Los principales peligros de los cigarrillos se ocultan a la población

La Secretaría de Estado de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación español tiene desde principios de 2012 los resultados de un estudio realizado en la Universidad de Alicante que confirma la presencia en los cigarrillos de sustancias altamente tóxicas y cancerígenas. El informe es tan contundente que el director del estudio, el catedrático de Química Antonio Marcilla, no se explica que aún no esté prohibida la venta de tabaco. Cabe preguntarse obviamente qué espera el Gobierno para actuar contra los responsables de las diez marcas de cigarrillos en él analizadas. Lo lamentable es que el estudio -así como los realizados por otros investigadores en distintos países- confirma los argumentos esgrimidos hace unos años por la World Association for Cancer Research cuya denuncia por tal motivo contra varios altos cargos de la Administración fue vergonzosamente rechazada en los tribunales.

Que los gobiernos permitan la venta de cigarrillos sabiendo que son causa de que millones de personas enfermen cada año llevando a muchas de ellas a la muerte por causa de los tóxicos que se generan tanto en la combustión del tabaco como de los aditivos que los fabricantes incorporan innecesariamente resulta injustificable. Es más, resulta incongruente que se controlen de forma exhaustiva otros productos –como las vitaminas o los complementos alimentarios- mientras se permite que al papel de los cigarrillos se le agreguen sustancias que perjudican manifiestamente la salud. Algunas de ellas demostradamente cancerígenas. Siempre con la falsa alegación de que tal peligrosidad no está “científicamente demostrada”.

Pues bien, hemos sabido que más allá de la bibliografía existente hasta el momento el Gobierno español tiene ahora confirmación directa de que es así y no hace nada al respecto pues sigue permitiendo que se envenene impunemente a la población. Nos referimos al estudio titulado Comparative study of the main characteristics and composition of the mainstream smoke of ten cigarette brands sold in Spain (Estudio comparativo de las principales características y composición de la corriente principal del humo de diez marcas de cigarrillos vendidas en España que elaborado por investigadores de la Universidad de Alicante y financiado por la Secretaría de Estado de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación se ha publicado en Food and Chemical Toxicology y confirma –una vez más- que en el humo de los cigarrillos hay sustancias tóxicas y cancerígenas; en distintas proporciones y mezclas según los fabricantes pero al fin y al cabo muchas de ellas venenosas. Claro que nuestra Administración solo se ha ocupado hasta ahora de regular y controlar –y es un decir porque en realidad tampoco lo hace- los niveles de nicotina, alquitrán y monóxido de carbono. De las otras 300 sustancias -más o menos- que se añaden a los cigarrillos -muchas de ellas en su combustión emiten gases tóxicos- no ha querido saber nunca nada. Cuando según la propia Comisión Europea el tabaco es “la principal causa de muertes evitables” en la Unión Europea siendo considerado responsable de más de medio millón de fallecimientos al año en la Unión y de más de un millón en toda Europa.

De hecho se calcula que el 25% de las muertes por cáncer y el 15% de todas las muertes en la Unión Europea son atribuibles al tabaquismo. Ya en la introducción de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco puede leerse: “Se estima, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que el consumo de tabaco es responsable del 90% de la mortalidad por cáncer de pulmón, del 95% de las muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, del 50% de la mortalidad cardiovascular y del 30% de las muertes que se producen por cualquier tipo de cáncer”.

A pesar de lo cual ¡sigue siendo legal su venta y consumo! De forma inaudita, las autoridades se limitan a advertir a los ciudadanos de los riesgos pero permiten su comercialización. Es más, lo que hacen -y han hecho siempre- es proteger a la industria tabaquera. Porque eso es lo que se ha conseguido con las advertencias tomadas del tipo “Fumar puede matar”: asegurarse de que los fabricantes no puedan ser llevados ante los tribunales ya que siempre podrán alegar que “el consumidor sabía a lo que se arriesgaba”. Lo que en realidad es mentira en el caso de los cigarrillos porque a los fumadores se les ha ocultado que la combustión de cientos de sustancias añadidas ¡sin su conocimiento! produce gases y partículas tóxicas. Luego no puede hablarse de “consentimiento informado”. La otra medida ha sido restringir su consumo en los espacios cerrados pero eso no es en absoluto suficiente. Y es que ningún gobierno quiere afrontar el problema de los cigarrillos (de los cigarrillos, no del tabaco en sí). Lo demuestra el simple hecho de que los aditivos que se permite utilizar en ellos están sometidos en España a la regulación de su uso alimentario cuando éstos ¡se queman!, no se consumen; y encima su control lo hace el Ministerio de Economía y Hacienda en lugar del Ministerio de Sanidad. Kafkiano.

