El acuerdo de libre comercio que Europa está a punto de firmar con Estados Unidos -denominado Asociación de Comercio e Inversión Transatlántica– permitiría la comercialización en el viejo continente de productos transgénicos y sustancias peligrosas hasta hoy prohibidas -como algunos pesticidas y hormonas- lo que ha llevado a la aparición de un movimiento global de oposición y a un grupo de médicos y científicos a publicar una Carta Abierta dirigida a Ángela Merkel para que se impida tal posibilidad dado el peligro que representaría para la salud. Una reacción que también ha tenido lugar en Rusia donde se han presentado ante el Parlamento varios proyectos de ley que intentan prohibir el cultivo y comercialización de organismos genéticamente modificados e impulsar la agricultura orgánica. Es más, el Consejo de la Federación Rusa solicitará a la ONU que se cree una agencia internacional que controle su distribución en el mundo y valore sus efectos negativos a largo plazo.
El acuerdo de libre comercio que Europa está a punto de firmar con Estados Unidos -denominado Asociación de Comercio e Inversión Transatlántica (TTIP por las siglas en inglés de Transatlantic Trade and Investment Partnership)- forma parte de una amplia estrategia de colonización comercial que Estados Unidos viene poniendo en práctica desde principios de los años noventa y encubre objetivos que van mucho más allá de lo puramente económico para integrarse en el marco de la política exterior estadounidense como versión «fría» de sus operaciones bélicas «calientes» desplegadas en Oriente Próximo: Irak, Libia, Afganistán e, indirectamente, Palestina. Y si lo duda vea cómo lo expresa el documento estadounidense sobre Estrategia de Seguridad Nacional correspondiente a 2002: «Mercados libres y libre comercio son las prioridades claves de nuestra estrategia de seguridad nacional«. Por eso se está implantando lo que Nick Dearden -del World Development Movement– llama «la zona de libre comercio más grande del mundo». Pues bien, tal estrategia pero sobre todo la manera de implantarla está deteriorando la salud del planeta y de sus habitantes.
MÉXICO Y EL TLCAN: VEINTE AÑOS DE SAQUEO
El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado por México, Canadá y Estados Unidos con el presunto objetivo de eliminar obstáculos al comercio, facilitar la circulación de bienes y servicios, aumentar las oportunidades de inversión, impulsar la cooperación y, en suma, todas esas expresiones grandilocuentes que tan bien quedan cuando se citan en los documentos oficiales y en las páginas web al servicio de quienes detentan el poder. Lo cierto sin embargo es que el TLCAN, como puede comprobarse veinte años después, ha dado lugar a una catástrofe económica, política y sanitaria para México que en esos veinte años se ha convertido en el segundo país con más obesidad del mundo -tras Estados Unidos- alcanzado paralelamente altas tasas de desnutrición al haber dejado de producir alimentos básicos. Mientras tanto dos millones de agricultores han abandonado sus tierras debido a los bajos precios y a la desaparición de las ayudas públicas iniciando un éxodo masivo hacia Estados Unidos. Además sólo una parte de esas tierras se ha reciclado y para dedicarlas a una agricultura industrializada que ha llevado a la contaminación de las tierras y aguas, a la violación de los derechos laborales y a la devastación del medio ambiente.
Los datos son contundentes: antes de la firma del TLCAN México importaba alimentos por valor de 1.800 millones de dólares; desde entonces esa cifra ha ido en aumento hasta alcanzar hoy los 24.000 millones. ¿Gastados dónde? Pues principalmente ¡en Estados Unidos! De hecho ello supone el 42% de lo que se consume en el país calculándose que esa cifra pronto podría alcanzar el 80%.
LA ALBA CONTRA EL ALCA
En diciembre de ese mismo año -1994- y con el fin de ampliar su área de influencia aún más allá el Gobierno estadounidense decidió impulsar otro tratado que debía entrar en vigor en 2005, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), cuyo objetivo inconfeso era lograr el control de todas las economías de América (a excepción obviamente de Cuba). Iniciativa fracasada en 2005 ante la oposición frontal de Hugo Chávez y el apoyo de varios países cuyos gobiernos surgieron de los alzamientos populares indigenistas que tuvieron lugar en ellos y que prefirieron adherirse a la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA), entidad promovida por Cuba y Venezuela.
