Las industrias farmacéuticas y alimentarias sobornan a los políticos

Que los laboratorios farmacéuticos y la industria alimentaria controlan las decisiones de los grandes organismos políticos institucionales -nacionales e internacionales, públicos y privados-, las agencias de regulación y control, las organizaciones profesionales, académicas y científicas, las publicaciones especializadas y hasta las asociaciones de pacientes y médicos lo hemos denunciado ampliamente en numerosos artículos ante la incredulidad de mucha gente. Pues bien, en esta ocasión vamos a analizar las “donaciones” que han hecho últimamente en Estados Unidos para promocionar campañas electorales y el ofrecimiento de “ayudas“ en caso de ganar a políticos, científicos, médicos, universidades, centros médicos y de investigación, etc. Y es que contra lo que muchos piensan el rastro que dejan es claro.

 

INDUSTRIA FARMACEUTICA Y ALIMENTARIA

La enorme influencia que a múltiples niveles ejerce el capital sobre el estado y más concretamente la gran industria sobre los responsables políticos es algo que la mayoría de la población conoce o al menos sospecha. Financiación -regular e irregular, legal e ilegal- de campañas electorales, grupos de presión, donaciones y “puertas giratorias” son algunas de las más importantes herramientas, tan viejas como familiares para los medios de comunicación y los propios ciudadanos. Y al hablar de “puertas giratorias” nos referimos al constante trasiego de personas desde las grandes empresas a las instituciones oficiales y viceversa, fenómeno por el que hoy las multinacionales han “tomado” los gobiernos al punto de que en ocasiones no sabemos ya si nos gobiernan nuestros teóricos representantes o los de los diferentes sectores industriales (lea en nuestra web –www.dsalud.-com- el artículo que con el título El fenómeno de las “puertas giratorias” en el campo de la salud apareció en el nº 130). Es más, resulta hasta soez ver cómo muchos altos cargos terminan al servicio de las grandes multinacionales cuando dejan la política.

Pero centremos esta vez nuestra atención en la industria farmacéutica, una de las más poderosas del mundo -la tercera después de las armas y las drogas ilegales- y también de las que más recursos y dinero dedican a la presión y empecemos analizando la influencia que ejercen sobre los responsables políticos estadounidenses. No solo porque -gracias a la labor de numerosas organizaciones y personas- disponemos de evidencias más precisas y detalladas sino por una razón mucho más importante: que las políticas que se deciden en las agencias sanitarias estadounidenses marcan hasta tal punto las del resto del planeta que podemos decir que el Departamento de Salud de Estados Unidos es oficiosamente el “ministerio de salud” mundial. Lo que explica por qué las principales industrias farmacéuticas -a través de grupos de presión- dedican la mayor parte de sus recursos no a la investigación sino a condicionarlas y/o controlarlas.

SECRETOS AL DESCUBIERTO

La denominada “carrera presidencial” o “carrera hacia la Casa Blanca” es probablemente la elección que más dinero mueve en el mundo. Cada ciclo electoral pone de hecho en marcha una enorme y compleja red de movimientos en la que grandes grupos de poder pugnan por conseguir influencia y capacidad de maniobra para sus negocios o intereses. El objetivo de las grandes corporaciones industriales, financieras y de comercio es -utilizando múltiples herramientas- colocar a sus candidatos y apoyar o presionar a los partidos -sean éstos del color que sean- a fin de asegurarse acceso y poder de influencia en el Congreso, el Senado y la propia Casa Blanca. Una actividad que no cesa al acabar las elecciones. El dinero sigue fluyendo y las presiones arrecian cada vez que se discuten leyes que afectan a los intereses de esta o aquella industria con lo que los cargos electos siguen disfrutando de sus prebendas -legales, irregulares o incluso ilegales- a cambio de facilitar el camino a esos grupos de poder económico.

