Todos somos ya cobayas de las multinacionales farmacéuticas

Entre los dirigentes nazis juzgados en Nüremberg tras la II Guerra Mundial había varios responsables de las industrias químicas y farmacéuticas alemanas que fueron procesados por su implicación en la guerra y por realizar horribles experimentos con prisioneros. Un horror que daría lugar a la aprobación de un código ético para limitar la experimentación con seres humanos que se complementaría en 1964 por la Asociación Médica Mundial con la llamada Declaración de Helsinki. Pues bien, ni esos documentos ni los aprobados posteriormente han impedido la realidad actual: las grandes multinacionales farmacéuticas, mediante presiones, engaños y manipulaciones, han convertido el planeta entero en un gigantesco laboratorio y a su población en un ejército de cobayas.

La experimentación es parte del progreso científico y los ensayos clínicos con humanos una etapa necesaria de la investigación biomédica que plantea retos profesionales y éticos de gran trascendencia. Lamentablemente la imposición del modelo médico dominante hoy en nuestra sociedad y el poder de las multinacionales farmacéuticas ha hecho que pocas veces los responsables de las políticas sanitarias hayan respondido adecuadamente al importante reto que todo ello implica. Sin duda porque los códigos de ética y las leyes se olvidaron a menudo al haber tantos intereses económicos de por medio.

UN POCO DE HISTORIA

Aunque los orígenes de la experimentación biológica pueden situarse entre los siglos III y IV a. C en Alejandría y Atenas serían Francis Bacon y Galileo Galilei quienes establecerían los principios básicos de la ciencia experimental entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII y Claude Bernard quien introdujo -con la publicación en 1865 de su obra Introducción al estudio de la Medicina experimental- la metodología científica y el Principio de beneficencia rompiendo así los prejuicios contra la experimentación humana. Siendo la primera vez que se utilizó el término «ensayo clínico» en 1931 y el de «placebo» siete años después, en 1938; teniendo lugar en 1946 el que se considera primer “ensayo clínico controlado y aleatorizado”.

Por otra parte, aunque ya en las primeras décadas del siglo XX se llevaron a cabo muchos experimentos clínicos abusivos y sin claros criterios éticos sería durante la II Guerra Mundial y la Guerra Fría cuando la investigación médica y los consiguientes experimentos con humanos -en los dos bandos- fueron más atroces con la “patriótica” excusa de la búsqueda de nuevos recursos que pudieran ser empleados en el tratamiento de los soldados y la necesaria preparación ante posibles ataques nucleares. Lo que hizo que se transgredieran todos los límites imaginables dando lugar a horrorosos escenarios que quedarán para siempre en la memoria de la humanidad.

Los brutales experimentos con prisioneros realizados por los médicos del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) -o partido “nazi” (abreviatura de nationalsozialistische)– creado por Adolf Hitler –entre ellos el doctor Josef Mengele- así como por los médicos japoneses son suficientemente conocidos pero no lo es tanto que junto al campo de prisioneros de Auschwitz se hallaba Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie AG, un conglomerado alemán de compañías químicas más conocido abreviadamente como IG Farben entre las que estaban AGFA, BASF, Bayer, Höchst y Farbwerke Hoechst (en la actualidad Sanofi-Aventis) que desde hacía años mantenía estrechas relaciones comerciales con la todopoderosa familia Rockefeller. Un dato importante porque durante los Juicios de Nüremberg desarrollados entre 1945 y 1946 en los que se determinaron las responsabilidades de dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen nacionalsocialista se probó que IG Farben había desarrollado ¡en 1930! –nueve años antes del inicio de la guerra- un detallado plan para controlar los mercados mundiales de petróleo, fármacos y productos químicos. Precisando para ello controlar el poder y poner en marcha una potente maquinaria bélica ¡siendo eso lo que llevó a ese grupo a financiar al partido nacionalsocialista de Hitler! Y éste cumplió con sus “patrocinadores”. De hecho las industrias petrolíferas, químicas y farmacéuticas de los países que Hitler fue ocupando pasaron a manos de la poderosa compañía alemana. Empresa que no tuvo luego reparo alguno en usar a cientos de miles de personas capturadas en esos mismos países como mano de obra esclava y a muchos otros como conejillos de indias para experimentar productos.

