A comienzos del pasado mes de octubre dos niños del barrio de Albaycín en Granada contrajeron el sarampión. Un mes después eran 36 los casos -casi todos en torno al Colegio Público Gómez Moreno– y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía decidió calificar la situación de “epidémica” y solicitar judicialmente la vacunación forzosa de aquellos niños a quienes sus padres no quisieran inoculársela porque los posibles efectos secundarios de la vacuna están científica y clínicamente constatados pero no así que prevenga la enfermedad. Finalmente ningún niño fue obligado a vacunarse contra la voluntad de sus padres pero la decisión de la Junta de Andalucía y del Juzgado de Granada que “ordenó” a los padres vacunar a sus hijos plantea una duda importante: ¿pretenden algunas “autoridades sanitarias” manipular a los jueces para instarles a decretar en el futuro vacunaciones masivas y obligatorias alegando peligros para la salud que en realidad no existen?
Cuando se conocieron los primeros casos del brote de sarampión la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía remitió tres cartas a los padres de los 215 niños escolarizados en el Colegio Público Gómez Moreno comunicándoles la situación y solicitando que los niños no vacunados lo hicieran y/o presentaran en el colegio la cartilla de vacunación infantil. Unos días después, el 11 de noviembre de 2010, se remitirían cartas individualizadas por burofax con acuse de recibo a los padres de los 79 niños que o no estaban vacunados o no habían presentado las cartillas de vacunación ¡conminándoles a que vacunaran a sus hijos! Luego, el 22 de noviembre, viendo que muchos de ellos no hacían caso la delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Granada, Elvira Ramón, solicitó -por primera vez en la historia de nuestro país- la vacunación forzosa vía judicial de 35 niños de los que hasta ese momento no se tenía constancia de su vacunación. Y sin contar con más opinión que la expresada en los informes de la Junta, sin convocar ni escuchar las razones de los padres, el juez Antonio Cecilio -del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Granada- decidió mediante auto de 24 de noviembre atender la solicitud de la Junta y “autorizar la vacunación forzosa de los treinta y cinco niños que constan en el listado de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud de 22 de noviembre de 2010” por medios que no fueran “inhumanos o degradantes” pero pudiendo “requerir el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si fuere necesario”. La decisión judicial obligaba también a la vacunación de los bebés de seis a once meses de edad a pesar de que el propio calendario vacunal establece que la primera dosis no se debe poner hasta los 15 meses.
El juez “justificó” su decisión en el apartado segundo del artículo 8.6 de la Ley Reguladorade la Jurisdicción Contencioso Administrativa que establece que “corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro de derecho fundamental” así como en la Ley Orgánica3/1986, de 4 abril, sobre Medidas Especiales en Materia de Salud Pública que habla de “razones sanitarias de urgencia o necesidad” o “existencia de peligro para la salud de la población”. Entre las medidas previstas en el artículo 2 de esta ley se recoge además “el reconocimiento, los tratamientos, la hospitalización o el control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para una persona o un grupo de personas, o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad”; y en el artículo 3 se habilita a las Administraciones Públicas a “adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, todo ello con el fin de controlar las enfermedades transmisibles”.
Y, por cierto, llama poderosamente la atención que en su auto el juez citara para justificar su decisión un informe del Jefe de la Sección de Epidemiología de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud en el cual -entre otras cosas- se afirma: “La tasa de letalidad del sarampión en los países desarrollados está en torno al uno por mil”. Algo que más bien parece una cifra dada simplemente para asustar porque según Xavier Uriarte, presidente de la Liga para la Libertad de Vacunación, en realidad el riesgo de mortalidad del sarampión oscila entre 1 por cada 10.000 y 1 por cada 3.000 dependiendo de las condiciones socioeconómicas y sanitarias. De hecho según el Instituto Nacional de Estadística ni en el año 2007 ni en el 2008 –no hay datos posteriores- se produjo en España una sola muerte por sarampión o por complicaciones asociadas a la enfermedad. De ahí que nadie esperara una resolución política de tal calibre ante una enfermedad benigna. Ni que unas normas pensadas para afrontar crisis sanitarias graves se fuera a aplicar en un simple caso de brote de sarampión.