¿Y cómo lo hacen? Pues lo explica detalladamente el Centro para Políticas Responsables (CRP por sus siglas en inglés de Center for Responsive Politics), organización no lucrativa fundada por los ex senadores estadounidenses Frank Church (demócrata) y Hugh Scott (republicano) cuyo eslogan deja claros sus fines y objetivos –El dinero habla. Nosotros traducimos- y cuya web –www.opensecrets.org- tiene la base de datos más completa del mundo sobre el dinero que mueven las campañas electorales estadounidenses desde 1989. Base de datos gracias a la cual sabemos que el sector de los productos relacionados con la sanidad y la farmacia -que incluye medicamentos, dispositivos médicos, alimentos y suplementos- está a la cabeza de la inversión en grupos de presión. Según datos de 2016 “invirtieron” más de 240 millones de dólares -exactamente 244.095.383 superando en cien millones al segundo sector -el de los seguros- y al tercero -el de las asociaciones empresariales-. Siendo los grupos que encabezan esa lista Pharmaceutical Research and Manufacturers of America con 19,7 millones de dólares seguido de Amgen Inc con 9,8 millones, Pfizer Inc con 9,7, Biotechnology Innovation Organization con 9,2, Bayer AG con 7,9, AbbVie Inc con 7,2  y Eli Lilly & Co con 7,2.

El sector farmacéutico se encuentra de hecho entre los que más dinero ha “donado” siempre a los candidatos a la Presidencia, el Congreso y el Senado de Estados Unidos. Más de 15 millones de dólares en 2016 de los que 12 fueron a parar a Hilary Clinton, cerca de millón y medio a Jeb Bush, 761.000 a Ted Cruz, 441.000 a Chris Christie, 313.000 a Bernie Sanders y 267.925 al finalmente ganador: Donald Trump. Cantidad que por cierto triplica la de las dos carreras presidenciales anteriores pues en 2012 las “donaciones” ascendieron a 4,3 millones  y en 2008 a poco más de cinco.

Es más, el sector sanitario es también el que más dinero emplea desde siempre en presionar a los candidatos a senadores y congresistas así como a sus respectivos partidos y a los comités de los que luego forman parte. Durante el ciclo electoral 2015-2016 dedicó por ejemplo a actividades de lobby o cabildeo 58.575.246 dólares, en el ciclo electoral 2013-2014 más de 32 millones, en el ciclo 2011-2012 más de 51 millones y así sucesivamente hasta llegarse a 354 millones de dólares entre 1990 y 2016.

Cabe añadir que la empresa individual que más dinero “donó” e invirtió” en grupos de presión en el último ciclo fue la multinacional farmacéutica estadounidense Pfizer con más de 2,7 millones de dólares en contribuciones de los que millón y medio fue a candidatos, 570.000 dólares a los Comités de Acción Política (PAC por sus siglas en inglés de Political Action Committees), algo más de medio millón a partidos y 36.000 dólares a comités 527. Siendo Hilary Clinton la candidata que más dinero recibió de Pfizer: 202.398 dólares. Además Pfizer invirtió  casi 10 millones en grupos de presión. Añadiremos finalmente que 39 miembros del Congreso -repartidos por casi todos los estados- poseen acciones de Pfizer.

Otras multinacionales farmacéuticas situadas en los primeros puestos son Amgen Inc, Bayer, AbbVie Inc, Eli Lilly, Novartis, Merck, Johnson & Johnson, Sanofi, Roche y GlaxoSmithKline.

A las donaciones y actividad de los lobbies hay que añadir los ya mencionados Comités de Acción Política controlados por compañías, sindicatos, grupos de interés, asociaciones de comercio e industria que recogen dinero para los candidatos y partidos así como para financiar a los denominados Comités 527 (en alusión a la sección que establece su código de impuestos). Se trata de grupos más oscuros, sin apenas regulación ni limites en la recaudación, vinculados con otros grupos, empresas y determinados personajes con mucho poder e influencia.

Finalmente, la otra herramienta clave en este proceso de influencia y presión la constituyen las “puertas giratorias” a la cabeza de las cuales también se encuentra la industria farmacéutica.