Todo ello está documentado. Es más, el lector puede leer libros como el de Crimen y castigo de IG Farben de Joseph Borkin o Crónicas de Auschwitz de Danuta Czech para conocer los horrores perpetrados por ese ejército de médicos del infierno que controlaba la empresa y que hicieron experimentos para comprobar cuánto resiste un cuerpo a la presión antes de ser destrozado, cuánto resiste al frío -metiendo a los prisioneros en agua helada-, cuánto al dolor –con la salvaje extracción de huesos, tendones y músculos sin anestesia- o cuánto a la toxicidad y la corrosión –inyectándoles todo tipo de tóxicos, excitantes y sustancias corrosivas-. A una persona equilibrada le resultará difícil de creer a qué extremos de brutalidad se llegó.

Lo inconcebible es que los regímenes totalitarios no tienen la exclusiva de tal espanto. Documentos desclasificados de agencias gubernamentales estadounidenses -algunos muy recientemente- demuestran que “el sueño americano» tenía un precio y que quienes juzgaron en Nüremberg a los lideres nazis tenían mucho que esconder ¡en su propio país! Documentos que durante mucho tiempo han permanecido clasificados como secretos por razones «patrióticas”. Así lo manifestaba cínicamente un memorando de la Comisión de Energía Atómica de 17 de abril de 1947 titulado Experimentos médicos en humanos en el que podía leerse: «Ningún documento que se refiera a experimentación en humanos debe ser liberado porque podría tener efectos adversos en la opinión pública o dar lugar a procesos legales. Los documentos referidos a este ámbito de trabajo deben clasificarse como secretos».

Pues bien, sepa el lector que esos “secretos” incluyen la exposición de indígenas de Alaska a yodo radiactivo, la administración en hospitales de hierro y calcio radiactivo a adolescentes con retraso mental, la exposición de cientos de mujeres embarazadas a hierro radiactivo para averiguar la rapidez con la que el mismo atraviesa la placenta, la aplicación intravenosa de inyecciones con yodo radiactivo a recién nacidos, la irradiación de testículos a prisioneros, la administración de material radiactivo a pacientes psiquiátricos y prisioneros, la inoculación de virus a presos, las pruebas con fármacos en centros penitenciarios, la inoculación de vacunas experimentales a enfermos metales en las instituciones en las que estaban recluidos y los experimentos con radiaciones realizadas entre 1944 y 1974 con el pretexto de prepararse para un posible ataque nuclear soviético. Es más, la Comisión de Energía Atómica, los Departamentos de Defensa y Salud norteamericanos y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos junto con la CIA y la NASA expusieron a propósito a millones de personas a lluvia radiactiva al detonar más de dos centenares de armas nucleares y liberando radiaciones al medio ambiente. Fueron numerosos los pueblos de Nevada, Utah, Colorado y Nuevo México que sufrieron los efectos acumulativos de esa radiación. Lo insólito es que a las numerosas mujeres que acudieron a diversos hospitales con pérdida de cabello y quemaduras graves se les diagnosticó «neurosis» o el llamado «síndrome del ama de casa«.

Y existieron muchos otros proyectos de “investigación” con fines militares en los que se usaron cobayas humanas; algunos rozando lo esperpéntico como el intento de conseguir visión nocturna en los soldados mediante inyecciones de vitamina A extraída de hígados de luciopercas, el empleo de estimulación magnética craneal para producir soldados 24/7 -capaces de combatir ininterrumpidamente las 24 horas del día 7 días a la semana- o experimentos para averiguar cómo los soldados podrían sobrevivir a una caída a la velocidad del sonido.

