¿Asumen las autoridades sanitarias alguna vez sus responsabilidades?

ntermedia_125_01

Con la excusa de que su obligación es velar por la salud de la sociedad hay muchos altos cargos y funcionarios que no sólo abusan de sus posiciones de dominio sino que se creen inmunes y no asumen responsabilidades por sus acciones. Se saben protegidos por la maquinaria de quienes manejan el estado. Jueces incluidos. Es el caso de quienes permiten que los cigarrillos contengan tres centenares de sustancias innecesarias, muchas de ellas no ya tóxicas sino cancerígenas. Les contamos qué han dicho algunos jueces ante la denuncia presentada en ese sentido por la World Associationfor Cancer Research (WACR) contra cuatro altos cargos españoles.

El pasado mes de diciembre el Consejo de ministros europeos de Empleo y Asuntos Sociales aprobó a instancias de la Comisión Europea una Recomendación a los países miembros para que introduzcan en los próximos tres años nuevas medidas legislativas que garanticen una mayor protección ante el humo del tabaco en los lugares públicos cerrados y de trabajo. La misma norma sugiere que las leyes se complementen con medidas para mejorar la protección a los niños y adolescentes. La decisión llega a nuestro país en plena polémica entre el Ministerio de Sanidad y los hosteleros españoles por la intención de la ministra Trinidad Jiménez de endurecer la ley antitabaco eliminando las excepciones a la prohibición de fumar en lugares públicos que la actual Ley28/2005 de 26 de diciembre contemplaba.

Los datos de la Comisión que acompañaban la resolución son concluyentes: el tabaco es la principal causa de “muertes evitables” en la Unión Europea, responsable de más de medio millón de fallecimientos por año y más de un millón de muertes en Europa en conjunto. Se calcula que el 25% de todas las muertes por cáncer y el 15% de todas las muertes en la Unión Europea son atribuibles al tabaquismo. Nada que no se supiera y que no confirmen día a día nuevas investigaciones. De hecho en la introducción de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco puede leerse: “Se estima, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que el consumo de tabaco es responsable del 90% de la mortalidad por cáncer de pulmón, del 95% de las muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, del 50% de la mortalidad cardiovascular y del 30% de las muertes que se producen por cualquier tipo de cáncer. En España fallece cada año como consecuencia del consumo de tabaco un número de personas que representa el 16% de todas las muertes ocurridas en la población mayor de treinta y cinco años”.

¿Y son muertes inevitables? No. La misma Comisión habla de muertes evitables. ¿Son pues muertes provocadas por la planta del tabaco? Tampoco. Pocas dudas hay en la comunidad científica de que las muertes y los graves efectos sobre la salud derivados del consumo de cigarrillos son en realidad atribuibles a los aditivos tóxicos -muchos de ellos cancerígenos- que la industria añade para potenciar su consumo. Como también caben pocas dudas de que en las decisiones que la Administración toma, forzada por los datos médicos, deben de pesar mucho los ingresos vía impuestos que recibe el estado por la venta de tabaco. Según los datos facilitados por el Club de Fumadores por la Tolerancia lo recaudado en el 2009 alcanzó la cifra de 9.446,7 millones de euros – 7.718,3 millones corresponden al Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco mientras los restantes 1.728,4 millones se recaudaron a través del IVA-, casi un 2% más que en el 2008. Las cifras suponen un nuevo máximo histórico y multiplican por seis lo recaudado en 1990. Quizás por eso Esperanza Aguirre -presidenta de la Comunidad de Madrid- afirmó en su primera rueda de prensa del 2010: “Si de verdad se quiere hacer una ley antitabaco… que no se venda tabaco en los estancos y no se beneficie de los impuestos el gobierno. ¡Que se prohíba el tabaco!

Grandes dosis de hipocresía política que encierran una gran verdad: la potestad de actuar para evitar miles de muertes anuales –éste sí que es un auténtico desastre sanitario y no el de la gripe A- está -y siempre ha estado- en manos del gobierno, de los altos cargos y funcionarios. Y si no lo hacen es simplemente porque su apuesta es económica y no sanitaria. Importan más los impuestos que las vidas.

