Desidia de las autoridades ante el grave problema de las radiaciones electromagnéticas (y IV)

Publicado gran parte del extenso y documentado informe que la World Association for Cancer Research (WACR) envió hace casi un año a numerosos cargos públicos damos finalmente a conocer las reacciones de los mismos al escrito. Bueno, las de quienes respondieron porque algunos ni siquiera tuvieron la educación de acusar recibo. Y es que a pesar de la contundencia de lo expuesto en él la mayoría ha preferido quitarse del medio, en ocasiones con argumentos tan peregrinos que son un insulto a la inteligencia cuando no meras falsedades. Otros prefirieron utilizar los clásicos mecanismos de la Administración para que el asunto jamás se resuelva. Y la mayoría, simplemente, apostó por decir que a ellos no les corresponde decidir en ese ámbito y por tanto enviaban el informe –o sugerían que lo hiciera la WACR- a terceras instancias.

El documentado informe que la World Association for Cancer Research (Asociación Mundial para la Investigación del Cáncer) envió en julio de 2012 a las principales autoridades españolas en el que se denunciaba de forma tan rigurosa como contundente el peligro que supone en la actualidad la brutal contaminación electromagnética que sufrimos todos ha sido en la práctica ignorado por todas ellas.

A pesar de que en él se denunciaba –entre otras cosas- que se está irradiando irresponsablemente a los niños en las guarderías, jardines de infancia, colegios, institutos y centros de ocio infantil así como en parques, plazas públicas y hasta en sus propias casas debido a la ignorancia en la que se ha sumido a padres, profesores, médicos y representantes sociales “fruto de una manipulación informativa nauseabunda” que la WACR calificó de intolerable. Es más, la WACR denunció el hecho de que numerosos jueces y magistrados hayan dado la razón a las compañías eléctricas cuando algunos ciudadanos denunciaron en los tribunales daños en su salud causados por campos electromagnéticos –los producidos por los centros de transformación, las subestaciones eléctricas o las líneas de alta tensión- alegando que sus emisiones cumplían lo establecido en el Reglamento que establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico -es decir, el que regula las ondas electromagnéticas emitidas por estaciones radioeléctricas, de radiocomunicación o radioastronomía- cuando éstas no tienen nada que ver con los campos electromagnéticos. La WACR, muy dura a ese respecto, afirmaría en su informe que se trata de “un desatino jurídico de tal envergadura que exige pedir explicaciones a los jueces y magistrados que emitieron tales sentencias y proceder a declararlas nulas con todas sus consecuencias” porque va siendo hora de que se entienda que un “campo” electromagnético –cerrado en sí mismo y limitado a un espacio concreto- no es comparable a una “radiación” electromagnética que se emite a largas distancias y disminuye con la distancia. Recordando por otra parte que los límites vigentes en España sobre las radiaciones electromagnéticas emitidas por las antenas y aparatos de telefonía, los radares, el Wi-Fi, el Wimax, el WLAN, el bluetooth y otros muchos dispositivos están obsoletas como vienen denunciando numerosos organismos internacionales desde hace años. Agregando que la potencial peligrosidad tanto de los campos electromagnéticos como de las radiaciones electromagnéticas está hoy científicamente constatada y así lo reconocen ya la International Agency for Research on Cancer (IARC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), entidades para las cuales tanto unas como otras constituyen un POSIBLE FACTOR CANCERÍGENOy de ahí que hayan pedido recientemente –en el 2011- a las autoridades de todos los estados que tomen “medidas para reducir los niveles” que se consideraban “seguros” y –según afirman ambos organismos- siguen aún vigentes a pesar de estar claramente obsoletos”. Es más, la propia Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa -organismo al que pertenece España- aprobó en mayo de 2011 una resolución en la que se pide a todos los gobiernos europeos la adopción de “medidas razonables” para “reducir los niveles de exposición a las radiaciones electromagnéticas actualmente en vigor” y la aplicación del Principio de Precaución (lea el lector en nuestra web –www.dsalud.com– lo ya explicado al respecto en los tres textos anteriores que publicamos precediendo a éste).