En suma, es evidente que los estadounidenses -promotores de los juicios de Nüremberg- no respetaron el código ético que allí se aprobó; de hecho llevan muchas décadas pisoteándolo como demuestran los documentos desclasificados que el lector puede leer en www.hss.doe.gov/healthsafety/ohre/index.html.

REGULACIÓN Y CÓDIGOS ÉTICOS

Cabe añadir que fue en 1947 –tras finalizar los juicios de Nüremberg- cuando los doctores Leo Alexander y Andrew Conway Ivy elaboraron un memorando de diez puntos titulado Experimento médico permisible que terminaría constituyendo el conocido Código de Nüremberg que en esencia establece lo siguiente:

1. Es esencial que el sujeto de su consentimiento de forma voluntaria.

2. Debe ser de provecho para la sociedad.

3. Debe experimentarse antes con animales a fin de asegurarse de que el experimento se justifique en humanos.

4. Se debe evitar todo sufrimiento físico y mental innecesario.

5. Si se sospecha que el experimento puede provocar la muerte no debe efectuarse.

6. El beneficio humanitario debe ser superior al riesgo.

7. Deben tomarse todas las medidas posibles para proteger a los sujetos de daños y de la muerte.

8. Los experimentos deben realizarlos sólo personas cualificadas.

9. El sujeto debe tener la posibilidad de interrumpir el experimento en cualquier momento.

10. El científico responsable debe estar preparado para interrumpir el experimento en cualquier fase.

Estos principios básicos se ampliarían en 1964 por la Asociación Médica Mundial (AMM) que promulgaría la Declaración de Helsinki revisada posteriormente en Tokio (1975), Venecia (1983) y Hong Kong (1989), texto más exhaustivo que además desarrolla otros asuntos como la responsabilidad de los científicos involucrados, el deber de los médicos de velar ante todo por el bienestar de su paciente, la preocupación por colectivos especialmente vulnerables y la obligatoriedad de ser minucioso y preciso en la descripción de los experimentos así como que se asegure la transparencia de la información sobre ellos o la intervención de los comités de ética.

En suma, ambos documentos constituyen la referencia ética fundamental para la experimentación con seres humanos y han ido sirviendo de base para la promulgación de directivas y leyes a diferentes niveles.

Posteriormente, en 1978, se aprobaría el llamado Informe Belmont que elaboró una comisión del Congreso de Estados Unidos y que definiría tres principios éticos básicos en la investigación con seres humanos: el respeto a las personas, el beneficio para la sociedad y el respeto a la justicia.

Un año después los filósofos Tom Beauchamp y James Childress -autores del primer manual de Bioética- añadirían el Principio de la no maleficencia -una puesta al día del famoso Primum non nocere (lo primero no hacer daño) tradicional de la profesión médica y redefinirían el primer punto del Código de Nuremberg como Principio de autonomía y que incluye lo que hoy conocemos como «consentimiento informado«.

De entre los muchos textos, declaraciones y manuales surgidos de tales acuerdos cabe mencionar asimismo el documento Pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos elaborado por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas que se aprobó en 1993 y sería revisado luego en octubre de 2002. Y en el caso de España el Código de Ética y Deontología Médica actualizado muy recientemente: en 2011.

Añadiremos que en los años sesenta del pasado siglo XX sólo se exigía seguridad en los ensayos clínicos y que fue a partir del escándalo de la talidomida cuando se produjo un giro exigiéndose además demostrar eficacia en los ensayos controlados.

Es importante igualmente tener en cuenta que en todas estas regulaciones se diferencian tres opciones en la intervención médica con humanos según la finalidad perseguida: en primer lugar las que tienen como objeto el puro tratamiento y por tanto el bien del paciente; en segundo lugar las que emplean tratamientos experimentales y por tanto combinan el bien del paciente con fines de investigación y, por último, aquellas intervenciones cuyo objetivo es sólo la experimentación pura. Obviamente en el primer caso debería primar siempre la decisión de los pacientes pero la verdad es que en algunas legislaciones se han establecido excepciones; como cuando se obliga a ponerse a la gente vacunas ante supuestas situaciones de emergencia.