De hecho cuando al ministro/a de turno le ha convenido lo ha demostrado. No hay más que recordar la decisión de la ex ministra de Sanidad Celia Villalobos -compañera en el Partido Popular de Esperanza Aguirre- quien no dudó en declarar una alerta sanitaria el 3 de julio del 2001 por la que se inmovilizó todo el aceite de orujo español en extractoras, plantas de refinado, envasadoras y puntos de venta. La razón fue la detección en 6 de 11 muestras analizadas de pequeñas cantidades de alfabenzopireno, un hidrocarburo aromático policíclico. Aunque las dosis encontradas -según la propia Junta de Andalucía- eran insuficientes para causar daños el ministerio se escudó en que los benzopirenos se encuentran clasificados por la OMS como cancerígenos secundarios o co-carcinogénicos. La decisión provocó sólo en los primeros días ¡más de diez mil millones de las antiguas pesetas! en pérdidas y a punto estuvo de causar la ruina del sector olivarero español. Y que se sepa no hubo ninguna muerte ni daño grave sobre la salud de ningún consumidor.

Bueno, pues el tabaco es uno de los productos de consumo masivo ¡con mayor concentración de hidrocarburos aromáticos policíclicos! De hecho, como bien recordó la Junta de Andalucía en un informe de la época, según los expertos un cigarrillo puede contener 100 veces más cantidad de esas sustancias (concretamente de alfabenzopireno) que la contenida de forma usual en un litro de aceite de orujo. Sin embargo el ministerio prohibió la venta de todo lo que estuviera fabricado antes de agosto de ese año y obligó a la industria a demostrar que lo producido a partir de agosto estaba ya libre de alfabenzopireno. Un doble rasero intolerable.

Así que si por una única sustancia -cancerígena secundaria- el Ministerio de Sanidad tomó semejantes medidas, ¿qué debería hacer entonces frente a un producto, el cigarrillo, que llega a contener más de 300 sustancias químicas diferentes que se transforman en 4.800 en el humo que procede de la combustión, 69 de ellas claramente cancerígenas? La lógica dice que retirarlo del mercado como piden muchas organizaciones sociales y médicas o al menos prohibir su venta hasta que las sustancias tóxicas sean eliminadas de la composición del mismo como se hizo en el caso del aceite de orujo. Pero no siempre los poderes públicos actúan movidos por el sentido común; ni tan siquiera por el interés común. Sobre todo porque sus funcionarios no están acostumbrados a que se les pidan responsabilidades –pecuniarias o penales- sobre sus decisiones.

Pues bien, la World Association for Cancer Research (WACR) Asociación Mundial para la Investigación del Cáncer– que preside José Antonio Campoy –director de Discovery DSALUD– decidió hace ahora año y medio que era hora de que los responsables de todo esto sintieran por primera vez en sus cogotes el aliento de la sociedad y decidió enfrentarles a sus responsabilidades interponiendo una querella criminal contra varios altos cargos de los ministerios de Sanidad y Economía y Hacienda por permitir que los cigarrillos sean puro veneno ya que al alquitrán, el monóxido de carbono y la nicotina las empresas tabacaleras agregan sin necesidad más de 300 sustancias químicas, la mayoría tóxicas, decenas de ellas cancerígenas. Querella que se presentó de forma discreta y sin hacerla pública.

RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS PODERES PÚBLICOS  

Debemos decir que los pleitos judiciales suscitados hasta ese momento en torno al tabaco y sus consecuencias sobre la salud -en nuestro país y fuera de él- habían tenido siempre como protagonistas a las compañías tabaqueras y a los enfermos o bien a familiares de personas fallecidas a consecuencia de una enfermedad atribuida al consumo de cigarrillos. Nunca hasta ahora -ni en nuestro país ni fuera de él- se había atrevido alguien a ir directamente contra altos cargos de la Administración –con nombres y apellidos- acusándolos de ser los responsables directos de consentir la presencia en el mercado de productos gravemente dañinos para la salud. Y, por tanto, presuntos responsables de un delito penal.