El «contraataque» de Estados Unidos sería el de firmar acuerdos bilaterales con los gobiernos claramente afines y con aquellos a los que pudo presionar para que se adhirieran; una iniciativa denominada Tratados de Libre Comercio (TLCs) a la que se incorporaron primero Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana y, posteriormente, Chile, Perú, Colombia y Panamá. Tratados que según Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía que trabajó como economista jefe para el Banco Mundial y es muy crítico con la globalización, aumentan la desigualdad y no son sino «una herramienta para dividir a los países subdesarrollados, destruir el multilateralismo e imponer sus industrias». En suma, una nueva forma de colonialismo al imponer condiciones que van mucho más allá de lo comercial y fue imposible imponer en el marco de la Organización Mundial de Comercio donde las reglas de juego son más estrictas y Estados Unidos tiene un amplio frente de oposición.
Oxfam, confederación internacional de 17 organizaciones con presencia en unos 90 países que busca soluciones a la pobreza y la injusticia en el mundo-.elaboraría por su parte en 2007 un informe cuyo título es en sí mismo una contundente denuncia de la situación creada por esos tratados: «Nuestro futuro por la borda: cómo socavan el desarrollo los tratados de comercio e inversiones entre países ricos y pobres».
Informe que empieza con estas palabras: «El sigiloso avance de los tratados de comercio e inversiones entre países ricos y pobres amenaza con impedir a los países en desarrollo tener una posición favorable en la economía mundial. Tales acuerdos, liderados por Estados Unidos y la Unión Europea, imponen normas cuyo alcance compromete seriamente las políticas que los países en desarrollo necesitan para luchar contra la pobreza». Es más, los simples epígrafes del informe son una síntesis clara y directa de lo que significan estos tratados y de sus consecuencias:
-Tratados Norte-Sur: una nueva forma de imponer la dominación económica
-Debilitar el sistema comercial multilateral.
-Propiedad intelectual: el conocimiento fuera del alcance,
-Reducir el acceso a las medicinas.
-La nueva normativa sobre semillas amenaza los medios de vida de los productores pobres.
-Subida de precios de los productos agroquímicos.
-Conocimientos y biodiversidad sin protección.
-Limitar el acceso de los más pobres a los servicios.
-Créditos fuera del alcance de las personas pobres.
-Comercio minorista: menos empresas locales y en peligro los medios de vida de los pequeños agricultores.
-El sector de los servicios públicos, amenazado.
-Inversiones: atar de pies y manos a los gobiernos.
-Se reduce la capacidad de los estados para abordar la desigualdad.
-Compensar a los inversores extranjeros incluso cuando violan el interés público.
-Sigue la desigualdad de género.
-Cláusulas laborales ineficaces que sirven de poco.
-Liberalización arancelaria sin precedentes en los países en desarrollo: mayor y más rápida.
-Los agricultores se sumen aún más en la pobreza.
-Los países industrializados mantienen barreras a las exportaciones agrarias.
¿Son o no significativos?
TPP: «UN LOGRO HISTÓRICO»
Un paso más en la colonización «fría» de los tratados y acuerdos de libre comercio -en este caso un paso de gigante- lo constituiría el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership) -conocido como TPP por las siglas en inglés de Trans-Pacific Partnership-, tratado muy similar al TLCAN que firmaron inicialmente -en 2006- Chile, Brunei, Nueva Zelanda y Singapur al que posteriormente se adherirían Perú, México, Australia, Canadá, Japón y Malasia en el que además están como «observadores» Panamá, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Uruguay y España. Y es que al igual que otros tratados similares impone un régimen de protección de derechos del capital privado y de las corporaciones transnacionales que afecta negativamente al medio ambiente, a los derechos humanos y a la soberanía de los estados al anular su capacidad regulatoria. Los expertos consideran que el tratado es un trampolín para debilitar al ALBA y al MERCOSUR mientras la CIA, el Departamento de Estado estadounidense y un buen número de ONGs aliadas organizan en la zona -especialmente en Venezuela- campañas de desestabilización.
