Estados Unidos: 3.311 millones de dólares por los daños y muertes causadas por las vacunas

Estados Unidos ha pagado ya 3.311 millones de dólares a más de cinco mil personas y familias por las lesiones y muertes que han causado las vacunas desde que en 1988 el Departamento de Salud creara el Programa nacional de compensación por daños debidos a vacunas. Y eso que se han denegado más de diez mil y que solo se ha interpuesto una pequeña parte de las posibles demandas debido a la falta de información adecuada y a que se limita el tiempo de reclamación a sabiendas de que los efectos negativos de las vacunas aparecen a veces al cabo de unos años. Todo indica pues que ese programa y la ley que regula el llamado Vaccine Court (Tribunal de Vacunas) se pusieron en marcha para proteger a los fabricantes y no a los usuarios. De hecho los miles de millones de indemnización pagados en ese país ¡los abona el estado y no los laboratorios fabricantes! Inexplicable y repugnante.

Entre el 10 de enero de 1988 y el 1 de enero de 2017 Estados Unidos pagó 3.311 millones de dólares a 5.143 personas y familias por lesiones y muertes atribuidas a vacunas. Y esas indemnizaciones, reguladas desde 1988 en el Programa nacional de compensación por daños debidos a vacunas (National Vaccine Injury Compensation Program) puesto en marcha por el Departamento de Salud, son solo parte de las presentadas ya que por motivos más que discutibles fueron rechazadas otras 10.169 (puede consultar el informe completo en www.hrsa.gov/vaccinecompensation/data/statisticsreport.pdf). Lo que se explica cuando uno sabe cómo funciona ese programa que, por cierto, existe igualmente en otros países ¡pero no en España! Y es que en nuestra nación las vacunas no perjudican a nadie aunque en otros países sí lo hagan ¡porque así lo han decidido las autoridades competentes! Y ya se sabe que en España la verdad en materia de salud la impone quien gobierna. Incluso si lo decidido choca contra el sentido común y científica y médicamente se trata de un disparate.

En Estados Unidos y el resto de Europa sí se admiten en cambio los efectos negativos de las vacunas porque las evidencias son incontestables. En Alemania empezó a aceptarse la posibilidad porque no pudieron negar los daños que causó hace unas décadas la vacuna de la viruela. Y posteriormente otros países europeos así como Japón ante los daños causados por la DTP (difteria-tétanos-tosferina). Y otro tanto acaeció en Estados Unidos cuando se inoculó masivamente a la población con la vacuna anti-polio.

El problema es que en todos esos países -y en los que posteriormente pusieron en marcha mecanismos similares- lo que se diseñó no fue algo para proteger a la población sino a la industria de las posibles demandas de los ciudadanos. Lo explicarían recientemente las españolas Inma Quirós y Gemma Torrell en una ponencia dictada en Madrid a finales de noviembre de 2015 titulada Sistemas de compensación de daños por las vacunas en la que -entre otras muchas cosas- aseguraron que en tales programas «influyeron de forma determinante las presiones económicas y políticas derivadas de la preocupación por la seguridad de las vacunas que podrían llevar a demandas millonarias y al rechazo de la población hacia los sistemas de inmunización provocando la desestabilización del mercado de las vacunas».