Quizás la acción más contundente adoptada a este respecto en los últimos años haya sido la querella de carácter penal presentada en septiembre de 2008 por la World Association for Cancer Research (WACR) Asociación Mundial para la Investigación del Cáncer– que preside José Antonio Campoy –director de Discovery DSALUD– contra algunos de los principales responsables políticos por considerar que “los denunciados, desde la responsabilidad que detentan en la Administración, han consentido y consienten la presencia y comercialización de productos altamente tóxicos en los cigarrillos capaces de provocar cada año más de 50.000 muertes sólo en España además de graves enfermedades en cientos de miles más de ciudadanos –entre ellos miles de niños indefensos que hoy son fumadores pasivos- sin que hayan tomado medida o iniciativa alguna encaminada a evitarlo”. Según la querella -que pretendía proteger tanto a los no fumadores como a los fumadores del consumo indirecto o directo de sustancias tóxicas- los altos cargos de la Administración contra los que se presentó la misma pudieron incumplir los artículos 408 y 450 del Código Penal. El 408 recoge la obligación de toda autoridad o funcionario de perseguir los delitos de los que tenga noticia y el 450 la responsabilidad de quienes pudiendo hacerlo no impiden la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud. Desafortunadamente -como más adelante veremos- la Justicia no consideró que haya responsabilidad penal en consentir que un producto de consumo y venta legal contenga sustancias capaces de provocar efectos tóxico-cancerígenos en quienes lo consumen.

Al menos ahora ya tienen información de primera mano. Los resultados del trabajo dirigido por el catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante Antonio Marcilla están a disposición de la Secretaría de Estado desde hace ya más de un año y -que se sepa- aún no se ha tomado ninguna medida encaminada a regular o prohibir la presencia de productos tóxicos más allá de la nicotina, el alquitrán y el monóxido de carbono mientras se realizan nuevas y más concluyentes investigaciones.

CANCERÍGENOS CONOCIDOS

El estudio de las sustancias derivadas del consumo de cigarrillos es un proceso complejo que depende de gran cantidad de variables: la clase de tabaco, dónde, cuándo y cómo se recolectó, qué parte de la planta se escogió, qué filtro y papel se ha usado al elaborarlos y, sobre todo, qué aditivos se emplearon. Y es que durante la acción de fumar el tabaco se somete a altas temperaturas -de hasta 950º C- y a una concentración variable de oxígeno lo que provoca una combustión incompleta que genera gran cantidad de sustancias químicas -más de 4.800-, muchas de las cuales están internacionalmente reconocidas como tóxicas y cancerígenas (aunque no exista consenso científico sobre la relación cantidad-efectos). Siendo la presencia no regulada de estos compuestos –la Administración ha llegado a reconocer que no conoce su composición real- junto a la nicotina, el alquitrán y el monóxido de carbono -únicos compuestos sobre los que existen límites establecidos- lo que determina la toxicidad final del cigarrillo fumado. La cantidad total de esos compuestos que aparecen tanto en los alquitranes como en los gases y que para muchos autores marca la toxicidad del tabaco –aunque la sensibilidad de cada fumador a determinados compuestos tenga un papel fundamental- puede pues variar de una marca a otra y precisa de nuevos métodos para poder ser adecuadamente evaluada.

El rendimiento relativo de algunos conocidos compuestos tóxicos –se dice en las Conclusiones del trabajo antes citado- pueden variar considerablemente de una marca a otra. Puesto que la toxicidad de cualquier compuesto individual puede ser muy diferente y la proporción relativa de los mismos no es siempre proporcional al alquitrán, CO2 o nicotina se deben establecer parámetros más adecuados para determinar la toxicidad del tabaco”.

