Monsanto, condenado por un tribunal civil internacional

Los días 16 a 18 de octubre de 2016 se reunió en La Haya un “tribunal” internacional sin carácter oficial pero integrado por auténticos jueces con el objetivo de valorar si la multinacional Monsanto está poniendo en peligro la salud y las vidas de los ciudadanos de todo el mundo. Presidido por cinco jueces contó con 29 testigos y la opinión de 4 expertos emitiéndose el fallo el pasado 18 de abril de 2017. Y las conclusiones son claras: lo está haciendo ante la incomprensible pasividad de los organismos internacionales y los propios gobiernos. Es más, acusan a Monsanto de usar “tácticas deshonestas, engañosas y opacas para conseguir la aprobación de sus cultivos obtenidos por ingeniería genética y sus herbicidas asociados”. Damos a conocer las conclusiones del fallo.

 

MONSANTO

El conocido hoy como Tribunal Monsanto es una iniciativa civil que se puso en marcha el 4 de junio de 2015 y no pertenece al sistema judicial ni a organización internacional jurídica alguna. Su origen se remonta a 1966 cuando los conocidos filósofos Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre impulsaron una iniciativa que se materializaría en el llamado Tribunal Permanente de los Pueblos con el objeto de juzgar las acciones más detestables de quienes controlan el poder en el mundo (tiene la historia en http://permanentpeoplestribunal.org). Y de hecho en este tiempo ha habido ya varios “tribunales” que han “juzgado” asuntos como las políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el impacto en la salud de las multinacionales agroquímicas, la explotación europea de los pueblos iberoamericanos, el derecho de asilo en Europa o las violaciones de derechos humanos en Argelia. Se trata pues de un “tribunal” de orden ético sin poder jurídico que sin embargo valora todo desde el prisma de la legislación internacional ya que lo integran jueces y magistrados de carrera. Siendo su base jurídica primordial normas aprobadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niños, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

Pues bien, en esta ocasión el tribunal se constituyó para juzgar la actuación de la multinacional Monsanto por iniciativa de un comité formado por:

Vandana Shiva. Creadora en 1991 del Movimiento Navdanya con el fin de proteger la diversidad e integridad de los recursos vivos fue calificada en 2003 por el Time Magazine -y posteriormente en 2010- como “una heroína del medio ambiente”.

-Corinne Lepage. Exministra de Medio Ambiente de Francia es abogada y actualmente preside el Comité Independiente de Investigación e Información sobre Ingeniería Genética (CRIIGEN).

Marie-Monique Robin. Periodista, realizadora y escritora es autora del documental El mundo según Monsanto.

Olivier De Schutter. Profesor de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) fue Relator Especial de Derecho a la Alimentación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Gilles-ÉricSéralini. Profesor de Biología Molecular e investigador del Instituto de Biología Fundamental y Aplicada de la Universidad de Caen es autor de estudios relevantes que ponen de manifiesto los graves daños que provocan los transgénicos y los pesticidas.

Hans Rudolf Herren. Presidente de Biovisión y participante de alto nivel en la consulta sobre el hambre, la seguridad alimentaria y la nutrición en la Agenda de Desarrollo 2015 de la ONU.

Arnaud Apoteker. Responsable de la campaña contra los transgénicos del grupo alemán Los Verdes en el Parlamento Europeo y autor del libro Pez en las fresas: nuestra alimentación manipulada.

Emilie Gaillard. Profesora de Derecho Ambiental y Derechos Humanos en el Instituto de Estudios Políticos de Rennes (Francia).

-Valerie Cabanes. Abogada y portavoz de la iniciativa ciudadana Detengamos el ecocidio en Europa. Demos derechos a la Tierra.

Ronnie Cummins. Director Internacional de la Asociación de Consumidores Orgánicos y miembro de la ONG Regeneración Internacional además de coordinador mundial de la campaña Millones contra Monsanto. Y,

Andre Leu. Presidente de IFOAM Orgánica Internacional, especialista en agricultura y sistemas ambientales y autor del libro Los mitos de los pesticidas seguros.