En España sin embargo nunca se ha puesto en marcha nada similar porque, como decimos, aquí se rechaza la mera posibilidad de que las vacunas puedan causar los daños graves que sí producen en el resto del mundo. Y como lamentablemente la mayoría de los médicos españoles acepta a pies juntillas las «verdades» que se dictan desde el poder no existe nada regulado y no se quejan por ello a pesar de las incontestables evidencias sobre la peligrosidad de las vacunas. Afortunadamente ya no todos porque el Dr. José Tuells, profesor de Medicina Preventiva en la Universidad de Alicante y director de la Cátedra Balmis de Vacunología, sí ha defendido la creación de un programa que al menos «compense» económicamente a las víctimas. Lo hizo públicamente en un artículo titulado Razones para un programa de compensación de daños por acontecimientos adversos relacionados con vacunas en España que se publicó en el nº 12 del volumen 140 de junio de 2013 de Medicina Clínica (puede leerse íntegramente en www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-razones-un-programa-compensacion-danos-S0025775313001280). Texto en el que recuerda que en 2013 ya existía algo similar en 18 países y una región canadiense: Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Islandia, Suecia, Noruega, Finlandia, Austria, Suiza, Dinamarca, Hungría, Eslovenia, Japón, Nueva Zelanda, Taiwan, Corea y Quebec. Eso sí, la mayoría de las demandas que en ellos se presentan son rechazadas porque las normas se aprobaron para proteger a la industria de las vacunas. De las presentadas en Nueva Zelanda entre 1992 y 2000, por ejemplo, se admitieron solo 77 de 293. Y de las 106 presentadas en 2005 en Reino Unido solo se admitieron a estudio 4. Datos que ofrecemos simplemente como prueba de lo que venimos diciendo.

¡TREINTA Y DOS AÑOS PARA RECIBIR UNA INDEMNIZACIÓN!

Evidentemente en España cualquier persona que se considere afectada por fármacos -y las vacunas lo son- puede reclamar por vía administrativa, civil o penal pero en el caso de las vacunas, dada la falaz premisa oficial de su absoluta inocuidad, los abogados no suelen aconsejárselo a quienes acuden a ellos contando lo que les ha pasado. De hecho la primera denuncia penal en nuestro país -que sepamos- se presentó hace muy poco: en 2014. Y son tan pocas porque en España los procesos judiciales pueden llegar a ser eternos y pasarse los reclamantes años -cuando no décadas- pleiteando; normalmente sin éxito porque, como ya hemos dicho, en el ámbito de la salud las normas españolas se aprobaron para proteger a las empresas farmacéuticas de posibles demandas aunque los supuestos de sus preámbulos no manifiesten precisamente eso.

Además en el improbable caso de que al enfermo reclamante se le de la razón está por ver si cobra la indemnización y cuándo. El antes citado profesor Tuells dice al respecto: «Pueden señalarse como ejemplo las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León concediendo en 2004 una indemnización por secuelas físicas producidas por la vacuna de la viruela a un reclamante al que se le había administrado en 1975 ratificada en 2007 por el Tribunal Supremo; o la concedida a finales de 2011 a un vacunado de DTP en 1994 (contaba entonces con 15 meses de edad) por las graves secuelas sufridas llevándole a una minusvalía del 92%. Un vacunado de gripe en 2002 también va a ser indemnizado años después de recibirla y padecer como consecuencia un síndrome de Guillain-Barré con una minusvalía del 85%».

En pocas palabras, cobrar una simple indemnización implica pasarse muchísimo tiempo pleiteando en los tribunales. En el caso que cita José Tuells nada menos que 32 años. Y encima los responsables del desaguisado salen indemnes. Algo absolutamente indecente que no se entiende cómo la sociedad consiente. Y enormemente grave porque si quienes venden fármacos -y las vacunas lo son- saben que nunca les va a pasar nada por graves que sean los efectos de lo que comercializan y lo máximo que puede ocurrirles es que la empresa para la que trabajan pague una pequeña multa, ¿por qué van a dejar de hacer fortunas aunque sea a costa de la salud y la vida de millones de personas?

De hecho el «error» de Tuells es que postula instaurar en España un programa de compensación de daños por vacunas proponiendo que se encargue de ello una comisión integrada por miembros del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Sanidad que, entre otras cosas, elabore una lista de daños compensables y otra de no compensables y estudie las cantidades de las indemnizaciones. Agregando que se cuente para ello con un fondo que aportarían al 50% los laboratorios y el estado. Pero, ¿por qué tiene que pagar el estado los daños que causan los fármacos de los laboratorios? Suponemos que será porque es el que los «autoriza» pero se obvia que quienes toman esas decisiones en todo el mundo suelen ser testaferros colocados por la propia industria en los organismos oficiales. Además, de exigir responsabilidades civiles y penales no dice nada. ¿Por qué? ¿Porque lo da por supuesto cuando la experiencia dice que no es así?