Obviamente lo inesperado del caso y el desconocimiento de los mecanismos legales adecuados provocó que la respuesta de los padres no fuera en principio la más adecuada para defenderse de la decisión de la Junta. Según el letrado Luis Bertelli, presidente de la Fundación Justicia Responsablee Independiente (JUREI), autor del libro Jueces a Juicio y miembro de nuestro Consejo Asesor, la decisión de la Junta fue una clara violación de los derechos fundamentales. “El problema –nos diría- lo generó en cierta medida la inacción porque frente a la decisión del 11 de noviembre de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía obligando a que se vacunara a unos niños se debió interponer un recurso contencioso-administrativo por la vía urgente de Derechos Fundamentales denunciando la violación del artículo 15 de la Constitución que garantiza el derecho a la salud y a la vida y pidiendo la suspensión de la ejecución de dicho acto. Al no haberse hecho así el juez sólo ha contado con las indicaciones u opiniones de las autoridades sanitarias y ya sólo quedaba la vía del recurso de apelación para hacerle cambiar de opinión, algo difícil de conseguir además de lento. Se debió recurrir al recurso especial regulado en los artículos 114 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa”.
Cabe agregar que afortunadamente esas violaciones del derecho fundamental a la salud de los niños no llegaron a conculcarse en la práctica porque antes de que se concretara todo terminó de repente con la comparecencia de la Junta en el juzgado el 3 de diciembre reconociendo que “la situación ya no revestía gravedad” porque en ese momento sólo quedaban once menores sin vacunar de los 35 a los que el juez ordenó “inmunizar”. Con lo que en opinión de los representantes de la Junta se había alcanzado el 96% de vacunación en el colegio y se hacían innecesarias nuevas vacunaciones.
UN ENSAYO PARA LA VACUNACIÓN OBLIGATORIA
En suma, ningún niño fue finalmente obligado a vacunarse por orden del juez pero no debemos sentirnos por ello satisfechos. Y es que varios meses después el auto sigue estando vigente y la decisión jurídica tomada ha abierto una puerta al poder político que puede acabar dejando paso a decisiones cuestionables, arbitrarias y peligrosas.
Sin embargo ante una medida de carácter manifiestamente político como la que la Junta adoptó –porque se trataba de una enfermedad reconocida como benigna- es difícil olvidarse del gran interés que las administraciones sanitarias y los colegios médicos y farmacéuticos tuvieron en fomentar una vacuna apenas probada frente a una supuesta pandemia que nunca existió, la de v, promovida por la OMS con el apoyo y complicidad o a instancias de las multinacionales farmacéuticas. Recordemos que de los 13 millones de vacunas de la gripe A compradas por el Gobierno español solo se inocularon 3 millones. Y para ello se gastaron más de 91 millones de euros. Luego, cuatro millones de dosis fueron donadas a la Organización Panamericanade la Salud (OPS) siendo los otros 6 millones presuntamente “destruidas”; el equivalente a 42 millones de euros. Todo un despilfarro sólo comparable al que provocó la ex ministra de Sanidad y Consumo y actual vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, que de forma esperpéntica compró dos millones de dosis de vacunas para la viruela a fin de prevenir “un posible ataque a nuestro país de Sadam Hussein”.
Y es que primero nos asustaron con el mal de las vacas locas, luego con el rebrote de la viruela, a continuación con las gripes aviar y porcina y en el 2009 con la gripe A. Es decir, se había puesto en marcha el “negocio de las vacunas”. Y de hecho esta revista ya denunció en su día que en estos momentos hay preparándose más de 200 vacunas que antes de un par de años van a intentar sacarse al mercado para todo tipo de estupideces. Desde vacunas para no engordar o no envejecer hasta vacunas para no olvidarse de lo estudiado ante un examen, para no estar triste, para no enfadarse o para no tener cualquier patología improbable de contraer. ¡Vacunas para todo! Y paralelamente otros fármacos y tratamientos para prevenir todo tipo de enfermedades o crear expectativas tan atractivas como irrealizables. A fin de cuentas basta con meter el miedo o la esperanza en el cuerpo de la gente con la complicidad de políticos, médicos, farmacéuticos y periodistas dispuestos a alquilar o vender sus conciencias para que muchas personas “piquen”.