Una decisión que tomó la WACR atendiendo al punto 2 de sus estatutos que establece como uno de los objetivos de la entidad “Investigar, analizar, orientar, emitir informes y ejercitar las acciones pertinentes encaminadas a evitar las actividades, productos o servicios que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y desembocar en cáncer”. Y si hay algo en lo que coincide toda la comunidad médica es en la relación directa entre el tabaco adulterado con aditivos químicos y el cáncer.

La WACR decidió no ir judicialmente también contra las compañías tabacaleras porque el fin de su iniciativa legal no era ni ganar dinero ni conseguir indemnizaciones y porque entendió desde el principio que si éstas introducen en los cigarrillos las sustancias tóxicas que se les antoja es porque les amparan administrativa y legalmente quienes tienen según la Constitución –artículos 15 y 43- la “obligación de organizar y tutelar la salud pública”: los poderes públicos. Y éstos no son un ente anónimo bajo el que cada cual puede esconder las consecuencias de sus actos: tienen nombres y apellidos.

El razonamiento es sencillo: si los poderes públicos prohibieran la adicción en los cigarrillos de productos considerados internacionalmente cancerígenos la industria no tendría más remedio que retirarlos para seguir comercializándolos y el índice de enfermedades y muertes bajaría en picado. Y por tanto al no prohibirse se está incurriendo en una conducta delictiva perseguible judicialmente.

Asesorados por el equipo jurídico de Abogados en Defensa de la Salud y antes de emprender ninguna acción ante los tribunales la WACR solicitó de las autoridades sanitarias la documentación que tuviera en su poder sobre las sustancias añadidas a los cigarrillos, reconocidas como tóxicas y carcinogénicas, con el fin de confirmar si los datos de la Administración indicaban lo contrario que el resto de la literatura científica internacional. A fin de cuentas según el Real Decreto 1079/2002 el Ministerio de Sanidad tiene la facultad de “exigir a los fabricantes e importadores de tabaco que realicen otras pruebas a fin de evaluar el contenido, especificado por marcas y tipos individuales, de otras sustancias producidas por sus productos del tabaco así como sus efectos sobre la salud teniendo en cuenta, entre otras cosas, el peligro de adicción que entrañen”. Y era de suponer que ante la escandalosa cifra de medio millón de personas muertas en la Unión Europea a consecuencia del tabaco -más de 50.000 en España- los responsables sanitarios habrían solicitado a los fabricantes la documentación precisa sobre la naturaleza de todos y cada uno de los componentes de los cigarrillos así como de los generados en su combustión. Pero la realidad supera una vez más a la ficción: tales informes no existen, no se han hecho nunca o no se quisieron aportar.

Esa fue la razón definitiva que decidió a la WACR en septiembre del 2008 a presentar una querella de carácter penal contra algunos de los principales responsables -el Secretario General de Sanidad, el Director General de Salud Pública, la Directora Generalde Consumo y Atención al Ciudadano y el Presidente para el Comisionado del Mercado del Tabaco– por considerar que “los denunciados, desde la responsabilidad que detentan en la Administración, han consentido y consienten la presencia y comercialización de productos altamente tóxicos en los cigarrillos capaces de provocar cada año más de 50.000 muertes sólo en España además de graves enfermedades en cientos de miles más de ciudadanos –entre ellos miles de niños indefensos que hoy son fumadores pasivos- sin que hayan tomado medida o iniciativa alguna encaminada a evitarlo. Y por ello la presente acción penal no se centra en el tabaco, la nicotina, el alquitrán, el monóxido de carbono o aquellas otras sustancias que los consumidores –activos y pasivos- saben que contienen los cigarrillos y aún así eligen consumir ejerciendo su libre albedrío sino en los casi tres centenares de sustancias que la propia industria ha admitido ante la Administración estatal que añade a los cigarrillos, la mayoría como ‘aromatizantes’, muchas de las cuales están reconocidas internacionalmente como adictivas, tóxicas y/o cancerígenas. Y todo ello el consumidor no lo sabe porque ni los responsables del Ministerio -ni los de la industria tabaquera- se lo han comunicado jamás”.