UNA SENTENCIA QUE ALARMÓ A LOS FABRICANTES

Pero centrémonos en Estados Unidos ya que allí sí se reconoce que las vacunas pueden causar daños graves, algo que saben ¡desde 1902! que es cuando se aprobó la Ley de control de productos biológicos en la que se incluyó la regulación de las vacunas para al menos reducir los problemas de negligencia en su fabricación. Cuatro años después -en 1906- se aprobaría la Ley Federal de Alimentos y Medicamentos que sería sustituida en 1938 por la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Con el tiempo estas leyes evolucionarían reglamentando la responsabilidad sobre los productos que regulaba estableciendo compensaciones para las personas afectadas por los mismos; incluyendo los daños por defectos de fabricación de las vacunas y por recetarlas estando contraindicadas.

Fue en todo caso en la década de los cincuenta del pasado siglo XX cuando el conocido «incidente Cutter» puso en alerta a los fabricantes de vacunas ya que numerosas personas sufrieron parálisis -algunas de ellas incluso murieron- por contraer la polio ¡tras recibir la vacuna desarrollada para esta enfermedad por Jonas Salk! Y es que 120.000 dosis de la vacuna contenían virus de polio vivo en lugar de virus inactivado desarrollando 40.000 niños poliomielitis abortiva -forma de la enfermedad que no involucra el sistema nervioso central- y 56 poliomielitis paralítica, cinco de los cuales murieron. Los afectados -y las familias de los fallecidos- demandaron a los fabricantes y obtuvieron indemnizaciones mediante acuerdos extrajudiciales aunque lo que verdad preocupó a la industria es que uno de ellos, Gottsdanker, no accedió a pactar y llegó hasta el Tribunal Supremo de California que confirmó el fallo recurrido según el cual aunque los laboratorios no cometan negligencia al diseñar o fabricar una vacuna «son responsables económicamente de los daños que la vacuna ocasione».

Aquello se convirtió en un precedente judicial que daría paso a otras demandas a lo largo de las décadas siguientes. De hecho algunos padres demandaron a los fabricantes de la vacuna DTP (difteria-tétanos-tosferina) obteniendo indemnizaciones millonarias que llevaron a los laboratorios a «amenazar» con dejar de fabricarlas si continuaban las demandas. Vana amenaza pues a finales de 1984 solo quedaba en Estados Unidos una compañía que fabricara la DTP. Y algunas otras vacunas también dejaron de fabricarse.

Pero «poderoso caballero es Don Dinero«. En lugar de aprobar medidas para obligar a los laboratorios a fabricar vacunas más seguras y menos tóxicas -independientemente ya de si son o no eficaces- las autoridades -sin duda convenientemente «aleccionadas»- aprobaron normas para blindarlos ante posibles demandas civiles. ¿Cómo? Pues aprobando una ley que obliga a acudir primero al programa citado antes de poder denunciar a los fabricantes. Una barrera insalvable ya que la mayoría ni siquiera conoce la existencia de ese tribunal en el que además solo una pequeña parte de las demandas termina siendo aceptada. Aún así la DTP sigue siendo la vacuna que más demandas ha originado en los últimos 30 años: 3.982; de las que solo se aceptaron 1.273. Y eso que solo en Estados Unidos se la responsabiliza de 696 muertes.

El blindaje, en suma, es total. Lo explica la profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Michigan (EEUU) Anna Kikkland según la cual para pagar las compensaciones se creó un fondo federal imponiendo un recargo de 75 centavos por cada dosis de vacuna. Por lo que aunque mucha gente cree que son las compañías las que pagan las indemnizaciones en realidad ¡lo hace el estado!; es decir, los propios contribuyentes.