Algo para lo que además la gran industria cuenta con el apoyo de sus testaferros en los puestos de poder de la OMS, las agencias del medicamento –especialmente de la norteamericana y la europea-, numerosos ministerios de Sanidad y hombres de confianza en los colegios médicos y farmacéuticos de todo el mundo. Lo que dudamos es que aún así esa organización se atreva en el futuro a proponer vacunaciones forzosas tras el fiasco de la vacuna de la gripe A y la prudencia les haya aconsejado probar antes con algunas acciones a niveles locales en ambientes más controlables para poder sopesar las posibles reacciones sociales.
Y desgraciadamente hay que decir que salvo voces aisladas las medidas tomadas en Granada no han generado ningún tipo de apoyo social a las familias que decidieron libremente no vacunar a sus hijos -en un país en el que ninguna vacuna es obligatoria- sino más bien todo lo contrario.
A este respecto es interesante seguir la reflexión de Pablo Simón Lorda -profesor de Bioética de la Escuela Andaluzade Salud Pública de Granada- en su artículo 25 ideas clave para pensar éticamente en la crisis de la vacunación del sarampión de Granada. Su postura bien podría ser la utilizada como libro de ruta por cualquier político para justificar futuras vacunaciones obligatorias. Su punto de partida ya es ciertamente cuestionable: “No hay base científica y racional suficiente y consistente para oponerse al calendario vacunal infantil obligatorio”. De más está decir que en esta revista estamos en completo desacuerdo con tal afirmación. Lorda agregaría: “Donde la salud de las personas puede estar seriamente amenazada no procede simplemente adoptar una mera actitud expectante, pasiva, basada en la invocación de la libertad de los padres para decidir”. De ahí que apele cuando sea necesario a tomar medidas, en principio menos coercitivas que las dispuestas por la Junta: “(…) Si los padres se niegan a ello (a la vacunación) entonces la siguiente medida más razonable es el aislamiento voluntario en su domicilio. El objetivo de dicho aislamiento no es estigmatizar a los niños no-vacunados; antes al contrario, es una medida de protección para ellos mismos (…)”. Sin embargo luego aclara que su postura se refiere a casos de fuerza mayor razonados: “El recurso a la autoridad judicial para obligar a unos padres a que vacunen a sus hijos sólo puede ser el último recurso de las autoridades y, en todo caso, necesita de una argumentación muy potente. La posibilidad de imponer la vacunación ‘por orden judicial’ exige a las autoridades sanitarias poder demostrar: a) que nos encontramos ante una situación de urgencia grave con amenaza cierta de contagio a toda una parte importante de la población; y, b) que ello justifica la restricción de las libertades fundamentales de la ciudadanía, entre ellas la libertad de educación de los padres respecto a sus hijos. De no cumplirse estas dos condiciones será difícil que un juez prudente permita este tipo de actuaciones. Deben, en todo caso, valorar las consecuencias últimas de una intervención tan agresiva en la comunidad, en los propios niños afectados y en sus padres”.
Empero, hecha esta matización, no duda finalmente en apoyar la vacunación obligatoria: “Si las autoridades sanitarias consideran que situaciones como éstas pueden repetirse en el futuro e incluso agravarse entonces deberían plantearse seriamente la posibilidad de convertir en realmente obligatoria la vacunación infantil. La aceptación de la restricción de las libertades personales cuando entendemos que ello va en beneficio de terceros o de la colectividad en general es algo inherente a las sociedades democráticas (…) Pues bien, si las autoridades sanitarias, como epígonos del Estado y de la sociedad civil, concluyen igualmente que para proteger a los niños hay que convertir el calendario vacunal infantil en realmente obligatorio pues deberían hacerlo. Pero entonces tendrían que hacerlo con total claridad usando la vía legislativa que corresponda para adoptar, bien la forma punitiva (multas económicas, limitación de acceso a determinados recursos, etc.) a aquellos que la incumplan, bien la forma incentiva de aquellos que la cumplan (incentivos económicos o de otro tipo) o, incluso, ambas. En España hay base jurídica para ello aunque la situación actual dista de estar clara (…) Sin embargo alguna sentencia judicial entiende que procede la exigibilidad de la vacunación, por ejemplo, para acceder a un centro escolar (Sentencia Judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 28 de marzo de 2000, JUR/2000/204924) aunque afirmarlo con rotundidad precisaría sin duda un consenso doctrinal más amplio”.
