no prohibir la venta de los hemoderivados sospechosos “defendía los derechos de la mayoría” al “evitar un mal mayor” agregando que la situación “no se podía resolver de otra manera”. Manifestaría también que además sólo era obligatorio testar el plasma y los derivados sanguíneos para transfusiones… pero no los hemoderivados. Afirmó también que no había recibido alertas de ninguna autoridad sanitaria de otros países sobre la existencia de partidas infectadas. Craso error porque al menos las autoridades canadienses advirtieron sobre el particular a las españolas (vea el recuadro Traficantes de sangre).
Al parecer tampoco sabía que la mayoría de los hemoderivados que llegaban a España procedían de sangre obtenida de personas detenidas en cárceles de Estados Unidos.

Ante la evidente carencia de argumentos de defensa Regina Revilla fue interrogada por su propio abogado que la preguntó si le parecía compatible el cobro de las indemnizaciones que los padres habían recibido cuando los hijos de los demandantes fueron contagiados de Sida con la interposición de la actual querella contra ella y ésta manifestó que no. En otras palabras, la defensa ha decidido no entrar en el fondo del asunto e intentar una argucia jurídica para intentar que se archive el caso.

Regina Revilla reconocería que no se trataba de la primera querella interpuesta por las víctimas sino que había habido tantas que en el Ministerio se decidió llegar a un acuerdo extrajudicial con los afectados mediante la creación de un “fondo de ayuda” para así evitar la presentación de querellas tanto contra el ministerio como contra las personas implicadas de la Administración. En suma, se compró el silencio de los afectados y se evitaron posibles querellas personales contra los responsables ¡con dinero público!

SILENCIO EN VENTA

No ha sido el caso de Antonio y Carmen, padres de los dos jóvenes hermanos fallecidos. Ellos no han aceptado ser sobornados con dinero. Quieren Justicia. Alguien les robó lo que más querían en el mejor momento de sus vidas y no van a ceder. Pero son una excepción. Porque los acuerdos extrajudiciales han marcado este caso. Claro que suele ocurrir cada vez que un fármaco daña a muchas personas. Administración y empresas intentan siempre llegar a acuerdos económicos a cambio del silencio judicial de las víctimas. Es siempre más barato y menos escandaloso. “Yo te pago y tú no me denuncias”. Ese es el trato. Y la mayoría de la gente, por múltiples y diversas razones, acepta. La multinacional farmacéutica Baxter -principal responsable de los contagios a través de su preparado Hemofil– dio 24 millones de euros a las 1.350 familias de los hemofílicos españoles fallecidos -el 96% del total- como “compensación” si renunciaban a demandarles. Es decir, menos de 18.000 euros por muerte. Trato que, obviamente, el Director General de Baxter consideró “muy satisfactorio” y que, extrañamente, contó con el beneplácito de la Federación Española de Hemofilia (Fedhemo), asociación que dice representar los intereses de los hemofílicos.

Algo que no cree Josefa Lorenzo -madre de Miguel Ángel, otro joven hemofílico que murió por la misma causa y cuyo caso está igualmente en los tribunales- quien afirma que “Fedhemo obtuvo del Ministerio de Sanidad 601.010,21 euros y otros 120.000 euros de Baxter”. En otras palabras, considera que Fedhemo sirvió de vehículo para canalizar las ayudas a los fallecidos “más que para defender a los hemofílicos que se supone era su tarea”. Algo que niega Dacio Villacé, ex vicepresidente de Fedhemo, quien asevera que “el dinero de Baxter fue a parar directamente a los familiares de las víctimas y no a la Federación”. Agregando sobre la posible relación Fedhemo-Industria-Sanidad que “Fedhemo es una asociación de pacientes totalmente desligada de la industria que presenta distintos proyectos para optar a las subvenciones contempladas en los Presupuestos Generales del Estado para este tipo de organizaciones (…).Respetamos lo que opinen esas personas pero todo se decidió en asambleas”.

Según Dacio Villacé, de los 1.500 afectados que representaFedhemo a día de hoy el 50% ha muerto. Es decir, unos 750. Y el “goteo” continúa.

