Que las radiaciones electromagnéticas constituyen hoy una de las principales causas de enfermedad es algo indiscutible y sin embargo ni nuestros representantes políticos y sociales, ni las autoridades estatales, autonómicas y locales, ni los jueces, ni los periodistas, ni la mayoría de las organizaciones de consumidores hacen algo para afrontar el problema. Lo demuestran las respuestas que en los últimos meses ha recibido de multitud de cargos públicos la World Association for Cancer Research (WACR) –Asociación mundial para la investigación del cáncer- con motivo de la documentada denuncia que sobre ello hizo esta organización hace varios meses. Vamos a contar todo en detalle.
La World Association for Cancer Research (Asociación Mundial para la Investigación del Cáncer), entidad constituida el 5 de diciembre de 2006 que se presentara en sociedad el 26 de Mayo de 2007 ante algo más de mil personas –la mayoría médicos y profesionales de la salud- decidió enviar en julio de 2012 a las principales autoridades españolas un documentado informe en el que se denunciaba de forma tan rigurosa como contundente el peligro que supone en la actualidad la brutal contaminación electromagnética que sufrimos todos. Destacando de forma especial el hecho de que los poderes públicos están ignorando las constantes advertencias hechas en los últimos años por multitud de científicos independientes –es decir, los no controlados por las grandes industrias que son los que luego constituyen las comisiones de “expertos” que determinan las leyes- sobre los peligros de las radiaciones electromagnéticas emitidas por las antenas y aparatos de telefonía, los radares, el Wi-Fi, el Wimax, el WLAN, el bluetooth y otros muchos dispositivos, especialmente entre los más jóvenes. Denunciando con contundencia que se está irradiando irresponsablemente a los niños en las guarderías, jardines de infancia, colegios, institutos y centros de ocio infantil así como en parques, plazas públicas y hasta en sus propias casas debido a la ignorancia en la que se ha sumido a padres, profesores, médicos y representantes sociales “fruto de una manipulación informativa nauseabunda” que la WACR califica de intolerable.
Es más, la WACR denuncia en su informe el hecho de que numerosos jueces y magistrados han dado la razón a las compañías eléctricas cuando algunos ciudadanos denunciaron en los tribunales daños en su salud causados por campos electromagnéticos –los producidos por los centros de transformación, las subestaciones eléctricas o las líneas de alta tensión- alegando que sus emisiones cumplían lo establecido en el Reglamento que establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico -es decir, el que regula las ondas electromagnéticas emitidas por estaciones radioeléctricas, de radiocomunicación o radioastronomía- cuando éstas no tienen nada que ver con los campos electromagnéticos. La WACR es muy dura a ese respecto y afirma que se trata de “un desatino jurídico de tal envergadura que exige pedir explicaciones a los jueces y magistrados que emitieron tales sentencias y proceder a declararlas nulas con todas sus consecuencias”. Va siendo hora de que se entienda que un “campo” electromagnético –cerrado en sí mismo y limitado a un espacio concreto- no es comparable a una “radiación” electromagnética que se emite a muy largas distancias.
El escrito del que hablamos –de 32 densas páginas a un espacio- se envió entre otras personalidades al Rey D. Juan Carlos, al Príncipe D. Felipe de Borbón, a D. Mariano Rajoy Brey -Presidente del Gobierno-, a D. Pascual Sala Sánchez -Presidente del Tribunal Constitucional-, a D. Juan Antonio Xiol Ríos -Presidente del Tribunal Supremo-, a D. Fernando Román García -Magistrado-Jefe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo-, a D. Ángel Juanes Peces -Presidente de la Audiencia Nacional-, a D. Francisco Javier Vieira –Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid–, a D. Gonzalo Moliner -Presidente del Consejo General del Poder Judicial-, a D. Eduardo Torres-Dulce –Fiscal General del Estado-, a D. Fernando Herrero-Tejedor Algar -Fiscal de Sala de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado-, a D. Javier Zaragoza Aguado -Fiscal de Sala Jefe de la Audiencia Nacional-, a D. José Luis Bueren Roncero -Fiscal de Sala de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado–, a D. Antonio Salinas -Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción-, a D. Jesús Posada -Presidente del Congreso de los Diputados-, a D. Pío García Escudero -Presidente del Senado-, a D. José Manuel Soria López –Ministro de Industria, Energía y Turismo-, a Dª Ana Pastor Julián –Ministra de Fomento-, a D. Alberto Ruíz-Gallardón –Ministro de Justicia-, a D. Miguel Arias Cañete –Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente-, a Dª Soraya Sáenz de Santamaría –Ministra de Presidencia del Gobierno-, a Dª Ana Mato Adrover –Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad-, a D. Pablo Matos Mascareño -Presidente de la Comisión de Industria, Energía y Turismo-, a D. Mario Mingo Zapatero -Presidente de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales del Congreso-, a D. José Ignacio Llorens Torres -Presidente de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso-, y, ¡cómo no!, a D. Arsenio Fernández de Mesa –Director General de la Guardia Civil-, a D. Ignacio Cosidó Gutiérrez –Director General de la Policía– y a D. Eugenio Pino Sánchez –Director adjunto de la Policía-.