Es decir, toda una “argumentación” que podría sostenerse si las vacunas industriales fueran inocuas en lugar de peligrosas y si realmente previnieran las enfermedades para las que se inoculan, ALGO QUE NO HA SIDO CIENTÍFICAMENTE DEMOSTRADO JAMÁS. EN NINGÚN CASO. CON NINGUNA VACUNA. Y esto es lo que el profesor Lorda -como la mayoría de la gente, médicos incluidos- ignora.
Como parecen ignorar todos ellos que detrás de las campañas de vacunaciones masivas de hoy se esconden sólo gigantescos y lucrativos negocios que no se justifican. Porque, a ver, ¿dónde ha habido una pandemia con miles de muertos en los últimos doscientos años? En ninguna parte. Luego el miedo a que eso suceda es irracional y ha sidopromovido por quienes ganan dinero vendiendo productos que evitan peligros inexistentes. Porque las únicas muertes masivas las han provocado la malaria y el dengue, patologías que transmiten en determinadas zonas una serie de mosquitos afectando además sólo a quienes tienen el sistema inmune deprimido por falta de agua potable, alimentación adecuada e higiene y que, encima, ni saben prevenirse ni curarse.
Nadie debería olvidar por ejemplo la compra masiva de Tamiflu, ese antiviral cuya seguridad y eficacia acaban de ser cuestionadas por una investigación independiente. Ni la injustificable inclusión en el calendario vacunal de Gardasil, la llamada “vacuna contra el virus del papiloma humano” que tanto sufrimiento ha causado ya a numerosas niñas. Ni los estragos neurológicos provocados por la vacuna contra la gripe porcina. ¿Y qué decir de los muchos fármacos que están aprobados en un sitio pero prohibidos en otros? ¿Cómo se justifica esa disparidad de criterios? ¿Y cómo explicar la cantidad de fármacos que fueron primero autorizados y después tuvieron que retirarse tras dejar un auténtico de reguero de sufrimiento y muerte? Es más, ¿cómo explican nuestras autoridades los numerosos brotes de enfermedades infecciosas surgidos precisamente tras llevarse a cabo campañas de vacunación masivas?
Seamos claros: si el argumento de la necesaria restricción de libertades como algo inherente a una sociedad democrática hubiera sido propugnado por la OMS cuando alertó de la inexistente pandemia de gripe A que se avecinaba millones de personas hubiéramos terminado en las cárceles o en campos de reclusión por negarnos a recibir una vacuna cuya presunta necesidad el tiempo demostró absolutamente injustificada. Una vacuna que era experimental y que luego se ha demostrado causó graves efectos neurológicos a muchas personas. Es más, supimos igualmente que todo era un montaje y que quienes lo organizaron tenían estrechos lazos con los laboratorios que “desarrollaron” –es un decir- las vacunas. Es más, hace apenas unas semanas el Instituto Nacional de Salud y Bienestar de Finlandia (THL) decidió suspender el uso de la vacuna contra el H1N1 –por cierto, vergonzosamente incluida en la “vacuna estacional” de nuestro país este año- tras constatar que en los últimos seis meses ha aumentado un 300% el número de casos de narcolepsia y trastornos neurológicos entre los niños y jóvenes que la recibieron. Repugnante.
INJUSTIFICABLE MEDIDA
Pero no les importa. La mayor parte de la gente no va a enterarse de lo que aquí contamos porque los grandes medios de comunicación no van a hacerse eco de lo que está sucediendo. Así que en cualquier momento puede volver a repetirse lo acaecido en Granada. Basta encontrar a un juez que haya dejado de creer en Papa Noel pero no en las vacunas. Además el auto del juez de Granada sigue en vigor y por eso los abogados Miguel Angel Mancheño y Marisa Dávila, en nombre de los padres de los once niños que no han pasado el sarampión y a quienes sus padres en ningún caso quieren vacunar voluntariamente, han solicitado su anulación. Y de ello hablamos precisamente con Miguel Ángel Mancheño.