Un denso escrito de 32 páginas -a un solo espacio- que se envió entre otras personalidades al Rey, al Príncipe, al Presidente del Gobierno, a los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, a los presidentes del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al Presidente del Consejo General del Poder Judicial, al Fiscal General del Estado, al Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, al Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, a los ministros de Presidencia del Gobierno, Justicia, Industria, Energía y Turismo, Fomento, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a los presidentes en el Congreso de los Diputados de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, Sanidad y Asuntos Sociales, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a los directores generales de la Guardia Civil y la Policía (vea en el recuadro adjunto todos los nombres y cargos). Y, posteriormente, a los representantes de los partidos políticos en el Parlamento catalán así como al Alcalde de Majadahonda por ser esta localidad sede de la WACR y una de las poblaciones electromagnéticamente más contaminadas del mundo como esta revista viene denunciando desde hace años.

EL DESPRECIO DEL SILENCIO

Pues bien, de los altos cargos mencionados ni siquiera consideraron oportuno acusar recibo del informe la Ministra de Presidencia del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, el Ministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria López, el Ministro de Agricultura. Alimentación y Medio Ambiente Miguel Arias Cañete, los diputados Pablo Matos Mascareño -Presidente de la Comisión de Industria, Energía y Turismo-, Mario Mingo Zapatero -Presidente de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales del Congreso- y José Ignacio Llorens Torres -Presidente de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente– como tampoco lo hicieron el Director General de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa, el Director General de la Policía Ignacio Cosidó Gutiérrez y el Director Adjunto de la Policía Eugenio Pino Sánchez, los portavoces de los partidos políticos en el Parlamento catalán y el Alcalde de Majadahonda Narciso de Foxá. Del silencio de este último no tenemos nada que decir porque jamás responde a las cartas que recibe –y se le han enviado otras sobre diversos temas a lo largo de los años cuyas copias selladas se conservan- salvo que haya elecciones en breve tiempo y necesite prometer lo que sea menester. Lo que no se explica es que los directores generales de la Policía y de la Guardia Civil hayan optado por no darse por enterados –al menos aparentemente porque ni se han molestado en enviar un simple acuse de recibo ni la WACR ha recibido notificación alguna de que estén haciendo averiguaciones o gestiones- cuando el informe asegura que parte de lo explicado en él es claramente delictivo. ¿Tendrá algo que ver el hecho de que los dos principales representantes de nuestras fuerzas de seguridad hayan accedido a ese cargo por mera designación política? En cuanto a los presidentes de las comisiones del Congreso de los Diputados que a juicio de la WACR debían pronunciarse sobre lo denunciado no se ha sabido tampoco nada. Y vamos a abstenernos de opinar sobre las posibles razones para no tener que especular sobre los intereses que puedan estar protegiendo. A fin de cuentas es sabido que en las compañías eléctricas y de telefonía hay muchos políticos cobrando grandes sueldos y no precisamente por sus conocimientos en la materia.

En cuanto al hecho de que los ministros de Presidencia, Industria, Energía y Turismo, y Agricultura. Alimentación y Medio Ambiente ni siquiera se hayan molestado en responder juzgue el lector. Nosotros vamos a abstenernos de hacerlo porque hay comportamientos que definen por sí mismos a quienes los tienen.

RESPUESTAS DE NUESTROS REPRESENTANTES ESTATALES Y GUBERNAMENTALES

Por lo que se refiere al Rey y al Príncipe se encargaría de acusar recibo del escrito José Luis Verdú Carrasco –Jefe Adjunto de la Secretaría de Despacho del Gabinete de Planificación y Coordinación de la Casa de S. M El Rey- con tan breve y escueto texto emitido el 2 de julio de 2012: “Me complace informarle que las cartas y documentación que dirigió a S.M. el Rey y a S.A.R. el Príncipe de Asturias el pasado 28 de junio han tenido entrada en esta Casa con fecha 4 de junio. Atentamente…” Un año después ni una sola línea más. Se trata en suma de un simple trámite indicando a la WACR que ha llegado el informe… lo que no implica en modo alguno que el documento haya llegado al rey o al Príncipe y éstos los hayan leído; de hecho la inmensa mayoría de los escritos dirigidos a ambos no llegan jamás a sus manos porque son convenientemente filtrados.