PUERTAS GIRATORIAS Y LEYES A LA CARTA

Si hacemos una consulta sobre casos de puertas giratorias por agencias comprobamos en el histórico que la lista está encabezada por la propia Casa Blanca con 651 personas provenientes de todas las industrias; ocupando el Departamento de Salud el noveno lugar con 179 casos. Y consultando por Comités del Senado encontramos a los comités de salud, educación y pensiones en tercer lugar con 144 casos de puertas giratorias. Por último, si buscamos por industrias encontramos a la farmacéutica en cabeza con 857 casos, en séptimo lugar al sector de servicios de salud con 523 casos y en decimosegundo lugar a los hospitales y hogares de asistencia con 449 casos.

En fin, ¿cree seriamente algún lector que esas  grandes empresas se gastan tales cantidades de dinero en actos realmente altruistas? ¿Que las personas que logran introducir en las administraciones públicas no van a trabajar para ellas? ¿Que los altos cargos que contratan no llegan a ellas como agradecimiento por los servicios prestados o porque pretenden usar sus conocimientos y contactos en beneficio propio? Las grandes industrias -todas, sin excepción- tienen ánimo de lucro y solo participan en actos altruistas si ello les proporciona beneficios; aunque solo sea para hacerse pasar por “benefactores sociales” ante la ingenua masa ciudadana.

No: la industria coloca a sus testaferros en los órganos de poder para usarlos a su antojo. Incluso perpetrando acciones que en un auténtico estado de derecho se considerarían no ya delictivas sino criminales. Es por ejemplo el caso de la aprobación de precios abusivos de fármacos y otros productos sanitarios, especialmente cuando los financia el estado.

Y los ejemplos son innumerables. En 2013 la agencia Reuters aseguró que los estadounidenses pagan hasta 600 veces el coste real de los fármacos contra el cáncer. Aseveración que basó en los datos aportados por el profesor de Farmacología de la Universidad de Liverpool Andrew Hill durante el congreso europeo sobre cáncer celebrado en Viena entre  el 25 y 29 de septiembre de ese año. Hill explicaría por ejemplo que Estados Unidos paga por los inhibidores de la tirosina quinasa más del doble que los países europeos. Es más afirmó que aunque la producción a gran escala de medicamentos oncológicos sitúa sus precios entre 159 y 4.022 dólares por persona y año en Estados Unidos cuestan ¡entre 75.000 y 100.000! Y dio ejemplos concretos. Como el del fármaco Glivec para la leucemia de Novartis; según explicó en Estados Unidos cuesta 106.000 dólares por persona y año cuando el coste real es de 159 dólares. Y por el Tarceva de Roche se pagan 79.000 dólares cuando fabricarlo cuesta 236.

Y claro, eso explica los astronómicos sueldos de los directores ejecutivos de las corporaciones farmacéuticas. FiercePharma.com elaboró con los datos de 2013 un ranking con los veinte mejor pagados y la lista la encabezaba Len Schleifer -de Regeneron– que ese año cobró 41,97 millones de dólares seguido de Jeffrey Leiden -de Vertex Pharmaceuticals- con 36,64 millones, de Brent Saunders -de Allergan– con 36,61 millones, de Martine Rothblatt -de United Therapeutics– con 33,21 millones, de Lamberto Andreotti -de Bristol-Myers Squibb– con 27,06 millones, de Heather Bresch -de Mylan– con 25,82 millones, de Kenneth Frazier -de Merck & Co– con 25,03 millones, de Alex Gorsky -de Johnson & Johnson– con 24,99 millones, de Robert Hugin -de Celgene– con 24,24 millones y de Ian Read -de Pfizer– con 23,28 millones. Sin comentarios.

En fin, el dinero para comprar voluntades y conciencias es inacabable. En 2003 el presidente George W. Bush aprobó una ley que permitía ampliar los beneficios de los fármacos obstaculizando o impidiendo que se negociaran bajadas de precio con la administración.