Según la querella -que pretendía proteger tanto a los no fumadores como a los fumadores del consumo indirecto o directo de sustancias tóxicas- los altos cargos de la Administración contra los que se presentó la misma incumplieron los artículos 408 y 450 de Código Penal. El 408 señala: “La autoridad o funcionario que faltando a la obligación de su cargo dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”. Y es evidente que todos los cargos -altos, medios y bajos- del Ministerio de Sanidad están informados de las miles de muertes que provoca la adulteración del tabaco con sustancias químicas. ¿Y no es un delito introducir productos cancerígenos en un producto de consumo masivo como el tabaco? Aparentemente eso está fuera de toda duda, ¿no? Bueno, pues no parece que algunos jueces lo tengan tan claro.

Por su parte, el artículo 450 del Código Penal -de cuya violación también se les consideraba responsables- recoge: “El que pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno no impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si el delito fuera contra la vida y la de multa de seis a veinticuatro meses en los demás casos”. Y la WACR consideraba entonces -y lo sigue considerando hoy a pesar de las resoluciones judiciales- que consentir la introducción de productos tóxicos en los cigarrillos sin que el consumidor sepa cuáles son ni cómo actúan con el fin de alterar la condición natural del tabaco y aumentar las ventas es un comportamiento negligente y doloso de la Administración –es decir, de los responsables en este área- que afecta gravemente a los españoles “en su vida, integridad o salud”. Y si no, ¿por qué la campaña advirtiendo de los peligros del tabaco que desde hace años postula hipócritamente el Ministerio de Sanidad a la vez que permite que la industria los envenene a propósito?

En la querella la WACR señalaba como conductas punibles de los querellados a la vista de sus competencias:

-Su actitud pasiva u omisiva en el cumplimiento de la obligación de velar y asegurar la protección de la salud y seguridad de los consumidores y usuarios.

-Las deficiencias en la adopción de medidas preventivas.

-La ausencia de medidas que garanticen plenamente la defensa de los consumidores y usuarios protegiendo su salud mediante procedimientos eficaces.

-La tolerancia de un uso anormal, con riesgo evidente, de un bien para la salud.

-El consentimiento de la puesta en el mercado de productos que son dañinos.

-La ausencia de medidas mínimas de control de los productos manufacturados susceptibles de afectar a la salud de las personas.

-Las deficiencias en el análisis, toma de muestras, controles e inspecciones.

Asimismo se aportaron las pruebas científicas que demuestran la presencia en los cigarrillos de sustancias tóxicas desconocidas por los consumidores. Entre otras referencias se citaría el informe Identificación de los agentes promotores tumorales carcinógenos y carcinógenos en el humo del tabaco que puede consultarse en http://cancercontrol.cancer.gov/tcrb/monographs/13/ -web oficial de los Institutos Nacionales de la Salud dependientes del Gobierno de Estados Unidos- y en el que los investigadores Green y Rodgman encontraron ya en 1996 que en el humo de tabaco pueden hallarse unas 4.800 sustancias. Según puede leerse en el citado estudio “el desarrollo de métodos analíticos altamente sensibles así como de ensayos reproducibles a corto y largo plazo ha conducido a la identificación de 69 carcinógenos. De ellos 11 son conocidos carcinógenos humanos (Grupo I): 2-Naftilamina , 4-aminobifenilo, Benceno, Cloruro de Vinilo, Oxido de Etileno, Arsénico, Berilio, Níquel, Cromo (sólo hexavalente) Cadmio, y Polonio-210; 7 sustancias son probablemente carcinogénicas en seres humanos (Grupo 2A): Benzopireno, Dibenzantraceno, Nitrosodimetilamina, Nitrosodietilamina, PhIp, Formaldehído, Acrinolitrile, y 49 de los carcinógenos para animales posiblemente son también cancerígenos para los seres humanos (Grupo 2B). Esta clasificación de los agentes carcinógenos está de acuerdo con la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, 1983, 1984, 1986b, 1987, 1988, 1991, 1992, E-1994a, 1995a & b, 1996, 1999a & b). Dos agentes carcinógenos sospechosos aún no han sido para ser evaluados por la IARC”.