UNA LEY PARA BLINDAR A LOS LABORATORIOS

 La Ley nacional sobre daños debidos a la vacunación infantil (National Childhood Vaccine Injury Act, NCVIA) es la base legal para el establecimiento del programa de compensación y se aprobó en 1986 con el fin de asegurar el suministro de vacunas y reducir al mínimo la responsabilidad económica de los fabricantes ante las lesiones provocadas por las campañas de vacunación recomendadas a nivel federal que son obligatorias en determinados estados. Lo cierto sin embargo es que disfrazada como ley que ayuda a resolver demandas mediante un sistema de «arbitraje» lo que realmente se hizo con ella es proteger a los fabricantes de responsabilidades civiles con un sistema que involucra al Tribunal de Reclamaciones Federales de Estados Unidos (United States Court of Federal Claims) que es el encargado de juzgar las reclamaciones económicas al Gobierno Federal.

La aprobación de la ley y la puesta en marcha del Programa nacional de compensación de daños por vacunas (National Vaccine Injury Compensation Program) se desarrolló creando la llamada Oficina nacional del programa de vacunación (National Vaccine Program Office), organismo responsable de coordinar todas las actividades relacionadas con las vacunaciones entre diferentes agencias -incluyendo los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), la agencia gubernamental responsable de la regulación de alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos (FDA por sus siglas en inglés), los Institutos Nacionales de la Salud (NIH por sus siglas en inglés) y la Administración de Recursos y Servicios de Salud- así como a un grupo de Special Masters (Maestros Especiales) -figura subordinada al juez que se encarga de escuchar las evidencias y hacer recomendaciones- específico para vacunas en el seno del ya mencionado Tribunal de reclamaciones federales de Estados Unidos, popularmente conocido como Tribunal de Vacunas (Vaccine Court).

El programa cuenta además con otras herramientas. Es el caso de las Hojas Informativas (Vaccine Information Statements) –descripciones formales de las vacunas con un resumen de sus beneficios, sus riesgos y la información relacionada con la reclamación de daños- y del Sistema de comunicación de efectos adversos de las vacunas (Vaccine Adverse Event Reporting System,VAERS).

Codirigido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la FDA, el VAERS es un programa de vigilancia post-comercialización similar al existente para cualquier otro producto farmacéutico o dispositivo médico que forma parte de la farmacovigilancia cuyo presunto objetivo es la recogida, detección, asesoramiento, monitorización y prevención de efectos adversos. Junto con la base de datos sobre la seguridad de las vacunas (Vaccine Safety Datalink) –implementada en 1990 por los CDC- y la Clinical Inmunization Safety Assessment Network -una red de asistencia clínica sobre seguridad en las inmunizaciones- son las herramientas que utilizan ambas agencias reguladoras para cumplir su deber de proteger la salud pública. Eso sobre el papel, claro; en la práctica las personas que deciden acudir a este tribunal se enfrentan a un auténtico calvario.

INFORMACIÓN NULA O CENSURADA

La denuncia más repetida sobre el programa de compensación es la falta de información adecuada lo que hace que no ya el público sino muchos médicos ignoren su existencia. De más está decir que la cobertura informativa que se ofrece sobre todo esto es mínima o nula, al menos en los grandes medios de comunicación. De hecho Associated Press consideraba en una nota del 17 de noviembre de 2014 que «el Gobierno parece decidido a mantener el bajo perfil público del programa de compensación de vacunas». Pero es que además la propia oficina de responsabilidad del Gobierno -la US Government Accountability Office– reconoció en un documento que no se informa adecuadamente. Hasta el punto de que fue la publicación del propio informe lo que impulsó las primeras medidas informativas.