¡QUE ACTÚEN LAS AUTORIDADES!
Una de las peculiaridades de la denuncia de la WACR es que argumenta jurídicamente que han de ser las autoridades quienes ejerzan su responsabilidad y no la entidad denunciante que se limita a comunicar la existencia de uno o varios delitos –por acción u omisión- como le obliga la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal que en su artículo 259 dice:“El que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez de Instrucción, de Paz, Comarcal o Municipal, o Funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare (…) Recordando asimismo que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal establece en el apartado 1 de su artículo 450 que “El que pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno no impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si el delito fuera contra la vida, y la de multa de seis a veinticuatro meses en los demás casos salvo que al delito no impedido le correspondiera igual o menor pena en cuyo caso se impondrá la pena inferior en grado a la de aquél” y en el apartado 2 que “En las mismas penas incurrirá quien, pudiendo hacerlo, no acuda a la autoridad o a sus agentes para que impidan un delito de los previstos en el apartado anterior y de cuya próxima o actual comisión tenga noticia”. Razón por la que sabiendo todo lo que en el informe se explica los miembros de la WACR se vieron legalmente obligados a poner en conocimiento de las autoridades todo lo que en él se explica y, a la vez, exigirlas que sean ellas las que actúen porque la legislación les obliga a hacerlo.
Obviamente no podemos hacernos eco en un solo artículo de todo lo que en el informe se plasma pero sí de lo más importante. Y en él se dice por ejemplo que a la WACR le consta que las principales empresas españolas de electricidad –entre ellas IBERDROLA y ENDESA- llevan décadas instalando centros de transformación, subestaciones eléctricas y líneas de alta tensión que generan a su alrededor campos electromagnéticos perjudiciales para la salud en la cercanía de viviendas, oficinas y fábricas cuyos habitantes están recibiendo radiaciones artificiales indeseables de posibles efectos cancerígenos –especialmente entre los niños– como ya ha sido reconocido oficial y públicamente tanto por la International Agency for Research on Cancer (IARC) como por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo le consta que numerosos ayuntamientos han autorizado la instalación en sus municipios de dispositivos inalámbricos de comunicación radioeléctrica (antenas de telefonía, radares, Wi-Fi, Wimax, WLAN, Bluetoth…) que generan radiaciones electromagnéticas artificiales que son igualmente posible causa de cáncer –entre otras patologías- según las mismas organizaciones antes citadas. Y ello vulnera claramente varios DERECHOS FUNDAMENTALES regulados por nuestra Constitución, norma de rango superior a cualquier otra ley o reg lamento que pudiera alegarse para justificar su presencia. Concretamente se están violando los derechos –de cada ciudadano sometidos a ellas- A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD FÍSICA (artículo 15 de nuestra constitución), a la LIBERTAD Y SEGURIDAD EN CUALQUIER ÁMBITO (artículo 17), a la INVIOLABILIDAD DEl DOMICILIO (artículo 18) y A LA LIBRE ELECCIÓN DE RESIDENCIA (artículo 19) –al forzar a dejar sus viviendas, oficinas y fábricas a quienes no están dispuestos a seguir siendo afectados por las radiaciones. Y asimismo vulnera los DERECHOS FUNDAMENTALES de los menores regulados en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor cuyo art. 3 establece que gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución y los Tratados Internacionales de los que España es parte, especialmente la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Cabe añadir que el apartado 1 del artículo 43 de la Constitución reconoce “el derecho a la protección de la salud” de los ciudadanos explicando el apartado 2 que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”. A lo que cabe añadir que el artículo 51 dice en su apartado 1 que “los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”.