LA ÉTICA SE SUPEDITA AL CRITERIO CIENTÍFICO Y ÉSTE AL MERCADO

El Manual de Ética Médica -editado después por la Asociación Médica Mundial– dedica por su parte un capítulo a la investigación biomédica en el que se recuerda la importancia del «consentimiento informado» en el caso de las personas que participan en los estudios clínicos -una vez más el punto fundamental del Código de Nüremberg– así como la necesidad de que hayan sido aprobados y se controlen por un comité de ética independiente. Capítulo que acaba diciendo: «La investigación médica en seres humanos debe estar científicamente justificada». Razonable… si no fuera porque en la práctica prevalece el «criterio científico» sobre la justificación ética; y es que el llamado “discurso científico” está tan introducido en la mentalidad moderna que uno no parece darse cuenta de que el llamado “criterio científico” no es en realidad algo “objetivo” sino que depende del criterio de personas e instituciones que poco o nada tienen que ver a menudo con la ciencia… sino con meros intereses mercantiles. Lo que hace obvio que hoy la investigación médica depende más de éstos que de la ética. De hecho no deja de ser significativo que el propio manual que sirve de referencia deontológica a la profesión médica mundial lo financiara parcialmente ¡una multinacional farmacéutica!; así lo recoge el propio documento en los “agradecimientos”: «La Unidad de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial (AMM) está financiada en parte por una donación educacional ilimitada de Johnson & Johnson». Sin comentarios.

CONTROLANDO LA INFORMACIÓN

Hay además al menos tres mecanismos mediante los cuales las grandes farmacéuticas logran dominar todos los aspectos claves de la gestión de lo que hoy podríamos -y deberíamos- llamar sin reparo alguno el «mercado de la enfermedad».

Para empezar, los principales grupos de poder -dueños de las grandes corporaciones financieras y mercantiles, entre ellas las farmacéuticas- controlan la formación y la información sanitarias -mediante fundaciones que financian universidades, facultades, escuelas, centros de formación e investigación, colegios profesionales, congresos, conferencias, seminarios, encuentros, jornadas, etc.- y determinan las líneas clave de toda la investigación y formación potenciando aquellas ideas, teorías y planteamientos que favorecen sus propósitos y marginando, desechando o desacreditando las que les perjudican. Es así como se ha forjado de hecho el modelo médico que domina actualmente en el planeta cuyos dogmas determinan los códigos éticos de la profesión, la organización de los sistemas sanitarios y -a través de su peso en las legislaciones- numerosos aspectos de la vida cotidiana de la gente. Como complemento, el control de la información general -es decir, de los grandes medios de comunicación de masas -y de los medios especializados en particular -las revistas científicas- les asegura un amplio margen de manipulación de la opinión pública y de los propios profesionales que aceptan a pie juntillas -como si de encíclicas modernas se tratara- lo que aparece en las publicaciones científicas a pesar de que es casi vox populi que los filtros que determinan la publicación de sus trabajos carecen en general de rigor científico. De hecho un 75% de las investigaciones publicadas en esas revistas tenidas por «prestigiosas» las financia la propia industria farmacéutica que en muchas ocasiones hasta escribe los artículos pagando luego a científicos o médicos «prestigiosos» para que los firmen. Por eso no es de extrañar que las llamadas “revistas científicas” hayan tenido que retractarse -hasta mayo de 2012- de lo dicho en ¡2.047 artículos! En el 67% de los casos porque se detectó “mala conducta”, en el 21% porque se detectaron “errores” y en un 10% porque se trataba de simples plagios. Habiéndose asimismo detectado otros trabajos que no fueron retirados a pesar de detectarse errores o engaños con lo que otros investigadores los siguen dando por buenos y los valoran -o citan- para sus investigaciones. Lo denunció esta misma revista en el reportaje que apareció en el nº 155 con el título ¡El fraude científico es cada vez mayor! que puede leerse en nuestra web: www.dsalud.com.