No solo no se da cobertura informativa a estos casos sino que ni siquiera se da a conocer que existe un programa de reclamaciones. Ni los medios de comunicación ni los médicos. Nadie informa. Es más, el propio Gobierno ha llegado a retirar información de la web pública en la que se consignan las estadísticas judiciales relacionadas con vacunas. Según la periodista de investigación Sharyl Attkisson en marzo de 2015 el Gobierno Federal eliminó todos los datos de 2014 y 2015: «Aunque las indemnizaciones obtenidas por víctimas de la vacuna de la gripe se han disparado desde 2006 -denuncia- el gráfico sólo refleja la mitad». Añadiendo que las manipulaciones llevadas a cabo hacen que las tablas disponibles al público no reflejen la realidad y escondan la tendencia al alza de los casos demandados y ganados. A lo que se añaden cambios destinados a dificultar la consulta de las estadísticas y camuflar la gravedad. Un ejemplo ilustrativo: la página de estadísticas se abría antes con un gráfico que recogía las compensaciones abonadas por los daños de las vacunas pero ahora aparece un cartel que asevera sin más que las vacunas son seguras y eficaces. Realmente vomitivo.

QUÉ CONDICIONES DEBE CUMPLIR UNA DEMANDA

¿Y qué puede hacer, en suma, quien sufra algún efecto adverso provocado por una vacuna en Estados Unidos? Pues acudir al Tribunal de Vacunas. Es la única vía posible de reclamación. El U. S. Code -una compilación de la legislación federal estadounidense- especifica claramente en el título 42 del capítulo 6A.XIX que «ninguna persona puede iniciar una acción civil por daños por cantidad superior a 1.000 dólares o no especificada contra un administrador o fabricante de vacunas en un tribunal estatal o federal por daños producidos por una vacuna o muerte asociada a su administración desde el 1 de octubre de 1988«. Y asimismo que «ningún administrador o fabricante de vacunas puede ser parte de una acción civil por daños debidos a una vacuna o muerte asociada a su administración desde el 1 de octubre de 1988».

El programa estableció además una lista de daños por vacunas que incluye los efectos secundarios que oficialmente se consideran documentados para cada una de ellas así que para que prospere una demanda debe demostrarse que la persona afectada desarrolló alguno de los síntomas clínicos recogidos en esa lista y además que no hay otra posible causa. Reclamando antes de los tres años siguientes a la vacunación o, si es el caso, antes de que transcurran dos desde el fallecimiento del vacunado.

Cabe añadir que las vacunas que cubre el programa son las recomendadas por el Departamento de Salud: la DTP (difteria, tétanos y tos ferina), la Haemophilus influenzae tipo B, la de las hepatitis A y B, la del VPH (virus del papiloma humano), la de la gripe (Influenza), la denominada Triple Vírica (sarampión, paperas y rubéola) y las que se supone protegen de la varicela, la poliomielitis, los neumococos, los meningococos y los rotavirus.

En cuanto a los daños admitidos -los tiene en www.hrsa.gov/vaccinecompensation/vaccineinjurytable.pdf- la lista comienza con una advertencia que indica el soporte legal en el que se basa -el título III de la National Childhood Vaccine Injury Act de 1986 y la sección 2114c de la Public Health Service Act– y los contenidos que incluye indicando para cada vacuna sus posibles efectos adversos y el período de tiempo en el que deben aparecer desde la administración para poder reclamar indemnización.

Es decir, que aunque se dispone de un plazo de tres años para realizar la reclamación los primeros síntomas deben haberse producido en plazos tan exiguos como éstos: 4 horas para los shocks anafilácticos, 72 para las encefalitis o encefalopatías, entre 2 y 28 días para una neuritis braquial, entre 7 y 30 días para una reducción de plaquetas en sangre y entre 7 y 42 días para una artritis crónica.