EL TABACO MATA 

Bueno, pues el fiscal decidió no apoyarla y en diciembre de ese mismo año fue rechazada por el Juzgado de Instrucción nª 30 de Madrid en una resolución inconcebible en la que se limitó a decir que “si el consumo y distribución del tabaco no constituye por sí mismo delito alguno, a falta de tal presupuesto previo resulta imposible la acción por omisión del deber de perseguirlo como se pretende”. Es decir, al juez no le dio la gana de atender lo que se decía en la querella y se limitó a alegar que el consumo de tabaco y distribución de cigarrillos es legal sin valorar la actuación de los funcionarios públicos que, por acción u omisión, permiten que a los cigarrillos se les agreguen cientos de sustancias químicas, muchas de ellas tóxicas -unas decenas claramente cancerígenas- sin conocimiento de los consumidores.

Cuando según el artículo 359 del Código Penal (Capítulo III: De los delitos contra la salud pública) es delictivo el comportamiento de “el que sin hallarse debidamente autorizado elabore sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos o los despache, suministre o comercie con ellos”. Porque parece de sentido común que la Administración no puede autorizar debidamente la comercialización de un producto si desconoce -por acción u omisión, suya o del fabricante- el contenido real de los cigarrillos como se desprende de la falta de información a los querellantes y como lo demuestran las palabras pronunciadas ante los medios de comunicación -y recogidas en la querella- por el ex Director General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo, Manuel Oñorbe: “No hacemos análisis de los aditivos y tenemos que creer lo que declaran las tabacaleras. No sabemos lo que llevan“.

Algo tan inconcebible como inadmisible –se dice en la querella-. ¿Y por qué afirmó eso? Pues porque las máquinas del Ministerio de Sanidad y Consumo sólo comprueban que la composición de nicotina, alquitrán y monóxido concuerden con lo que dice la cajetilla. Y los querellantes preguntan: ¿qué impide –y ha impedido en el pasado- que se encargara a cualquier laboratorio investigar su contenido real, el de todos los productos añadidos?”

Aún más: el juez instructor habría podido tener en cuenta que también se considera delito -artículo 363 del Código Penal- la conducta de los productores, distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores fabricando o vendiendo –punto 2- bebidas o comestibles destinados al consumo público y nocivos para la salud.

Respecto a los productos considerados científicamente como tóxicos la resolución del Juzgado de Instrucción nº 30 resulta cuando menos difícil de encajar en el sentido común. “En la autorización de la Administración –señala la resolución- de la distribución de productos relacionados con el consumo del tabaco, que el querellante califica como tóxicos en atención a los múltiples aditivos que contiene y en parte enumera, no cabe apreciar sin embargo ilícito penal alguno, al margen de las consecuencias que sobre la salud de algunos ciudadanos su consumo voluntario pueda tener y resulte científicamente demostrado. Y desde esta perspectiva, ni la autoridad o funcionario han dejado, pues, de promover la persecución de ningún delito, ni omiten el deber de impedirlo que son las conductas tipificadas en los preceptos sustantivos invocados”.

Llama poderosamente la atención que el juez separe la autorización administrativa de sus consecuencias sobre la salud a la vista de toda la literatura científica existente sobre la toxicidad demostrada de los aditivos químicos añadidos al tabaco. Son puro veneno y el sentido común indica que quien pone veneno -en mayor o menor cantidad- en un producto destinado al consumo humano comete un delito. Y el funcionario que lo consiente o permite también. Pero el sentido común no siempre tiene que ver con la Justicia.