De comunicar la recepción del informe enviado al Presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, se ocuparía Marina Ferreira González, Jefa del Departamento de Registro y Distribución de Documentos, quien en carta de fecha 11 de septiembre de 2012 diría: “Le comunico que, con fecha de hoy ha tenido entrada en el Registro del Congreso de los Diputados su escrito de petición con el número 027744 habiendo sido trasladado a la Comisión de Peticiones de la Cámara para su oportuno estudio y tramitación”. Dos meses después la WACR recibiría una nueva carta firmada esa vez por Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Presidente de la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados en la que se señalaba que “en su sesión de 14 de noviembre de 2012 se ha tomado conocimiento de su petición y, una vez examinada, se ha adoptado respecto de la misma el acuerdo que a continuación literalmente se transcribe: trasladar la denuncia al Excmo. Sr. Presidente de la Comisión de Industria, Energía y Turismo y a los Excmos. Sres. Portavoces de la Comisión de Industria, Energía y Turismo” del Congreso de los Diputados. Siete meses después los diputados mencionados a los que se trasladó la denuncia no han dado señales de vida. Sin comentarios.

Sí actuó en cambio más diligentemente el Senado procediendo precisamente de ese órgano la última respuesta por lo que, dada su extensión, vamos a reflejarla en último lugar.

Por lo que se refiere al informe hecho llegar al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respondería en su nombre Jorge Moragas, Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, quien en carta de fecha 12 de febrero de 2013 –¡siete meses después del envío del informe!- se limitaría a decir: “En nombre del Presidente del Gobierno, y con un retraso que espero sepa disculpar, le agradezco la confianza al enviar su escrito. En relación con su petición he de informarle que el Presidente no puede interferir en asuntos judiciales puesto que de acuerdo con lo establecido en la Constitución Española y las leyes de nuestro ordenamiento jurídico son los jueces y tribunales los únicos que pueden juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Reciba un cordial saludo”. Respuesta absolutamente esperpéntica que no merece tampoco comentario alguno.

¿Y qué respondieron los ministros afectados de una u otra forma por la denuncia? Veámoslo. Al informe enviado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que preside Ana Mato respondería el 24 de septiembre de 2012 Ángel M. Suárez Iglesias, Subdirector de la Subdirección General de Atención al Ciudadano, con estas palabras: “Estimado señor: en relación a su escrito, relacionado con los campos electromagnéticos y el cáncer, le comunico lo siguiente, una vez recibido informe al respecto de la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral: el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad colabora con la Organización Mundial de la Salud en su revisión del análisis de riesgos de los campos electromagnéticos y con la Comisión Europea en las actividades auspiciadas por ésta para la revisión periódica de la validez de la Recomendación de 1999, a la vista de las nuevas evidencias científicas que se van generando, y se tendrán en cuenta las publicaciones científicas de la OMS, así como las medidas que se deriven de las indicaciones y recomendaciones dadas por la Comisión. En este sentido cabe destacar que el Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks, en su informe publicado en 2009, no modifica la opinión expresada en 2007, señalando expresamente que no hay base científica para la modificación de los niveles que se establecieron en la Recomendación de 1999. No obstante, también se señala que se precisa continuar investigando en este campo. Reciba un cordial saludo”. En suma, Ana Mato se quitó el muerto de encima sin responder a nada de lo planteado en el informe decidiendo dar una respuesta estándar y no entrando en el contenido de lo denunciado cuya amplitud y argumentos conocen bien nuestros lectores por el detallado resumen que hemos publicado a lo largo de los tres meses pasados.