Y un caso más reciente y flagrante es el de la denominada 21st Century Cures Act (Ley de Curas del Siglo XXI) cuyo título completo es AN ACT To accelerate the discovery, development, and delivery of 21st century cures, and for other purposes (Una ley para acelerar el descubrimiento, desarrollo y distribución de curas del siglo XXI y otros propósitos). A fin de “acelerar” la llegada al mercado de fármacos ¡ha eliminado los estudios de control que sobre su eficacia y seguridad efectuaba la FDA! Y según Open Secrets la mayoría de los 138 patrocinadores de esa ley contaba con contribuyentes de la industria farmacéutica a su carrera electoral. Incluyendo obviamente a los que propusieron el proyecto de ley en abril de 2014: Fred Upton -que recibió “donaciones” por valor de 302.700 dólares-, Joe Pitts -que recibió 184.500-, Frank Pallone -que recibió 174.072-, Diana DeGette -que recibió 112.949- y Gene Green -que recibió72.044-. Y por cierto, también donó dinero durante el último ciclo electoral Johnson & Johnson cuya sede se encuentra -¡pura casualidad!- en el distrito de uno de los citados y proponente de la ley: Frank Pallone.

EUROPA

¿Y qué pasa en Europa? Pues según la organización RevolvingDoorWatch las instituciones europeas -Comisión, Parlamento, Consejo y agencias- han fracasado a la hora de frenar el fenómeno de las puertas giratorias de modo que en Bruselas está a la orden del día el que altos cargos de la administración europea responsables de tomar decisiones políticas pasen a trabajar para los grupos de presión o que ex empleados de esos grupos se conviertan en cargos relevantes.

En el ámbito de la salud -se afirma que la industria del sector dedica anualmente 40 millones de euros a presionar a los altos cargos de las instituciones europeas- destaca el caso de Barbara Gallani que en mayo de 2016 pasó de Directora de Políticas y Sostenibilidad y Jefe Científica de Food and Drink Federation -entidad que reúne a los fabricantes de bebida y alimentación de Reino Unido- a Directora de Comunicaciones y Relaciones Exteriores de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

Otro ejemplo reciente pero de signo contrario es el de Elizabeth Kuiper que de consejera permanente sobre políticas de salud, fármacos y dispositivos médicos de los Países Bajos pasó en mayo de 2014 a ser Directora para Asuntos Europeos de la Federación de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas Europeas (EFPIA por sus siglas en inglés).

Y un año antes -en enero de 2013- Stefano Marino pasó de ser Director de Propiedad Intelectual y Legal Corporativa de Sigma-Tau a encabezar el departamento legal de la Agencia Europea de Fármacos. Y hay otros tres casos de responsables de esa misma agencia: Vicenzo Salvatore pasó en junio de 2012 de dirigir su servicio jurídico a ser Consejero Senior de Sidley Austin (la sexta firma de abogados más grande de Estados Unidos), Xavier Luria de dirigir la Unidad de Seguridad y Eficacia de los Medicamentos de la Agencia Europea de Fármacos a ser asesor de varias corporaciones y del Ministerio de Sanidad de Andorra y quien fuera Director Ejecutivo de la agencia durante diez años, Thomas Lönngren, a pasar en 2011 a convertirse en asesor de Pharma Executive Consulting Ltd y del NDA Group.

Cabe añadir que en septiembre de 2015 el diario español Público accedía en primicia a un informe del Observatorio Corporativo Europeo titulado Prescripciones normativas: la potencia de fuego del lobby farmacéutico europeo y sus implicaciones para la salud pública (lo tiene en https://corporateeurope.org/sites/default/files/20150904_bigpharma_web.pdf) en el que se alerta de la desigualdad de fuerzas entre las organizaciones de la sociedad civil y las grandes corporaciones farmacéuticas. Y es que éstas cuentan con 176 lobistas y hasta 113 pases de libre acceso al Parlamento Europeo frente a los 48 agentes de los colectivos civiles (son cifras oficiales pero como el registro de lobistas es voluntario pueden ser muchos más).

