Enrique Sánchez de León: “La Agencia del Medicamento tiene comportamientos excesivos”

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Enrique Sánchez de León, abogado y ministro de Sanidad con UCD, se ha convertido en referencia de las numerosas personas y empresas que en los últimos años han sufrido las decisiones de la Agencia Española del Medicamento que dirige Fernando García Alonso, cuyos “comportamientos excesivos” –según el siempre exquisito y correcto lenguaje que emplea este experto en Derecho Sanitario- analizamos con él en una amplia entrevista.

Enrique Sánchez de León, el abogado que lleva la defensa tanto de Rafael Chacón y de Chacón Farmacéutica –empresa responsable de la fabricación y comercialización del Bio-Bac– como de Fermín Moriano– uno de los médicos falsamente imputados- y de varios de los consumidores del producto, posee una amplísima y extensa experiencia profesional y política.

Perteneciente al cuerpo de Inspectores Técnicos de Trabajo, fue Jefe de Inspección de Trabajo en Navarra y Delegado de Trabajo en Orense, Málaga y Guipúzcoa antes de ser nombrado Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo. Desde entonces, su carrera en la política le llevaría a los cargos de Director General de la Seguridad Social en el Ministerio  de Trabajo, Director General de Política Interior en el Ministerio de la Gobernación y Ministro de Sanidad y Seguridad Social. Diputado por Badajoz en tres Legislaturas, fue también presidente de la Comisión de Política Social y Empleo en el  Congreso de los Diputados.

Su actividad en el ámbito empresarial no ha sido menos importante: presidente de Campsa, de Editora Nacional, de Altamira y de Climsa fue también consejero de Ensidesa, Bazán, Metra Seis, EOSA, Grupo Alas y Pilaster además de Secretario General de Bankunión.

Actualmente, además de  dedicarse al ejercicio de la abogacía –está especializado en temas de asesoramiento empresarial y en Derecho Sanitario- es presidente de Ofisalud y Defensor del Asegurado de Sanitas así como patrono de la Fundación Adecco para la integración laboral y vicepresidente del Jurado de la Asociación de Autocontrol de la Publicidad.

Una experiencia vital que, evidentemente, lo convierte en interlocutor idóneo para plantearle cuestiones de clara actualidad en el ámbito de la Salud, un sector que tan bien conoce. Y eso hicimos. Entrando de manera directa y a fondo en la charla como es nuestro estilo.

-Que las actuaciones de los actuales responsables del Ministerio de Sanidad y Consumo no están siendo precisamente muy correctas, especialmente en los últimos tiempos, parecen demostrarlo la cantidad de recursos, denuncias y querellas con las que hoy se enfrentan tanto el ministerio como diversos funcionarios del mismo, especialmente en la Agencia Española del Medicamento. ¿Qué opinión tiene sobre ello?

-Efectivamente, eso que Vd. indica está sucediendo. La Agencia Española del Medicamento está teniendo comportamientos excesivos. En esta última semana he recibido en el bufete a los directivos de un laboratorio de productos dietéticos al que se le han inmovilizado todos sus productos y a una farmacéutica a la que se la acusa de pertenecer a una trama de médicos y farmacéuticos para comercializar un producto clandestino. Acuden juntos a estos establecimientos sanitarios inspectores de Sanidad, miembros de la Guardia Civil y funcionarios de Juzgado, y registran, sin conocimiento de causa y con contradicciones verbales entre ellos mismos. Como letrado, me parece todo excesivo por razones estrictamente jurídicas. Explicarlas aquí sería largo y prolijo.

-Usted es el letrado de varias de las empresas afectadas por la retirada de productos dietéticos ordenada por la Agencia Española del Medicamento. ¿Cómo valora globalmente lo que está sucediendo? ¿Cómo se entiende que algunas empresas afectadas por la decisión del Ministerio hayan tenido incluso que cerrar ya ante una medida tan discutible o estén a punto de hacerlo? ¿No se ha actuado con una ligereza injustificable?