CONTROLANDO GOBIERNOS

En segundo lugar, estos grandes grupos de poder ejercen una enorme influencia -cuando no los controlan directamente- en gobiernos, organismos oficiales nacionales e internacionales y organizaciones profesionales. Por una parte está el fenómeno denominado «puertas giratorias» que se refiere a esas personas que ocupan simultánea o alternativamente puestos de gran responsabilidad en la industria y en organismos oficiales o agencias gubernamentales, ministerios o incluso, el propio gabinete presidencial (es entre otros el caso de Estados Unidos).

Por otra parte, esas poderosas compañías -bien asentadas en muchos estados- ejercen una enorme presión sobre los gobiernos consiguiendo bien que determinadas cuestiones no se regulen, bien que se aprueben normativas que les favorezcan o les dejen las manos libres para actuar a conveniencia. Apuntemos a título de ejemplo el caso sangrante de España donde la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (BOE núm. 178 de 27 de julio de 2006) establece en su artículo 25. 5 esto: «La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá autorizar temporalmente la distribución de medicamentos no autorizados en respuesta a la propagación, supuesta o confirmada, de un agente patógeno, químico, toxina o radiación nuclear capaz de causar daños. En estas circunstancias, si se hubiere recomendado o impuesto por la autoridad competente el uso de medicamentos en indicaciones no autorizadas o de medicamentos no autorizados, los titulares de la autorización y demás profesionales que intervengan en el proceso estarían exentos de responsabilidad civil o administrativa por todas las consecuencias derivadas de la utilización del medicamento salvo por los daños causados por productos defectuosos» (los subrayados y negritas son nuestros). Es decir, se dota de impunidad a las autoridades que estén dispuestas a tamaña aberración.

Posteriormente el Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales, deja en su artículo 19.1 poco margen a la duda: «La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá elaborar protocolos que establezcan las condiciones para la utilización de un medicamento no autorizado en España cuando se prevea su necesidad para una subpoblación significativa de pacientes». Dicho en román paladino: todos los ciudadanos españoles podrán ser convertidos en cobayas si las multinacionales aprietan suficientemente las tuercas a nuestros políticos.

Si a todo ello sumamos los numerosos programas de las corporaciones para financiar -y por tanto controlar- numerosas ONGs, los miles de agentes que el Servicio de Inteligencia de Epidemias de Estados Unidos tiene infiltrados en los medios de comunicación, los gobiernos y los organismos oficiales de medio mundo y el ya conocido y denunciado fenómeno de los sobornos a médicos no tendremos más remedio que aceptar que las multinacionales farmacéuticas realmente juegan con nosotros.

BURLANDO LEYES Y CÓDIGOS ÉTICOS

Además si todo eso falla es tan grande el poder que tienen y la impunidad con la que pueden actuar que aún les queda un último recurso: pisotear leyes, directivas y códigos a todos los niveles echando mano si es preciso del chantaje para bloquear las pocas querellas que se logran poner en marcha contra ellas.

Y si no siempre hay quien les ofrece salidas a cambio de dinero. En los años setenta por ejemplo el Gobierno estadounidense de la época decidió impedir la utilización de presos y enfermos mentales como sujetos de experimentación pero las grandes farmacéuticas no tardaron en encontrar resquicios legales en las normas para continuar haciéndolo. Y por si acaso volvieron también la mirada hacia los países en vías de desarrollo donde las condiciones legales y materiales son mucho más ventajosas.

