Estimado Sr. Campoy: Alberto Nájera, conocido miembro del Círculo Escéptico, movilizó el pasado mes de enero las redes sociales para que el Ayuntamiento de Barcelona retirara el documento que sobre los peligros de la tecnología 5G había elaborado y dado a conocer La Fábrica del Sol, equipamiento de educación ambiental de su Área de Ecología, Urbanismo y Movilidad municipal. Se trata de un escrito hecho en colaboración con la Dra. Mª Carmen Ruíz Martín, médico del CAP Indianes, experta en medicina ambiental formada en la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora del grupo de Patología Ambiental de la CAMFIC (Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitaria) que ante la presión ejercida el ayuntamiento optó por retirar. Es más, a continuación aparecieron agresivos artículos en El Mundo y 20 Minutos atacando tanto a la alcaldesa de Barcelona como a las personas electrosensibles. Como ustedes bien saben no es la primera vez que algo así sucede ya que para que la 5G no sea cuestionada se ha presionado de forma similar a otros ayuntamientos, a colegios de médicos y hasta a la Real Academia de Medicina. Todo ello orquestado por el Círculo Escéptico, asociación creada en 2005 que se supone defiende la “verdad científica” aunque sus campañas defienden frecuentemente los intereses de las farmacéuticas, las empresas de transgénicos, las fabricantes de aditivos alimentarios y las compañías de telecomunicaciones. Es más, entre sus miembros hay periodistas y «divulgadores científicos» en varios medios de comunicación que han conseguido crear un estado de opinión sesgado del que se hacen luego eco otros desinformados periodistas. El Círculo Escéptico suele citar al Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS) del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid como «valedor» de la inocuidad de las tecnologías inalámbricas pero hablamos de un comité creado el mismo año que el Círculo Escéptico -2005- que solo depende del citado colegio desde 2016; además quienes lo integran -el propio Alberto Nájera incluido- son personas vinculadas a compañías de telecomunicaciones con posibles conflictos de interés. De hecho el CCARS lo fundó Francisco Vargas, persona bajo cuya responsabilidad se establecieron los límites de emisión para las tecnologías inalámbricas en España que posteriormente trabajaría para la empresa privada financiada por compañías de telecomunicaciones Servicios de Asistencia Técnica e Instalaciones (SATI). Es más, es el responsable del apartado sobre electrosensibilidad del llamado Informe del CCARS sobre Radiofrecuencias y Salud 2013-2016 que se presentó ante el Ministerio de Industria con el aval de un Secretario de Estado del que se hicieron eco numerosos medios de comunicación sin saber las graves irregularidades que hay en él. Y es que Francisco Vargas llega al extremo de manipular en él los abstract de estudios científicos sobre electrosensibilidad cambiando completamente el sentido de sus conclusiones. Hablamos de alguien que ha salido habitualmente en los medios haciendo declaraciones para presionar y evitar las sentencias judiciales -que afortunadamente se han dictado ya- sobre la incapacidad laboral de personas afectadas por electrosensibilidad. Y es que es difícil alegar que las radiaciones no producen efectos negativos cuando cada vez más jueces así lo dictaminan en sus sentencias. Es pues inaudito que el señor Vargas sea la persona que asesore al Ministerio de Sanidad sobre las enfermedades de sensibilización central: fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y electrosensibilidad. Un documento del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) aparecido en 2018 reconoce que en España alegan padecer este tipo de enfermedades en torno a 1.500.000 de personas de las que el 90% son mujeres. Y lo que se insinúa en él para evitar reconocer el efecto real de las radiaciones es que todas ellas sufren ¡algún «trastorno psiquiátrico»! El propio Defensor del Pueblo, conocedor del problema, lleva desde 2014 pidiendo de forma reiterada a los distintos gobiernos que se han formado que se cree de una vez el Comité Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud previsto por las leyes ¡sin éxito! ¿Por qué? Pues porque no interesa que se sepa la verdad y por eso lleva asumiéndolas desde hace seis años el ya citado CCARS. Hay un informe de 17 páginas del Defensor del Pueblo en el que se denuncia que el llamado Plan Nacional 5G no pasó el preceptivo informe ambiental estratégico que exige la ley, no se publicó en el BOE y no se completó la información pública. No se ha hecho siquiera un seguimiento de sus efectos en la salud y no se ha aplicado el Principio de Precaución. Es todo tan surrealista que se ha hecho caso omiso de las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de prestar especial atención a las personas electrosensibles, lo que implica el reconocimiento tácito de su existencia. En suma, es tal la corrupción que hay detrás de todo esto que parece mentira que un problema social tan grave no preocupe a los medios de comunicación a los que solo parece interesarles si el World Congress Mobile termina celebrándose en Madrid y abandona Barcelona. La tecnología debería estar sometida al estado de derecho.