-Díganos, ¿a su juicio el artículo 2 de la Ley Orgánica3/86 es realmente aplicable en una situación como la que se ha vivido en Granada?
-En ningún caso. Esa ley orgánica nació para proteger a la población en situaciones de riesgo de contagio de enfermedades “graves” que exijan actuaciones urgentes de amplio espectro poblacional y no para el caso de enfermedades benignas. Y el sarampión está reconocida como patología benigna por las autoridades sanitarias. Además la ley tampoco habilita ni a las autoridades sanitarias ni a los jueces a tomar medidas que limiten los derechos fundamentales de las personas en situaciones que no entrañan gravedad… como es el caso del que hablamos.
–¿Cómo debería haber actuado el juez al recibir la solicitud de la Junta?
-De acuerdo con la doctrina legal vigente y nuestra jurisprudencia. Sobre la base inexcusable de dos premisas que hubieran debido acreditarse previamente: la existencia de una situación de urgencia grave con amenaza cierta de contagio a toda o una parte importante de la población y la justificación, en base a esta circunstancia previamente acreditada, de que era necesario restringir las libertades o derechos fundamentales de los ciudadanos (libertad de educación de los padres respecto de sus hijos). Y ninguna de esas dos premisas se acreditó en ningún momento. De hecho la medida no llegó a hacerse efectiva pues no se llegó a forzar la vacunación de ningún niño.
-¿Por qué?
-Cuando comparecimos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Granada para plantear incluso la recusación del juez al que le había correspondido el conocimiento del caso al existir fundadas razones que comprometían su imparcialidad se recibió en dicha sede judicial un escrito de la Consejería de Salud mediante el cual se informaba al juez que la situación había variado sustancialmente. Se reconocía que a esa fecha, 3 de diciembre de 2010, la situación había cambiado y ya no revestía gravedad. Claro que los niños que permanecían aún sin vacunar eran pocos y un número importante de ellos ya habían padecido la enfermedad y se mostraban inmunes. Se habían pues cubierto las expectativas de cobertura vacunal de la Junta. Y todo ello sin que a nadie se le hubiera vacunado forzosamente en virtud de la tan controvertida autorización judicial.
-¿Cómo valoran la actuación de la Junta?
-La razón de todo lo ocurrido hay que buscarla en lo que podrían considerarse análisis interesados de la autoridad sanitaria autonómica. La Junta actuó de forma cuando menos demagógica al solicitar de la autoridad judicial la autorización para llevar a cabo la vacunación forzosa limitando arbitrariamente los derechos fundamentales de unos padres que, en uso de sus derechos más básicos, habían decidido no vacunar a sus hijos e hijas al considerar este comportamiento más responsable y protector de la salud para ellos. La decisión de las autoridades sanitarias fue tomada incluso en contra del criterio de expertos de la propia Consejería y de la práctica totalidad de los responsables en Epidemiología de las ocho provincias andaluzas, partidarios de atajar el brote de forma no agresiva incluso aunque eso supusiera el aislamiento voluntario en el domicilio. Creo que en esta ocasión se ha producido un divorcio entre el estamento político y el técnico. Claramente. Y en situaciones como la vivida, desgraciadamente, se impone casi siempre el criterio político.
-A pesar de que finalmente ningún niño ha sido forzado a vacunarse ustedes han solicitado que quede oficialmente sin efecto el auto dictado. ¿Lo han conseguido?
-La Consejería de Sanidad nos ha contestado que si queremos que se declare la no vigencia de la medida debemos recurrir en apelación. No obstante también hemos presentado la petición en sede judicial y confiamos en que el juez esté ahora a la altura de las nuevas circunstancias y acuerde dejar sin efecto el auto dictado por cuanto carece de sentido mantenerlo en vigor cual “espada de Damocles” sobre las cabezas de las familias de niños y niñas no vacunados. Si no se deja sin efecto el auto habrá que recurrirlo para que sea la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía quien resuelva.
-¿Qué sentido tiene que la consejería de salud y la autoridad judicial mantengan el auto vigente?