Pues bien –añade el escrito-, la potencial peligrosidad tanto de los campos electromagnéticos como de las radiaciones electromagnéticas está hoy científicamente constatada y así lo reconocen ya la International Agency for Research on Cancer (IARC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), entidades para las cuales tanto unas como otras constituyen un “POSIBLE FACTOR CANCERÍGENO” y de ahí que hayan pedido recientemente –en el 2011- a las autoridades de todos los estados que tomen “medidas para reducir los niveles” que se consideraban “seguros” y –según afirman ambos organismos- siguen aún vigentes “a pesar de estar claramente obsoletos”. Es más, la propia Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa -organismo al que pertenece España- aprobó en mayo de 2011 una resolución en la que se pide a todos los gobiernos europeos la adopción de “medidas razonables” para “reducir los niveles de exposición a las radiaciones electromagnéticas actualmente en vigor” y la aplicación del Principio de Precaución”.
NORMAS ILEGALES
El escrito de la WACR cita a continuación otras normas legales añadiendo luego que las instalaciones mencionadas, cumplan o no las leyes de rango inferior que regulan su actividad, están -o pueden estar- perjudicando gravemente la salud de miles de familias lo que constituye un delito. Posibilidad que reconocen ya oficialmente –insistimos- la OMS y la IARC dejando ello igualmente obsoletos todos los estudios que aseguraban que “aún no hay pruebas científicas fehacientes de su peligrosidad” así como las alegaciones de las empresas del sector y de los organismos públicos –Ministerio de Industria y Energía español incluido- de que a los límites legales establecidos hasta ahora tales radiaciones no son peligrosas. Es por tanto indiferente que la instalación cumpla o no los reglamentos aprobados en cada país para su puesta en marcha y funcionamiento pues los datos de las más recientes investigaciones han llevado a los organismos de mayor peso en el ámbito mundial a declarar “obsoletas” las normas que se están aplicando. A lo que se añade el hecho de que no puede alegarse el cumplimiento de una norma de rango inferior para justificar la violación de derechos fundamentales consagrados por la Constitución”.
Por si todo lo dicho fuera insuficiente debe recordarse que nadie ha demostrado científicamente que las radiaciones electromagnéticas y los campos electromagnéticos artificiales sean inocuos –carentes de peligro- a los límites legales aprobados. Ésa es precisamente la razón de que tanto las instituciones comunitarias como españolas adoptaran en su día una serie de normas reguladoras fijando unos límites asumidos “por consenso” –no basándose en estudios científicos de los efectos reales en el organismo de tales radiaciones sino en trabajos meramente epidemiológicos muy deficientes y, por tanto, de nula o escasa credibilidad- que por eso son tan diferentes entre los países europeos así como entre éstos y el resto del mundo. Solo que hoy todos esos límites –incluidos los más restrictivos, que no eran precisamente los aprobados en España- han sido declarados obsoletos por las principales instituciones científicas de ámbito mundial -con la OMS a la cabeza- que piden su revisión e instan a los gobiernos y demás poderes públicos a rebajarlos y a aplicar el Principio de Precaución.”
Porque no debe olvidarse que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ya determinó en su día que “cuando puedan estar afectados bienes jurídicos de especial importancia como la salud, la integridad física de las personas, el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, etc., debe aplicarse el PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN”. Y a ese respecto debe aclararse que si bien ha habido –y hay- controversia en cuanto al ámbito de aplicación general del mismo tal duda no existe cuando se refiere a los casos específicos en los que los datos científicos son “insuficientes, no concluyentes o inciertos” y más cuando una evaluación objetiva preliminar permite simplemente “sospechar” que existen “motivos razonables para temer efectos potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana, animal o vegetal”. Así lo ha determinado, insistimos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.