La importancia estratégica del TPP puede juzgarse a partir de la valoración que representantes del Departamento de Comercio estadounidense hicieron -según explica la fundación boliviana Solón– al manifestar: «Representa un logro histórico y es lo suficientemente flexible para ser ajustado en el futuro»; «ajustado» obviamente… a las necesidades estratégicas de Estados Unidos.
El propio Renato Ruggiero, exDirector de la Organización Mundial de Comercio (OMC), comentaría al respecto: «Los Estados Unidos están escribiendo una constitución para la economía mundial que es incluso más favorable para las corporaciones y menos respetuosa con las instituciones democráticas, la justicia económica y los derechos humanos que la Organización Mundial de Comercio». Le faltó añadir… «¡que ya es decir!»
TTIP: AL ASALTO DE LA UNIÓN EUROPEA
Por el momento la última etapa de esta estrategia global es la ya mencionada Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión que se complementará con otros dos tratados: el CETA -Acuerdo Económico y Comercial Global ya negociado y a punto de firmarse entre Canadá y la Unión Europea- y el TISA -Acuerdo sobre el Comercio de Servicios-, tramitado por la Unión Europea con una veintena de países entre los que destacan Estados Unidos, Australia, Japón, México y Canadá y está centrado en la privatización de servicios públicos. Todos ellos se están negociando como ya es habitual en secreto aunque conocemos parte de los documentos al haber sido filtrados por Wikileaks.
De firmarse, el TTIP se convertirá en el mayor tratado económico y comercial de todos los tiempos con 800 millones de potenciales clientes, un tercio del comercio global; de hecho las naciones implicadas suman un 40% del PIB mundial que subiría al 60% sumando las naciones firmantes del TPP.
Las implicaciones negativas de este nuevo tratado son tan amplias y abarcan tantos terrenos -medio ambiente, salud pública, agricultura, derechos sociales y laborales, acceso a la información, defensa de servicios públicos- que ha surgido un amplísimo movimiento social de oposición en los dos continentes con el objetivo de «rechazar las actuales negociaciones sobre el TTIP para garantizar un debate público transparente y democrático» tal y como afirman en su manifiesto «¡No al TTIP! Las personas, el medio ambiente y la democracia antes que los beneficios y los derechos de las corporaciones«.
Campaña de oposición que en España cuenta con cientos de adhesiones, entre ellas las de Amigos de la Tierra, ATTAC España, CGT, Ecologistas en Acción, Economistas sin Fronteras, Entrepueblos, el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad, el Observatorio de la Deuda en la Globalización, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético -integrada por más de 300 organizaciones- o la Plataforma Rural -que integra también a numerosos colectivos y agrupaciones (la lista completa de adhesiones, el manifiesto y numerosos documentos pueden consultarse en http://noalttip.blogspot.com.es).
TRANSGÉNICOS QUERAMOS O NO
Ecologistas en Acción menciona en su dossier (http://es.scribd.com/doc/212043583/Dossier-TTIP) algunas de las cuestiones más preocupantes que afectarán al campo de la salud y la alimentación. Según la organización ecologista eliminar las barreras en el comercio trasatlántico supondría «tener que aceptar en la Unión Europea los alimentos modificados genéticamente, la carne de ternera y el cerdo tratados hormonalmente y el pollo esterilizado con cloro»; y es que el TTIP limitaría el Principio de Precaución en el que se basa gran parte de la regulación alimentaria europea actual. El dossier añade que «la Unión Europea requiere que los productos que se derivan de la biotecnología sean etiquetados lo que impide la entrada de muchos productos americanos. La Organización de la Industria de la Biotecnología está de hecho instando a que se normalicen dichos productos mientras la Comisión Europea ha asegurado a los consumidores que la ley sobre alimentos modificados genéticamente no se puede negociar. Sin embargo si la Comisión Europea va cediendo a la presión de las compañías sobre la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea podríamos ver cómo se debilitan estas regulaciones para equipararse a las americanas donde los productos modificados genéticamente no necesitan ser supervisados y no necesitan realizar test de seguridad o ser etiquetados ya que se asume que esos productos son iguales que la comida no modificada genéticamente». Pues bien, en este tema -como en tantos otros- la aprobación del TTIP permitiría pasar por encima de la legislación y de la opinión mayoritariamente expresada en numerosas ocasiones por los agricultores y consumidores de muchos países europeos que se han mostrado de forma contundente contra los transgénicos como ya contamos en el artículo que con el título Guerra contra Monsanto apareció en el nº 159 y puede leer en nuestra web: www.dsalud.com.