Así que para tratar de saber lo que realmente introducen en sus organismos los españoles los investigadores analizaron la composición de los gases y partículas que producen diez conocidas marcas comerciales de cigarrillos rubios: tres españolas –Fortuna, Ducados y Nobel– y siete estadounidenses o británicas –Marlboro, Winston, Chesterfield, Camel, L&M, Lucky Strike y John Player. Lamentablemente en los resultados finales del estudio no se citan los nombres de ninguna de las marcas analizadas ya que solo se identifican con letras que fueron adjudicadas aleatoriamente lo que hace imposible a las personas ajenas a la investigación relacionar datos y marcas. Según los investigadores, cuyo objetivo era validar el método de obtención de gases para el desarrollo de catalizadores, la razón de hacerlo así es la prudencia ya que entienden que sus resultados deben ser comparados con los de otros laboratorios antes de que sus datos se puedan utilizar para ‘denunciar’ a una determinada marca ya que los datos finales -sobre todo los relativos a la presencia de sustancias tóxicas- pueden llegar a variar en función del lote de cajetillas o de las condiciones ambientales. Cabe agregar que para el estudio se aspiraron los cigarrillos en una “máquina fumadora” y que de entre los más de 4.000 posibles componentes del humo se testaron sólo algo más de un centenar; 35 presentes en los gases y 85 en la materia particulada que queda retenida en el filtro y en las denominadas trampas de humo (filtros adicionales capaces de retener más del 99% de la materia particulada presente en los humos).

Bueno, pues más allá de que los datos puedan servir para posteriores investigaciones o recopilaciones científicas lo que este estudio ha permitido es ratificar la presencia en el humo de esos cigarrillos de conocidos tóxicos (en distintas proporciones y cantidades). Habiéndose encontrado en la fase de vapor sustancias tan perjudiciales como el acetaldehído, el 1,3-butadieno o el cianuro de hidrógeno. Y para que el lector se haga una idea de la peligrosidad de las tres sustancias citadas sepa que la Agencia Internacional para la Investigación y el Cáncer (IARC) tiene calificado el acetaldehído como “cancerígeno en animales” y “posiblemente cancerígeno” en humanos ya que causa mutaciones y otros daños a nivel del ADN; y además lo relaciona con el cáncer oral y nasal. Por su parte, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) de Estados Unidos califica también el 1,3-butadieno -producto químico que se produce en la destilación del petróleo- como “cancerígeno” basándose en estudios en animales en los cuales se observó un claro aumento en la tasa de una variedad de tumores cuando eran expuestos a él. En cuanto al cianuro de hidrógeno estudios epidemiológicos ocupacionales indican que la exposición crónica a bajos niveles puede causar enfermedades respiratorias y neurológicas además de cardiovasculares; y la exposición a largo plazo efectos muy negativos en el sistema nervioso central. Y a esas tres sustancias podemos añadir otras dos, el benceno y el tolueno, conocidas también por su alta toxicidad. Bueno, pues se trata solo de 5 de los centenares de productos tóxicos que se pueden encontrar en el humo de cualquiera de las marcas de tabaco.

Y referencias similares pueden encontrarse respecto a las partículas atrapadas en los filtros y trampas de humo. Aparte de la nicotina -principal responsable de la compulsiva adicción al tabaco- se han hallado partículas de muchos otros productos tóxicos responsables de distintos daños a la salud; como el fenol, el p-cresol, la hidroquinona, la myosmina, la cotinina, el isopreno, el crotonaldehído, el tolueno e hidrocarburos como el eicosano y el pentadecano.

Así que mientras la Administración se decide a intervenir -regulando o prohibiendo a las tabaqueras que agreguen al tabaco sustancias que al entrar en combustión producen derivados tóxicos y que presentan como aromas– los investigadores de la Universidad de Alicante trabajan en soluciones transitorias desarrollando catalizadores que reduzcan al menos los efectos negativos de dos de las principales sustancias tóxicas. Es el caso del Al-MCM-41 que reduce en un 30% la emisión de monóxido de carbono y en más de un 50% la de nicotina y los alquitranes.