En cuanto al tribunal lo integraron cinco magistrados o jueces en ejercicio: la belga Françoise Tulkens -que ejerció de presidenta-, el canadiense Steven Shrybman, la argentina Eleonora Lamm, el mexicano Jorge Fernández Souza y el senegalés Dior Fall Sow. Y, por supuesto, intervinieron fiscales y abogados defensores si bien el Director General de Monsanto, Hugh Grant, se negó a asistir y refutar las acusaciones a pesar de explicársele que el juicio se iba a fundamentar básicamente en los principios descritos en el capítulo IV de la Corte Internacional de Justicia y habérsele informado de que iban a presentarse varios informes jurídicos, documentos técnicos, libros, fotografías y numerosos testimonios. Negándose a personarse e incluso a la posible presentación de escritos que rebatieran las acusaciones. Optó por responder con el silencio (tiene los documentos en http://es.monsantotribunal.org/Material-audiovisual.

SEIS GRAVES VULNERACIONES

¿Y cuáles eran los delitos de los que se acusaba a Monsanto? Veámoslos uno a uno junto con las disposiciones legales en las que se basan y la opinión emitida por el tribunal (tiene un video sobre ello en https://vimeo.com/214009851).

  1. Grave contaminación medioambiental. Se pidió al tribunal que valorara si Monsanto ha violado el derecho internacional a un entorno seguro, limpio, saludable y sostenible como exigen lo aprobado en la Conferencia de Estocolmo de 1972, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y las legislaciones nacionales de 140 países recopilada por el Relator Especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente de la ONU. Recordando que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en su día la Resolución 25/21 de 28 de marzo de 2014 según la cual “el respeto de los derechos humanos impone a los estados determinadas obligaciones que guardan relación con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible”.

Pues bien, analizados los documentos, informes y testimonios la conclusión del tribunal fue contundente: Monsanto ha incurrido en conductas que tienen efectos graves y negativos en el medio ambiente y han afectado a innumerables personas y comunidades de muchos países así como a la salud del propio entorno con las consiguientes repercusiones en las plantas, los animales y la diversidad biológica“.

Mencionando concretamente los efectos carcinógenos del glifosato que Monsanto comercializa como Roundup y sus efectos adversos en organismos y ecosistemas. Sin olvidar que viola derechos ancestrales de los pueblos indígenas.

  1. Grave contaminación de los alimentos. El tribunal concluye que Monsanto ha violado y viola sistemáticamente el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Entre otras muchas cosas por los efectos negativos del glifosato y el uso de sus llamadas “semillas mejoradas” que han tenido y están teniendo un efecto devastador sobre la variedad de las cosechas, los cambios de variedades, los suelos, los estilos de vida y los modos de producción además de los constatados daños que provocan en el cuerpo los organismos genéticamente modificados.

Las conclusiones al respecto del tribunal son igualmente claras y contundentes: “(…) Se ha producido una clara vulneración del derecho a la alimentación”. Añadiendo: Las actividades de Monsanto afectan negativamente a la disponibilidad de alimentos, han causado y causan daños en el suelo y en el agua y en general en el medio ambiente reduciendo las posibilidades productivas y constituyen una injerencia en el derecho a la alimentación (…) Además las semillas genéticamente modificadas están afectando negativamente a la producción agrícola de las comunidades y constituyen una amenaza para la diversidad biológica“.

El tribunal agrega que muchos agricultores se han visto obligados a pagar regalías a Monsanto al haberse contaminado sus cultivos con sus productos aun estando en contra de ellos mientras a otros les ha impedido vender sus productos.

  1. Violación del derecho a la salud. El tribunal concluye asimismo que Monsanto vulnera el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y numerosos pactos y normas nacionales, regionales e internacionales. Afirmando que sus productos dan lugar a envenenamiento, malformaciones, linfoma no Hodgkin de células B, patologías renales -incluso crónicas- y diabetes.