-Por esquematizar la situación, le diría dos cosas: Una, la Ley del Medicamento está por desarrollar en muchos de sus ámbitos objetivos y en alguno de ellos se ha producido un vacío legal, contradictorio con la evolución del mercado europeo respecto a los productos que comercializa; y dos, las autoridades sanitarias interpretan, en su consideración personal, el “principio de precaución” de forma excesiva. La conjugación de estos dos aspectos de la cuestión, exclusivamente jurídicos, podría enhebrarse con un sentimiento, o actitud, de prepotencia funcionarial. Aunque ello incluye una valoración que yo sólo formulo desde las consecuencias de sus actos administrativos. Por otra parte, no me resulta embarazoso constatar el “realismo” de algunos perjudicados que, cuando les dicen “Y ahora, Vd. puede reclamar al juez, o vaya al abogado”, han de decidir enfrentarse con unos funcionarios con los que tienen que tratar otros asuntos. La mezcla de todo ello produce, sin duda alguna, disfunciones jurídicas reprobables.

-Son muchas –cada vez más- las voces que denuncian la actuación de los actuales responsables de la Agencia Española del Medicamento. ¿Cree que hay suficientes elementos de juicio para abrir una investigación e, incluso, presentar una denuncia o querella contra ellos como muchas personas defienden?

-No me corresponde un juicio personal público sobre este tema. Por supuesto que lo tengo, pero a disposición de mi condición de abogado. Lo que sí he hecho, evidentemente sin éxito, es solicitar atención, entendimiento y diálogo, estrictamente en el plano técnico, y también en el humano. Creo que lo que está ocurriendo es un problema abordable, unas veces desde el puro acuerdo entre Administración y administrados, y otro desde la consideración humana de los problemas que un sector tan sensible como el de la salud conlleva cada día.

-Abundando en mi pregunta anterior, ¿no cree que sería necesario establecer alguna comisión independiente que se encargue de controlar la rectitud de las decisiones que en una materia tan sensible e importante cono es la salud se toman hoy en los ministerios de Sanidad de todo el mundo? ¿E, incluso, que deberían controlarse de oficio los patrimonios de las personas que asumen determinados cargos asumiendo de antemano que estos deberían aceptarlo gustosa y voluntariamente?

-Lo de la comisión independiente no lo veo si no es en un marco más global y extensivo. El problema sería cómo se garantiza la independencia de sus componentes. Otro Informe Abril en las circunstancias en que aquél se produjo no sería lo mejor a pesar de su utilidad. En cuanto a lo de los funcionarios, quiero indicarle que yo les tengo, y lo he demostrado mil veces, un profundo respeto. El funcionario tiene unas normas de actuación que le constriñen y a ellas deben atenerse. Otra cosa es el “ambiente” o la actitud con que crean deben comportarse. Para moldear esto sólo existe una receta: deben ser “inspirados” por la dirección “política”. Si el funcionario no es ético de por sí, excepcionalmente, o se siente “presionado” por sus superiores, pueden producirse casos denunciables.

-Se acusa a actual Ministra de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, de estar demasiado ocupada acudiendo a actos donde “hacerse la foto” como para enterarse siquiera de lo que pasa en su ministerio. Usted, que ha sido ministro de ese mismo departamento, ¿entiende que Sanidad esté hoy en manos de “los técnicos” y sean estos los que hagan y deshagan teniendo en cuenta las presiones a que están sometidos por parte de los grupos de poder que hoy controlan lo que algunos llaman ya el “negocio de la enfermedad”?

-Yo sólo le respondo en el ámbito jurídico. Estoy ajeno a toda valoración política y personal. Por tanto, permítame no responderle en el contexto de esta entrevista.

-El gasto farmacéutico aumenta cada año sin cesar en España y en el mundo sin que la salud de los ciudadanos mejore en general por ello a pesar de las declaraciones propagandísticas e interesadas en ese sentido: más bien parece ocurrir lo contrario. Como ex Ministro de Sanidad y, por tanto, persona con criterio formado, ¿no piensa que se está abusando actualmente de la prescripción de fármacos sintomáticos? A fin de cuentas, todos sabemos que la mayor parte de las medicinas no cura ninguna de las enfermedades para las que se prescriben…

-Su afirmación sobre el crecimiento del gasto farmacéutico se constata cada día, aquí y en otros países comunitarios. El problema principal es la forma de combatirlo. Y en ese orden de cosas, mi opinión es que los prejuicios, las urgencias y los recursos a lo más fácil impiden un acercamiento real a la solución de un problema que afecta a todos -a todos sin exclusión- los segmentos de la vialidad del medicamento. Y el problema accesorio, pero no menos importante, es cómo se carga financiación y metodología operativa a cada sector. Los fracasos de la política sanitaria en ese orden de cosas son tan evidentes como claras son las razones de los mismos.