Luego solo se pueden reclamar los daños concretos que el Gobierno considera «documentados» -si el vacunado sufre otros no se tienen en cuenta- y deben además haber aparecido en el tiempo establecido. Y además el demandante debe haber podido descartar otras posibles causas. Y si todo ello lo logra probar deberá entregar tan copiosa documentación antes de los plazos indicados. Sin comentarios. Si le parece inconcebible compruébelo en www.hrsa.gov/vaccinecompensation/vaccineinjurytable.pdf.

Agregaremos que la lista aprobada de daños quedó sometida a revisiones por si había evidencias de nuevos síntomas y daños que incorporar pero en la práctica para lo que esa opción terminó sirviendo es para todo lo contrario: para sacar de ella reacciones adversas inicialmente admitidas. Es el caso del trastorno por convulsiones que causa la DTP y fue causa de muchas demandas exitosas contra los fabricantes de vacunas. Se eliminó de la lista en 1995 por «falta de pruebas que respalden su relación con la vacuna”.

Es más, cualquier médico sabe que una reacción anafiláctica puede aparecer a las 2, 4 u 8 horas e, incluso, un día después de recibir la persona un fármaco, vacunas incluidas. Y algunos de los síntomas recogidos en la lista, meses o años después. Y no digamos ya una artritis crónica porque su manifestación requiere un lapso considerable de tiempo.

En suma, la lista no se elaboró para que la gente pudiera saber qué daños pueden provocar las vacunas y reclamar por ello sino ¡para que la relación de daños fuera lo más reducida posible! Se trató una vez de proteger a los fabricantes. ¿Que alguien sufre daños tras vacunarse que no están en la lista? ¡Se niega que los haya causado la vacuna! Y punto.

MÁS OBSTÁCULOS

En cualquier caso, ¿cuál es la documentación que debe incluir una demanda? Para empezar el acta de nacimiento y un expediente en el que aparezca toda la información sobre la madre, el parto, el recién nacido y los resultados y observaciones de médicos, enfermeras y laboratorios. Son necesarios también todos los expedientes médicos y notas clínicas anteriores existentes a la vacunación -se exige no haber faltado a todas y cada una las citas de control del bebé por ejemplo, consultas con médicos privados, gráficas de crecimiento, resultados de cualquier análisis o examen radiológico efectuados y, por supuesto, la cartilla de vacunación y todos los datos relativos a las vacunas y a los fabricantes. A todo ello hay que añadir los expedientes de los tratamientos médicos del hospital o centro de salud en los que se hubiese tratado el daño que se denuncia, incluyendo los documentos de admisión y del alta hospitalaria, el historial médico, las notas de los médicos o enfermeras, los expedientes de los tratamientos aplicados, los resultados de pruebas y los informes de consultas y evaluaciones realizadas. Y la cosa no acaba ahí: es preciso presentar expedientes de todo el seguimiento realizado tras esa atención médica y de los tratamientos y pruebas implicados. Además hay que aportar los formularios del VAERS y, en casos de expedientes de largo plazo (no muy largo teniendo en cuenta las limitaciones de la normativa), presentar expedientes escolares, consultas y evaluaciones y las pruebas educacionales, psicológicas o policiales que se hayan hecho. Cabe agregar que en los casos de fallecimiento se debe presentar también el certificado de defunción y los informes de la autopsia.

Y así, si finalmente logra reunirse toda esa documentación, el reclamante estará en condiciones de presentar una demanda que deberá enviar por correo con los documentos originales más dos copias y una fianza inicial de 400 dólares solo por presentarla. Recibida ésta el tribunal envía entonces una copia al Departamento de Justicia para que pida al Departamento de Salud un informe sobre los aspectos médicos de la reclamación y realice un informe sobre los aspectos legales. Todo lo cual se envía luego al tribunal y al solicitante. Luego, si los informes apoyan la demanda, los jueces designan un perito que debe dar su opinión sobre la procedencia de la demanda y de cuánto habría que pagar de indemnización incluyendo el reembolso de gastos médicos y rehabilitación, costos legales y hasta 350.000 dólares «por el dolor y el sufrimiento real» en caso de lesiones graves o hasta 250.000 dólares en caso de fallecimiento. Todo ello si se considera que la demanda «es razonable y se ha presentado de buena fe«. Si finalmente la demanda se rechaza el solicitante puede apelar ante un Tribunal Federal y si éste no le da la razón ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Y ya puede el lector suponer el coste de un proceso como éste y los años que va a tener que esperar el reclamante para la sentencia. Largo y duro sufrimiento emocional y psicológico que deberá añadir al de ver a su hijo gravemente enfermo o muerto.