De hecho no es casualidad que el negociador jefe estadounidense para temas agrícolas tanto en el TPP como en el TTIP es Islam Siddique, antiguo lobista a sueldo de Monsanto.
Otro asunto de gran trascendencia relacionado con la salud y la alimentación es el de las patentes, tema en el que una vez más las leyes europeas son más restrictivas que las estadounidenses; y es que la prolongación de una patente farmacéutica o agroquímica supone un incremento sustancioso de beneficios. Según el informe de Oxfam anteriormente citado cada día que se prolonga la patente de un medicamento o un agroquímico la empresa fabricante ingresa 6,8 millones de dólares, cifra nada despreciable que lleva a las corporaciones y laboratorios a invertir mucho dinero en influir en las negociaciones que regulan las patentes. Según los cálculos de Oxfam «la asociación de empresas de investigación y producción farmacéutica de Estados Unidos (PhRMA, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America) dedica unos 100 millones de dólares al año a moldear las reglas mundiales sobre propiedad intelectual para su beneficio destinando 17,5 millones de dólares a hacer presión en los acuerdos internacionales sobre comercio y otro millón de dólares a crear grupos de economistas que apoyen sus posiciones».
Por otra parte, el TTIP se convertiría también en una herramienta para esquivar las prohibiciones que la Unión Europea estableció en las décadas de los ochenta y noventa del pasado siglo XX sobre una serie de alimentos de origen norteamericano al entender que podían entrañar riesgos para la salud. El uso de la Somatotropina Bovina Recombinante para incrementar la producción de leche en las vacas, el Clorhidrato de Ractopamina para acelerar el crecimiento de los cerdos o el lavado con cloro de la carne de pollo son algunos ejemplos de prácticas que afectan a la salud cuyas prohibiciones serían eliminadas por el TTIP.
Y baste saber para no tomarse estas medidas a la ligera que según informes de la Autoridad Europea de Sanidad Alimentaria durante 2011 hubo 90.000 personas gravemente afectadas por consumir alimentos contaminados de las que 93 murieron. Claro que en Estados Unidos, según datos de los propios Centros para el Control de las Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés de Centers for Desease Control, la agencia estadounidense más influyente en Sanidad del planeta) el consumo de alimentos contaminados provoca cada año ¡48 millones de enfermos y 3.000 fallecimientos!
CIENTÍFICOS Y MÉDICOS ALERTAN CONTRA EL TRATADO
Que el asunto es importante lo demuestra que el pasado mes de julio un grupo de científicos y médicos publicó una Carta Abierta dirigida a la Canciller alemana Ángela Merkel en la que le pedían que pusiera fin «a las negociaciones del TTIP, realizadas en secreto». Recordando en ella las palabras del periodista George Monbiot -publicadas el 4 de noviembre de 2013 en The Guardian- calificando el TTIP de «asalto frontal a la democracia que permitirá a las corporaciones subvertir las leyes, los derechos y la soberanía nacional» y denunciando el hecho de que las negociaciones se estén realizando a puerta cerrada así como los efectos esperados del acuerdo: menos protección legal de los consumidores y la salud, amenaza de la agricultura ecológica y expansión de la industrial y biotecnológica, rebaja de los requisitos de protección del medio ambiente, privatización de servicios y desregulación del sector financiero, entre otros.