Lo mismo que hizo la Ministra de Fomento Ana Pastor quien a través de Juan Antonio Pagán y Lozano, Subdirector General de Información y Comunicación del ministerio, respondería escuetamente en carta de fecha once de julio de 2012 lo siguiente: “Distinguido Señor Campoy: acuso recibo de su escrito dirigido a la Señora Ministra en el que traslada una amplia información y las reivindicaciones de la Asociación que usted representa en relación a los posibles efectos sobre la salud de los centros de transformación, subestaciones eléctricas y líneas de alta tensión. Atentamente”. A partir de ese momento ni una sola carta más. Debieron considerar que ya habían “cumplido”.

¿Y qué decir del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que a través de Cristina Coto del Valle, Directora del Gabinete del Ministro, envió el 13 de julio de 2012 a la WACR la siguiente carta: “Estimado Presidente: por indicación del Ministro de Justicia acuso recibo de la carta que ha tenido la amabilidad de remitirle en nombre y representación de la Asociación Mundial para la Investigación del Cáncer. En primer lugar debo señalarle que desde el Ministerio de Justicia apreciamos la labor y esfuerzo que la Asociación Mundial para la Investigación sanitaria (sic) y que acogemos con el mayor interés la información que desde la misma nos transmiten. En segundo lugar, y en relación al funcionamiento de la Administración de Justicia señalado en su carta, le comunico que el Ministerio de Justicia, en su calidad de Autoridad Central, no puede interferir en los procedimientos judiciales nacionales o internacionales, en virtud del principio de independencia judicial. Quedando a su disposición para cualquier aclaración que, en el ámbito de nuestra competencia, estime oportuno someter a nuestra consideración, reciba, con este motivo, mi más cordial saludo…” En suma, otro representante del Gobierno que decidió quitarse el muerto de encima en una actitud generalizada que luego comentaremos.

¿CÓMO REACCIONARON LOS JUECES?

¿Y cómo reaccionaron los componentes españoles de nuestro sistema judicial? Pues ya adelantamos que de la misma manera. El Presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala Sánchez, contestaría el 24 de julio de 2012 a través de Juan Villar Escudero, Jefe de su Gabinete, con esta escueta nota: “Estimado Sr: en contestación a su escrito de 2 de julio de 2012 dirigido al Presidente, D. Pascual Sala, le informo de que el Tribunal Constitucional no puede realizar actuación alguna si no es en los casos y según los procedimientos jurisdiccionales que se establecen en la Constitución y en la Ley Orgánica 2/1979. Atentamente le saluda…”

El Presidente del Tribunal Supremo, Juan Antonio Xiol Ríos, lo haría el 20 de julio de 2012 a través del Magistrado-Jefe de su Gabinete Técnico –la carta no menciona su nombre y viene sin firma, solo con una rúbrica- diciendo simplemente: “Estimado Sr. Campoy: tengo el honor de acusar recibo de su escrito recibido el día 9 de julio de 2012 en este Tribunal Supremo. Lamento comunicarle que este Tribunal sólo puede tramitar y resolver los recursos que ante él se plantean con las formalidades legalmente previstas sobre asuntos que estén dentro de su competencia, razón por la que no puede darse cauce a su solicitud. No obstante pongo en su conocimiento que en el Consejo General del Poder Judicial existe una Sección de Atención al Ciudadano donde con toda seguridad podrán informarle cumplidamente del modo más adecuado en que puede usted ejercer sus derechos”. ¡Como si quien esto escribe y envió el informe como representante de la WACR hubiera enviado una denuncia de tipo personal! Kafkiano.