Es más, la aplicación del Principio de Precaución está recogido –además de por la Comunidad Europea y la ONU- en tratados y convenciones internacionales suscritos por España como la Declaración de Bergen para el Desarrollo Sostenible (1990), el Tratado de Maastricht de la Unión Europea (1992), la Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo (1992) o la Convención de Barcelona (1996). Luego la simple “sospecha fundada” de que las radiaciones puedan ser peligrosas a los límites aprobados es motivo suficiente para la aplicación del Principio de Precaución, algo que lamentablemente no han entendido muchos jueces. Lo singular es que ya no se trata siquiera de meras “sospechas fundadas”: la OMS y la IARC han decidido calificar las radiaciones y campos electromagnéticos como “posibles cancerígenos”. Lo que si no se quiere considerar una certeza sí debe necesariamente ser considerado a partir de ahora y sin excusas una “sospecha fundada”. Muy bien fundada, habría que decir.
¡QUE DEMUESTREN LAS EMPRESAS QUE LAS RADIACIONES SON INOCUAS!
El texto entra luego a dar cuenta de varias sentencias que apoyan lo antes afirmado y responde a la alegación de algunas compañías de que el efecto sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas es “insignificante” que eso no significa “inexistente” y es hora de recordar a la Judicatura algo importante: deben ser las empresas que emiten campos o radiaciones electromagnéticas artificiales las que aporten “la carga de la prueba”. Es decir, han de ser ellas las que demuestren científicamente -y más allá de cualquier duda- que las radiaciones y campos electromagnéticos son completamente inocuos (es decir, carentes de peligro). Algo que ninguna ha podido demostrar jamás en ningún lugar del mundo. Los propios peritos que las empresas eléctricas llevan a los tribunales reconocen abiertamente que no pueden garantizar la inocuidad de las radiaciones y campos electromagnéticos, ni siquiera a los niveles legalmente permitidos. Aunque atendiendo a los requerimientos de las empresas que les pagan por testificar intenten luego minimizar los riesgos (por supuesto, emitiendo opiniones personales y subjetivas que otros muchos expertos no comparten en modo alguno). Por otra parte, debe comprobarse –especialmente en los casos de los centros de transformación- si esas instalaciones emiten dioxinas porque en Francia, por ejemplo, se decidió en 1996 cambiar todos los transformadores antiguos por esa mera razón. Y es que en este ámbito la norma comunitaria es clara y determina que ante toda sustancia o producto potencialmente peligroso se debe invertir la carga de la prueba y ser consideradas peligrosa “a priori”… salvo que se demuestre lo contrario. Es decir, los legisladores europeos entienden que no debe autorizarse salvo que las empresas demuestren científicamente su inocuidad. Y eso no ha ocurrido hasta hoy en el ámbito de las radiaciones y campos electromagnéticos cuya influencia negativa en los organismos vivos sin embargo sí está científicamente constatada. De hecho precisamente porque la protección de la salud pública y del medio ambiente constituyen materias de política social especialmente reguladas en el TCEE (Art. 152.1 y 174), el Tribunal de Justicia de la CEE aplica para ambos derechos el ya mencionado PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN según el cual “cuando subsista incertidumbre respecto a la existencia y a la importancia de los riesgos para la salud de las personas las instituciones deben adoptar medidas de protección sin tener que esperar a que la realidad y la gravedad de los riesgos estén plenamente demostrados”. Y en ese sentido reza también el vinculante Tratado de Amsterdam de 2 de Octubre de 1997 por el que se modificaron los tratados de la Unión europea y los Constitutivos de la CEE, CECA y EURATOM y Actos Conexos, y que en su art. 100 A establece que “la Comisión, en sus propuestas previstas en el apartado 1 referentes a la aproximación de legislaciones en materia de salud, seguridad, protección del medio ambiente y protección de los consumidores, se basará en un nivel de protección elevado teniendo en cuenta especialmente cualquier novedad basada en hechos científicos”. Siendo evidente que hoy son cada vez son más los científicos que alertan sobre los potenciales efectos nocivos de las radiaciones electromagnéticas y aconsejan cautela y prevención.
LAS RADIACIONES DE MUY BAJA FRECUENCIA SON MÁS PELIGROSAS
Y es que si bien las radiaciones artificiales que generan hoy un amplio número de aparatos –centrales y subestaciones eléctricas, torres y líneas de alta tensión, centros de transformación, antenas de telefonía, teléfonos móviles e inalámbricos, Wi-Fi, Bluetooth, etc.-, son más débiles que las generadas por los campos electromagnéticos naturales la exposición a ellas suele ser más continuada y directa y son además más armónicas. Algo importante porque debido al efecto de biorresonancia SON PRECISAMENTE LAS DE MUY BAJA FRECUENCIA LAS QUE PUEDEN INTERFERIR EN LA COMUNICACIÓN CELULAR Y ORGÁNICA DEL CUERPO Y ALTERAR LOS FLUJOS CELULARES DE ALGUNOS IONES -SOBRE TODO EL DE CALCIO- LO QUE PUEDE TENER EFECTOS BIOLÓGICOS IMPORTANTES, EN PARTICULAR ALTERANDO LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA.