Vicente G. A.
Le agradecemos sinceramente su carta y como coincidimos plenamente con sus apreciaciones entendemos que no procede añadir nada por nuestra parte. Como bien sabe llevamos multitud de noticias y artículos publicados sobre el peligro de las radiofrecuencias sin que las autoridades hagan el más mínimo caso.
Sr. Director: el pasado 3 de febrero la revista digital Redacción Médica publicó de forma amplia un comentario personal que tituló así: Ante el coronavirus China monta hospitales, no megacentros de acupuntura firmado según dice el propio medio por «el popular científico J. M. Mulet«. Supongo que lo de «popular» se deberá a dos de sus bodrios editoriales –Los productos naturales ¡vaya timo! y Transgénicos sin miedo- cuyos títulos hablan por sí mismos y denotan su inconcebible ignorancia, algo que explica la soberbia con la que se suele expresar. El caso es que en su comentario -que no noticia- el tal Mulet -que es biólogo y no médico- pretende mofarse de quienes ejercen la Medicina Tradicional China alegando que el Gobierno comunista del gigante asiático decidió recurrir a la medicina convencional farmacológica y no a la milenaria Acupuntura para afrontar la crisis creada por el nuevo coronavirus. Lo que demuestra que ni siquiera sabe en qué consiste ya que confunde la disciplina con una de sus múltiples técnicas terapéuticas algunas de las cuales -no todas- tienen como objetivo activar el flujo de los chacras nadis y meridianos que energetizan todo el organismo mediante los llamados puntos de acupuntura cuya existencia puede constatarse con una simple máquina «buscapuntos» que los detecta midiendo en la piel las diferencias de potencial. Solo que no se limita a eso porque se trata de una disciplina que trata al enfermo de forma integral con varios métodos o técnicas terapéuticas: la dieta, el ejercicio, la desintoxicación, una correcta respiración, el descanso adecuado, la Fitoterapia, el tratamiento ortomolecular -aunque no se llame así procura que el organismo tenga todos los nutrientes que necesita (proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales, enzimas, hormonas, oligoelementos etc.)-, la ya citada Acupuntura -que incluye la Digitopuntura, la Auriculoterapia y la Craneopuntura-, la Meditación, la Moxibustión y otras. Creer pues que los médicos tradicionales chinos usan solo la Acupuntura es de una ignorancia supina. En todo caso el objeto principal de mi carta es que sus lectores sepan que el Sr. Mulet -miembro por cierto de la conocida secta de los «escépticos a los que ustedes ya han desenmascarado en varias ocasiones- mintió una vez más. El Gobierno chino mandó 125 expertos en Medicina Tradicional China a Wuhan. Cuarenta desde Pekín y 60 desde Guangdong. Es pues lamentable la actitud del tal Mulet y de esa revista, conocida defensora de los intereses de las grandes multinacionales sanitarias. Sin otro particular,
Dr. Jose Luis Gómez
(Madrid)
Tiene usted razón y hemos denunciado amplia y públicamente su comportamiento pero les da igual porque están apoyados por grandes grupos económicos.