En el punto segundo de su resolución el juez hace suya la postura del fiscal de que no cabe invocar la aplicación de los artículos 408 y 450 del Código Penal “sobre una actividad legal dentro del territorio nacional, sobre la que no se invita precisamente al consumo sino que se advierte de su carácter nocivo y peligroso para la salud pública”. Manido y falaz argumento utilizado una y otra vez por los fiscales y jueces que consideran suficiente que en las cajetillas aparezca la frase El tabaco puede matar cuando lo cierto es que el consumidor cree que ese peligro se reduce a los posibles efectos del alquitrán, la nicotina y el monóxido de carbono pero ignora que además hay muchas más sustancias tóxicas, decenas de ellas, cancerígenas. De ahí que la advertencia no sea real ya que al consumidor se le oculta tanto por parte de la industria como de la Administración lo que de verdad se mete en el cuerpo. Lo ignora. Es engañado una y otra vez. Si muchos fumadores supieran que los cigarrillos contienen todo ese veneno –que la mayoría lo ignora, insistimos- la advertencia tendría para ellos un significado muy diferente: la credibilidad del mensaje de advertencia sería distinta y de mucho mayor impacto.

La WACR considera por ello que semejante información no tiene valor vinculante alguno como se pretende: “(…) Desde un punto de vista jurídico –alegaría la WACR en su escrito de recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid- los lemas “Las autoridades sanitarias advierten que el tabaco perjudica a la salud” o la más contundente de “El tabaco puede matar” insertas en las cajetillas de cigarrillos no pueden ser en modo alguno alegadas como una advertencia que exonera sin más a los responsables de la Administración y de las empresas porque para considerarse un contrato de adhesión los consumidores tendrían que haberlo manifestado así expresamente mediante su firma. Aceptación que no se ha producido y que además, para tener algún valor, debería haberse efectuado con todos los datos a disposición del consumidor. Y como hemos repetido hasta la saciedad el consumidor ignora realmente lo que contienen tanto los cigarrillos como el humo que produce su combustión”. Todo ello sin tener en cuenta que añadir sustancias adictivas modifica de por sí la libre voluntad del consumidor. ¿Tampoco esto lo entiende la Justicia?

La WACR denuncia además que en realidad para lo único que realmente han servido semejantes advertencias es para blindar a la industria de posibles reclamaciones de particulares, para proteger a las tabaqueras y no a los consumidores. Obviamente con la necesaria colaboración de una interpretación laxa y protectora del poder por parte de los jueces.

Mucho más razonable parece empero la argumentación esgrimida por la WACR sobre la falta de validez de los avisos en el caso de los niños y adolescentes -la edad media de inicio del consumo diario de tabaco se sitúa en 14,2 años siendo de 13,1 para el consumo ocasional-, piezas codiciadas del marketing de la industria tabaquera. “Y aquí -razona la WACR en su recurso –no podría ya hablarse ni siquiera de un presunto “consentimiento informado” –inexistente en todos los casos porque a los consumidores se les ha ocultado la mayor parte de la información sobre los cigarrillos- ya que los menores de 18 años no tienen capacidad jurídica para aceptar contratos”.

Por último, el Juez del Juzgado de Instrucción nº 30 de Madrid dejó en el aire la legitimidad de la WACR para ejercer una posible acción penal al considerar que el sujeto pasivo del delito serían en realidad “todos los ciudadanos que son consumidores voluntarios” de cigarrillos. Es decir, puso en duda que alguien que no es víctima directa de un delito pueda denunciarlo. Solo que nuestra Constitución no ya permite sino que obliga a cualquier ciudadano que tenga conocimiento de un delito a denunciarlo. Por otra parte,  ¿puede haber libre voluntad en un adicto? ¿Acaso no está demostrado que el consumo del tabaco parte y se sirve de la adicción provocada por las sustancias químicas añadidas? ¿Es libre un adicto al sexo, al alcohol, a la cocaína o al tabaco para decidir sobre aspectos relacionados con la prohibición de su objeto de deseo? Por mucho que la Justicia -o algunos jueces- se empeñe en decirlo los fumadores no son, en su gran mayoría, “consumidores voluntarios”.