Lo singular es que el Consejo General del Poder Judicial que preside Gonzalo Moliner no cree que tenga nada que ver ni hacer sobre este asunto aunque el propio Tribunal Supremo nos remitiera a ese órgano. Véase la respuesta que en ese sentido nos hizo llegar Gervasio Martín –letrado de la Unidad de Atención Ciudadana del Consejo- el 9 de agosto de 2012: “Estimado Sr: acusamos recibo de su escrito con fecha de entrada en el Consejo General del Poder Judicial de 31 de julio de 2012 y al que se le asigna el número 2012035588. Para su información le comunico que las funciones de esta Unidad están reguladas en el Reglamento 1/98 del Consejo General del Poder Judicial. Entre otras, figura la de atender las reclamaciones y peticiones de los ciudadanos por el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales a fin de adoptar, en su caso, las prevenciones y medidas que permitan mejorar su funcionamiento, siempre que no afecten a la esfera de la función jurisdiccional de Jueces y Magistrados. En el ejercicio de las funciones asignadas esta Unidad, sin embargo, no puede prestar asesoramiento jurídico ni efectuar interpretaciones normativas. Así se desprende de la Instrucción 1/1999 del Consejo General del Poder Judicial. Tras la lectura de su escrito, sin embargo, no deducimos ningún motivo razonado de queja que se encuentre dentro de nuestras funciones. Por tal motivo debemos dar por finalizada nuestra intervención. En todo caso le indicamos que si Vd. considera que los hechos expuestos en su escrito son constitutivos de delito puede interponer las denuncias que considere oportuno ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o ante el Juzgado de guardia. Esta comunicación tiene carácter meramente informativo y no afecta a cuantas acciones pudieran asistirle en defensa de sus derechos. Los plazos de ejercicio de las mismas no se ven afectados ni suspendidos por la presentación de su escrito. Reciba un cordial saludo”. En suma, de nuevo se obvia responder a una cuestión clave: que en el informe se explica que hay jueces y magistrados que en sus sentencias han aplicado leyes que no eran de aplicación y ello debe considerarse un delito. Y cualquier lego en Derecho sabe que el órgano encargado de valorar eso es el Consejo General del Poder Judicial que sin duda por eso pasa de puntillas procurando que ni siquiera se refleje en su escrito lo denunciado en el informe. Inconcebible.

¿Y CÓMO REACCIONARON LOS FISCALES?

Pues el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, acusó recibo del informe el 1 de agosto de 2012 a través de Esmeralda Rasillo López -Fiscal de la Unidad de Apoyo de Comunicación Ciudadana- indicando simplemente que remitían el escrito a la Secretaría Técnica “por ser la competente para que obre como sea oportuno en el ejercicio de sus funciones”. Secretaría Técnica que a través del Teniente Fiscal José Miguel de la Rosa Cortina mandaría a la WACR una carta el 20 de septiembre de 2012 pasando la “pelota caliente” a otro departamento en los siguientes términos: “Acuso recibo de su escrito fechado el 25 de julio de 2012 que ha sido registrado de entrada en esta Fiscalía General del Estado con el n° 201200019782 de 04/09/2012 y le significo que dada la entidad técnica de los hechos y circunstancias expresados en el mismo se ha dado traslado a la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo con el objeto de que analice su entidad penal y la afectación a derechos cuya tutela tiene encomendada el Ministerio Fiscal”. Tras lo cual la WACR recibió el 15 de octubre de 2012 el siguiente oficio firmado por el fiscal Antonio Colmenarejo Frutos, adscrito al Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo: “Estimado Sr: se han recibido en la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo tres escritos remitidos por Vd. al Fiscal de Sala de Medio Ambiente, al Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica y al propio Fiscal General del Estado en los que se exponen extensamente los riesgos para la salud de la exposición a campos electromagnéticos producidos por centros de transformación, subestaciones eléctricas o líneas de alta tensión así como las radiaciones electromagnéticas emitidas por las antenas y aparatos de telefonía, radares, Wi-Fi y otros, todo ello basado en múltiples referencias a estudios científicos nacionales e internacionales así como pronunciamientos de instituciones de todo tipo recomendando en algunos casos revisar los límites legalmente establecidos por las legislaciones nacionales de los Estados. El contenido de los escritos ha sido examinado atentamente, dada la importancia de la cuestión que trata, intentando la comunicación telefónica en varias ocasiones con Vd (al teléfono 91…) de modo infructuoso. En cualquier caso he de comunicarle que la denuncia hace referencia a una situación general que no puede ser revisada por el Ministerio Fiscal ya que excede de las competencias que legalmente tiene atribuidas. En efecto, las funciones del Ministerio Público se ejercen dentro del marco normativo establecido careciendo esta institución de capacidad alguna para modificarlo, como se exige reiteradamente en el escrito. Dicha capacidad, como Vd. sabe, pertenece a otros poderes del Estado. Es por ello que la petición en los términos en que se ha planteado ha de determinar el archivo de las Diligencias Informativas incoadas, teniendo derecho a reproducir su denuncia ante el juzgado de instrucción como establece el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal si lo estima procedente. Sin perjuicio de lo anterior igualmente pongo en su conocimiento que la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente ha examinado en el pasado, y lo seguirá haciendo siempre que llegue a su conocimiento, cualquier hecho concreto que se le denuncie sobre ondas o radiaciones electromagnéticas desde las diversas vertientes que esta cuestión plantea en relación con las competencias del Fiscal de Sala de Medio Ambiente y ello a fin de verificar su acomodo a la legislación vigente así como la posible relevancia penal en caso de infracción, por lo que en caso de que por Vd. se estime oportuno hacerlo así se procederá conforme a lo indicado”. En pocas palabras, otro organismo que “se lava las manos” e insta a la WACR a iniciar acciones legales si lo desea porque ningún poder público está dispuesto a hacerlo a pesar de ser su obligación como luego explicaremos.