-Ninguno. Mantenerlo indicaría una conducta prepotente e irresponsable. Claro que si el auto se deja sin efecto de manera expresa por una nueva resolución judicial habremos obtenido una victoria moral y pudiera ser que esto reforzara una oposición futura frente a cualquier intento similar. Pero si finalmente tenemos que recurrir en apelación lo haremos y pediremos que se revoque el auto. Porque en caso de ganar el auto se consideraría como no existente. Legalmente el auto no es aplicable a día de hoy aún cuando esté vigente; sólo es aplicable la orden o autorización para vacunar en relación con el supuesto concreto que contemplaba y, por tanto, si alguien quisiera aplicarla en otro supuesto no sería posible. En cualquier caso pedir que se deje sin efecto garantizaría que nadie pudiera intentar forzar una vacunación de las personas que se saben que no están vacunadas con lo que ello implica de violencia. De hecho me consta que así ocurrió con una trabajadora social en un centro de salud: intentó aplicar la orden unilateralmente cuando ya las autoridades sanitarias no lo consideraban necesario.
-¿En algún momento antes de tomar su decisión se escucharon las razones de los padres que no querían vacunar a sus hijos o las de los médicos que no son partidarios de la vacunación? ¿Qué excusas puso el juez?
-Amparado en una indefinición del cauce procesal establecido para cursar esa solicitud en sede judicial el juzgado prescindió de oír a las personas afectadas y directamente implicadas. Y esa decisión vulneró el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva aun cuando al auto sea recurrible.
-¿Dada la escasa reacción popular ante la vacunación forzosa podría utilizarse la misma argumentación jurídica para forzar una vacunación a escala nacional en el caso de una pandemia declarada por la OMS como la de la gripe A en el 209?
-Creemos que sí aunque sería difícil reproducir el camino seguido en el caso de Granada.
Hay que reconocer que Miguel Angel Mancheño fue claro y conciso con nosotros. Por nuestra parte queremos añadir que con motivo de lo ocurrido en Granada el Grupo Médico Español de Reflexión sobre las Vacunas -compuesto por los médicos Juan Manuel Marín, Joan Mora y Xavier Uriarte, miembros de la Liga por la Libertad de Vacunación– elaboró un documento para tratar de aclarar “algunos de los errores más frecuentes que a menudo son presentados a la sociedad como verdades incontestables”.
Y lo primero que en él se dice es que la morbilidad y mortalidad del sarampión no justifica vacunaciones masivas. “Las tasas de morbimortalidad –apuntan-han seguido una curva claramente descendente desde finales del S.XIX por lo que sorprende la división cronológica entre periodo prevacunal y postvacunal que se realiza sistemáticamente desde los sectores vacunalistas dando a entender que es desde la introducción de la vacuna cuando se han producido cambios epidemiológicos”. Explicando luego que las vacunaciones masivas empezaron en 1982 mientras el descenso de casos y muertes se produjo mucho antes. Así, en España fallecieron en 1901 a causa del sarampión 18.463 personas pero en 1931 -año de proclamación de la 2ª República- fueron ya de sólo 3.826, en 1950 de 862, en 1970 no se llegó al centenar y en 1981 murieron apenas 19. Todo ello ¡antes de la vacunación masiva de 1982! Luego achacar la erradicación del sarampión a las vacunas es una baladronada.
En cuanto a los componentes de las vacunas el equipo de médicos citado afirma que la llamada Triple Vírica (sarampión, rubeóla y paperas) contiene 40 millones de cepas de virus atenuados causantes del sarampión, la rubeóla y las paperas, agua (0´7ml), ácidos aminados, vitaminas, sales de Hank (3.300 microgramos), gelatina hidrolizada de origen bovino, proteína de embrión de pollo, células diploides humanas, neomicina, lactosa, manitol, sorbitol, albúmina humana recombinada (1.000 microgramos), suero de feto de ternero, glutamato (20 microgramos), fosfato de sodio (5.300 microgramos), cloruro de sodio, etanol, bicarbonato de sodio (500 microgramos), fosfato de potasio (50 microgramos), fenosulfoneptaleína (3´4 microgramos), carbonato de sodio, Medium 199, Medium Eagle (100 microgramos) y sacarosa (1.900 microgramos). Por lo que no dudan en denunciar: “Esta mezcla de productos químicos confiere a la vacuna del sarampión y a la combinada triple vírica tal capacidad tóxica que puede afectar al neurodesarrollo, al funcionamiento respiratorio y digestivo, al despliegue inmunitario, a la reproducción celular y a la producción de las tres líneas celulares sanguíneas (hematíes, leucocitos y plaquetas). A lo largo de los años hemos podido observar que las instituciones responsables de la aceptación de nuevos fármacos y de la implementación de los calendarios vacunales no conocen tal composición -o parecen ignorarla- y en consecuencia no informan a las familias de los riesgos que se pueden contraer con la inoculación de las vacunas”.
