Estimado Sr. Campoy: supongo que están ustedes informados de la modificación que va a hacerse del Código de Deontología Médica cuyo borrador me atrevo a hacerles llegar por si no lo tuvieran dado el desasosiego que ha producido en mí mismo y en el de otros muchos compañeros. Y es que entre las grandilocuentes expresiones de compromiso con los que se adorna nuestro comportamiento ideal se encuentran en él algunas cuestiones que al menos a quien esto suscribe y a otros colegas nos tiene muy preocupados porque entendemos que lo que se pretende es «controlarnos» para que no podamos ejercer nuestra profesión con libertad. Así de simple. Eso sí, con la manida excusa de que el férreo control previsto redunda en nuestro propio beneficio, en la protección del enfermo, en el prestigio de la profesión y en una mejor calidad asistencial. Lo cierto sin embargo es que las comisiones de ética de los colegios médicos se han utilizado siempre para perseguir a quienes tienen -tenemos- la osadía de tener criterio propio y no nos plegamos a asumir sin rechistar las «verdades oficiales». Y para que se me entienda pongo varios ejemplos. Yo, al igual que muchos otros colegas, no me vacuno nunca y me he negado a vacunar a mis tres hijos. Ninguno ha recibido una sola vacuna y jamás han contraído las «enfermedades» que se supone podrían haber contraído por no hacerlo; y el menor tiene ya 24 años. Son personas sanas a los que hemos enseñado por norma a no tomar fármacos. Y digo «hemos» porque mi mujer es enfermera y tenemos la misma forma de pensar. Tampoco creo en la falacia de que el colesterol sea por sí mismo un factor de riesgo cardiaco y me niego a recetar estatinas a quienes tienen un nivel superior al considerado «razonable» o «sano». E igualmente estamos en contra de tratar a los enfermos de cáncer con quimio y radioterapia porque como ustedes mismos han explicado innumerables veces no sirve para nada; más de 110.000 muertos por cáncer al año en España mientras son así tratados es un argumento contundente. En fin, podría seguir con muchos ejemplos pero no lo creo necesario. Lo que sí me parece necesario -y me consta que algunas asociaciones de colegas han decidido intervenir directamente para intentar parar este sinsentido- es denunciar que la principal justificación del nuevo código deontológico es cercenar de raíz la libertad del médico para obligarle a aceptar las verdades y protocolos decididos por las grandes industrias sanitarias. Quieren convertirnos en meros funcionarios recetadores de fármacos tras imponernos una especie de pensamiento único. Y quieren hacerlo convenciendo a la población -y lo que es el colmo, ¡a nosotros mismos!- de que la Medicina es una «ciencia» porque se basa en el «método científico» y las demás formas de entender la enfermedad y recuperar la salud no lo son tachándolas de «pseudociencias» y «pseudoterapias». Me permito transcribir como constatación lo que dice el artículo 26 del borrador de código ético que les he hecho llegar. En su punto primero se afirma que «el método científico y la medicina basada en pruebas son el fundamento del conocimiento médico»; añadiéndose que «el médico, en su actuación profesional, debe emplear procedimientos y fármacos cuya eficacia se ha demostrado científicamente y no debe emplear ningún tipo de presión que proceda del paciente o de terceros». Por si quedara duda el punto 2 «aclara» que «las pseudociencias, las pseudoterapias, el intrusismo y las sectas sanitarias son contrarios a la Deontología Médica». Y en el tercero que «son contrarias a la Deontología Médica las prácticas inspiradas en el charlatanismo, las carentes de base científica y las que prometen a los enfermos la curación así como los procedimientos ilusorios o insuficientemente probados que se proponen como eficaces, la simulación de tratamientos médicos o quirúrgicos y el uso de productos de composición no conocida». Afirmaciones de una arrogancia infinita porque la Medicina convencional -y sé de lo que hablo porque llevo poco más de 35 años ejerciéndola- no se basa «en el método científico» como se arguye demagógicamente. Es más, la investigación clínica -tanto con humanos como con animales- es una auténtica tomadura de pelo que no resiste el más mínimo análisis serio. Y encima quieren asegurarse no solo de que no se ejercen disciplinas y terapias no «bendecidas» por ellos sino ¡hasta impedir que se hable de ellas! Lo que constituye un ataque a la libertad de expresión, información, opinión y pensamiento. Así lo expresa el punto cuatro del artículo 104 del borrador que dice que «son contrarias a la Deontología Médica las intervenciones carentes de fundamento científico o que consistan en charlatanismo». Y ya se sabe que para ellos carece de tal «fundamento científico» y es puro «charlatanismo» toda disciplina terapéutica que no pertenezca a la medicina convencional aunque la avale la propia Organización Mundial de la Salud (OMS). Es de auténtica chirigota. En fin, solo quería «desahogarme» y avisar a mis colegas porque o mucho me equivoco o va a empezar en nuestro país una auténtica «caza de brujas» que va a llevar a los tribunales a muchos sanitarios además de a otros profesionales de la salud. Y agregaré que -como ya habrá supuesto- yo ejerzo la Medicina naturista y además me he formado en Homeopatía, Medicina Tradicional China -en Pekín-, Nutrición Ortomolecular y Fitoterapia. Dicho lo cual finalizo dándole mis más sincera enhorabuena por la revista..