Recientemente una comisión de investigación encargada por el presidente estadounidense Barak Obama para investigar las medidas de protección de los humanos en los ensayos clínicos llegó a conclusiones alarmantes: durante 2010 se habían realizado ¡50.000 ensayos clínicos! financiados por 18 departamentos o agencias federales y ninguno de ellos pudo aportar información sobre el número de personas involucradas o dar detalles del desarrollo de los experimentos; ni siquiera de los fondos empleados o del lugar en el que se realizaban. La comisión alertaría por ello de la imperiosa necesidad de exigir transparencia y control en estos casos y de implantar un mecanismo que permita acudir a los tribunales a las personas dañadas por la industria médico-farmacéutica sin que tengan que ser las víctimas las que deban iniciar la demanda dadas las dificultades que ello conlleva.

En la Unión Europea la legislación no autoriza la comercialización de medicamentos cuando existen pruebas de que en su proceso de experimentación no se han respetado las normas de la Declaración de Helsinki… ¡pero como a los controladores los controla -directa o indirectamente- la propia industria es a menudo papel mojado!

Cabe agregar que en octubre de 2008 se produjo un hecho vergonzoso: la FDA ya no exige a las multinacionales norteamericanas que los estudios que hagan fuera de Estados Unidos respeten la Declaración de Helsinki. Una forma de invitarlas a hacer los ensayos peligrosos en terceros países sin tener que respetar las mínimas normas exigibles.

¿Y en Europa? Pues según se explica en el documento Ensayos clínicos en países en desarrollo. Cómo proteger a las personas contra prácticas no éticas dos tercios de los estudios relevantes de las empresas europeas se hacen ya fuera de nuestro continente; en Asia, Iberoamérica, África, Rusia, Ucrania… En teoría respetando los códigos éticos aunque se asegura que en la práctica no es así.

Otra cuestión clave es la información pública sobre el desarrollo de los estudios. En 2006 la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió que las instituciones de investigación y las compañías farmacéuticas registraran todos los ensayos que supusieran experimentos con fármacos en humanos -incluyendo los que estaban en fases iniciales- en una plataforma denominada International Clinical Trials Registry Platform (Plataforma de registro internacional de ensayos clínicos). Bueno, pues como no es obligatorio –y lo mismo pasa en la base de datos pública de la Unión Europea, la EudraPharm– apenas hay datos sobre los estudios que se hacen; y en los que están recogidos no se incluye información sobre los criterios éticos.

Para colmo existen enormes y numerosos obstáculos a la hora de denunciar los daños provocados por los ensayos clínicos -incluso en los países con regulación- porque la carga de la prueba recae siempre sobre la persona afectada. Es decir, es la víctima la que tiene que reunir el dinero y las pruebas necesarias para iniciar una demanda contra cualquiera de los gigantes de la farmafia y sus poderosos gabinetes de abogados. Y eso sin contar la enorme presión que representa iniciar una batalla de esas características –costosas y largas en el tiempo- cuando a ello se une el temor psicológico –normalmente injustificado- de que ello implica «perder la oportunidad de tan novedoso tratamiento».

LA INDIA, UN LUGAR «PRIVILEGIADO”

Como el lector supondrá uno de los países que en los últimos años se ha convertido en un gigantesco laboratorio humano es la India, lugar que reúne una serie de condiciones ideales para las farmacéuticas: buena infraestructura para la investigación, menores costes, abundante personal médico y población muy pobre dispuesta a aceptar ser carne de laboratorio. Ya en 2005 un informe de Naciones Unidas indicaba que allí los laboratorios podían reducir entre un 20% y un 30% sus costes. Por ejemplo, en un ensayo en el que se necesitaban 750 pacientes voluntarios una firma de ensayos clínicos de Bombay encontró 650 en cinco hospitales en apenas 18 meses mientras que para los otros cien, reclutados en Europa, necesitó el doble de tiempo y recorrer 22 hospitales. Y es que allí no se respeta a los enfermos; de hecho la mayoría de los que aceptan hacer de cobayas no saben realmente dónde se meten -no se les informa adecuadamente- y es habitual utilizar todo tipo de estratagemas para conseguir sus firmas. Con una técnica muy simple: los grandes laboratorios contratan empresas no sometidas a controles éticos para así poder “lavarse las manos”. Una acción muy ética.