“EL TABACO NO DEBERIA ESTAR EN EL MERCADO”

El Dr. Antonio Marcilla, director de la investigación en la Universidad de Alicante, nos contaría sus impresiones.

-Díganos, ¿se había llevado a cabo con anterioridad en nuestro país algún estudio que incluyera el análisis de los componentes que contienen los cigarrillos de las principales marcas de tabaco?

-Aparte de los análisis rutinarios de nicotina, alquitrán y monóxido de carbono, en España no se había realizado ningún estudio similar al nuestro; al menos yo no lo conozco.

-Sabemos que han encontrado muchas sustancias tóxicas durante la investigación. ¿Cómo se explica que estén presentes en un producto de consumo humano habitual?

-Las numerosas sustancias tóxicas –algunas cancerígenas- que hay en el humo del tabaco están bien investigadas y descritas en trabajos anteriores. Nosotros nos hemos centrado en un centenar de productos cuya toxicidad o efecto cancerígeno son muy diversos. Piénsese que con la combustión se pueden llegar a formar en el humo del tabaco –al menos eso aseguran otros investigadores- cerca de 5.000 sustancias. ¡Incluyendo cianuro de hidrógeno aunque sea a una concentración muy baja! Y lógicamente ninguna de ellas debería encontrarse en un producto autorizado para consumo humano. Mire, el consumo de tabaco hoy no se podría aprobar con la legislación actualmente en vigor. Luego si se permite su comercialización es por inercia, porque fumar es una costumbre muy arraigada y porque detrás hay numerosos intereses en juego. De hecho se dice que el tabaco es una de las tres materias primas más importantes a nivel mundial como motor de la economía.

-Permítame una pregunta comprometida: conociendo bien los datos que han obtenido ustedes, ¿aconsejaría de forma especial a la gente que dejara de fumar alguna marca en concreto de las estudiadas?

-Lo que yo aconsejo a la gente es que ¡deje de fumar! Obviamente, como siempre ocurre, entre las marcas estudiadas hay una que da resultados más elevados que las demás pero eso no es lo más significativo. Como es sencillo inferir hay marcas con mezclas de tabaco que tienen más nicotina y alquitrán y generan más monóxido de carbono que otras pero también es cierto que los resultados varían notablemente en una misma marca de unas partidas a otras, de unos países a otros, etc. Habría pues que hacer un estudio mucho más amplio y con muchas más muestras para poder acercarnos a una respuesta seria. Dar una respuesta a la ligera o difundir los resultados sin más ahora dando nombres de marcas podría ocasionar conflictos legales no deseados con las señaladas.

-¿Cuál sería a su juicio el siguiente paso a tomar tras conocerse los resultados de su investigación? ¿Tendría sentido no hacer nada?

-No hacer nada no tendría sentido. Nosotros hemos optado de hecho por estudiar y desarrollar catalizadores que reduzcan la toxicidad y creemos poder conseguir reducir la mayoría de los compuestos en un 60-70%. Además estamos estudiando el efecto de diversos aditivos y el efecto de los catalizadores sobre las mezclas de los aditivos con distintos tipos de tabaco. En ese ámbito al menos hay muchas posibilidades.

-¿Los datos obtenidos justifican a su parecer una nueva legislación sobre el tabaco que vaya más allá de la mera regulación de los niveles de nicotina, alquitrán y monóxido de carbono?

-Nuestro trabajo lo hicimos con el fin de tener referencia de los productos que hay en el humo de los cigarrillos que se consumen en nuestro entorno y desarrollar catalizadores que, mezclados con el tabaco, reduzcan notablemente la generación de los compuestos analizados. Creo sinceramente que el tabaco no debería estar en el mercado pero si va a seguir en él es necesario regular los aditivos que contiene. Por dos motivos: para no fomentar su consumo y porque la regulación actual se basa en su posible uso como alimento. Sin embargo se trata de un producto que no se va a ingerir sino que va a ser quemado. Y eso puede producir un gran número de sustancias tóxicas. Creo pues que cuando se disponga de datos contrastados no tardarán en aparecer nuevas normativas.