Los firmantes de la carta, apelando a su responsabilidad como médicos y científicos, solicitaban «la creación de un marco social para la gestión de los recursos ambientales, una política coherente con una agricultura libre de transgénicos, aumento del apoyo a la agricultura ecológica, desarrollo y aplicación del Principio de Precaución y de normas apropiadas para la reducción de los riesgos para la salud, que los comités ambientales y de salud estén formados por científicos independientes de la industria, investigación independiente sobre la industria, medidas que promuevan una sociedad más justa, prevención de la evasión fiscal, regulación del sector financiero, responsabilidad pública y responsabilidad en las áreas clave de los servicios públicos: sanidad, educación, agua, vivienda, movilidad, etc». Los firmantes mencionan asimismo el creciente movimiento europeo contra el TTIP: organizaciones a ambos lados del Atlántico y peticiones de ciudadanos; de hecho solo en Alemania se habían recogido más de 715.00 firmas. Pues bien, en el momento de cerrar este número la Comisión Europea anunciaba que rechazaba esa recogida de firmas, decisión que la ATTAC calificaría de inmediato como «escandalosa» denunciando que «ya se nos niega hasta el derecho de petición».
CORPORACIONES: JUEZ Y PARTE EN SUMARIOS SECRETOS
Quizás el mecanismo más perverso aparejado a estos tratados sea la aprobación de los eufemísticamente denominados «procedimientos de resolución de conflictos» que se llevarían a cabo en tribunales de arbitraje como los de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) o la Corte Permanente de Arbitraje al que ya han aceptado someterse 115 estados (la lista completa aparece en www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1038). Porque estos tribunales funcionan de modo absolutamente opaco con audiencias a puerta cerrada y decisiones confidenciales a petición de las partes. En pocas palabras: en la práctica no son sino un arma en manos de las corporaciones que les permite demandar a los gobiernos de aquellos estados cuyas normativas y procedimientos entiendan que perjudican sus intereses. De hecho se conocen muy pocos casos en los que estos tribunales hayan fallado en contra de las empresas; en la mayoría de los casos en los que han trascendido las decisiones las corporaciones han conseguido resarcir sus pérdidas a base de indemnizaciones… sufragadas por los ciudadanos de los países demandados. Philip Morris, por ejemplo, demandó a Australia tras la aprobación de una normativa para que las cajas de cigarrillos no pudieran contener publicidad de marcas; y Veolia demandó a Egipto por establecer un salario mínimo que hizo reducir sus ganancias.
En definitiva, los citados «tratados de libre comercio» pretenden quitar a los estados capacidad legislativa para proteger a sus ciudadanos, la salud y el medio ambiente dejando en manos de las grandes corporaciones y no de los gobiernos el poder de decidir lo que la gente comerá, comprará, cultivará o producirá; arrebatándoles además sus tradiciones y arrasando con los servicios públicos. Es más, garantizan a los gigantes transnacionales ¡la posibilidad de recuperar eventuales pérdidas con dinero procedente del bolsillo de los contribuyentes!
¿RUSIA CONTRA MONSANTO?
Lo singular es que ante tamaño desatino incluso en Rusia han surgido voces abiertamente discrepantes que han decidido impulsar medidas legales para mantener su territorio libre de transgénicos y potenciar la agricultura orgánica o ecológica. Iniciativas que de salir adelante podrían convertirle en el primer país del mundo en reunir estas tres condiciones: prohibición total de su producción e importación, implementación de una investigación independiente sobre los efectos reales de los transgénicos en la salud de los animales y las personas así como del medio ambiente y expansión de la agricultura ecológica. Lo que teniendo en cuenta su capacidad de influencia significaría un duro golpe para Monsanto y el resto de las empresas multinacionales comercializadoras de transgénicos porque cientos de millones de personas terminarían comprando en Rusia lo que en sus propios países ya no encontrarían.