D. R.
(Valencia)
Le agradecemos sus reflexiones y atendemos la petición añadida de no publicar su nombre y apellidos para evitarle problemas con su colegio médico. En cuanto a lo que plantea somos muy conscientes de ello y de hecho venimos advirtiéndolo desde hace ya tiempo. Puede constatarse leyendo el extenso reportaje que con el título La ética médica en el banquillo: del juramento hipocrático a la Declaración de Ginebra publicamos en el nº 134 correspondiente a enero de 2011, hace pues ya ocho años. Texto en el que, entre otras muchas cosas, explicamos que el actual modelo médico dominante es incompatible con el respeto a los principios de la ética médica y apareció en el siglo XVIII cuando la Ciencia comenzó a sustituir a la Religión apareciendo una autoridad médica que puso en marcha rituales para curar enfermedades y adoptó como lugar de control y normalización el hospital en lugar de la iglesia. Modelo médico que si bien goza aún de credibilidad social y política ha fracasado a la hora de resolver las patologías crónicas y degenerativas haciendo que cada vez más personas acudan a disciplinas alternativas que es lo que desató la alarma de la industria farmacéutica. De hecho ya explicamos que el Servicio de Inteligencia Epidemiológica de los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos tiene miles de agentes de información y control infiltrados en instituciones estatales e internacionales, fundaciones privadas y medios de comunicación, que la FDA está en realidad al servicio de la gran industria farmacéutica y por eso desde hace años dificulta la comercialización de los productos biológicos, alimenticios, fitoterapéuticos u homeopáticos y que el actual modelo hegemónico niega a los enfermos la información imprescindible para tomar decisiones de forma adecuada, impone test sin garantías de fiabilidad, aprueba fármacos sin respetar los procedimientos de seguridad, presiona a personas aterrorizadas para que consuman fármacos tóxicos e incluso obliga a los padres a que envenenen a sus hijos bajo amenaza de retirarles la custodia. En definitiva, pisotea todos los códigos de ética médica. Es más, en el nº 192 -correspondiente a abril de 2016- publicamos otro reportaje titulado ¿Son los colegios oficiales medios de control de los médicos? en el que denunciamos -entre otras muchas cosas- que el Manual de Ética Médica que acababa de aprobar la Unidad de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial había sido financiado por una multinacional farmacéutica: Johnson & Johnson. Más claro, agua.
Sr. Director: el pasado 15 de enero la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenó en sentencia firme -no recurrible- el cese del jefe del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del madrileño Hospital Severo Ochoa de Leganés tras anular su nombramiento. Según consta en la sentencia -publicada por Acta Sanitaria- se habían presentado al puesto cuatro traumatólogos y la Comisión de Valoración asignó 82,95 puntos al candidato ahora cesado y 81,08 puntos al segundo candidato; es decir, una diferencia de 1,87 puntos sobre 100. Sin embargo la sentencia del TSJM concluye que durante el examen los evaluadores no cumplieron con «la exigencia de motivación y transparencia» que manda la ley puesto que no justificaron los criterios seguidos para otorgar una puntuación con una precisión de dos decimales. ¿Por qué una Comisión de Evaluación tiene problemas para justificar de forma detallada -como exige la ley- la puntuación de los candidatos? La respuesta es evidente. No lo hace porque no puede justificar la superioridad de “su” candidato cuando éste, sencillamente, es muy inferior en capacidad y méritos. En este caso, además, la comisión evaluadora recurrió a diversas estratagemas: una de ellas es tener en cuenta “criterios de evaluación no previstos en las bases de la convocatoria” -así lo señala la sentencia del TSJM– lo que transgrede la Ley de Procedimiento Administrativo Común y el Estatuto Básico del Empleado Público. Otra artimaña es la opacidad de las actas que comienza con la no designación de un secretario que tome nota de lo ocurrido a puerta cerrada o la elaboración de las actas meses ¡después del examen! Todas estas irregularidades ocurrieron en el caso del Severo Ochoa que ahora sentencia el TSJM. Por ello, el tribunal ordena a la Comisión de Selección que vuelva