Pues bien, más vale que nuestros lectores sepan a qué atenerse porque según el informe que comentamos a lo largo de las campañas de vacunación del sarampión y de la triple vírica se han constatado los siguientes efectos graves:
1) Muerte postvacunal: 1 por cada 2.250.000 casos.
2) Encefalitis postvacunal (coma, epilepsia, convulsiones, alteración de la conducta, autismo o síndrome de Rett): 1 por cada 45.000 casos.
3) Meningitis aséptica: 1 por cada 10.000 casos.
Y hay otros efectos secundarios constatados aunque no cuantificados: reacciones alérgicas (broncoespasmo y atopia), endocrinas (diabetes), colitis (por alteración de la mucosa intestinal), trombocitopenia (púrpura), leucopenia, agranulocitosis, alteraciones de la coagulación, alteraciones neurológicas (neuritis y mielitis) y reumatismo (artralgia).
“La composición de la vacuna –concluyen por ello- ofrece serias dudas sobre su inocuidad. Y ello sin mencionar las posibles contaminaciones con ADN de otros virus en su proceso de elaboración como ya ha ocurrido con otras vacunas. La acumulación de coadyuvantes y estimulantes de la inmunidad es notoria si sumamos todas las vacunas del calendario vacunal y roza niveles de toxicidad si hablamos de aluminio o mercurio, finalmente retirado después de años de reclamaciones por parte de sectores críticos en su momento etiquetados de alarmistas pero a los que finalmente se les esta dando la razón”.
Los autores agregan que en la gran mayoría de las ocasiones los efectos secundarios que las vacunas provocan cuando la reacción tiene lugar en las primeras horas o en los primeros días no se reconocen salvo los muy evidentes como la meningitis y la encefalitis.“Sin embargo –denuncian-,la peculiaridad del fármaco vacuna es su capacidad de interacción con nuestro sistema inmune, su capacidad de generar anticuerpos pero también de generar reacciones cruzadas (autoinmunes) u otras reacciones inesperadas que se gestan en un periodo de tiempo más largo y que hace también más difícil su identificación y su relación con la inoculación de la vacuna”.
El informe cuestiona finalmente la inexplicable actitud de muchos médicos a la hora de valorar los posibles efectos secundarios de las vacunas: “La percepción de dichos efectos secundarios –escriben- tiene mucho que ver con la formación epistemológica del médico que observa. Si éste considera que las vacunas no tienen ningún efecto secundario difícilmente va a observarlo en su práctica diaria. Cuando mentalmente se abre a la posibilidad de interrelacionar enfermedades que aparecen inesperadamente con la inoculación de determinadas vacunas entonces empiezan a surgir las dudas”.
Terminamos indicando que haya sido o no lo de Granada un globo sonda para tantear la reacción pública de cara a posibles futuras decisiones que impliquen vacunaciones obligatorias sepa que tiene derecho a defenderse de decisiones similares de la Administración antes siquiera de que un juez tome la decisión de darles vía libre. Porque como nos recordaría Luis Bertelli “el Tribunal Constitucional tiene dicho que en los casos de violación de derechos fundamentales no es necesario esperar a que un proceso finalice sino que tan pronto veamos que nuestra salud está en riesgo o ya ha sido lesionada estamos autorizados a acudir a él de inmediato. El propio Constitucional ha recordado que la misión que se le encomendó no es sólo la de restablecer derechos fundamentales conculcados sino también la de preservarlos”.
Antonio F. Muro