Además los médicos hindúes están realmente abiertos a “colaborar” porque les dan ¡hasta 4.000 dólares por paciente reclutado! ¡Y para qué hablar del descontrol oficial sobre tales procesos de autorización! Es más, para burlar las normas de la FDA las compañías farmacéuticas estadounidenses subcontratan el 75% de las pruebas de control y de seguridad ¡a empresas financiadas por ellas mismas! Así lo señala al menos un informe de Bloomberg –una poderosa agencia de software y noticias similar a Reuters cuyo fundador es el actual Alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg– en el que además se denuncia que el sistema de regulación es tan «poroso» que personal clínico con credenciales falsas ha estado efectuando pruebas en humanos durante años y, en algunos casos, como el de la Fabre Research Clinic de Houston (Texas, EEUU), durante décadas.

COBAYAS POBRES Y RICOS

En suma, en numerosos casos estamos ante situaciones explícitas en las que la utilización de humanos como cobayas pasando por encima de todo tipo de código ético es evidente. Casos en los que las poderosas multinacionales farmacéuticas utilizan su enorme capacidad económica y su falta de escrúpulos para salir de los apuros airosamente. A menudo desplegando un velo mediático a fin de que cualquier escándalo se difumine, oculte o contrarreste rápidamente; por ejemplo dando «noticias» sobre «nuevos avances». Lo que haga falta para poder continuar con sus suculentos negocios.

Un ejemplo de estas prácticas salió recientemente a la luz pública merced a la denuncia de Juan Walterspiel, médico despedido por la mayor multinacional farmacéutica estadounidense: Pfizer. Según éste en abril de 2009 Pfizer intentó evitar los tribunales cuando en un ensayo llevado a cabo en 1996 en Kano -al norte de Nigeria- su antibiótico Trovan provocó la muerte de once niños enfermando varias decenas más que quedaron con graves secuelas. ¿Cómo? Contratando detectives que investigaran al Fiscal General de Nigeria, Michael Aondoaka, y publicando luego casos de corrupción en los que afirmaba estaba éste involucrado. Según el denunciante Pfizer lograría así que se retirase la demanda y solo tuviese que pagar como indemnización 75 millones de dólares de los que 10 fueron para abonar «los costes legales», 30 fueron para el Gobierno del estado de Kano y los otros 35 se repartieron entre las familias de los fallecidos y afectados. Tras lo cual Pfizer se permitió la chulería de mostrarse públicamente preocupada por la transparencia en la gestión del dinero entregado.

Terminamos indicando que es verdad que este tipo de violaciones de los más elementales derechos humanos se da sobre todo en los países pobres en los que hay miseria generalizada y pululan todo tipo de gobiernos y funcionarios corruptos pero eso no nos libra a los demás: en casi todos los países occidentales se están hoy probando fármacos sin que se explique adecuadamente a quienes aceptan someterse a ellos los riesgos que realmente corren y, sobre todo, lo que se espera de su “colaboración”. Porque a veces ésta consiste en aceptar formar parte de un «novedoso protocolo experimental» sin entender que eso implica que le puede tocar estar en el grupo que recibirá un placebo y por tanto se le dejará morir para poder comparar el efecto que el fármaco o terapia a testar produce en el otro grupo.

No olvidemos por otra parte que hoy día somos todos conejillos de indias involuntarios porque se están probando en nosotros -sin permiso y sin nuestro consentimiento informado- todo tipo de sustancias químicas tóxicas -en los alimentos, la ropa personal y de casa, los productos de higiene y limpieza, las pinturas, los muebles, los plásticos, etc.- y multitud de dispositivos que emiten radiaciones electromagnéticas patógenas: cables de alta tensión, Wi-Fi, antenas, móviles, inalámbricos, radares…
Sea consciente de ello.
Jesús García Blanca

 

Este reportaje aparece en
157
Febrero 2013
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