Se trata de un estudio que explica cómo la industria farmacéutica está presionando para impulsar el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP por las siglas en inglés de Transatlantic Trade and Investment Partnership) y prolongar el período de concesión de patentes y reducir aún más la transparencia de los ensayos clínicos (como si no fuera suficiente que sean ellas mismas las que valoren sus propios productos).

Pues bien, según ese informe GSK y Bayer son dos de las empresas que más recursos dedican a presionar a la Comisión Europea: 2.460.000 y 199.000 euros respectivamente. Siendo esas las que dan la cara porque según Público otras que no figuran “han contratado servicios de empresas de relaciones públicas o de presión por valor de decenas o cientos de miles de euros mientras otras influyen a través de distintas asociaciones de pacientes o profesionales sanitarios en las que las corporaciones son activos agentes y a las que donan importantes cantidades”. Serían por ejemplo los casos de Janssens, Norgine y Takeda Pharmaceuticals.

Y es que según explica el informe la mayoría de las corporaciones contratan a empresas especializadas en lo que se denomina lobby consultancies; es decir, en diseñar políticas de imagen, estrategias de negociación y comunicación y, en definitiva, en presionar y manipular. Eso explica que grandes grupos de presión como Burson-Marsteller declare tener 18 clientes de la industria farmacéutica, Rohde Public Policy 19, Fleishman-Hillard 12, Hill & Knowlton 11… y así sucesivamente.

El informe agrega que la presencia de estas corporaciones en las reuniones sobre el TTIP ha aumentado significativamente en los últimos años -se ha multiplicado por siete- aprovechando las facilidades de acceso de que gozan en contraste con los enormes impedimentos que encuentran las organizaciones de la sociedad civil. De hecho el informe habla de un 83% de reuniones monopolizadas por las empresas y ponemos ejemplos concretos: entre noviembre de 2014 y marzo de 2015 miembros de la Comisión se reunieron en 15 ocasiones con GlaxoSmithKline, en 8 con Novartis, en 6 con Sanofi y Johnson & Johnson y en 5 con Pfizer y Eli Lilly.

¿Y EN ESPAÑA?

 Desgraciadamente no disponemos de un Open Secrets español para poder conocer con precisión las cantidades que la industria farmacéutica -y el resto de los grupos de poder- “donan” a nuestros políticos y partidos aunque poco a poco empiezan a desvelarse las complejas redes de corrupción de esta oscura trama. Sí es posible en cambio conocer los principales casos de puertas giratorias relacionadas con la sanidad, asunto al que la revista ya dedicó un amplio reportaje en el nº 130 como adelantamos al principio de este reportaje. No obstante y dado que la situación apenas ha cambiado hagamos un somero repaso de los casos más llamativos conocidos con posterioridad a aquel artículo como son los de:

Elena Arias. Responsable de Recursos Humanos de Capio -actualmente Quirón Salud– se  convirtió entre 2007 y 2011 en Gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias retornando posteriormente a su empresa.

Isabel Barreiro. Esposa del ex ministro José Manuel García-Margallo y Jefa de Gabinete de Juan José Güemes siendo éste Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid pasó a trabajar para GlaxoSmithKline en agosto de 2010.

-Juan José Güemes. Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid entre junio de 2007 y  marzo de 2010 pasó a ser consejero de Unilabs, la empresa que compró a Balaguer los análisis clínicos de seis hospitales que cuatro años antes habían sido adjudicados por la Comunidad de Madrid… siendo Güemes el máximo responsable de Sanidad.

-Xavier Pomes. Consejero de Gobernación, Interior y Salud entre 1995 y 2003 ocuparía un cargo de relevancia en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, entidad que pese a ser oficialmente no lucrativa maneja millones de euros en todo el mundo gestionando en Cataluña tres grandes hospitales y varios centros asistenciales. En 2010 Artur Mas lo nombraría presidente del Hospital Clinic y algo más tarde de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital Sant Pau. Pues bien, según publicó entonces el diario El País “mantiene simultáneamente una intensa actividad en el sector privado como consejero de dos grupos empresariales con importantes intereses sanitarios en Catalunya. Uno es E-Center Network, holding propietario de Ambulancias Reus, concesionaria del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) en las comarcas de Tarragona. El otro el grupo MGO, especializado en consultoría, prevención de riesgos laborales y explotación de equipamientos sanitarios. MGO cuenta en Cataluña con una docena de centros médicos según su memoria del año 2011”.