Agregaremos que las ondas electromagnéticas artificiales pueden emitir microondas que provocan vibraciones moleculares y producen calor (pudiendo provocar quemaduras a partir de una determinada cantidad de radiación absorbida); estando demostrado que interfieren en el funcionamiento de ciertas proteínas que pierden sus funciones (estudio del Dr. V. Binhi, miembro de la Academia de las Ciencias de Rusia, en la revista Magnetobiology).
Recuérdese asimismo que las radiaciones electromagnéticas pueden provocar simultáneamente efectos térmicos -es decir, un aumento de temperatura- y atérmicos. A pesar de lo cual, de forma inexplicable, en los estándares de seguridad internacionales no se contemplan los efectos atérmicos de las ondas de frecuencia extremadamente baja (que son las que emiten los centros de transformación, las torres de alta tensión, los teléfonos móviles, las antenas base de telefonía y demás aparatos radiantes). Se han estado considerando inocuas sin más. Aun cuando existen numerosos estudios científicos que indican que sus efectos atérmicos PROVOCAN DISFUNCIONES CELULARES, DISFUNCIONES ORGÁNICAS Y DISFUNCIONES EN LOS SISTEMAS HORMONAL E INMUNE.
Debemos agregar que los centros de transformación -al igual que las torres de alta tensión- tienen una frecuencia de 50-60 Hz. siendo su potencia, el voltaje, lo que determina su radio de acción. Obviamente, a mayor potencia mayor alcance. Pero la frecuencia es la misma: 50-60 Hz. Hablamos pues de ondas electromagnéticas de frecuencia extremadamente baja.
Y es importante entender que todo ser vivo constituye un campo electromagnético perfectamente definido en el que –valga el símil- la membrana actúa como condensador y las mitocondrias como fuentes de alimentación y donde, además, existen sistemas que desempeñan una labor de conmutación y transmisión (como el citoesqueleto). Así es tanto a nivel celular como en cada uno de los tejidos, órganos y sistemas del cuerpo donde existen proteínas que transportan la información a la velocidad de la luz. En suma, el ser humano en su conjunto es un campo electromagnético, el más poderoso instrumento de organización y comunicación biológica que de hecho existe en la naturaleza. Y cada uno de esos niveles posee su propio espectro característico de ondas electromagnéticas por lo que es necesaria la existencia de interacciones de biorresonancia entre ellos a fin de mantener un equilibrio dinámico. Un acoplamiento que, si se rompe y no es reequilibrado por el propio organismo, hace sobrevenir la enfermedad. Por eso el ser humano es tan sensible a cualquier campo electromagnético externo, en particular a los pulsados de origen artificial que no existían hace un siglo. Hasta el punto de que un simple cambio de parámetros meteorológicos (temperatura, humedad, presión, etc.) es suficiente para poder desajustarle y poner a prueba sus mecanismos de regulación, defensa y adaptación.
Sabiendo pues que los seres vivos son sensibles a los estímulos externos no es difícil entender que la cada vez más intensa polución electromagnética –además de otros efectos patológicos valorados y descritos por numerosos investigadores- puede trastornar su medio interno electromagnético natural. Y hoy día de forma excesivamente rápida, tanta como para no permitir que pueda adaptarse. Algo que puede inducir en el organismo humano cambios y patogénesis más allá de los efectos negativos que se han podido valorar hasta el momento.
¿Le parece al lector suficientemente contundente? Pues la argumentación de la WACR va mucho más allá. Y como es importante que se difunda vamos a continuar dando cuenta del escrito enviado a todos los altos cargos citados al principio de este reportaje en el próximo número de la revista. Es hora de que la ciudadanía tenga toda la información y argumentaciones que hemos ido recopilando en los últimos años y que quien suscribe este texto ha elaborado y firma en su calidad de presidente de la World Association for Cancer Research (WACR).
José Antonio Campoy