NEGOCIO CON EL DOLOR

En la querella contra los presuntos responsables de la muerte de los hermanos Pavón Vila, José Miguel Ayllón, el abogado de la familia, aporta algunos datos que a su juicio la jueza debería investigar. Según explica, en el duro camino de la búsqueda de Justicia Fedhemo puso en contacto a los afectados con un conocido abogado estadounidense, Michael Repiso, quien se ofreció a representarles y pedir un millón de dólares para cada víctima a un solo laboratorio (lo de reclamar sólo a una de las corporaciones es importante como veremos a continuación ya que Repiso fue el interlocutor con Baxter del pacto de silencio realizado con posterioridad).

El acuerdo silencioso, pues, se produjo con Baxter. Y el 4 de mayo de 1999 Ángela Rubio, representante de Baxter, hacía llegar un comunicado de prensa a Radio Libertad en el que citaba a los otros laboratorios contra los que los afectados habían mantenido sus demandas y no habían tenido el detalle de ofrecer dinero a sus víctimas: Grifols, Landerlan y Cutter.

Repiso marcó pues el precio y las condiciones del pacto: él se llevaría el 33% de lo que obtuviera cada afectado y se haría cargo del caso… siempre que firmara todo el colectivo de víctimas. Dos años después Repiso les comunicaba que, terminada la negociación, la cifra que iba a percibirse por infectado -vivo o muerto- había quedado finalmente en 18.030 euros (6.000 de los cuales, en virtud del 33% de comisión, eran para él).

Nosotros nos negamos a firmar -nos diría Josefa Lorenzo- pero el 96% de los familiares rubricó el acuerdo”. Es decir, sólo el 4% se negó a estampar su firma. Bueno, pues según Josefa las llamadas de Michael Repiso a su casa a partir de ese instante fueron constantes y asegura que el abogado americano les advirtió de que si no firmaban “lo iban a pasar muy mal”. Así que ante la “terquedad” de los familiares que querían llegar hasta el final en su búsqueda de responsabilidades Michael Repiso recurrió al bufete del ex presidente del Senado José Federico de Carvajal en el que trabaja también su hijo Pablo. Y ambos bufetes, de forma conjunta, volvieron a presionarles, incluso en la propia oficina de Juan Menéndez-Tolosa, jurista que se ha encargado de la defensa de varios afectados. “En el despacho desde el que le hablo –nos diría éste- intentaron convencerme para que me olvidara del tema de los hemofílicos. El ex presidente del Senado llegó a decirme que me iba a demandar. Y añadiría: “Como el trato que hizo Repiso con los laboratorios Baxter fue de 18.030 euros por fallecido y su minuta era del 33%  él obtuvo con la negociación 8.113.600 de euros”. En otras palabras, las víctimas o sus familiares cobraron gracias a la gestión de Michael Repiso doce mil euros cada uno y el negociador se quedó con más de ¡ocho millones de euros!

Quisimos recoger la versión del bufete de Federico y Pablo de Carvajal… sin éxito. No obstante, la revista Interviú cubrió en su día la reunión en la que estuvieron presentes Carvajal y Repiso y éstos tampoco quisieran realizar declaraciones.

Sólo nos resta añadir al respecto que José Miguel Ayllón ha pedido a la jueza que investigue a qué se refería Repiso cuando en presencia de Menéndez-Tolosa dijo que él tenía datos precisos sobre pagos de cheques con importantes sumas a médicos españoles por su complicidad y silencio en el caso.

EL FINAL DEL TÚNEL

Desde la muerte de Miguel Ángel, su familia -y la de una parte importante de víctimas, como los padres de los hermanos Pavón Vila- no ha parado de acudir a los juzgados. En octubre de 1999 la Audiencia Nacional dictó una sentencia en la que se reconocía el derecho de los padres de Miguel Ángel a una indemnización de 150.000 euros… pero el Insalud la recurrió. Hasta que en verano del 2004 el Supremo ratificó la sentencia obligando al Insalud a pagar por daños morales a la familia. Esto en lo Contencioso.

