La gran mayoría de los tratamientos médicos no son eficaces

La autodenominada “Medicina Científica” -es decir, la Medicina convencional alopática, ortodoxa o farmacológica no es una “disciplina científica” sino un cuerpo de conocimientos teórico-prácticos sobre salud que ha dado lugar a numerosos protocolos médicos presuntamente adoptados por consenso pero que en realidad impusieron en las últimas décadas los laboratorios farmacéuticos merced a su poder e influencia en las agencias sanitarias -internacionales y nacionales- así como en los ministerios de Sanidad y Educación, organizaciones profesionales, asociaciones “científicas” y centros académicos. Y se caracteriza por afirmar que no existen enfermedades sino enfermos a pesar de lo cual tienen catalogadas miles -más de 7.000 consideradas “raras”- cuya causa o etiología asegura desconocer por lo que ante la imposibilidad de prevenirlas y curarlas se limita a “tratarlas” con fármacos paliativos y sintomáticos. Y es que la gran mayoría de los tratamientos médicos no son terapéuticamente eficaces. Lo constató hace unos años el British Medical Journal tras poner en marcha un proyecto en continua actualización bautizado como Clinical Evidence según el cual de los casi 2.500 tratamientos analizados sólo el 13% son claramente beneficiosos, el 23% pueden ser algo beneficiosos, el 8% están entre beneficiosos y dañinos, el 6% es poco probable que sean beneficiosos, el 4% pueden ser ineficaces y/o dañinos y del 46% restante ¡no se sabe nada! Es decir, que la supuesta eficacia del 87% de los tratamientos médicos no está constatada. Algo que saben bien los enfermos y los propios médicos. Es pues esperpéntico que la Organización Médica Colegial (OMC) haya decidido constituir lo que han denominado Observatorio OMC contra las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias alegando que quienes acuden a otras formas de afrontar los problemas de salud se ven privados de tratamientos realmente eficaces y ello pone en riesgo su salud. Una iniciativa que decidió apoyar el grupo parlamentario de Ciudadanos al presentar su Vicesecretario General y Portavoz Adjunto en el Congreso de los Diputados José Manuel Villegas -el pasado 14 de febrero- una Proposición no de Ley en la que alegando la necesidad de proteger a los enfermos de las “pseudociencias” propone ¡que los médicos denuncien a aquellos compañeros -y otros profesionales- que ejerzan toda práctica de salud no bendecida por la industria farmacéutica y los organismos que ésta controla en el mundo! Propuesta inaudita propia de los regímenes no democráticos que pretende imponer no ya a los ciudadanos sino a los propios médicos qué es “científico” en su ámbito y qué no y contribuyan a una intolerable caza de brujas de los que no asuman las verdades oficiales establecidas. ¡Y eso lo propone un partido que se autodenomina liberal! Lo cierto sin embargo es que las principales terapias complementarias o alternativas tienen tras de sí una ingente cantidad de artículos científicos publicados en todo tipo de soportes por toda clase de instituciones e investigadores. Miente pues quien dice generalizando que no la tienen. En cuanto a la argumentación de que el principal peligro está en el abandono por los enfermos de los tratamientos convencionales mueve a risa cuando solo un 13% de los 2.500 que se usan han demostrado ser eficaces según el ya citado grupo de referencia británico. Como risible es que entre las disciplinas que según los miembros de ese observatorio deben considerarse pseudociencias, pseudoterapias o propias de sectas sanitarias no esté la Medicina convencional ante tales datos y sí se incluya entre ellas métodos y terapias avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) -léase el extenso documento Estrategia de la OMS sobre Medicina Tradicional 2002–2005, el Consejo de Europa -en su Resolución 1.206 del año 1999 y el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO que en septiembre de 2012 instó a todos los gobiernos del mundo a garantizar el acceso de los ciudadanos a los tratamientos alternativos y a reconocerlos como “opción de la práctica médica”. Es más, si la Organización Médica Colegial (OMC) cree realmente que quienes las ejercen -médicos o no- ponen en riesgo la salud y la vida de las personas su obligación ética y legal es denunciarlo ante las autoridades y fuerzas de seguridad del estado; y si no lo han hecho quienes deberían ser procesados judicialmente son sus directivos, bien por permitirlo si fuera verdad, bien por poner en entredicho la honradez y profesionalidad de sus propios colegas.

José Antonio Campoy
Director