LA WACR INTENTA QUE ASUMAN SU RESPONSABILIDAD PENAL VARIOS ALTOS CARGOS

Nuevas normas absolutamente necesarias que todos los gobiernos españoles –de uno y otro signo- se resisten desde hace décadas a aprobar. Ya en la introducción de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco se afirma de hecho lo siguiente: “En España fallece cada año como consecuencia del consumo de tabaco un número de personas que representa el 16% de todas las muertes ocurridas en la población mayor de treinta y cinco años”. Es decir, se reconoce su peligrosidad ¡pero se mantiene en el mercado! Y sin embargo, ¿alguien cree que seguiría a la venta cualquier otro “alimento” con aditivos que produjera resultados tóxicos y se supiera iba a matar al 16% de la población mayor de 35 años? La respuesta es obvia: NO.

Ciertamente no falta quien considera que avisos como los de Fumar perjudica gravemente su salud y la de los que están a su alrededor y Fumar puede matar es suficiente apelando a la “libertad” individual del fumador pero quien tal cosa afirma obvia que la mayor parte de los fumadores no lo hacen por placer ni por voluntad propia sino porque ¡son incapaces de dejarlo!, porque son “adictos”.

Esa fue la razón que llevó en septiembre de 2008 a la World Association for Cancer Research (WACR) Asociación Mundial para la Investigación del Cáncer– que preside José Antonio Campoy –director de esta revista- a emprender acciones legales para tratar de impedir lo que a todas luces es una situación irregular: la presencia continuada y consentida de sustancias tóxicas en lo que de forma absurda está legalmente considerado un “producto alimenticio”. Solo que si hasta ese momento todos los pleitos judiciales se habían interpuesto contra las compañías tabaqueras por enfermos o familiares de personas fallecidas a consecuencia de una enfermedad atribuida al consumo de cigarrillos la WACR decidió no ir judicialmente contra ellas porque las autoridades gubernamentales han dado a la industria una vergonzosa cobertura que las permite alegar en los tribunales que sus productos son “legales”, están “regulados” y sus posibles efectos negativos se advierten hasta en las cajetillas por imperativo legal por lo que los consumidores no pueden alegar “desconocimiento” de los mismos y además fuman por “decisión y voluntad propias” (y no por adicción). Algo que los jueces asumen sin más por muy manipuladora y demagógica que sea tal argumentación. La WACR decidió pues querellarse ¡contra las autoridades que nos han llevado a esta situación! Querella que se personalizó en cuatro de las personas que en aquellos momentos ocupaban los cargos de mayor responsabilidad en este ámbito tanto del Ministerio de Sanidad y Consumo como del Ministerio de Economía y Hacienda ya que son “los poderes públicos” quienes tienen según la Constitución –artículos 15 y 43- la “obligación de organizar y tutelar la salud pública”. “El razonamiento es sencillo –señala Campoy-: si los poderes públicos prohibieran añadir a los cigarrillos productos considerados internacionalmente cancerígenos la industria no tendría más remedio que retirarlos para seguir comercializando cigarrillos y el índice de enfermedades y muertes bajaría en picado. Y, por tanto, al no prohibirse se está incurriendo en una conducta delictiva perseguible judicialmente”.

Asesorados por el equipo jurídico de Oria y Pajares & Asociados abogados y antes de emprender ninguna acción ante los tribunales la WACR solicitó de las autoridades sanitarias la documentación que tuviera en su poder sobre las sustancias añadidas a los cigarrillos, reconocidas como tóxicas y carcinogénicas, con el fin de confirmar si los datos de la Administración indicaban lo contrario que la literatura científica internacional. Pidiendo además que se solicitara formalmente a los fabricantes la documentación precisa sobre la naturaleza de todos y cada uno de los componentes de los cigarrillos así como de los generados en su combustión. “Pedimos a la Administración –recuerda María Angeles Arqued, miembro del mencionado bufete- los análisis de los componentes del tabaco o, en su caso, los de inocuidad de los mismos pero no se obtuvo respuesta concreta alguna. Y ante ello y con el fin de que se investigara el posible delito de omisión del deber de perseguir delitos, de impedirlos o de promover su persecución la World Association for Cancer Research presentó una querella instada en vía penal contra el entonces Secretario General de Sanidad y otras autoridades atendiendo a sus cargos y competencias”.