-Paloma Leis. Ex vice consejera de Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha aceptó a comienzos de septiembre de 2013 la Dirección Médica Corporativa del Grupo Quirón pasando en septiembre de 2014 a ser Directora Gerente de dos hospitales de Quirón Salud en Tenerife.

-Josep Prat. Presidente del Instituto Catalán de la Salud se vio obligado a dimitir en 2012 al darse a conocer sus relaciones con varias empresas privadas.

-Marina Geli. Ex consejera de Salud de Cataluña y Diputada del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) fue contratada en 2014 por la farmacéutica estadounidense Abbott como asesora. Cabe destacar que

tanto ella como Josep Prat están implicados en el llamado Caso Innova, macroinvestigación sobre corrupción en la Sanidad catalana en la que hay ya un centenar de imputados. El País recogía el pasado 21 de abril de 2016 unas declaraciones de Prat afirmando que Geli, siendo Consejera de Salud, le había ordenado “enchufar en Innova -empresa pública del Ayuntamiento de Reus- a dos altos cargos del Departamento de Salud, Carles Manté y Jorge Batesteza, hinchando contratos públicos para desviar el dinero necesario para pagar sus retribuciones“. Según el diario Manté habría cobrado “un millón de euros entre 2007 y 2011 por trabajos de consultoría que en su mayor parte no realizó”.

EL PECULIAR  CASO DEL EXMINISTRO BERNAT SORIA

Queremos terminar citando el caso más peculiar de puertas giratorias de nuestro país; nos referimos al que fuera entre  julio de 2007 y abril de 2009 Ministro de Sanidad de España: Bernat Soria. Y es que se trata de un personaje que tras su paso por el Gobierno fue contratado por la misma empresa que se hizo con los servicios de la ya citada Marina Geli: el laboratorio estadounidense Abbott. Lo kafkiano es que fue pagado para elaborar un informe titulado sin tapujos Informe Bernat Soria promovido por Abbott -lo tiene íntegro www.abbvie.es/content/dam/abbviecorp/es/docs/Informe-Bernat-Soria.pdf– en el que propone cosas tan peregrinas como la de que debería ser la industria farmacéutica en general y Abbot en particular quienes debieran “garantizar la calidad del sistema sanitario español y contribuir a su sostenibilidad” postulando entre sus “propuestas de mejora del sistema nacional de salud” establecer “alianzas con la industria farmacéutica en las que se busque un beneficio común”. Sugiriendo luego entre las medidas para alcanzar la sostenibilidad “despolitizar el sistema sanitario que debe estar en manos de expertos y emplear criterios de indicadores económicos de eficiencia”. Añadiendo: “Se considera necesario también explorar modelos de gestión sanitaria públicos-privado que permitan incorporar las ventajas de la gestión de empresa privada en el sector público”. Lo que a su juicio “hace necesario que la industria farmacéutica establezca alianzas con la administración y sea un agente más de la Sanidad implicada en las decisiones sanitarias desde el principio”.

En fin, Bernat Soria se deshace en elogios a la industria farmacéutica, a su capacidad para crear empleo y al efecto positivo que provoca en otros sectores y, en el colmo del delirio, culpa básicamente de su mala imagen a los medios de comunicación y al cine. La opinión generada por los medios de comunicación (retirada de medicamentos, pleitos, gripe,…) junto a películas de los últimos años han publicitado de manera sensacionalista y poco rigurosa conductas sensacionalistas de la Industria Farmacéutica”.

¡Y lo mismo hasta se lo cree! Sin comentarios.

 

Jesús García Blanca

Este reportaje aparece en
DISCOVERY DSALUD 2006
204
Mayo 2017
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