a evaluar a los candidatos y justifique detalladamente la puntuación que otorga basándose en un dictamen del Tribunal Supremo de 2014 «para comprobar que (…la Comisión de Valoración ha …) respetado los principios de mérito y capacidad, y que se ha adjudicado el puesto o los puestos con la finalidad de nombrar al mejor preparado». Lo grave es que no se trata de una irregularidad aislada sino de situaciones que acontecen con relativa frecuencia. De hecho hay varias sentencias judiciales anulando nombramientos por ilegalidades graves. Basta con revisar las de los últimos años para percatarse de que estos casos traducen una sustitución de los cargos técnicos de responsabilidad por amigachos y adláteres. Estas situaciones generan conflictos y tensiones dentro de nuestros hospitales llegando a huelgas en los propios servicios, como ocurrió en 2010 en el Servicio de Traumatología del Hospital Ramón y Cajal que finalizó con la dimisión del Jefe de Servicio. ¿Por qué una Comisión de Evaluación puede permitirse este comportamiento? La respuesta es también sencilla: porque en la gran mayoría de los casos los concursantes a estas pruebas selectivas desisten de iniciar un proceso judicial caro, lento y de resultado dudoso. Conseguir demostrar la injusticia que supone el hurto de una carrera profesional en un juzgado es complejo dado que las deliberaciones de las comisiones evaluadoras se realizan a puerta cerrada. En el caso del Hospital Severo Ochoa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó el cese basándose en los documentos aportados. Hay que ser descuidado para dejar por escrito unas actas que demuestran que se ha producido una desviación clamorosa en el cumplimiento de la ley. O eso… o saber que se es impune ante las infracciones. Hasta ahora estos temas parece que no importaban a la sociedad. Los medios de comunicación apenas recogen notas informativas cuando lo que está ocurriendo desde hace muchos años -y era por todos conocido y aceptado- es que existen nombramientos sangrantes por designio de un politicastro de segundo orden. Así se construye la estructura jerárquica de muchos de nuestros hospitales públicos. Sin embargo todo esto está cambiando y la tolerancia ante estos hechos, al límite del nepotismo, debe acabarse. La denuncia presentada y ganada -al igual que muchas otras denuncias previas- es un paso más para conseguir la limpieza en el acceso a la función pública. Señor director: lo que sí solicito es que no publique mi nombre porque antes o después puedo terminar teniendo que trabajar bajo el mandato de alguno de estos sujetos de moralidad dudosa y relajados en todo lo que es el respeto a la ley y al juego limpio. Muchas gracias por su tiempo. Atentamente
D.R.B.
(Madrid)
Le agradecemos su carta ya que lo que denuncia es preocupante. A fin de cuentas el funcionamiento de nuestros hospitales públicos depende de las personas que los dirigen y el jefe de un servicio es vital por lo que el puesto debe cubrirse siempre con transparencia y criterios de igualdad, méritos y capacidades.
Sr. Campoy: hace años que leo su revista y me parecen muy buenos sus consejos y reportajes por lo que les escribo para que me orienten. Tengo solo una hija que a sus 45 años quiere ser madre y ha decidido junto a su marido optar por la fecundación in vitro. Y debo confesar que tengo más miedo que ilusión por ser abuela ya que según he leído en este caso puede ser peligroso dada su edad tanto para ella como para el hijo. ¿Es así? ¿Qué opinan ustedes? No recuerdo haber leído nada sobre ello en la revista a pesar de que es un tema candente al retrasar hoy las mujeres cada vez más su maternidad. Se despide esperando su respuesta una madre con mucho miedo.
Pilar Rodríguez
Vic (Barcelona)
Sea la concepción natural o mediante fecundación in vitro los riesgos potenciales son los mismos y dependen básicamente de la buena o mala salud de la madre. Especialmente del estado de su corazón, hígado, páncreas, riñones y sistema digestivo. Si su hija está sana no debería haber problemas; si no lo está el riesgo es alto. Sobre todo si tiene disfunciones hormonales, tensión alta, exceso de glucosa y déficits nutricionales. Y, por supuesto, el riesgo más alto está en que consuma fármacos. En suma, si su estado de salud es bueno no hay problemas añadidos al embarazo de una mujer más joven; si no lo es, lo desaconsejamos.