Hoy la demanda penal de esta mujer está en la Audiencia Provincial de Madrid a la espera de que la jueza Manuela Carmena reabra el proceso tras más de siete años. El mismo hospital y los mismos médicos imputados que en el caso de la familia Pavón, además de los laboratorios que vendieron los hemoderivados, deberán declarar. Mientras, los padres de José Antonio y Francisco Javier esperan a que concluya esas declaraciones en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid.

Entonces la Justicia será bien recibida en su casa, pero, ¿se hará Justicia?

Miguel Jara 

Recuadro:


Traficantes de sangre

En mi libro Traficantes de salud: Cómo nos venden medicamentos peligrosos y juegan con la enfermedad cuento cómo entre 1986 y 1990 alrededor de 6.500 personas resultaron infectadas en Canadá con hepatitis C a través de transfusiones de sangre y derivados sanguíneos. Al menos 1.000 hemofílicos padecieron Sida y hepatitis C y B al recibir tratamiento con derivados de sangre procedentes de prisiones de Estados Unidos. Hasta 1983 las compañías farmacéuticas acudían a los centros penitenciarios para recaudar la sangre donada por los condenados. Canadá había dejado de utilizar el sistema en 1971 porque la mayoría de los presidiarios estaban infectados con hepatitis pero pese a haber tardado doce años en adoptar la misma medida que Canadá a los reclusos estadounidenses se les siguió ordeñando para satisfacer la demanda de la industria farmacéutica.

Los presos recibieron siete dólares por unidad, dosis que sería revendida por 50. El Departamento de Prisiones de Arkansas recibió la mitad de ese dinero. Arkansas, junto con Luisiana, fueron los estados cuyas cárceles proveyeron a las dos compañías demandadas por los hemofílicos afectados: Connaught Laboratories y Continental Pharma Cryosan Ltd. Estas dos empresas afirmaron en su momento desconocer que el plasma adquirido procedía de reclusos. La sangre infectada fue exportada por Cryosan a Suiza, Japón, Italia y España.

Michael Galster, que trabajó en el grupo de médicos del sistema penitenciario de Arkansas durante la época en la que ocurrieron los hechos, escribió un libro denunciando lo que él experimentó en su práctica cotidiana. Narró las presiones que recibieron los confinados de la cárcel de dicho estado que presentaban Sida y hepatitis para vender su sangre a la Administración médica del penal.

El laboratorio Bayer vendió por entonces a Argentina un coagulante para hemofílicos con alto riesgo de provocar Sida mientras que a Estados Unidos y otros países de Europa central les enviaba un fármaco más seguro.

En Francia el ex primer ministro Laurent Fabius y los máximos responsables de Sanidad Edmond Herve y Asuntos Sociales Georgina Dufoix fueron procesados por el contagio de 4.400 personas, muchas hemofílicas. Los hechos ocurrieron en la década de los ochenta. Herve fue declarado culpable de al menos dos casos.

Desde 1983 han existido muchas dudas sobre si la sangre contaminada con los virus del VIH o las hepatitis C y B e importada desde Canadá llegó a España. Hoy, 24 años después, podemos afirmar que no cabe duda de que en nuestro país se importó plasma sanguíneo con muchas posibilidades -por mostrarnos prudentes- de estar contaminado con la hepatitis B. Un telegrama de fecha 29 de diciembre de 1983 enviado por el Ministerio de Salud canadiense a la embajada de ese país en Madrid avisó de la entrada en España de un lote de plasma sanguíneo “potencialmente contaminado” con hepatitis B exportado porContinental Pharma Cryosan. Este producto, según confirmaron los responsables canadienses, fue manufacturado por el Departamento de Prisiones de Grady (Arkansas, EEUU). En algunos lotes se comprobó que la sangre contenía hepatitis B. El texto advertía de que en Canadá es ilegal que una persona que da positivo en la prueba de hepatitis B done sangre. Las autoridades canadienses citan a Landerlan como la empresa que había importado para España dicho plasma sanguíneo de Continental Pharma.

M. J.

 

Este reportaje aparece en
95
Junio 2007
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