“Las actividades de esta empresa -concluye- afectan negativamente a la salud física de personas y comunidades y además constituyen una injerencia en la salud mental”. Concretando que todo ello se debe al glifosato, a sus bifenilos policlorados (PCB) y a los organismos genéticamente modificados.

  1. Restricción de la libertad de investigación científica. Derecho garantizado por el artículo 15.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. Algo que según la Relatora Especial sobre derechos culturales de la ONU que prestó testimonio “implica asegurar que la actividad científica esté libre de interferencias políticas o de otro tipo y tenga el máximo nivel de garantías éticas de las profesiones científicas” lo que incluye “el derecho a comunicar libremente los resultados de la investigación y a publicarlos y a darles publicidad”.

Y es que según las pruebas y testimonios presentados Monsanto emplea habitualmente “tácticas deshonestas, engañosas y opacas para conseguir la aprobación de sus cultivos obtenidos por ingeniería genética y sus herbicidas asociados”. Asimismo se acusa a la multinacional de “operar a través de terceros para que actúen a su favor desacreditando y/o paralizando toda investigación científica y debate que suponga una amenaza para sus intereses comerciales” así como “silenciar el debate y la investigación científica solventes”.

Entre los muchos ejemplos ofrecidos se mencionaron los casos del Dr. Gilles-Eric Seralini -cuyos pormenores dimos a conocer en el nº 169 en el artículo Los pesticidas, mucho más peligrosos de lo que se reconoce– y el del Dr. Shiv Chopra -que denunciamos en el nº 160 en el reportaje Adulteración y contaminación intencionada del agua y los alimentos.

“La conducta de Monsanto -concluye afirmando el tribunal- se caracteriza por las siguientes acciones: desacreditar la investigación científica independiente cuando plantea serios interrogantes sobre las consecuencias ambientales y de salud pública que tienen sus productos, incluso tratando de socavar el empleo o el puesto titular de los autores de tales informes; pagar sobornos para que se elaboren informes de investigación falsos; presionar e incluso sobornar a gobiernos y funcionarios públicos para que aprueben los productos de Monsanto pese a los informes creíbles y de base científica que recomiendan denegar tales aprobaciones; distribuir productos nocivos carentes de la aprobación debida e intimidar, incluso amenazando con presentar una demanda a quienes simplemente tratan de informar a los consumidores“.

  1. Complicidad con crímenes de guerra. La pregunta literal en este caso era: “¿Se podría considerar a Monsanto cómplice de crimen de guerra tal como lo define el artículo 8.2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional por haber proporcionado materiales al Ejército de Estados Unidos en el contexto de la Operación Ranch Hand iniciada en Vietnam en 1962?” La pregunta se refiere al uso del llamado “agente naranja”, herbicida y desfoliante que Estados Unidos roció en bosques vietnamitas para destruir el hábitat natural de las tropas norvietnamitas del Viet Cong entre 1962 y 1971. Según el informe de Pesticide Action Network titulado The Permanent People´s Tribunal Session on Agrochemical Transnational Corporations: Indictment and Verdict los estadounidenses arrojaron más de 70 millones de litros en dos millones y medio de hectáreas calculándose que por su causa terminaron mutiladas o muertas unas 400.000 personas. La Cruz Roja vietnamita aseguraría sin embargo que el número total de discapacitados y afectados ascendió al millón de personas (tiene los datos en http://pan-international.org/wp-content/uploads/Peoples_Tribunal_on_agrochemical_TNCs_-_indictment_and_verdict.pdf).

Está fehacientemente constatado que el agente naranja causó graves daños al medio ambiente y a la salud tanto de la población civil vietnamita -incluyendo malformaciones y muerte prenatales y postnatales- como a los militares de ambos bando. De hecho excombatientes estadounidenses, neozelandeses y australianos iniciarían acciones legales contra varias empresas químicas, entre ellas Monsanto. La Asociación de Víctimas del Agente Naranja -integrada por ciudadanos vietnamitas- pondría por su parte en 2004 una demanda contra Monsanto pero un Tribunal de Distrito de Nueva York y posteriormente el Tribunal de Apelaciones de Manhattan paralizaron la acción legal con el surrealista argumento de que el agente naranja no se había utilizado como veneno destinado a poblaciones humanas sino como desfoliante. Sin comentarios; especialmente porque 39 soldados coreanos lograron que Monsanto y Dow Chemicals les pagaran una indemnización pero no por crímenes de guerra sino ¡por incumplimiento de los reglamentos de responsabilidad sobre el producto! Esperpéntico.