RECURSO ANTE LA AUDIENCIA PROVINCIAL 

A la vista del fallo del juez instructor la WACR decidió recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid. El recurso fue admitido por auto de 6 de febrero del 2009 pero la querella fue rechazada de nuevo en abril. Y el principal argumento de nuevo fue que “ninguna de las acciones descritas son típicas del Código Penal”. Es decir, según la Audiencia Provincial de Madrid no es delito en el caso del tabaco “no impedir la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud” –artículo 450 del Código Penal- teniendo en cuenta que lo es “elaborar sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos” (artículo 359), “producir, fabricar o vender bebidas o comestibles destinados al consumo público y nocivos para la salud” (artículo 363) y “adulterar con aditivos u otros agentes no autorizados susceptibles de causar daños a la salud de las personas los alimentos, sustancias o bebidas destinadas al comercio alimentario” (artículo 364). Y claro, como al parecer para esos jueces todo esto no es delito tampoco consideró que los responsables sanitarios hayan faltado a la obligación de promover la “persecución de los delitos de que tengan noticia” (artículo 408 del Código Penal).

Cabe agregar que al menos la Audiencia Provincial de Madrid no por ello consideró que la postura de la Administración sea correcta y decidió dejar abiertas otras vías para la reclamación: “Si en algún caso –manifiestan en su fallo los magistrados- se han infringido Reglamentos de prevención de riesgos podríamos estar ante una responsabilidad patrimonial del Estado por la dejación de sus funciones o por la aplicación incorrecta de los mismos pero en modo alguno ante un ilícito penal. (…) No obstante, es claro que se deben extremar los controles de prevención de riesgos adaptando sin cesar la normativa existente según se vaya desarrollando el estado de la Ciencia, suprimiendo de nuestro ambiente alimentos y otros consumos, sustancias que se demuestren que sean perjudiciales para la salud”.

En suma, esos magistrados sugieren que, como mucho, lo que falla es la prevención. Que quizás haya que aprobar nuevas leyes y reglamentos para garantizar que los productos tóxicos no lleguen al ciudadano. Solo que en este caso eso no es necesario porque que las sustancias que contiene el tabaco son tóxicas y perjudiciales para la salud está ya científicamente demostrado. Como está demostrado que se añaden a los cigarrillos centenares de sustancias químicas sin necesidad porque la propia industria lo ha reconocido por escrito ante la Administración dando la relación completa de las sustancias que agrega. Por consiguiente, ¿cómo debe considerarse el comportamiento de quienes lo consienten? ¿Cómo es posible que esos jueces de la Audiencia Provincial no valoren que lo que está ocurriendo es delictivo? Envenenar a propósito productos de consumo masivo es, literalmente, criminal.

La WACR –que tiene varios frentes judiciales abiertos de los que iremos informando- tiene intención de seguir trabajando en esta línea. Y va a continuar denunciando lo que pasa porque los no fumadores tienen derecho a evitar que los fumadores les envenenen y éstos, si deciden seguir fumando –porque quieren o no pueden dejarlo al ser adictos- derecho a fumar sólo tabaco sin que a éste se le agregue veneno de forma intencionada.

Quizás algún día aparezcan jueces que se decidan a cumplir su cometido y den un serio toque de atención a los poderes públicos recordándoles que los altos cargos de los organismos públicos –funcionarios o no- son responsables a nivel administrativo, civil y penal de sus acciones. Aunque hasta ahora nadie les haya pedido responsabilidades.

Francisco San Martin

Este reportaje aparece en
125
125
Marzo 2010
Ver número