Según la querella -que pretendía proteger tanto a los no fumadores como a los fumadores del consumo indirecto o directo de sustancias tóxicas- los altos cargos de la Administración contra los que se presentó la misma incumplieron los artículos 408 y 450 de Código Penal. El 408 señala: “La autoridad o funcionario que faltando a la obligación de su cargo dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”. Por su parte, el artículo 450 del Código Penal -de cuya violación también se les consideraba responsables- recoge: “El que pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno no impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si el delito fuera contra la vida y la de multa de seis a veinticuatro meses en los demás casos”

Es evidente –explica Campoy- que todos los cargos -altos, medios y bajos- del Ministerio de Sanidad están informados de las miles de muertes que provoca la adulteración del tabaco con sustancias químicas. ¿Y no es un delito introducir productos cancerígenos en un producto de consumo masivo como el tabaco? ¿No es un comportamiento negligente y doloso de la Administración consentir la introducción de productos tóxicos en los cigarrillos sin que el consumidor sepa cuáles son ni cómo actúan con el fin de alterar la condición natural del tabaco y aumentar las ventas? Aparentemente ambas cosas debieran estar fuera de toda duda, ¿no? Bueno, pues no parece que algunos jueces lo tengan tan claro”.

JUSTIFICAR LO INJUSTIFICABLE 

Así fue. Tanto en primera como en segunda instancia judicial se rechazó la querella por considerar los jueces que en el comportamiento de las autoridades sanitarias no existía “ilícito penal alguno” y, por tanto, posibles ”responsables”. Obsérvese la “profundidad” del razonamiento esgrimido en la sentencia de primera instancia que ratificaría la Audiencia Provincial de Madrid: “Si el consumo y distribución del tabaco no constituye por sí mismo delito alguno, a falta de tal presupuesto previo resulta imposible la acción por omisión del deber de perseguirlo”. En otras palabras, según esos jueces como el consumo de cigarrillos es legal y no un delito tampoco puede serlo no tratar de impedirlo. Sin embargo el fondo de la querella no era ese: lo que en ella se plasmó era que los cigarrillos contienen cientos de aditivos que dan lugar al combustionar a más de 4.000 nuevas sustancias tóxicas –muchas cancerígenas- sobre las cuales no se ha informado a los consumidores y que se añaden sin justificación alguna con el conocimiento -y consentimiento implícito pues- de las autoridades denunciadas. Tal era el delito denunciado sobre el que los jueces pasaron de puntillas sin mencionarlo.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, que en teoría debe velar por los derechos de los consumidores así como protegerlos previniendo, detectando, reduciendo e incluso suprimiendo riesgos para el consumidor no incurrió según los fallos judiciales en omisión alguna al tolerar la comercialización de un producto con un riesgo evidente para la salud por considerar ‘suficiente’ el cumplimiento de las ordenanzas y reglamentos existentes”, explica Arqued.

Inexplicable decisión judicial porque los productos que las tabaqueras añaden a los cigarrillos no están regulados por la Administración ya que ésta ha reconocido que ¡ni siquiera sabe cuáles son! El ex Director General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo, Manuel Oñorbe, llegó de hecho a declarar públicamente: “No hacemos análisis de los aditivos y tenemos que creer lo que declaran las tabacaleras. No sabemos lo que llevan“.

Solo que mentía. Él y todas las demás autoridades. Porque la propia Altadis –empresa nacida de la fusión de la española Tabacalera y la francesa Seita– entregó en su día a la Administración una completa relación de los aditivos que agrega a los cigarrillos, lista que publicaría tiempo después el diario El País en una doble página. Alegación y documentación que la WACR aportó al juzgado ¡sin que se tuviera en cuenta!