Lo demuestra la carta de respuesta que tuvo el informe enviado al Fiscal de Sala Jefe de la Audiencia Nacional, Javier A. Zaragoza Aguado, quien contestaría personalmente el 12 de septiembre de 2012 con este escueto texto: “Acuso recibo de su escrito de fecha 25 de julio de 2012 y una vez examinado su contenido y no desprendiéndose del mismo hechos claramente delictivos que deban ser objeto de investigación le participo que esta Fiscalía no va a ejercer acciones penales en relación con los mismos. Lo que le comunico a los efectos previstos en el art 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal por si considerase necesario presentar denuncia ante la Autoridad Judicial competente”.

En cuanto al informe enviado al Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, respondería directamente a él la Teniente Fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada –cuyo nombre no aparece en la carta en la que además solo hay una rúbrica en lugar de firma- con la siguiente nota: “Acuso recibo de su escrito que ha tenido entrada en esta Fiscalía Especial el día 26 de Julio de 2012 (Registro General n° 963) comunicándole que con esta fecha se procede a su archivo ya que los hechos denunciados por Vd. se encuentran contenidos en el Título XVII del Código Penal -De los delitos contra la Seguridad Colectiva, que no son competencia de esta Fiscalía Especial- de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal -Ley 24/07 de 9 de octubre- y con la instrucción 4/6 de la Fiscalía General del Estado. Le informo asimismo de que no cabe recurso alguno contra lo resuelto, sin perjuicio de que pueda presentar su denuncia ante los órganos judiciales que considere competentes”. De nuevo sin comentarios.

Finalmente, por lo que se refiere al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira Morante, tal fue la breve respuesta que envió el 3 de julio de 2012: “Estimado Sr. Campoy: en relación con su escrito de fecha 28 de junio de 2012, con entrada en este Tribunal en el día de la fecha, en el que denuncia posibles hechos delictivos por parte de las principales empresas españolas de electricidad y otros, le comunico que este Tribunal Superior de Justicia de Madrid carece de competencia para iniciar actuaciones de investigación penal si bien puede dirigirse para ello a los Juzgados de Instrucción o Comisarías de Policía”. Y claro, todo esto produce ya risa.