Y es que los rusos poseen información alarmante: durante las jornadas de protección contra los peligros ambientales celebradas entre abril y junio de 2010 se presentó un estudio conjunto de la Academia de Ciencias rusa, el Instituto Surov y la Asociación para la Seguridad Genética según el cual tras alimentarse a diferentes grupos de hámsters -raza Campbell- con soja convencional y soja transgénica en diferentes proporciones -el experimento se hizo con tres generaciones de animales- se encontraron con que la tercera generación de los alimentados con soja transgénica NO ERAN YA CAPACES DE REPRODUCIRSE
Es más, algunos animales del grupo alimentado con soja modificada tenían bolsas de pelo empotradas en la boca; así lo describe el Dr. Alexei Surov, director del estudio: «Algunas de estas bolsas contenían pelos, otras gruesos haces de pelo incoloro o pigmentado que alcanzaban la superficie de masticación de los dientes. Y a veces la fila de dientes se rodeó de un cepillo de paquetes de pelo en ambos lados. Los pelos crecieron en vertical y con extremos agudos, a menudo cubiertos con trozos de un tapón de moco» (puede ver las fotos en www.researchgate.net/publication/259006981_Paper_on_oral_hair/links/0c960529b868f0eb46000000).
Y hay otro estudio que demuestra que también el maíz genéticamente modificado afecta a la capacidad reproductiva; el trabajo lo efectuó con ratones un equipo interdisciplinario de investigadores de facultades austríacas de Veterinaria y Biología y lo publicó en 2008 el Institut für Ernährung (Instituto de Nutrición) conjuntamente con el Forschungsinstitut für biologischen Landbau (Instituto de investigaciones para la agricultura orgánica). Tiene el texto completo en www.biosicherheit.de/pdf/aktuell/zentek_studie_2008.pdf.
Y no son más que dos meros ejemplos porque en los últimos años se han hecho numerosos estudios que documentan que el consumo de alimentos transgénicos puede provocar todo tipo de daños; experimentos que han obligado a Monsanto, Syngenta, BASF y otras corporaciones a intentar ocultarlos o desprestigiarlos (vea el recuadro adjunto).
HAY QUE IMPULSAR LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
De hecho el primer ministro ruso, Dimitri Medvédev, ya ordenó en septiembre de 2013 a una serie de organismos gubernamentales -entre para comprobarlo en http://government.ru/docs/6128– que estudiaran la posible prohibición de las importaciones de productos que contuviesen organismos genéticamente modificados; concretamente al Rospotrebnadzor (Servicio Federal de Inspección en Defensa de los Derechos del Consumidor y el Bienestar Humano) y a los ministerios de Salud, Agricultura, Comercio y Desarrollo Económico. Y es que también en ese país se han introducido; en junio pasado la agencia rusa de información Ria Novosti aseguraba que a pesar de las prohibiciones y controles actuales en Rusia hay ya unas 400.000 hectáreas en las que se cultivan ilegalmente según datos ofrecidos por Arkady Zlochevski, miembro del Sindicato Ruso de Semillas.
Y en marzo pasado -2014- el propio presidente Vladimir Putin declararía sobre el tema durante una reunión de la Junta Directiva del Consejo de la Federación Rusa lo siguiente: «Tenemos que realizar nuestro trabajo adecuadamente de modo que no incumplamos nuestras obligaciones con la Organización Mundial de Comercio pero de forma que, aun teniendo ello presente, podamos dotarnos de instrumentos legítimos que nos permitan proteger nuestro mercado y, por encima de todo, a nuestros ciudadanos». Añadiendo que la investigación de los transgénicos podía continuar «siempre que nos movamos en la dirección de proteger a nuestros ciudadanos».
Un mes después -en abril de 2014- el Ministro de Agricultura Nikolái Fiódorov diría durante la celebración del congreso de diputados de asentamientos rurales en Volgogrado -así lo recogería Izvestia- lo siguiente: «No dejaremos entrar en Rusia semillas transgénicas para cultivar ni para alimentar animales. Otra cosa es que sea para su estudio científico». Añadiendo que el Gobierno «tiene la intención de celebrar una poderosa campaña de publicidad sobre los peligros de este tipo de productos para la salud».
Cabe agregar finalmente que Kirill Cherkasov, diputado del Partido Liberal y miembro del Comité de Agricultura de la Duma estatal y redactor de un Proyecto de Ley de prohibición de los transgénicos en Rusia, se muestra muy preocupado porque según afirma el cultivo de transgénicos en Rusia aumentó de forma alarmante desde su entrada en la Organización Mundial de Comercio (OMC). De ahí la necesidad de que salga adelante su proyecto este otoño; necesidad que definiría de tan contundente manera en unas declaraciones a Russia Today: «Cuando se comete un acto terrorista resultan heridas varias personas pero los organismos genéticamente modificados pueden causar daños a miles. Sus consecuencias son mucho peores y por tanto el castigo debe ser proporcional al delito».