-Muchas personas aseveran que hoy las decisiones de la inmensa mayoría de los ministerios de Sanidad del mundo occidental siguen básicamente las directrices de las multinacionales farmacéuticas y atienden ante todo sus intereses. ¿Cuál es su opinión?

-Hay también muchas personas que creemos que eso no es así. Lo cual no excluye la demostración de su aserto en casos concretos. El problema es de “concepción” de la política farmacéutica, que siempre debe ser secuencial a unos “principios” de atención al derecho a la salud, que no parece tan claro a la hora de instrumentarlo.

-¿Cómo valora que en pleno siglo XXI el Ministerio de Sanidad siga a estas alturas sin regular las llamadas medicinas complementarias o alternativas? ¿No resulta ridículo que la validez científica o terapéutica de disciplinas que se estudian hoy incluso en universidades de los países más desarrollados del mundo sean aún puestas en entredicho en nuestro país?

-Ahí hay una vieja polémica en los “principios” que antes le señalaba. ¿Más seguridad o más eficacia? ¿Y cómo se pondera una y otra? Cada sistema debe matizar, pronunciarse sin prejuicios. Para mí hay dos cosas claras: una, que el empirismo debe ser considerado y cuidar mucho que no se refugie en el mismo ningún fraude, ningún timo; y otra, que el cientifismo no se engríe, es decir, no se muestre ni dogmático ni insensible. He tenido oportunidad de decir hace poco que la ciencia ni es siempre verdad, ni a ésta, a veces, la condiciona aquélla. En el equilibrio está el hombre y lo que le rodea. Y, sobre todo, el paciente.

-¿Qué opina del hecho de que en el sistema sanitario español sólo se cubran con cargo a los presupuestos del Estado las terapias de la Medicina alopática, convencional o farmacológica y no las demás maneras de afrontar los problemas de salud a pesar de que la validez y eficacia de muchas de ellas están reconocidas hasta por la Organización Mundial de la Salud (OMS)? ¿Cómo se explica que el Estado no permita hoy a un ciudadano decidir si prefiere acudir a un homeópata, a un osteópata, a un acupuntor, a un quiropráctico o a un naturista -por poner sólo algunos ejemplos- en lugar de a un médico convencional o alópata?

-Me remito a la respuesta anterior, con un añadido. En la filosofía moderna, en la sociología postmoderna y en los desarrollos constitucionalistas del derecho a la salud, cada vez se entroniza más la autonomía en la decisión del paciente. Es un “principio” de los que les decía antes. Las autoridades sanitarias no “conceden” el derecho a la protección de la salud, sólo lo instrumentan. Y en esa instrumentación, como le digo, cada vez más, hay que respetar la libertad y la dignidad del paciente, es decir, su autonomía.

-Usted representa legalmente a D. Rafael Chacón y a Chacón Farmacéutica en el llamado “caso Bio-Bac”. ¿Cómo podría resumirnos sus impresiones de lo que está pasando con este producto?

-No sería sincero con Vd. si no le manifestase que, en este caso concreto, me producen rubor e indignación algunas de las actitudes que contemplo. Yo, como letrado, no tengo obligación de demostrar que Bio-Bac es seguro y eficaz. Sí la tengo en el orden de que se garantice que los pronunciamientos al efecto se ajusten a Derecho y a humanidad. En el orden jurídico está todo, o casi todo, por hacer. Y es inquietante oír que eso tienen que arreglarlo los “técnicos” o los “jueces”. Es, sencillamente, inadmisible. Y en el orden humano es simplemente descalificante cómo se trata a los pacientes. No puedo entenderlo. Como datos últimos sí puedo indicarle que, a falta de un diálogo sereno, no prejuiciado y que aborde el conjunto de problemas en cuestión, “los jueces” están haciendo, dentro de lo que pueden, su función. Concretamente, han admitido nuestra petición de diligencias de pruebas solicitando un análisis contradictorio, lo que ha sido encargado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que la Agencia Española del Medicamento se pronuncie sobre la virtualidad de los ensayos preclínicos y clínicos que existen y han estudiado… mientras alguien negaba hasta su realidad. ¿Qué ocurre, pues? Pues que mientras las autoridades sanitarias, en su conjunto, quieren mirar para otro lado, las posturas se radicalizan y muchos interesados quieren ir a cualquier parte por la tremenda. Este asunto, sin duda, ya lo verá, puede llegar a tener consecuencias de todo tipo. Por insensibilidad y por torpeza.

José Antonio Campoy
 

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Abril 2003
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