UN SENADO DE OPERETA

El único organismo que pareció inicialmente tomarse en serio el informe de la WACR -como adelantamos al principio de este texto- fue el Senado ya que su presidente, Pío García Escudero, lo trasladó a la Comisión de Peticiones cuya presidenta, María del Carmen Leyte Coello, respondería el 18 de julio de 2012 indicando que el informe sería tramitado en la siguiente reunión a celebrar. Y posteriormente -el 10 de enero de 2013- que la misma había decidido en su sesión del 20 de diciembre de 2012 trasladar sin más el informe ¡al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad! ¡Como si en el propio informe no se dijera ya a quiénes se había enviado y no supieran los miembros de esa comisión que ese ministerio ya había recibido un escrito exactamente igual! El caso es que el Ministerio de Sanidad hizo llegar a esa comisión del Senado un escrito de respuesta fechado el 22 de abril de 2013 y ésta se limitó a reenviárselo sin más a la WACR el pasado 22 de mayo. Escrito que ignora sin más todo lo argumentado por la WACR y en el que se limita a decir cuáles son las normas que regulan los “límites de exposición de los campos electromagnéticos procedentes de emisiones radioeléctricas” alegando que se basan en la Recomendación 1999/519/CE del Consejo de la Unión Europea, de 12 de julio de 1999, y que el Comité Científico de Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados (CCRSERI) emitió en 2009 un informe según el cual “no hay base científica para la modificación de los niveles que se establecieron en la Recomendación de 1999”. Añadiendo: “En relación con la referencia a la Resolución de mayo de 2011 de la Asamblea Plenaria del Consejo de Europa, hay que comentar que esa Resolución basa algunos de sus argumentos en el informe Bioinitiative y en los resultados de conferencias internacionales, entre ellas la de Salzburgo, que no ha sido respaldada por la comunidad científica”. Reiterando luego que “hasta la fecha la comunidad científica internacional no ha encontrado evidencias para concluir que la exposición a los campos electromagnéticos dentro de los límites establecidos en los estándares internacionales sea perjudicial para la salud”.

En suma, con tales afirmaciones pueriles ¡obvian todo lo denunciado por la WACR en su documentado escrito! Además, ¿qué es eso de que ”la comunidad científica internacional” no tiene evidencias de la peligrosidad de las radiaciones electromagnéticas a los niveles aprobados? Para empezar, ¿qué se entiende por comunidad científica internacional? ¿Es que alguna vez todos los expertos del mundo en este ámbito se han reunido para expresar sus pareceres? ¡Por supuesto que no! Los que se reúnen y deciden son los “expertos” propuestos a dedo por los Gobiernos y los organismos internacionales que controlan los grupos de poder. Y son ésos en exclusiva los que deciden, atendiendo a los intereses de quienes les han promocionado por estar ahí. Por consiguiente puede –y debe- afirmarse que la “verdad oficial” y la verdad a secas no tienen ya nada que ver ¡ni en el ámbito de la Ciencia! También a nivel científico las “verdades” se imponen por quienes ostentan el poder. De hecho el 99% de los expertos en radiaciones –los realmente independientes- que se reúnen periódicamente para dar a conocer sus trabajos llevan años denunciando que los límites aprobados son obsoletos y el peligro para la salud y la vida de los ciudadanos grande y real. Opinión masiva que se silencia y contrarresta con la de los paniaguados carentes de ética que se prestan a mentir para manifestar la “verdad oficial” que hay que imponer. Lo mismo que pasa en el ámbito de la salud y la Medicina.

En cuanto a la legislación sobre las líneas de alta tensión, las subestaciones eléctricas y los centros de transformación el Ministerio de Sanidad se limita a recordar cuáles son las normas que regulan su funcionamiento pero ¡silenciando que en ellas no se habla para nada de límites! Con su escrito pretende simplemente hacer creer –sin afirmar nada para no pillarse legalmente los dedos- que todo está regulado y previsto cuando es absolutamente falso.  Han tratado simplemente de dar la apariencia legal de que tienen razón porque a fin de cuentas van a imponerla. Mezclando los datos de lo que sí hay legislado sobre las líneas de alta tensión, las subestaciones eléctricas y los centros de transformación con los de las emisiones radioeléctricas haciendo un totum revolutum a fin de que quienes de esto no entienden nada crean que lo dicho “debe ser verdad porque lo dice la autoridad competente”.