El Proyecto de Ley de Cherkasov se presentó el 14 de mayo de este año y en él se propone la modificación concreta de los artículos de tres leyes: el art. 12 de la ley federal sobre regulación estatal en el campo de la Ingeniería Genética, el art. 15.1 de la ley federal sobre calidad y seguridad alimentaria y el art. 8.5 del Código Administrativo de la Federación de Rusia.
Es más, según informaba Russia Today el pasado 5 de junio un grupo de legisladores rusos quiere que su país pida en la ONU la creación de una agencia internacional que no sólo controle estrictamente en todo el mundo la distribución de productos que contengan algún organismo genéticamente modificado sino, sobre todo, que investigue cómo afectan realmente a largo plazo los transgénicos en la salud humana.
¿Y qué opina de esto la población rusa? Pues según una encuesta realizada en mayo pasado por la veterana Russian Public Opinion Research Center (VCIOM) el 54% no compraría nunca alimentos etiquetados como OMG y el 74% preferiría los alimentos orgánicos a los genéticamente modificados aunque estos últimos sean más baratos, se empaqueten de forma muy atractiva y tengan una fecha de caducidad a más largo plazo. Una amplia mayoría se mostró asimismo en contra de los conservantes, colorantes, potenciadores del sabor y antioxidantes. Solo un 10% de los encuestados manifestó no tener reparos en comprar alimentos con organismos genéticamente modificados y/o aditivos.
Terminamos indicando que paralelamente al Proyecto de Ley citado se ha presentado otro para impulsar la agricultura orgánica en el convencimiento de que dada la gran cantidad de suelo no contaminado del que dispone Rusia sus productos agrícolas tendrían una fuerte demanda en todo el mundo.
En suma, el mundo se halla ante una batalla que puede marcar su futuro así que más vale que nadie se abstenga porque nuestra salud y nuestra vida así como la de nuestros hijos están en juego.
Jesús García Blanca
Recuadro:
Transgénicos prohibidos en la Unión Europea
-Austria: el cultivo del maíz MON810, MON863 y T25.
-Francia: el cultivo del maíz MON810.
-Alemania: el cultivo y venta del maíz MON810.
-Grecia: el cultivo del maíz MON810.
-Hungría: el cultivo del maíz MON810 y de la patata Amflora de BASF.
-Italia: el cultivo de cualquier organismo genéticamente modificado hasta que se regule su «coexistencia» con cultivos orgánicos.
-Luxemburgo: el cultivo del maíz MON810 así como cultivo y uso comercial de la patata Amflora.
-Polonia: el cultivo del maíz MON810 y de la patata Amflora.
-Rumanía: el cultivo del maíz MON810.
-Suiza: moratoria hasta 2017-por referéndum- de todo cultivo de organismos genéticamente modificados.
Fuente: http://www.gmo-free-regions.org/gmo-free-regions/bans.html
Evidencias sobre la peligrosidad de los transgénicos
GMO Evidence ha elaborado un completo mapa que muestra un creciente número de estudios -realizados en todo el planeta- que constatan los daños que producen los organismos genéticamente modificados y los pesticidas asociados a sus cultivos. Una aplicación de Google maps permite consultar cada país o región del mundo y acceder a los detalles del estudio y su publicación. Este es el enlace: www.gmoevidence.com/#gmoMap
Webs con información sobre la oposición al TTIP
-Seattle to Brussels Network: www.s2bnetwork.org/
-Campaña NoalTTIP: http://noalttip.blogspot.com.es/
-Mandato de Comercio Alternativo: http://es.justinvestment.org/2014/01/mandato-de-comercio-alternativo.
-Dissident voice: http://dissidentvoice.org
-Documentos filtrados por Wikileaks: http://wikileaks.org/tisa-financial