Con lo que el juez instructor tampoco tuvo en cuenta que también es delito -artículo 363 del Código Penal- la conducta de los productores, distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores fabricando o vendiendo –punto 2- bebidas o comestibles destinados al consumo público y nocivos para la salud. De ahí que la resolución del Juzgado de Instrucción nº 30 resulte difícil de encajar en el sentido común. “En la autorización de la Administración –señala la resolución- de la distribución de productos relacionados con el consumo del tabaco que el querellante califica como tóxicos en atención a los múltiples aditivos que contiene y en parte enumera no cabe apreciar sin embargo ilícito penal alguno, al margen de las consecuencias que sobre la salud de algunos ciudadanos su consumo voluntario pueda tener y resulte científicamente demostrado. Y desde esta perspectiva, ni la autoridad o funcionario han dejado, pues, de promover la persecución de ningún delito, ni omiten el deber de impedirlo que son las conductas tipificadas en los preceptos sustantivos invocados”. Llama poderosamente la atención el uso de la expresión “al margen” ¡como si pudieran separarse las consecuencias derivadas del consumo de un producto de la responsabilidad de su aprobación y control!

En el punto segundo de su resolución el juez consideró que tampoco cabe invocar la aplicación de los artículos 408 y 450 del Código Penal “sobre una actividad legal dentro del territorio nacional sobre la que no se invita precisamente al consumo sino que se advierte de su carácter nocivo y peligroso para la salud pública”. En otras palabras, ese juez entiende que si un producto es legal no puede perseguirse a quienes no lo retiran del mercado -en función de la exigencia de su cargo- aunque posteriormente a su legalización se descubra que el mismo es peligroso para la salud. Obvió ese hecho como obvió la alegación de que no puede considerarse libre de decidir alguien a quien se le ha provocado adicción a los cigarrillos a causa de las sustancias adictivas que se le han agregado. Como igualmente obvió que prácticamente ningún consumidor sabe que a los cigarrillos que fuma se le han añadido cientos de sustancias que derivan en productos tóxicos. Hasta obvió que el inexistente consentimiento informado que alegan las tabaqueras es falso por lo dicho y que, aun si lo hubiera sido, no era de aplicación en el caso de los niños como bien planteó la WACR.

MÁS DE LO MISMO 

Recurrido el fallo ante la Audiencia Provincial de Madrid ésta la rechazaría en abril de 2009 siendo el principal argumento que “¡ninguna de las acciones descritas son típicas del Código Penal!”. ¡Sin comentarios! Lo llamativo es que luego dejó las puertas abiertas a posteriores reclamaciones: “Si en algún caso –manifiestan en su fallo los magistrados- se han infringido reglamentos de prevención de riesgos podríamos estar ante una responsabilidad patrimonial del Estado por la dejación de sus funciones o por la aplicación incorrecta de los mismos pero en modo alguno ante un ilícito penal. (…) No obstante, es claro que se deben extremar los controles de prevención de riesgos adaptando sin cesar la normativa existente según se vaya desarrollando el Estado de la Ciencia, suprimiendo de nuestro ambiente alimentos y otros consumos, sustancias que se demuestren que sean perjudiciales para la salud”.

En otras palabras, los altos cargos denunciados sabían que se añadían sustancias tóxicas a los cigarrillos ¡y los jueces dicen que eso no es un “ilícito penal”! Que, como mucho, si hay personas que enferman o mueren por su negligente dejación lo que puede plantearse es una reclamación “patrimonial” para que el estado –y no los responsables- paguen a los posibles afectados unas indemnizaciones. Y luego se reclama a los ciudadanos que confíen en nuestro sistema judicial. De todo esto dimos cuenta en su momento en el artículo que con el título ¿Asumen las autoridades sanitarias alguna vez sus responsabilidades? publicamos en el nº 125 y que puede leerse en nuestra web: www.dsalud.com.

Queda por ver si el nuevo estudio de la Universidad de Alicante, junto a toda la bibliografía ya existente, hace reaccionar a nuestras autoridades pero lo dudamos porque aún no han hecho nada y obra en su poder ¡desde hace un año!

Francisco San Martín

Este reportaje aparece en
158
Marzo 2013
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