En cuanto a nuestros jueces y fiscales, ¿qué decir? Todos han optado por quitarse de en medio diciendo que a ellos no les corresponde actuar y que si la WACR quiere denunciar o querellarse contra alguien que lo haga. Obviando que numerosos jueces y magistrados han dado la razón en distintas resoluciones y sentencias a las compañías eléctricas alegando que las líneas de alta tensión, las subestaciones eléctricas y los centros de transformación cumplen con lo establecido en el Reglamento que establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico ¡cuando eso es un “desatino jurídico” por no decir abiertamente que asumirlo es prevaricador!

CONCLUSIÓN

Hasta aquí el relato de unos hechos que demuestran solo una cosa: ni nuestros representantes políticos ni nuestros jueces y fiscales van a asumir su obligación en este caso. Algunos ni han respondido y quienes lo han hecho se han limitado a hacerlo sobre dos o tres cosas… obviando todo lo demás o diciendo que no tienen potestad para actuar. Lo que es mentira. La propia WACR recordaba en su escrito que todo ciudadano tiene la obligación de denunciar un delito cuando tiene conocimiento de él y que esa norma no excluye a nuestros representantes políticos, fiscales y jueces. Luego todos los receptores del escrito de la WACR tenían la obligación de denunciar cuando menos un hecho irrefutable: que se han dictado sentencias atendiendo a normas que no eran de aplicación. Pero han optado por no hacerlo. ¿Que entienden que de eso debe encargarse otro organismo y no aquel en el que se encuentran? Lo admitimos… pero en tal caso lo que deben hacer, cumpliendo con su obligación como simples ciudadanos de a pie y no ya en razón de sus cargos, es comunicar ese posible delito al órgano que a su juicio debería actuar.
¡Y aún hay quien cree que vivimos en un estado de Derecho!

José Antonio Campoy
Recuadro:


Altos cargos que recibieron el informe de la WACR

Entre otras personalidades de la judicatura, la política y los medios de comunicación la WACR envió su informe sobre la peligrosidad de las radiaciones electromagnéticas a las siguientes personas:

D. Juan Carlos I, Rey de España
D. Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias.
D. Pascual Sala Sánchez, Presidente del Tribunal Constitucional.
D. Juan Antonio Xiol Ríos, Presidente del Tribunal Supremo.
D. Ángel Juanes Peces, Presidente de la Audiencia Nacional.
D. Francisco Javier Vieira, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
D. Jesús Posada, Presidente del Congreso de los Diputados.
D. Pío García Escudero, Presidente del Senado.
D. Mariano Rajoy Brey, Presidente del Gobierno.
D. José Manuel Soria López, Ministro de Industria, Energía y Turismo.
Ana Pastor Julián, Ministra de Fomento.
D. Alberto Ruíz-Gallardón Jiménez, Ministro de Justicia.
D. Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Ministro de Presidencia del Gobierno.
Ana Mato Adrover, Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
D. Pablo Matos Mascareño, Presidente de la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
D. Mario Mingo Zapatero, Presidente de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales.
D. José Ignacio Llorens Torres, Presidente de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
D. Arsenio Fernández de Mesa, Director General de la Guardia Civil.
D. Ignacio Cosidó Gutiérrez, Director General de la Policía.
D. Eugenio Pino Sánchez, Director adjunto de la Policía.
D. Fernando Herrero-Tejedor Algar, Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica del Tribunal Supremo.
D. Javier Zaragoza Aguado, Fiscal de Sala Jefe de la Audiencia Nacional.
D. Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Estado.
D. José Luis Bueren Roncero, Fiscal de Sala de la Secretaría Técnica.
D. Gonzalo Moliner, Presidente del Consejo General del Poder Judicial.
D. Antonio Salinas, Fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción.
D. Fernando Román García, Magistrado-Jefe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.

 

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162
Julio 2013
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