Bueno, pues aún así los grandes laboratorios presionaron hasta conseguir -en 2011- que el Tribunal Supremo estadounidense -en una increíble decisión cuyos detalles pueden leerse en www.scotusblog.com/case-files/cases/bruesewitz-v-wyeth- descartara que –salvo por deficiente fabricación- las vacunas con licencia federal recomendadas por el Departamento de Salud puedan ser objeto de demanda contra los fabricantes puesto que son «inevitablemente inseguras«.

Es decir, el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos admite y establece que LAS VACUNAS SON INEVITABLEMENTE INSEGURAS. Y que por esa razón no se puede denunciar a sus fabricantes. Realmente repugnante.

Terminamos recordando que el recién elegido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó durante su campaña electoral que iba a crear una comisión para revisar la seguridad y eficacia de las vacunas al frente de la cual podría estar Robert F. Kennedy Jr., hijo del ex fiscal general Robert F. Kennedy y sobrino del ex presidente John Fitzgerald Kennedy, conocido por sus denuncias sobre la relación entre las vacunas y el autismo. Y hablamos de alguien que no dudó en afirmar públicamente lo siguiente: «Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades no son una agencia independiente sino una compañía de vacunas. Poseen una veintena de patentes y venden 4.600 millones de vacunas cada año. Y su primer criterio de éxito en todos sus departamentos son las ventas de vacunas». Añadiendo en otra ocasión: «Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades son una agencia problemática. Se la ha investigado ya en cuatro ocasiones: una por el Senado de 2001 a 2003, otra por el Comité Tom Coburn (en 2007), otra por el Inspector General del Departamento de Salud en 2008 y otra por la Oficina de Integridad en 2014. Y todas reflejan los CDC como un pozo de corrupción, como una agencia que se ha convertido en subsidiaria absoluta de la industria farmacéutica, en títere, portavoz y cómplice de la misma».

¿Mantendrá Donald Trump su promesa en este ámbito? Sinceramente, lo dudamos.

 

Jesús García Blanca

 

Más información

-National Childhood Vaccine Injury Act (Ley sobre daños vacunales en la infancia).

www.law.cornell.edu/uscode/text/42/chapter-6A/subchapter-XIX

-Vaccine Claims / Office of Special Masters (Reclamaciones sobre Vacunas / Oficina de Maestros Especiales).

www.uscfc.uscourts.gov/vaccine-programoffice-special-masters

-National Vaccine Injury Compensation Program (Programa nacional de compensación por daños causados por vacunas).

www.hrsa.gov/vaccinecompensation/

-Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) (Sistema de comunicación de efectos adversos de las vacunas).

https://vaers.hhs.gov/index

-Vaccine Safety Datalink (Base de datos sobre la seguridad de las vacunas).

www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/vsd/index.html

-National Vaccine Program Office (Oficina del Programa Nacional de Vacunas).

www.hhs.gov/nvpo/index.html

-U.S. National Vaccine Plan (Plan Nacional de Vacunación de Estados Unidos).

www.hhs.gov/nvpo/national-vaccine-plan/index.html

-Reglas y procedimientos a observar ante el Tribunal de Vacunas.

www.uscfc.uscourts.gov/sites/default/files/160801-Final-Version-of-Vaccine-Rules.pdf

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202
Marzo 2017
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