El tribunal reconoce no obstante que no se le presentaron evidencias suficientemente relevantes por lo que “no puede llegar a ninguna conclusión definitiva en cuanto a la complicidad con crímenes de guerra”. Aunque añade: “Teniendo en cuenta el hecho histórico del daño causado a la población de Vietnam e incluso a los veteranos estadounidenses y sus aliados y de la destrucción del medio ambiente el tribunal estima que habría que dar crédito a la hipótesis de que Monsanto proporcionó los medios necesarios para la campaña estadounidense en Vietnam, sabía cómo se utilizarían sus productos y tenía información sobre los efectos perjudiciales para la salud y el medio ambiente“.

  1. Ecocidio. La última cuestión planteada al tribunal es si Monsanto ha cometido un delito de “ecocidio” al dañar el medio ambiente hasta el punto de alterar de forma significativa y duradera los ecosistemas terrestres. Se trata de un término utilizado por primera vez por el biólogo Arthur Galston -jefe del Departamento de Botánica de la Universidad de Yale (EEUU)- para referirse precisamente a la intervención en Vietnam pidiendo un acuerdo internacional para prohibirlo. Entendiendo como tal “la devastación y destrucción que tiene por objetivo dañar o destruir la ecología de zonas geográficas en detrimento de todo tipo de vida, ya sea humana animal o vegetal”. Propuesta que terminó dando lugar a su prohibición en numerosos estados, a un Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra, a la Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles y a incluirlo en el propio Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobado en 1998.

El tribunal manifiesta en sus conclusiones que “si tal delito se reconociera en el derecho penal internacional las actividades de Monsanto constituirían posiblemente un delito de ecocidio”. Concretando su acusación en “la fabricación, suministro y aplicación aérea de mezclas concentradas del herbicida glifosato utilizadas por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia en la ejecución del Plan Colombia, el uso a gran escala de productos agroquímicos, el diseño, producción, introducción y siembra de cultivos obtenidos por ingeniería genética, la contaminación grave de la diversidad vegetal, los suelos y el agua y la introducción en el medio ambiente de un contaminante orgánico persistente como el bifenilo policlorado que provoca daños ambientales generalizados, duraderos y severos“.

CONCLUSIONES

Las conclusiones del tribunal se cierran constatando la necesidad de abordar las actuales limitaciones legales extendiendo la obligación de respetar los derechos humanos a los agentes no estatales y, muy en particular, a las empresas transnacionales. Denunciando que el derecho internacional ha otorgado a empresas como Monsanto prerrogativas sin precedentes que las permite violar los derechos humanos y contaminar el medio ambiente. Y de ahí que enfatice en la necesidad urgente de restringir este tipo de actuaciones.

En definitiva, la empresa Monsanto ha burlado hasta ahora todos los mecanismos de protección de los derechos humanos y medioambientales existentes causando enormes -y en muchos casos permanentes- daños a la salud humana y al medio ambiente; incluyendo plantas, animales y ecosistemas. Y ello significa no solo que estamos ante una entidad con enorme poder e influencia y similar falta de escrúpulos sino que deja en evidencia la fragilidad de los instrumentos creados para protegerlos ya que en su mayoría -por no decir en su totalidad- no son sino meras declaraciones de intenciones y documentos grandilocuentes elaborados durante ostentosos encuentros en los que se pronuncian discursos vacíos que en la práctica son totalmente inútiles. Y eso con el beneplácito o complicidad directa de los principales gobiernos y organismos internacionales.

 

Jesús García Blanca

Este reportaje aparece en
DSALUD 205
205
Junio 2017
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